CE-15001-23-31-000-2010-00439-01(AC)-2010

CONCURSO DE MERITOS DE DOCENTES - No se vulneró el derecho al debido proceso por calificación de pruebas de aptitudes y competencias básicas / MATERIAL DE EXAMEN EN CONCURSO DE MERITOS - Reserva / CONCURSO DE MERITOS DE DOCENTES - Aumento del valor de preguntas vía tutela, vulnera el derecho de igualdad / CONCURSO DE MERITOS DE DOCENTES - Improcedencia de la tutela para recalificación de pruebas / CALIFICACION DE PRUEBAS EN CONCURSO DE MERITOS DE DOCENTESMedios de defensa Es del caso indicar que esta Sección con ponencia de la Consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez, mediante sentencia de 3 de junio de 2010, fijó una posición en relación con el tema en debate y el pronunciamiento de la Sección Quinta, la cual se acoge y se reitera en esta oportunidad, dado que las condiciones fácticas, jurídicas y probatorias coinciden con el caso sub lite. En dicha providencia, la Sala dejó sentado en primer término el apartamiento del pronunciamiento de la Sección Quinta, previamente aludido, en tanto la realidad procesal de aquella tutela es diferente, teniendo en cuenta que aquella se fundamentó en la falta de claridad por parte del ICFES al indicar que la metodología empleada para evaluar las pruebas de aptitud numérica en el concurso en debate, lo que impuso tener por ciertos los hechos de la demanda, en aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Dado que el ICFES ilustró ampliamente la metodología empleada para la calificación de la prueba en controversia, como se verá, se reitera la imposibilidad

de aplicar el criterio expuesto por la H. Sección Quinta, al caso concreto. Respecto de la trasgresión al derecho al debido proceso invocado, se indicó que el procedimiento adoptado para la calificación fue técnico para evitar el margen de error, y todos los aspectos estuvieron debidamente discriminados en la convocatoria. En efecto, los parámetros de valoración empleados por la mencionada entidad se obtienen utilizando el modelo “Rash”, mediante el cual la destreza de los concursantes no resulta proporcional al número de respuestas contestadas correctamente, ya que también se toman en cuenta variables como la dificultad de la pregunta, el tiempo en ser resuelta, entre otros, por lo que resulta incorrecto multiplicar por un número de puntos, la cifra de respuestas correctas, como lo pretende la demandante. Al respecto, se reitera que la diferencia entre los resultados de las calificaciones aducidos por la solicitante y los entregados a esta instancia por el ICFES, no necesariamente implican una calificación errónea, por el contrario, responden a la utilización de ecuaciones y procedimientos diferentes. Por un lado, la demandante pretende la aplicación de una ecuación simple precedida de una “ regla de tres”, para obtener lo que considera el valor de cada pregunta, resultado multiplicado por el número de las que entiende contestó acertadamente en la prueba de aptitudes y competencias básicas; por su parte, la entidad accionada utiliza un procedimiento más complejo, el cual tiene en cuenta variables como: i) la calidad técnica de las preguntas, ii) el puntaje otorgado a cada ítem por concursante y iii) el número de plazas a proveer que por demás

lleva consigo la aplicación previa del número de plazas a contestar, a efectos de no incurrir en errores como el que la petente esgrime. De otro lado, se precisó que la eliminación de las peguntas 39 y 47 de las pruebas practicadas, se efectuó como consecuencia de las reclamaciones que los participantes efectuaron con posterioridad al examen escrito por estar mal formuladas, hecho que modificó los factores de ponderación para todos los concursantes, frente a lo cual se concluyó que no existe posibilidad alguna de otorgar un puntaje adicional a la solicitante, ni que exista vulneración al derecho a la igualdad, como se pretende hacer ver. Resta agregar que la eliminación aludida se efectuó por parte del ICFES previamente a efectuar el proceso de calificación de la prueba, por lo que no puede pretenderse tenerlas como válidas, en tanto a ningún concursante le fueron calificadas, por lo que mal haría el juez de tutela en otorgar valor a dichos ítems frente a las personas que no sobrepasaron el umbral y fueron eliminadas del concurso de méritos docente y directivo docente, en tanto se les otorgaría una ventaja frente a aquellas que si obtuvieron el puntaje suficiente y continuaron el proceso de selección a quienes, sin embargo, tampoco se les tuvo en cuenta el valor de las dos preguntas que echa de menos la solicitante en la presente acción. Finalmente, se indicó la existencia de otros mecanismos de defensa judicial como la reclamación ante el regente del concurso de méritos, y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,

para lograr la nulidad del acto que publicó los resultados de las pruebas y del que resolvió las reclamaciones presentadas, con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional.

NOTA DE RELATORIA: Sobre la calificación de pruebas de aptitudes y competencias básicas en el concurso de méritos de docentes: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de noviembre de 2009, Rad. 2009-01268(AC)

MP. Bertha Lucia Ramírez de Páez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil diez (2010) Radicación número: 15001-23-31-000-2010-00439-01(AC)

Actor: SANDRA MERCEDES VALBUENA GARZON

Accionado: MINISTERIO DE EDUCACION Y INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES Decide la Sala la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia de 29 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES La señora Sandra Mercedes Valbuena Garzón, por conducto de apoderado, presenta acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y al trabajo, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES.

Como hechos fundamento de la acción, expuso que se inscribió el concurso de méritos docente abierto, citado por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No. 035 de 25 de marzo de 2009, como aspirante a un cargo de docente en el Departamento de Boyacá. El 5 de julio de 2009, presentó la prueba de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas realizada. Según la guía de orientación del concurso docente de 2009, la prueba de aptitudes y competencias básicas estaba compuesta por 100 preguntas distribuidas así: 30 de aptitud numérica, 30 de aptitud verbal y 40 de competencias básicas, y el resultado final sería la ponderación de estos tres componentes, que según el artículo 28 del Acuerdo 23 de 2009, se expresa en una parte entera y dos decimales. Sostuvo que el artículo 21 de la Convocatoria estableció que la calificación numérica de los resultados de la referida prueba va de 0 a 100 puntos, por ende, cada pregunta de aptitud verbal tenía un valor de 3.333 que multiplicado por 30 preguntas arroja un total de 100. En cuanto a la aptitud numérica, el ICFES anuló dos preguntas, por lo cual el valor de cada una debía ser 3.57 que por 28 preguntas finalmente válidas da un resultado de 100 puntos. Refirió que el 21 de agosto de 2009, el ICFES publicó los resultados en los siguientes términos: en la prueba de aptitudes y competencias básicas 58.10 y en la prueba psicotécnica 58.00, así, dado que la primera sólo se superaba con 60.00 puntos y era eliminatoria, fue excluida del concurso.

Al advertir que sus resultados no atendían las reglas de la convocatoria en cuanto a la calificación de las pruebas, presentó reclamación contra la decisión anterior, a fin de que le fuera recalificada su prueba, pero el ICFES mediante comunicado resolvió en forma negativa afirmando que el procedimiento utilizado garantizó la objetividad de la calificación, que no existió margen de error y que antes de calificar anuló las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica, puesto que no tenían opciones de respuesta. Por lo anterior, sostiene que se vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que la entidad demandada no informó a los concursantes que anuló dos preguntas, lo que impidió controvertir la decisión, adicionalmente, porque no calificó la prueba de conformidad con los parámetros definidos en la convocatoria. De igual manera, relató que el ICFES erró al manifestar que anuló las preguntas 39 y 47, ya que estas no existían porque la prueba de aptitud numérica sólo tenia 30 preguntas y estimó que el valor de esas preguntas anuladas debe concederse en su favor, puesto que fue error de la entidad su formulación sin opción de respuesta, lo que dejó en desventaja a los concursantes y vulneró el artículo 1° de la Ley 1324 de 13 de julio de 2009 “ por medio del cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados hechos por el

ICFES”.

OBJETO DE TUTELA Solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, y en consecuencia, se ordene al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento Superior - ICFES que, 1) recalifique la prueba de

aptitudes y competencias básicas - aptitud numérica, de acuerdo con los parámetros establecidos en la convocatoria; 2) publique los resultados de cada una de las preguntas que conformaron la prueba; 3) conceda en su favor el puntaje de las dos preguntas 39 y 47 que fueron anuladas; y 4) una vez recalificada, se le incluya nuevamente en el concurso directivo docente y se continúe con las siguientes etapas del concurso. LA SENTENCIA IMPUGNADA El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 29 de abril de 2010, denegó la acción de tutela interpuesta. Encontró que el ICFES ante las diversas solicitudes de revisión de los resultados obtenidos en la pruebas de aptitudes y competencias básicas publicadas el 21 de agosto de 2009, las resolvió de manera conjunta a través del comunicado del 8 de septiembre del mismo año, en el que confirmó la exclusión de la parte actora del concurso de méritos por no haber alcanzado el puntaje mínimo requerido para continuar el mismo y respecto de las demás solicitudes, respondió negativamente. En ese orden, sostuvo que dicha decisión al definir la situación de la accionante en lo que respecta a la convocatoria, constituye un verdadero acto administrativo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción correspondiente. No obstante lo anterior, relató que para la fecha en que se interpuso la acción de tutela - 14 de abril de 2010 - ya había vencido el término con que contaba la concursante para demandar el acto administrativo Por lo anteriormente expuesto, consideró que la acción carece de vocación de

prosperidad, por cuanto no existe evidencia alguna que justifique la inactividad de la interesada en la presentación oportuna de la acción. LA IMPUGNACION La parte actora impugna el anterior proveído con base en la siguiente fundamentación: Alega que, contrario a lo expuesto por el Tribunal, la acción de tutela se presentó como mecanismo definitivo en consideración a que las acciones contencioso administrativas con las que cuentan los ciudadanos para atacar la legalidad de los actos proferidos dentro del concurso de méritos, carecen de la idoneidad necesaria para conferir una protección integral y eficaz de los derechos de rango fundamental. En relación con la falta de inmediatez alegada por el Tribunal, señaló que dentro de las circunstancias particulares en las cuales se desarrolló el caso, existe un último derecho de petición invocado por los concursantes eliminados con la prueba de aptitudes y conocimientos básicos tramitados ante el ICFES, el cual la entidad demandada, le respondió de manera general, por lo cual solicita que se tenga en cuenta dicha circunstancia al momento de analizar la inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción. Finalmente, en cuanto a la caducidad de la acción, dijo que debe prevalecer el derecho sustancial sobre el procedimental, para lo cual se debe realizar una ponderación de los derechos constitucionales controvertidos y las circunstancias concretas que rodean el asunto. Para resolver, se CONSIDERA El problema jurídico se circunscribe a determinar si la entidad accionada al calificar la prueba de aptitudes y competencias básicas de la actora dentro del concurso para nombrar docentes y directivos docentes, violó sus derechos

fundamentales, en atención a que en el componente de aptitud numérica se anularan 2 preguntas, y supuestamente no se incrementó el valor individual de cada una de las que fueron contestadas Mediante los Acuerdos Nos 056 a 122 de 25 de marzo de 2009, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer cargos vacantes de Docentes y Directivos Docentes de las instituciones educativas oficiales. Se determinó que la selección se realizaría mediante pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas diseñadas, construidas y aplicadas por el ICFES, con el análisis de antecedentes y entrevista. La calificación mínima para superar cada una de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas, y por ende, ser admitido a la valoración de antecedentes y entrevista, se fijó en 60 puntos para cargos Docentes y 70 para cargos Directivos Docentes. El artículo 19 de los Acuerdos en cita, determinaron el carácter y la ponderación de las pruebas que se aplicarían en el proceso así: Valor en el concurso Prueba Carácter Calificación Para Para Respons aprobatoria doce directivos able ntes docentes Aptitudes Eliminat 60/100 para 55 45 por ICFE y oria y docentes y por ciento S competen clasificat 70/100 para cient cias oria directivos o docentes Psicotécni Clasifica NA 10 10 por ICFES ca toria por ciento cient o Antecede Clasifica NA 20 30 por CNSC o ntes toria por ciento delegad cient o o

Entrevista Clasifica NA 15 15 por CNSC o toria por ciento delegad cient o o Así mismo, se estableció que el resultado de las pruebas se expresaría en una calificación numérica en escala de cero a cien puntos (artículo 21) y reiteró en el artículo 23 que la calificación sería debidamente ponderada por la participación en cada prueba en el valor total del concurso, en forma numérica con una parte entera y dos decimales. A través de Comunicado proferido por el ICFES el 8 de septiembre de 2009, se dio respuesta conjunta a las reclamaciones presentadas por aquellos concursantes que no obtuvieron el puntaje suficiente en la etapa eliminatoria y que fueron excluidos del proceso de selección, con el fin de que se explicara la forma como se calificó la prueba de aptitudes y competencias básicas, en el siguiente sentido1: “En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 426 de 31 de agosto de 2009, se publica el presente COMUNICADO para dar repuesta conjunta a las reclamaciones, recursos, derechos de petición y demás escritos recibidos, con el mismo contenido ante el ICFES y/o la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, con ocasión de la publicación de resultados efectuada el 21 de agosto de 2009 en desarrollo del concurso docentes y directivos docentes -2009. 1. ¿Cómo se calificó la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas? De acuerdo con lo anunciado en la Guía de Orientación del Concurso Docente 2009, publicada en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la página del ICFES, la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas estaba conformada por un componente de aptitud

1 Página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil : http://www.cnsc.gov.co numérica, con 30 preguntas, un componente de aptitud verbal, con 30 preguntas y un componente de competencias básicas, con 40 preguntas. Se le asignó al puntaje de competencias básicas, un valor del 40 por ciento. El puntaje total de la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas es el resultado ponderado los tres (sic) componentes mencionados.”. (…) 4. ¿Es posible efectuar una nueva revisión manual de resultados tanto de las pruebas de aptitudes y competencias básicas como de la psicotécnica? El procedimiento adoptado para la evaluación de las respuestas es un procedimiento eminentemente técnico, en el que una máquina realiza la lectura óptica de las hojas de respuesta y posteriormente, mediante un proceso sistematizado, se aplican las fórmulas para obtener el puntaje. Este procedimiento garantiza la objetividad de la calificación, sin que exista margen de error. Estos factores difícilmente podrían garantizarse de efectuarse ésta manualmente, como lo sugieren algunos de los reclamantes. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que las reclamaciones sólo se contraen a solicitar una revisión general de los resultados, se estima que ésta resultaría inocua toda vez que la garantía de exactitud de los resultados está dada por las auditorias periódicas que realiza el ICFES al funcionamiento de los equipos y de los procesamientos, sobre los cuales no procede una revisión manual. 9. ¿Las preguntas que los evaluados reportaron como mal formuladas se tuvieron en cuenta en la calificación? Uno de los procesos posteriores a la aplicación de las pruebas consiste en revisar las preguntas reportadas como inconsistentes o dudosas por

quienes presentaron el examen, a través del formulario dispuesto para tal fin en cada uno de los salones de aplicación. Si como producto de la revisión de dichas preguntas, se comprueban las inconsistencias reportadas, se procede a la eliminación de las mismas y a su exclusión del proceso de calificación. Para el caso de la prueba aplicada el 5 de julio de 2009, el ICFES eliminó de la calificación las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica” (Negrillas fuera del texto). ANALISIS DE LA SALA Descendiendo al caso concreto, se encuentra que la parte actora, además de encaminar sus pretensiones a que se conceda a su favor el puntaje de dos preguntas anuladas por el ICFES dentro del concurso de méritos, y de esa forma sea recalificada su puntuación a fin de que pueda continuar las siguientes etapas de aquel, solicita que se dé aplicación al precedente sentado por la Sección Quinta en caso análogo2 que accedió a las pretensiones de quien fungió como actor de tutela. En dicho pronunciamiento, la mentada Sección amparó el derecho al debido proceso invocado, en el sentido de tomar como acertadas las respuestas a las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica que fueron excluidas por el ICFES y ordenó que se adicionara el puntaje obtenido por el actor en dicha prueba, luego de lo cual se determinaría si clasifica o no a las fases subsiguientes del concurso de méritos. Tal determinación fue sustentada en el hecho de que tuvo como ciertos los hechos manifestados por el entonces solicitante, toda vez que la Entidad accionada, a pesar de habérsele solicitado una explicación clara sobre la forma como se obtuvo

la calificación de la demandante, dada la alta complejidad que representaba la metodología contenida en la Guía de Contenido Mínimo para los Manuales de Procesamiento y Reportes, no lo hizo o lo hizo en forma incompleta, de modo que nada aclaró, por lo que dejó insatisfecha la carga de la prueba, como si no hubiera rendido el informe que se le pidió. Es del caso indicar que esta Sección con ponencia de la Consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez, mediante sentencia de 3 de junio de 20103, fijó una posición en relación con el tema en debate y el pronunciamiento de la Sección Quinta, la cual se acoge y se reitera en esta oportunidad, dado que las condiciones fácticas, jurídicas y probatorias coinciden con el caso sub lite. En dicha providencia, la Sala dejó sentado en primer término el apartamiento del pronunciamiento de la Sección Quinta, previamente aludido, en tanto la realidad 2 Datos en el párrafo siguiente. 3 Exp.No. AC-00120 01 Actor: Cenayda Barrera Barrera., M.P., Dra. Bertha Lucía Ramírez de Paéz. procesal de aquella tutela es diferente, teniendo en cuenta que aquella se fundamentó en la falta de claridad por parte del ICFES al indicar que la metodología empleada para evaluar las pruebas de aptitud numérica en el concurso en debate, lo que impuso tener por ciertos los hechos de la demanda, en aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Dado que el ICFES ilustró ampliamente la metodología empleada para la

calificación de la prueba en controversia, como se verá, se reitera la imposibilidad de aplicar el criterio expuesto por la H. Sección Quinta, al caso concreto. Respecto de la trasgresión al derecho al debido proceso invocado, se indicó que el procedimiento adoptado para la calificación fue técnico para evitar el margen de error, y todos los aspectos estuvieron debidamente discriminados en la convocatoria. En efecto, los parámetros de valoración empleados por la mencionada entidad se obtienen utilizando el modelo “Rash”, mediante el cual la destreza de los concursantes no resulta proporcional al número de respuestas contestadas correctamente, ya que también se toman en cuenta variables como la dificultad de la pregunta, el tiempo en ser resuelta, entre otros, por lo que resulta incorrecto multiplicar por un número de puntos, la cifra de respuestas correctas, como lo pretende la demandante.4 Al respecto, se reitera que la diferencia entre los resultados de las calificaciones aducidos por la solicitante y los entregados a esta instancia por el ICFES, no necesariamente implican una calificación errónea, por el contrario, responden a la utilización de ecuaciones y procedimientos diferentes. Por un lado, la demandante pretende la aplicación de una ecuación simple precedida de una “ regla de tres”, para obtener lo que considera el valor de cada pregunta, resultado multiplicado por el número de las que entiende contestó acertadamente en la prueba de aptitudes y competencias básicas; por su parte, la entidad accionada utiliza un procedimiento más complejo, el cual tiene en cuenta variables como: i) la calidad técnica de las preguntas, ii) el puntaje otorgado a cada ítem por concursante y iii) el número de plazas a proveer que por demás

4 Sentencia de 10 de junio de 2010.Exp.2010-00171-01., C.P. Victor Hernando Alvarado Ardila. lleva consigo la aplicación previa del número de plazas a contestar, a efectos de no incurrir en errores como el que la petente esgrime. De otro lado, se precisó que la eliminación de las peguntas 39 y 47 de las pruebas practicadas, se efectuó como consecuencia de las reclamaciones que los participantes efectuaron con posterioridad al examen escrito por estar mal formuladas, hecho que modificó los factores de ponderación para todos los concursantes, frente a lo cual se concluyó que no existe posibilidad alguna de otorgar un puntaje adicional a la solicitante, ni que exista vulneración al derecho a la igualdad, como se pretende hacer ver. Resta agregar que la eliminación aludida se efectuó por parte del ICFES previamente a efectuar el proceso de calificación de la prueba, por lo que no puede pretenderse tenerlas como válidas, en tanto a ningún concursante le fueron calificadas, por lo que mal haría el juez de tutela en otorgar valor a dichos ítems frente a las personas que no sobrepasaron el umbral y fueron eliminadas del concurso de méritos docente y directivo docente, en tanto se les otorgaría una ventaja frente a aquellas que si obtuvieron el puntaje suficiente y continuaron el proceso de selección a quienes, sin embargo, tampoco se les tuvo en cuenta el valor de las dos preguntas que echa de menos la solicitante en la presente acción. Dijo expresamente la Sala en la sentencia que se reitera en esta oportunidad que: “Como la metodología utilizada para la calificación de la prueba de aptitudes

numéricas fue la misma para todos los concursantes, no es pertinente ordenar el aumento de la calificación para unos colocando en desventaja a los otros, pues de ser así en criterio de justicia, o se valoran las 2 preguntas para todos o se acepta la ponderación aplicada por el ICFES para la generalidad de aspirantes” Por lo anterior, no encuentra la Sala la vulneración de derecho fundamental alguno, pues las diferencias en las calificaciones efectuadas por la demandante y la entidad, no responden a la arbitrariedad de ésta última, sino a los datos erróneos utilizados por la primera y a la diferencia de procedimiento matemático utilizado por la segunda, lo que por si genera reproche constitucional, lo cual da lugar a que los cargos de amparo no tengan vocación de prosperidad. Sobre el derecho al trabajo, anotó la Sala que no se encuentra su vulneración pues la presentación al concurso de méritos constituye una mera expectativa que sólo puede concretarse al finalizar el mismo. Finalmente, se indicó la existencia de otros mecanismos de defensa judicial como la reclamación ante el regente del concurso de méritos, y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lograr la nulidad del acto que publicó los resultados de las pruebas y del que resolvió las reclamaciones presentadas, con la posibilidad de solicitar su suspensión provisional. Por lo anteriormente expuesto, se reitera, la Sala acoge los planteamientos expuestos en la Sentencia de esta Sección, hecho que conlleva a confirmar la decisión de instancia que denegó el amparo solicitado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA CONFIRMASE la sentencia de 29 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó la tutela solicitada. Cópiese, notifíquese, remítase copia al Tribunal de origen y envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La presente providencia fue discutida y aprobada en Sala de la fecha.

GUSTAVO GOMEZ ARANGUREN BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ En comisión

ALFONSO VARGAS RINCON VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO GERARDO ARENAS MONSALVE En comisión