CE-15001-23-31-000-2009-00408-01(42285)-2012

IMPEDIMENTO - Niega impedimento La figura de los impedimentos debe entenderse anclada como una institución útil para la obtención de los fines constitucionales que se persiguen con la administración de justicia dentro de un Estado Social de Derecho y como garante del derecho fundamental a la igualdad (artículo 13 constitucional), siendo claro que la labor judicial está guiada por la independencia y la imparcialidad de dicha labor (…) Ahora bien, la configuración de las causales de impedimento y los efectos que se deriven de dicha declaratoria requieren de una interpretación restrictiva como quiera que pone en juego la seguridad de quienes intervienen en el proceso, puesto que estos obran bajo la pretensión de que la aplicación de las normas procesales y sustanciales se efectuará bajo la égida del principio de igualdad, y por otro tanto, como una clara manifestación del acceso material a la administración de justicia. (…) Debido a lo anterior los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá manifestaron encontrarse incursos en la causal del numeral 6° del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3°, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.”. Y como sustento fáctico de dicha causal indicaron (…) “La demanda de la referencia está dirigida, entre otros, contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, entidad contra la que actualmente los miembros de esta Corporación, sin excepción, tienen demandas en que se discute la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la nivelación

salarial del 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de las Altas Cortes, constituyen así la causal de impedimento consagrada en el numeral 6 del artículo 150 del C.P.C., en cuanto existe pleito pendiente entre los magistrados de esta corporacion y la parte demanadada dentro del proceso de referencia .” (…) Como se observa, es claro que el fundamento de la causal invocada por los demandantes reside en que los Magistrados han demandado, dentro de un proceso contencioso administrativo de carácter laboral, a la Nación - Rama Judicial, entidad que es también parte demandada en el sub lite, que corresponde a una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en la que fue objeto la señora LIGIA MORALES POVEDA, desde el 14 de julio de 2005 hasta el 5 de febrero de 2008, fecha en la cual fue dejada en libertad como consecuencia de la sentencia absolutoria proferida el 30 de enero de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso penal 2006-015, por los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir, bajo el radicado 15001233100020090040801.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 13 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 160 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 150 NUMERAL 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil doce (2012).

Radicación número: 15001-23-31-000-2009-00408-01(42285)

Actor: LIGIA MORALES POVEDA Y OTROS

Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL Y OTROS Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (IMPEDIMENTO) Procede el Despacho a decidir el recurso de reposición interpuesto por el Agente del Ministerio Público contra el auto del 5 de diciembre de 2011, mediante el cual se aceptó el impedimento presentado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES 1.- En escrito del 27 de noviembre de 2009 la señora LIGIA MORALES POVEDA Y OTROS, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa de la NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y se les condenara al pago de los perjuicios que les fueron ocasionados como consecuencia de la presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora LIGIA MORALES POVEDA, desde el 14 de julio de 2005 hasta el 5 de febrero de 2008, fecha en la cual fue dejada en libertad como consecuencia de la sentencia absolutoria proferida el 30 de enero de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso penal 2006-015, por los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir. 2.- Mediante auto del 26 de septiembre de 2011, (fl 315, c1) los Magistrados del

Tribunal Administrativo de Boyacá Luisa Mariana Sandoval Mesa, Javier Ortiz del Valle, Jorge Eliecer Fandiño Gallo, Clara Elisa Cifuentes Ortiz y Francisco Antonio Iregui Iregui, se declararon impedidos para conocer del asunto en razón a que los mencionados Magistrados demandaron, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el acto proferido por una de las entidades aquí demandadas, y mediante el cual se negó el reconocimiento “como asignación salarial el 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de las Altas Cortes” hechos que se circunscriben en la causal sexta de impedimento del artículo 150 del Código Procedimiento Civil. 3.- En auto del 5 de diciembre de 2011 se aceptó el impedimento manifestado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. Dicha decisión se notificó por estado el 13 de diciembre de 2011 y al Procurador Delegado el 16 de diciembre de 2011. 4.- En escrito del 11 de enero de 2012 el Procurador Primero Delegado ante esta Corporación interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión. CONSIDERACIONES 1.- El recurso de reposición propuesto por el Ministerio Público se concreta en solicitar la revocatoria del auto del 5 de diciembre de 2011, mediante el cual el Despacho aceptó el impedimento de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. Como sustento de la impugnación manifestó que la decisión adoptada en el sub lite resulta contradictoria a la adoptada anteriormente en casos similares por esta Corporación. Al respecto es menester tener en cuenta que el recurso de reposición tiene como

finalidad que el mismo funcionario que tomó la decisión inicial, motivo de impugnación, la reconsidere; y, conforme al artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, procede contra los autos de trámite que dicte el ponente. Y en lo que respecta a la oportunidad para su interposición, el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso, dispone: “El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando este se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto.” (Resaltado propio). 2.- En el presente caso el Despacho considera procedente reconsiderar la posición que adoptó respecto de los impedimentos manifestados por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo la comprensión de que si bien existe una identidad de sujetos, que llevan a constituir, prima facie, el pleito pendiente, no existe una univocidad en la causa jurídica. 2.1.- Los impedimentos en el proceso contencioso administrativo. La figura de los impedimentos debe entenderse anclada como una institución útil para la obtención de los fines constitucionales que se persiguen con la administración de justicia dentro de un Estado Social de Derecho y como garante del derecho fundamental a la igualdad (artículo 13 constitucional), siendo claro que la labor judicial está guiada por la independencia y la imparcialidad de dicha labor1. Al respecto es preciso señalar que la institución del impedimento persigue la salvaguarda de la imparcialidad del juzgador, como bien lo ha precisado la

jurisprudencia constitucional al observar que “Las normas que consagran las causales de impedimento y recusación, se han dictado para garantizar la imparcialidad del juez. El que existan las causales, fijadas por la ley y no por el capricho de las partes, garantiza, dentro de lo posible, la imparcialidad del juez y su independencia de toda presión, es decir, que sólo esté sometido al imperio de la ley”2. Ahora bien, la configuración de las causales de impedimento y los efectos que se deriven de dicha declaratoria requieren de una interpretación restrictiva3 como quiera que pone en juego la seguridad de quienes intervienen en el proceso, 1“Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces”. Corte Constitucional,

Sentencia C-037-1996. M.P.: Vladimiro Naranjo M. 2 Corte Constitucional, Sentencia C-19/1996. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía. puesto que estos obran bajo la pretensión de que la aplicación de las normas procesales y sustanciales se efectuará bajo la égida del principio de igualdad, y por otro tanto, como una clara manifestación del acceso material a la administración de justicia.

Por otro tanto, en los procesos que se adelantan ante esta Jurisdicción las

causales de impedimento aplicables para los Jueces Administrativos se encuentran instituidos en el artículo 160 del Código Contencioso Administrativo. Dicha normatividad señala i) un reenvío normativo a las causales del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y ii) consagra directamente dos (2) causales explicitas como son: “1. Haber participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato, o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia.

2. Haber conceptuado sobre el acto que se acusa, o sobre el contrato objeto de litigo.” De lo anterior, se tiene que, en principio, es viable la aplicación directa y completa de las causales de impedimento del Código de Procedimiento Civil, pues, el artículo en comento no dispuso ninguna clase de matización atendiendo a la naturaleza de las partes y la naturaleza del proceso, correspondiendo a la jurisprudencia de esta Corporación dicha armonización, cuando fuere el caso. 2.2La causal invocada por los Magistrados del Tribunal Administrativo de

Boyacá. Los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá manifestaron encontrarse incursos en la causal del numeral 6° del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3°, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.”. Y como sustento fáctico de dicha causal indicaron: “Dentro del proceso de la referencia ha sido demandada, entre otros, la Nación – Rama Judicial. Como actualmente cursan procesos de nulidad y restablecimiento del derecho instaurados por nosotros en contra de la Nación

– Rama Judicial, con la finalidad de que se declare la nulidad del acto administrativo que no accedió a reconocernos como asignación salarial el 80% de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de las Altas 3 A este respecto la jurisprudencia constitucional enseña: “Los impedimentos constituyen un mecanismo procedimental dirigido a la protección de los principios esenciales de la administración de justicia: la independencia e imparcialidad del juez, que se traducen así mismo en un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues una de las esferas esenciales del debido proceso, es la posibilidad del ciudadano de acudir ante un funcionario imparcial para resolver sus controversias. (artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con diversas disposiciones contenidas en instrumentos de derechos humanos, tales como los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (Artículo 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado que

los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida.” Auto 039/2010. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Cortes, según constancias que se adjuntan, y actualmente se encuentran en trámite, se tipifica la causal aludida, dado que actualmente existe pleito pendiente entre nosotros, como Magistrados de esta Corporación en calidad de demandantes y la parte demandada dentro del proceso de la referencia” (fl 315, c1). Como se observa, es claro que el fundamento de la causal invocada por los demandantes reside en que los Magistrados han demandado, dentro de un proceso contencioso administrativo de carácter laboral, a la Nación - Rama Judicial, entidad que es también parte demandada en el sub lite, que corresponde a una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora LIGIA MORALES POVEDA, desde el 14 de julio de 2005 hasta el 5 de febrero de 2008, fecha en la cual fue dejada en libertad como consecuencia de la sentencia absolutoria proferida el 30 de enero de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso penal 2006-015, por los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir, bajo el radicado 15001233100020090040801. 2.3El entendimiento de la causal invocada. La causal denominada “pleito pendiente” ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta Corporación señalando que la misma no procede por la simple identidad de las partes pues debe considerarse que i) ante esta Jurisdicción acuden en

calidad de parte diversas entidad públicas, situación no vislumbrada por el Código de Procedimiento Civil, y, ii) se ha impuesto como exigencia valorar si las circunstancias en torno al supuesto pleito pendiente infunden en el Juez un sentimiento de animadversión. Respecto al primer punto, la Sala, en atención a que una lectura exegética de la norma podría generar impedimentos masivos de Jueces Administrativos, ha precisado que la procedencia de la causal en comento requiere, además del supuesto normativo consagrado en el Código de Procedimiento Civil relacionado con la identidad de las partes, la existencia una causa jurídica similar en los respectivos procesos. Es por lo tanto que “si la norma se interpreta entendiendo las diferencias que existen entre todas las jurisdicciones en relación con las partes procesales se advierte, buscando la compatibilidad del sentido de la norma, que en la jurisdicción de lo contencioso administrativa cuando un juez demande A UNA PERSONA JURÍDICA PÚBLICA estará impedido pero sólo cuando la CAUSA JURÍDICA de un asunto que se le someta a su conocimiento sea de la misma naturaleza y actuación de la que él sometió ante la justicia...’4. Y por otro tanto, también se ha precisado que la causal se configura si las pretensiones y las circunstancias que rodean el pleito pendiente logran generar en el Juez sentimientos de animadversión que turben su imparcialidad al momento de decidir el asunto que tiene puesto a su consideración, siendo esto último la finalidad que se persigue con la institución de los impedimentos; esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos sobre este tópico: “En relación con la causal de pleito pendiente, no puede considerarse de

forma simple y aislada al hecho de haber presentado una demanda contra una de las partes o viceversa, es necesario tener en cuenta las pretensiones que conforman el pleito, la posición de las partes en el mismo y las circunstancias que se presenten de forma tal que sea una situación que 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, autos de 24 de junio de 2003, exp: 1100103-15-000-2003-0699 – 01 y 20 de enero de 2004, exp: 11001-03-15-000-2003-01237. genere alguna clase de sentimiento de animadversión que impida al juez ejercer su función con la imparcialidad debida. (…) De acuerdo a lo anterior, el sentido que debe dársele a la causal contenida en el artículo 6º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, es la existencia de un litigio pendiente por resolver entre el juez y cualquiera de las partes, cuyas circunstancias y pretensiones logren originar en él algún resentimiento o sentimiento de inquina o animadversión con su contraparte capaz de perturbar la imparcialidad y ecuanimidad con la que debe decidir el asunto sometido a su consideración.”5 (Resaltado propio). De lo anterior, resulta claro para el Despacho que la configuración de la causal sub examine, lejos de suponer un juicio donde el único elemento de valoración a determinar es de carácter objetivo, como es la existencia de los procesos judiciales, demanda una apreciación ad-hoc, en donde debe evidenciarse, para su prosperidad, i) la identidad jurídica de las causas o ii) que el contexto concerniente

al pleito pendiente le generan al Juez sentimientos de animadversión; conforme al entendimiento dado por esta Corporación. 3.- El caso en estudio En el presente caso se encuentra que en el auto impugnado, del 5 de diciembre de 2011, el análisis del impedimento se limitó a determinar la existencia de la identidad entre los Magistrados del Tribunal y la Nación – Rama Judicial en el pleito pendiente, encontrando acreditada la causal invocada en los siguientes términos: “3.- Con base en lo anterior, en el presente caso se tiene que los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá manifestaron que actualmente actúan como demandantes en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los aquí demandados; por lo cual el Despacho accederá a reconocer tal impedimento…” (fl 321, c1). Con fundamento en lo anterior el Despacho revocará la decisión, pues, analizada la causa jurídica de los dos procesos, se hace evidente que se trata de asuntos completamente dispares pues, por una parte, el proceso adelantado, en calidad de demandantes, por los señores Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá es un asunto de orden laboral administrativo, mientras que el sub lite se refiere a una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad; así las cosas, el Despacho no se encuentra fundamento para dar por acreditado la animadversión o cualquier clase de sentimiento que turbe la imparcialidad de los Juzgadores. Por lo anterior se dispondrá revocar el auto del 5 de diciembre de 2011 y en su lugar, negar el impedimento propuesto por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 1° de julio de 2003. C.P.: Juan Ángel Palacio Hincapié. Radicado: 11001-03-15-000-2003-0736-01(IMP) PRIMERO: REVOCAR el auto de 5 de diciembre de 2011 y en su lugar NEGAR el impedimento formulado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen para que se continúe con el trámite proceso respectivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA