CE - 14_080012331000201001221011SENTENCIA20220818090825

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

Referencia: Acción de Nulidad

Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA POR CUANTO NO HABÍA

LUGAR A ANULAR LAS DISPOSICIONES QUE REGLAMENTARON LA

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL MÓVIL PUES, EN VIRTUD DEL

PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO SON COMPETENTES LAS

AUTORIDADES TERRITORIALES PARA REGULAR ESA MATERIA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIA L. DE LA MISMA MANERA,

TAMPOCO SE INCURRIÓ EN LOS DEMÁS CARGOS ENDILGADOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, contra la sentencia de 15 de agosto de 2014, proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró la nulidad de los artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004, expedido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.2

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

expedido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.2

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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.-ANTECEDENTES

I.1 RODRIGO POMBO CAJÍAO, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del Decreto 352 de 2004, expedido por el Alcalde de Barranquilla; y el Acuerdo núm. 006 de 1998, dictado por e l Concejo de Barranquilla -Distrito Especial Industrial y Portuario-.

En subsidio, solicita la nulidad de los artículos 10 °, 11, 12, 13 y 14 del citado Decreto; y 41, numeral 6, del referido Acuerdo 006.

I.2. El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en lo siguiente:

1o. Que el artículo 150 de la C onstitución Política dispone que corresponde al Congreso hacer las leyes.

2o. Que la Ley 140 de 1994, reglamentó la publicidad exterior visual en el territorio nacional.3

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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

en el territorio nacional.3

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del régimen competencial por factor territorial; y violación del artículo 338 ibidem, especialmente su inciso 2°.

En esta censura aduce el actor que los actos acusados se expidieron por autoridades incompetentes, por razones tributarias o fiscales y, por razones de desconocimiento o violación reglamentaria de la Ley, pues ésta prohíbe la reglamentación de la publicidad exterior visual menor a 8m².

Añade que en este caso se configura la violación directa de la Constitución, por cuanto la autoridad administrativa no respetó el ámbito competencial funcional al momento de establecer una tasa (valor del registro y valor del permiso para la publicidad móvil); y desborda las facultades al hacer caso omiso a la imperiosa obligación de estatuir el sistema y el método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer su reparto por el servicio prestado mediante la imposición de la tasa.

Expresó que los actos acusados reglamentaron la publicidad exterior visual móvil cuando la Ley 140 de 1994, que la regula, expresamente lo prohíbe (artículo 15).5

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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

lo prohíbe (artículo 15).5

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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

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En su opinión, el interés del ente territorial no fue reglamentar la Ley sino generar recursos ilegales al erario.

Insiste en que del texto del artículo 15 de la citada ley se evidencia que la publicidad exterior menor a 8m² no está regulada por ella; y, por lo tanto, no puede ser reglamentada por vía administrativa.

Luego de referirse a la noción de poder, función y actividad de policía concluye que en este caso se violó la Constitución y la Ley en tanto que el objeto de los actos acusados es de reserva legal; y que las autoridades no podían restringir la actividad de la publicidad exterior visual móvil cuya dimensión fuera inferior a 8m².

Concretamente, frente al Acuerdo 006 de 1998 el actor sostiene lo siguiente:

Que el artículo segundo de dicho Acuerdo se refiere al campo de aplicación; que el parágrafo uno del mismo , cobija el elemento publicitario inferior a 8m²; y que au n cuando no se considere publicidad exterior visual, debe ceñirse al mismo.6

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Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

publicidad exterior visual, debe ceñirse al mismo.6

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Es decir, que a pesar de reconocer que la publicidad inferior a 8m² no se considera publicidad exterior visual, de manera abierta viola los principios que rigen el poder de reglamentación subsidiaria y reserva legal.

Resalta el texto de los artículos 29, 30, 41 , numeral 6, 42, 45, 46 y 48 del Acuerdo , para mencionar que el permiso y la obligación de pagar el impuesto solamente aplican y son obligatorios para la publicidad que se refiera a un producto o servicio diferente al del objeto social del propietario del vehículo o anunciante. Es decir, que si el automóvil porta publicidad relacionada con el objeto social de la empresa propietaria del vehículo, no proceden ni el permiso ni el pago del impuesto.

El actor considera que el artículo 13 del Decreto establece un permiso para la instalación de avisos móviles publicitarios, que tiene condiciones diferentes de las establecidas en el Acuerdo, pues, éste solamente exigía el permiso para los casos en que el propietario del vehículo anunciara un producto diferente al de su objeto social; y que, en cambio, el Decreto no hace distinción alguna y en todos los casos el propietario del vehículo debe obtener un permiso para poder7

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que, en cambio, el Decreto no hace distinción alguna y en todos los casos el propietario del vehículo debe obtener un permiso para poder7

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portar publicidad, así se refiera a los productos propios de su objeto social.

Señala que el Decreto acusado creó el cobro de un valor a pagar por el otorgamiento del permiso en su artículo 14, que es una erogación diferente al impuesto de avisos y tableros, al que se refería el artículo 46 del Acuerdo, así como el registro a que se refiere el artículo 10°.

En suma, concluye que el Decreto vulnera la Ley 140 de 1994 así como la Constitución, en los términos a que se ha hecho mención, y también vulneró el Acuerdo 006 de 1998.

Por último, resalta el desconocimiento del artículo 15 de la citada Ley 140, que, a su juicio, se formalizó al no haberse contado con los estudios previos y técnicos que le permitiesen conocer con exactitud a la administración el cobro de los costos de gastos de inspección vigilancia y control; y que se apresuró a incluir como actividad que requiere registro y permiso, la publicidad exterior visual móvil sin diferenciar su dimensión.

2o. “FALSA MOTIVACIÓN”

Luego de hacer un estudio sobre el concepto normativo y

requiere registro y permiso, la publicidad exterior visual móvil sin diferenciar su dimensión.

2o. “FALSA MOTIVACIÓN”

Luego de hacer un estudio sobre el concepto normativo y jurisprudencial de la falsa motivación, considera que el Decreto 3528

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de 2004 incurre en dicho vicio, lo cual se extrae de sus consideraciones, pues éste se fundamenta en la Ley 140 de 1994, en el Acuerdo del Concejo Distrital 006 de 1998 y en el Decreto 0274 de

2004. Y de la comparación del texto de los artículos 10 °, 11, 12, 13 y 14 con las normas que se encuentran en los considerandos de aquel, salta a la vista que de ellas no se colige que el Alcalde puede imponer tasas, como la del valor del registro y del permiso.

3o.” DESVIACIÓN DE PODER”

En este cargo, el actor igualmente acude al concepto normativo y jurisprudencial de la causal alegada; y concluye que el Alcalde no puede ejercer atribuciones a rbitrariamente, pues existen unos parámetros que no se pueden pasar por alto, por ser de un orden superior.

Insiste en la necesidad de llevar a cabo estudios técnicos que establezcan los costos de los servicios que se prestan, pues sólo a

parámetros que no se pueden pasar por alto, por ser de un orden superior.

Insiste en la necesidad de llevar a cabo estudios técnicos que establezcan los costos de los servicios que se prestan, pues sólo a través de dichos estudios se puede cumplir con lo previsto en el artículo 338 de la Carta Política.9

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Que, en este caso, la entidad que expidió el acto demandado no cuenta con esos estudios; y conforme al artículo 177 del CPC, se trata de una negación indefinida que no requiere de prueba.

En su criterio, salta a la vista que el Decreto demandado fijó unas tasas que cobrará el IDUC para determinadas actividades y trámites, pero no estableció en qué se basó para determinarlas, lo que lleva a afirmar que la decisión fue caprichosa, pues no persigue ni el interés público, ni la protección del medio ambiente y el patrimonio ecológico del Distrito, sino un fin distinto al de la Ley facultante, lo que quiere decir que ésta obró con base en un interés subjetivo y directo que no es otro que el ánimo de lucro fiscal.

4o. “INCOMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE

EXPIDIERON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”

Aduce que al imponer tributos el señor Alcalde excedió sus funciones,

4o. “INCOMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS QUE

EXPIDIERON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”

Aduce que al imponer tributos el señor Alcalde excedió sus funciones, toda vez que no existía una norma de carácter legal que estableciera el tributo ni tampoco un Acuerdo del Concejo que fijara las condiciones particulares del mismo, como lo exige el artículo 338 de la Constitución Política, que debe entenderse en concordancia con el artículo 313 ibidem y el numeral 7 del artículo 32 de la Ley 136.10

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4.1. CONTESTACION DE LA DEMANDA

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por conducto de apoderada, en forma oportuna, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma. En síntesis, señaló:

Que las entidades territoriales no solamente tienen derecho a gobernarse por autoridades propias sino, además, gestionar sus propios intereses, con lo cual se concreta un poder de dirección administrativa, como lo manda el artículo 287 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 1°, 2° y 3° ibidem.

Que no existe violación alguna, ya que es la misma Ley 140 de 1994 la que, de acuerdo con el principio de rigor subsidiario , puede ser desarrollada de manera más estricta por los Concejos Distritales y

Que no existe violación alguna, ya que es la misma Ley 140 de 1994 la que, de acuerdo con el principio de rigor subsidiario , puede ser desarrollada de manera más estricta por los Concejos Distritales y municipales y por las autoridades de los territorios indígenas en virtud de sus competencias constitucionales propias, para dictar normas para la protección del paisaje, de acuerdo con lo previsto en los artículos 313 y 330 de la Carta Política.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 15 de agosto de 2014, la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, declaró la11

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nulidad de los artículos 11 y 14 del Decreto 0352 de 2004, expedido por la Alcaldía de Barranquilla, y denegó las demás pretensiones de la demanda, con base en los razonamientos que pueden sintetizarse, así:

Consideró el Tribunal que el artículo 14 de la Ley 140 de 1994 no señaló ni autorizó expresamente la fijación de tarifas por el registro ni por el otorgamiento de permisos. A su juicio, el establecimiento de tales tarifas resulta ilegal porque no tienen ningún sustento usurpar la competencia delimitada expresamente en el artículo 338 de la Constitución Política.

ni por el otorgamiento de permisos. A su juicio, el establecimiento de tales tarifas resulta ilegal porque no tienen ningún sustento usurpar la competencia delimitada expresamente en el artículo 338 de la Constitución Política.

Que la regulación que hizo el Concejo Distrital respecto del impuesto a la publicidad exterior visual, debe entenderse aplicable únicamente a aquella que es superior a los 8m² , conforme se prevé en la Ley 140 de 1994, artículo 15; que este impuesto es el único autorizado a pagar por quienes pretendan no tener algún tipo de permiso para la instalación de cualquier tipo de publicidad exterior visual, incluida la publicidad móvil que reglamentó el Distrito de Barranquilla; y que también ha de entenderse que el único valor que por impuesto o contribución se encuentra autorizado a pagar para aquella publicidad cuyas dimensiones sean inferiores a los 8m², será lo correspondiente al impuesto establecido por la Ley de avisos y tablero s, según lo12

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precisó el Consejo de Estado, en sentencia de 12 de junio de 2002, (Expediente núm. 17001-23-31-000-2000-00006-01 (12646)).

Concluyó que tenía vocación de prosperidad el cargo de nulidad en cuanto a la falta de competencia de la Alcaldía de B arranquilla para

Concluyó que tenía vocación de prosperidad el cargo de nulidad en cuanto a la falta de competencia de la Alcaldía de B arranquilla para fijar una tarifa para el registro y otorgamiento de permisos para la publicidad móvil en el Distrito, porque no estaba autorizada por el legislador y ni siquiera por el mismo Concejo Distrital, lo que constituye una contribución adicional al impuesto de avisos y tableros y al impuesto a la publicidad exterior visual, todo lo cual viola el artículo 338 de la Constitución Política.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, finco su inconformidad, con la sentencia recurrida, así:

Que el Consejo de Estado en sentencia de 12 de junio de 2002 señaló que la Ley 140 de 1994 gravó, en forma autónoma toda la publicidad exterior visual allí definida en los artículos 14 y 15; y precisó que la tarifa establecida en el artículo 14, en concordancia con el artículo13

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15, deberá ser fijada por el respectivo órgano de representación popular, Concejo municipal o distrital, autónomamente.

A juicio de la recurrente, lo que busca la citada Ley es gravar la utilización del espacio público por la publicidad exterior visual y

popular, Concejo municipal o distrital, autónomamente.

A juicio de la recurrente, lo que busca la citada Ley es gravar la utilización del espacio público por la publicidad exterior visual y autoriza para ello una tarifa independiente de la señalada para la colocación de avisos y tableros, que es complementaria del impuesto de industria y comercio.

Que con la expedición de esta Ley se reglamentó la publicidad exterior visual y se autorizó a los Concejos para adecuar el impuesto autorizado por las leyes 97 de 1913 y 85 de 1915.

Insiste en que la autorización legal está contenida en los artículos 31 y 66 de la Ley 99 de 1993; 28 de la Ley 344 de 1996 y 96 de la Ley 633 de 2000.

Que, en desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto 352 de 2004 a través del cual se instrumentalizan los preceptos enunciados en el Acuerdo 006 y en la Ley 99 de 1993.14

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Que el valor del registro regulado a través del injustamente anulado artículo 11, tiene que ver con el registro qu e deben suscribir en el Distrito de Barranquilla las personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización de publicidad móvil como se infiere de los artículos 9° y 10º del mismo; y que ello no es otra cosa que el costo

Distrito de Barranquilla las personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización de publicidad móvil como se infiere de los artículos 9° y 10º del mismo; y que ello no es otra cosa que el costo que implica una operación a dministrativa que tiene que ver con el registro de esta clase de compañías, a efecto del control en materia ambiental.

Que, por su parte, el artículo 14, también anulado, estableció el valor correspondiente al permiso que debe suscribir el propietario pa ra exhibir su aviso móvil por toda la ciudad, para lo cual debe pagar 7 salarios mínimos legales diarios vigentes por cada vehículo, por cada mes o fracción de mes; y que para el permiso de instalación de avisos móviles publicitarios en vehículos tipo part icular será de 3 salarios mínimos legales vigentes diarios por cada vehículo en favor del IDUC y por el término de un mes o fracción de mes; empero que, distinto ocurre con los impuestos de publicidad exterior visual y el complementario de avisos y tablero s, los cuales si bien tienen que ver con exhibirse al público mediante esta clase de anuncios, no son excluyentes; y que de hecho pueden coexistir, ya que se trata de hechos generadores diferentes c omo se infiere del artículo 46 del15

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Decreto 06 de 1998 y de l artículo 76 del Acuerdo 22 de 2004, vigentes para la época.

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Decreto 06 de 1998 y de l artículo 76 del Acuerdo 22 de 2004, vigentes para la época.

Estima que, en este caso, no se configura la sobre tarifa a ninguno de los dos impuestos que refiere el Tribunal , pues el impuesto de avisos y tableros es un impuesto complementario que no se genera de forma espontánea con la mera instalación del anuncio al público; que para que se configure, debe pre existir la realización de alguna de las actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio; que su regulación para el año 2004 era la contenida en los artículos 58 a 62 del Acuerdo 22 de 2004, en la actualidad regulado en el Acuerdo 30 de 2008 y hoy recogido en el Decreto 0924 de 2011; y que en ninguno de los a rtículos anulados se hace mención a la publicidad que hace el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio sobre su propia actividad, por lo que no hay lugar a aceptar la equivocada interpretación del Tribunal.

Insiste en que el impuesto a la publicidad exterior tampoco riñe con los regulados en los artículos anulados, en la medida en que su hecho generador estaba constituido por la exhibición o colocación de todo tipo de publicidad exterior visual, diferente del logo, símbolo o nombre colocado en su respectiva sede o establecimiento; y en los artículos enjuiciados lo q ue se regula es el valor correspondiente a16

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

artículos enjuiciados lo q ue se regula es el valor correspondiente a16

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

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los permisos para instalar esa publicidad móvil que se encuentra sujeta al pago de estos tributos, al complementario de avisos siempre que el sujeto pasivo ejerza actividad gravada con el impuesto de industria y comercio; y con el de publicidad, en la medida en que la valla exceda el área establecida en la Ley, recogida por el Acuerdo 006, y la publicidad se exponga al público en los términos establecidos en el artículo 73 del Acuerdo 22.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1.- Vencido el plazo la parte actora presentó, en forma oportuna, alegatos de conclusión en los cuales, en síntesis, se reafirma en los cargos de la demanda y solicita que se confirme la sentencia apelada.

IV.2.-El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, no presentó alegatos de conclusión.

IV.3. El Ministerio Público, en la oportunidad concedida para presentar sus alegatos, guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Decreto 352 de 2004 , expedido por el Alcalde de Barranquilla ; y del17

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Decreto 352 de 2004 , expedido por el Alcalde de Barranquilla ; y del17

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

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Acuerdo núm. 006 de 1998, emanado del Concejo de BarranquillaDistrito Especial Industrial y Portuario-.

Los mencionados actos, en lo pertinente, son del siguiente tenor:

“DECRETO 0352 DE 2004

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD MOVIL

EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

EL ALCALDE DISTRITAL DE BARRAQUILLA EN USO DE

SUS FACULTADES LEGALES, Y EN ESPECIAL

CONFERIDAS POR LA LEY 140 DE 1994 Y EL ACUERDO

DEL CONCEJO DE BARRANQUILLA No. 006 DE 1998 Y,

CONSIDERANDO:

Que la ley 140 de 1994 reglamentó la publicidad exterior visual en el territorio nacional con el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa.

Que el Acuerdo del Concejo Distrital de Barranquilla No. 006 de 1998 “ Por el cual se reg lamenta la publicidad exterior

seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa.

Que el Acuerdo del Concejo Distrital de Barranquilla No. 006 de 1998 “ Por el cual se reg lamenta la publicidad exterior visual en el Distrito de Barranquilla” define a la publicidad exterior visual como el medio masivo de comunicación permanente o temporal, fijo o móvil que se destine para instalar mensajes con los cuales se busque llamar la atención del público a través de leyendas o elementos visuales en general, tales como dibujos, fotografías, letreros y/ o cualquier otra forma de imagen que se haga visible desde las vías de uso público, bien sea peatonales o vehiculares, terrestres, fluvi ales, marítimas o aéreas, cuyo fin sea publicitario, cívico, político, institucional, cultural, o informativo.

Que el artículo 41 del Acuerdo del Concejo Distrital de Barranquilla No. 006 de 1998, establece como un tipo de vallas publicitarias las instaladas en vehículos automotores.18

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Que mediante el Decreto 0274 de 2004 se delegó en el Instituto Distrital de Urbanismo y Control -IDUC-la competencia para otorgar permisos y/ o autorizaciones para la publicidad exterior visual y adelantar las acciones administrativas pendientes del cumplimiento de las normas que regulen esta materia, así como la de imponer sanciones

competencia para otorgar permisos y/ o autorizaciones para la publicidad exterior visual y adelantar las acciones administrativas pendientes del cumplimiento de las normas que regulen esta materia, así como la de imponer sanciones por el quebrantamiento de las mismas por cualquier persona natural o jurídica.

Que se hace necesario reglamentar y limitar la publicidad móvil en el Distrito de Barranquilla para evitar la saturación, la contaminación visual y ejercer un efectivo control.

DECRETA

[…]

ARTÍCULO SEXTO: VEHÍCULOS CON PLATAFORMA DE

USO EXCLUSIVO PARA EL PORTE DE AVISOS

PUBLICITARIOS Y LETREROS.

(...)

PARÁGRAFO: Deléguese en el Instituto Distrital de Urbanismo y ControlIDUCo la entidad que haga sus veces, la facultad para aprobar la totalidad de vehículos con plataforma de uso exclusivo para el porte avisos publicitarios y letreros que puedan circular en el distrito de Barranquilla, previa elaboración del estudio técnico respectivo.

(…) ARTÍCULO SÉPTIMO: INSPECCIÓN, VIGILANCIA y CONTROL: La inspección, vigilancia y control sobre la publicidad móvil la ejercerá el Instituto Distrital de Urbanismo y Control -IDUCo la entidad que haga sus veces, quien deberá contar con el apoyo de la empresa metropolitana de tránsito y transporte en lo pertinente a las funciones de esta última entidad.

ARTÍCULO OCTAVO : FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: El Instituto Distrital de Urbanismo y Control - IDUC_ cumplirá las siguientes

funciones de inspección vigilancia y control: (...)

ARTÍCULO OCTAVO : FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: El Instituto Distrital de Urbanismo y Control - IDUC_ cumplirá las siguientes

funciones de inspección vigilancia y control: (...) g) Desarrollar un sistema de inspección, vigilancia y control acorde a los parámetros dictados por el presente decreto y la Ley 140 de 1994, el Acuerdo 006 de 1998 y el Decreto 589 de 1998.19

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ARTÍCULO NOVENO: REGISTRO DE EMPRESAS

DEDICADAS A COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

MÓVIL (...)

ARTÍCULO DÉCIMO: DEL REGISTRO: Para obtener el registro, las personas naturales o jurídicas interesad as,

deberán aportar los siguientes documentos:

a) Solicitud de registro. b) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, cuando sea una persona jurídica. C) Certificado de matrícula de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio, cuando sea una persona natural. d) Fotocopia de la cédula del representante legal de la persona jurídica o de la persona natural. e) Documento que demuestre el pago del valor del servicio registro.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: VALOR DEL REGISTRO: Las personas naturales o jurídicas interesadas cancelarán a

persona jurídica o de la persona natural. e) Documento que demuestre el pago del valor del servicio registro.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: VALOR DEL REGISTRO: Las personas naturales o jurídicas interesadas cancelarán a favor del IDUC una cuota anual de un salario mínimo legal mensual vigente por el derecho al registro de los gastos de inspección, vigilancia y control que se desprenden del mismo.

ARTÍCULO D ÉCIMO SEGUNDO: APROBACION DEL REGISTRO: En el Acto administrativo por medio del cual IDUC apruebe el registro, se determinará el cupo máximo de vehículo en los que se permitirá la instalación de avisos móviles publicitarios, las obligaciones del regi strado y las causales de cancelación del registro.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PERMISO: Para la instalación de avisos móviles publicitario s se requiere una licencia otorgada por el IDUC, la solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: a) Original y copia del recibo de consignación del pago de la expedición del permiso. b) Poder debidamente otorgado, cuando se actúa mediante poder. c) Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. d) Autorización del propietario del vehículo o contrato, si el vehículo no es propiedad del solicitante. e) fotografía panorámica del vehículo, tamaño 9 × 12 CMS. f) Póliza de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la instalación del aviso móvil publicitario por un valor equivalente a cinco salarios mínimos legal mensual vigente.20

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

instalación del aviso móvil publicitario por un valor equivalente a cinco salarios mínimos legal mensual vigente.20

Número único de radicación: 08001-23-31-000-2010-01221-01

Actor: RODRIGO POMBO CAJÍAO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

g) Entregar los documentos en este orden en un folder legajado celuguia.

ARTICULO DECIMO CUARTO: VALOR DEL PERMISO: El valor de los derechos a pagar por el otorgamiento del permiso para la instalación de avisos móviles publi citarios será de siete (7) salario mínimo legal diarios vigente por cada vehículo a favor del IDUC y por el término de un mes o fracción de mes. La cifra se aproximará a decena.

Para efecto de contabilizarse el término de duración de una publicidad móvil se tendrá en cuenta la fecha expedición del permiso.

ARTICULO DECIMO QUINTO: SANCIONES

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

“[…]

“REPÚBLICA DE COLOMBIA

Concejo Distrit