CE-15001-23-33-000-2013-00330-02(2169-15)-2020

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL -Determinación Como el señor José Yesid Medina Rubio adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, resultaría aplicable para efectos de la liquidación de su pensión de jubilación la primera de las subreglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, que establece el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir la pensión, como de manera adecuada lo liquidó la entidad demandada, pues como se dijo, la entidad efectúo la liquidación con el 75% del promedio de los salarios devengados durante 1 año y 19 días anteriores al reconocimiento, que era el tiempo que le faltaba para adquirir el status pensional al entrar a regir el Sistema General de Pensiones, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.8…) de acuerdo con la segunda subregla fijada en la mencionada sentencia de unificación, los factores a incluir son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones es decir, los factores a considerar en la liquidación de la pensión del señor José Yesid Medina Rubio son: la asignación básica mensual, bonificación por servicios, prima de antigüedad y prima técnica como factor salarial pues sobre ellos se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social y se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994, tal y como lo consideró la entidad demanda en la Resolución No. UGM 47565 de 24 de mayo de 2012.En esta línea argumentativa, no es

procedente la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios como lo solicita la parte demandante, razón por la cual, no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, en consecuencia, se deberá revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, rad.: 52001-23-33-000-201200143-01 (4403-2013) (IJ), C.P.César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / DECRETO 1158 DE 1994

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00330-02(2169-15)

Actor: JOSÉ YESID MEDINA RUBIO

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Tema: Reliquidación pensión de jubilación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

ASUNTO La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 12 de marzo de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

El señor José Yesid Medina Rubio actuando por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la UGPP, el reconocimiento y pago de las siguientes declaraciones y condenas: 1.1. Pretensiones (i). La nulidad de la Resolución No. UGM 047565 de 24 de mayo de 2012, a través de la cual se ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación. (ii). En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación, con efectividad a partir del 30 de junio de 1999, teniendo en cuenta el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, incluyendo, además de la asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad y prima técnica ya reconocidas, la prima mensual, el auxilio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad e incremento por antigüedad.

1 Folios 1 a 8 iii) Que se paguen de manera indexada las diferencias en las mesadas que resulten de la reliquidación de la pensión. iv) Que se reconozcan intereses conforme a los artículos 188 y 193 del C.P.A.C.A. y se de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem. 1.2. Fundamentos fácticos. Como fundamentos fácticos expuso lo siguiente: (i). El señor José Yesid Medina Rubio nació el 19 de abril de 1940, cumpliendo los 55 años el 19 de abril de 1995. (ii). Laboró al servicio del Estado desde el 11 de febrero de 1972 hasta el 29 de junio de1999. (iii). Mediante Resolución No 11851 de 29 de septiembre de 1999, la Caja Nacional de Previsión Social EICE reconoció la pensión de jubilación, en cuantía de $1.948.561,38, a partir del 1º de abril de 1999, condicionada al retiro del servicio. (iv). Mediante Resolución 5640 de 9 de marzo de 2001, la Caja Nacional de Previsión Social EICE reliquidó la pensión de jubilación, en cuantía de $2.011.835,08, efectiva a partir del 29 de junio de 1999. v) Mediante Resolución No. 1810 de 26 de marzo de 2002, se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 5640 de 9 de marzo de 2001 y se modificó la misma, elevando la cuantía de la pensión a $2.345.568,90, efectiva a partir del 29 de junio de 1999, condicionada al retiro definitivo del servicio.

1. La Caja Nacional de Previsión Social EICE, al reconocer la pensión del demandante tuvo en cuenta la edad y tiempo de servicios contemplados en la Ley 100 de 1993 y la liquidó con 75% del promedio de los factores de asignación básica, prima técnica, bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad, devengados durante los últimos 10 años de servicios. vii) El 23 de marzo de 2011, el señor José Yesid Medina Rubio solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación, la reliquidación de su pensión de acuerdo con lo señalado en la Ley 33 de 1985. viii) Mediante Resolución No. UGM 047565 de 2 de mayo de 2012, la Caja Nacional de Previsión Social EICE reliquidó “de forma parcial” la pensión de jubilación. 1.3. Normas violadas y concepto de violación2

En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes: artículos 1,2,3,13,25,48 y 53 de la Constitución Política, Ley 33 de 1985, Ley 62 de 1985, artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 79 del Decreto 1950 de 1973 y Decreto 1045 de 1978. Al desarrollar el concepto de la violación, afirmó que el actor es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, se le debe aplicar en su integridad el régimen pensional consagrado en la Ley 33 de 1985, el cual establece que para liquidar la pensión se deben tener en

cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por el empleado durante el último año de servicios. Además, sostuvo que constituyen factor salarial todas las sumas percibidas de forma habitual y periódica como contraprestación directa del servicio, independientemente de su denominación. Citó la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 dentro del proceso 7509-01 (C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. No. 7509-01), a los conceptos que constituyen salario y la forma de liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 a quienes se les aplica la Ley 33 de 1985.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3

La UGPP, por conducto de apoderada se opuso a las pretensiones de la demanda. 2 Folios 22 a 35. 3 Folios 28 a 33 Argumentó que los actos administrativos acusados se ajustan a derecho pues fueron proferidos con observancia del ordenamiento jurídico superior y que la prestación económica del demandante fue liquidada con base en el régimen prestacional correspondiente y con la inclusión de todos los factores salariales sobre los cuales se realizaron las cotizaciones, de conformidad con lo previsto en los Decretos 691 y 1158 de 1994. Expresó que, el régimen de transición para liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, se debe aplicar el Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Hizo alusión al Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la

Constitución e invocó los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional. En ese sentido, propuso las siguientes excepciones: Inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, falta de agotamiento de la vía gubernativa, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, prescripción de mesadas y, genérica o innominada.

3. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA El día 25 de septiembre de 2013, la UGPP formuló llamamiento en garantía4 contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad empleadora del demandante y el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 13 de noviembre de 2013, lo negó por considerarlo improcedente.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación5, el cual fue resuelto por esta Corporación a través de providencia de 14 de mayo de 20146, la cual confirmó en su integridad el auto impugnado.

4. AUDIENCIA INICIAL 7

La audiencia inicial se llevó a cabo el día 12 de marzo de 2015, por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá y, en ella se adoptaron las siguientes 4 Folios 117 a 119. 5 Folios 130 a 132. 6 Folios 176 a 182. 7 Folios 202 a 2011ª. decisiones relevantes: 4.1. Decisión de Excepciones Previas: En la etapa de decisión de excepciones previas el Tribunal declaró no probada la excepción de “Falta de Agotamiento de la Vía Gubernativa” que formuló la UGPP y que tuvo como fundamento la presunta falta de interposición del recurso de apelación contra el acto demandado, como requisito para acudir ante la

jurisdicción. Contra la anterior decisión no se interpusieron recursos. 4.2. Fijación del Litigio: En la fase de fijación el litigio se delimitó el problema jurídico en los siguientes términos: “establecer si la pensión del demandante debe liquidarse atendiendo el 75% del promedio de lo devengado en el año anterior al retiro del servicio. ¿Tal liquidación debe incluir solo los factores sobre los cuales se hicieron aportes para pensión o todos los devengados?”.

5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA8

El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia proferida en la audiencia inicial9, accedió a las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes

consideraciones:

(i). Consideró que el demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haber nacido el 19 de abril de 1940 y haber prestado sus servicios en la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 11 de febrero de 1972 hasta el 28 de junio de 1999. (ii). Sostuvo que de acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, la pensión del demandante debe ser liquidada incluyendo como factor salarial todas las sumas percibidas de manera habitual y periódica 8 Folios 100 a 110. 9 Folios 202 a 211. como contraprestación del servicio, durante el último año laborado. (iii). En consecuencia, declaró la nulidad parcial del acto demandado y condenó a la entidad demandada a reliquidar esa prestación en cuantía equivalente al 75%

del promedio de lo devengado por el demandante entre el 27 de junio de 1998 y el 28 de junio de 1999, incluyendo como factores computables: asignación básica, incremento por antigüedad, prima mensual, auxilio de alimentación, bonificación por servicios, prima técnica, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. Además, ordenó el descuento del valor de las cotizaciones a pensión sobre los factores en relación con los cuales no se hubiesen efectuado aportes. Asimismo, ordenó el pago indexado de las sumas que resulten de la reliquidación pensional ordenada.

6. EL RECURSO DE APELACIÓN

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL10 interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en similares consideraciones a las expuestas en la contestación de la demanda. Al respecto, afirmó que la pensión del demandante, como beneficiario del régimen de transición se liquidó teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión consagrados en la normatividad anterior, sin embargo, debe entenderse por monto el 75% del promedio de salarios y no el ingreso base de liquidación ya que este no forma parte de la transición y está conformado por los factores sobre los cuales se efectuaron cotizaciones durante los últimos 10 años de servicios y deben corresponder a los señalados en el Decreto 1158 de 1994. Fundó sus argumentos en la sentencia C-258 de la Corte Constitucional, según la

cual, debe existir correspondencia entre lo efectivamente cotizado por el trabajador y el monto de la pensión, para garantizar el equilibrio financiero del sistema pensional. Por lo tanto, afirmó que en este caso no es posible incluir como factores salariales 10 Folios 217 a 224. la prima de servicios, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, dado que sobre estos nunca se efectuaron aportes a pensión.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 6.1. La entidad demandada11 solicitó tener en cuenta las sentencias T-078 y SU 230 de 2015 de la Corte Constitucional, según las cuales, el régimen de transición permite aplicar las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión señalados en el régimen pensional anterior, entendido este último como el porcentaje o tasa de reemplazo, mientras que el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 la Ley 100 de 1993. 6.2. La demandante12 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

7. El Ministerio Público, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 32814 del Código General del 11 Folio 257. 12 Folios 258 a 261. 13 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales

administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 14 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el presente caso, la entidad demandada es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado en la

apelación.

2. Problema jurídico De acuerdo con el recurso de apelación presentado por la entidad demandada, le corresponde a la Sala determinar ¿si debe revocarse la sentencia apelada en cuanto ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor José Yesid Medina Rubio con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, en su calidad de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

Para resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial. Régimen de transición, y ii) análisis del caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial 3.1. El IBL para pensiones reconocidas en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 199315. Nuevo criterio de interpretación judicial fijado en la Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. 15 Esta decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las

sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de

2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

A partir de allí se concluyó que en ese caso « el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".» Inicialmente, es oportuno recordar que con anterioridad, esta Sección en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 venía sosteniendo que no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, porque además, se debían tener en cuenta aquellos factores que constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa del servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.

Luego, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Como consecuencia de los pronunciamientos indicados, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales16, fijó una regla general y dos subreglas en relación con la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y precisó que éstas se aplicarían con efectos retrospectivos “[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”. La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos 16 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del

Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones […]”. de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la siguiente: «85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma. 86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

(…)

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones

previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables». En cuanto a las subreglas se tiene: La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: «Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE». La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones».

De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la Ley.

4. Análisis del caso concreto Como motivo de censura la entidad demandada afirma que el ingreso base de liquidación pensional no forma parte del régimen de transición y por tal razón, el derecho pensional del demandante debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de cotización establecido en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluyendo únicamente como factores computables aquellos sobre los cuales se efectuaron cotizaciones durante los últimos 10 años de servicios, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

En la sentencia apelada el a quo condenó a la entidad demandada reliquidar la pensión del demandante en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y acorde con el criterio jurisprudencial que venía aplicando el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso, cuya presunción de autenticidad no fue desvirtuada por las partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes: 4.1 Hechos probados a. Edad del demandante: el señor José Yesid Medina Rubio nació el 19 de abril de 1940 (folio 9).

b.Vinculación laboral y tiempo de servicios: según Constancia expedida el 8 de noviembre de 1999 por la Registraduría Nacional del Estado Civil17, el demandante laboró en esa entidad, adscrito a la Circunscripción Electoral de Boyacá, desde el 11 de febrero de 1972 hasta el 29 de junio de 1999 y el último cargo desempeñado fue el de Delegado del Registrador Nacional del 17 Folio 14. Estado Civil 0020-02. c.Periodos de aportes18: Los diferentes Certificados de Información Laboral expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil que fueron allegados en medio magnético a folio 144, especialmente, los expedidos los