CE-15001-23-33-000-2014-00083-02(5030-16)-2020

PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018 en la que fijó las reglas y subreglas respecto al Ingreso Base de Liquidación para computar la pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de transición. En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]» Sobre el fondo del asunto fijó como regla de unificación: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». […] [N]o es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación con el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios como lo depreca la parte demandante porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 el IBL aplicable es el 75%, del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10)

años anteriores al disfrute efectivo de la pensión; con la inclusión de los factores salariales de asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios, por lo tanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00083-02(5030-16)

Actor: ROSA ÁNGELA MARTÍNEZ DE DÍAZ

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL - UGPP

Referencia: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN VEJEZ. NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.

LEY 1437 DE 2011

ASUNTO Decide la subsección el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 13 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda. ANTECEDENTES La señora Rosa Ángela Martínez de Díaz en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437

del 20111, formuló, en síntesis, las siguientes: Pretensiones2:

1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP 027685 del 29 de noviembre de 2010, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a la señora Rosa Ángela Martínez de Díaz, en el sentido de que calculó el IBL con el promedio de los factores contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

2. Declarar la nulidad de la Resolución UGM 045282 del 7 de mayo de 2012, a través de la cual se negó la reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores devengados por la demandante en el último año de servicios.

3. Ordenar a la demandada a que liquide y pague la pensión de vejez de la libelista con la inclusión de todos los factores por ella devengados en el último año de servicios, según lo prevé el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 y calcule el IBL de conformidad con esta normativa, así como con la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado. 1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA. 2 Folios 5 a 6 del cuaderno 1.

4. Reconocer una tasa de reemplazo equivalente al 75% del IBL sobre el promedio de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios y cancelar el retroactivo generado por las diferencias entre lo que se ha pagado y la reliquidación que se ordene.

5. Ordenar la indexación conforme al artículo 187 del CPACA. Condenar al

pago de intereses moratorios según el artículo 192 de la citada normativa. Condenar en costas a la demandada. Fundamentos fácticos relevantes3:

1. La señora Rosa Ángela Martínez de Díaz laboró en la DIAN desde el 2 de febrero de 1971 hasta el 30 de julio de 2008, fecha última del retiro definitivo del servicio.

2. La extinta Cajanal reconoció pensión de vejez a la libelista a través de Resolución PAP 027685 del 29 de noviembre de 2010.

3. A pesar de ser beneficiaria del régimen de transición, la prestación fue liquidada en cuanto a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo conforme a la Ley 33 de 1985, sin embargo, el IBL se liquidó según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que los factores tenidos en cuenta fueron los previstos en el Decreto 1158 de 1994.

4. El 23 de julio de 2012, solicitó a la demandada la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios, petición que fue negada por medio de Resolución UGM 045282 del 7 mayo de la citada anualidad.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL4

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de definir el objeto del proceso y de la prueba.5 En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales

decisiones que guiarán el juicio. Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes: Excepciones previas (art. 180-6 CPACA) 3 Folios 1 a 5 del cuaderno 1. 4 Folios 50 a 60 del cuaderno 2. 5 Hernández Gómez William, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.6 En el presente caso en la audiencia inicial de folios 50 vuelto a 51 vuelto del cuaderno 2, se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas: «[…] Señala el Magistrado Ponente que dentro del escrito de contestación de la demanda (folios 88 a 99), la representante judicial de la demandada propone como excepciones las siguientes:

1. Incumplimiento del requisito de procedibilidad frente a la UGPP – Falta de pronunciamiento previo en la vía administrativa.

2. Inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido.

3. Inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales.

4. Prescripción de mesadas. […]»

En lo que respecta a la excepción denominada como de “Incumplimiento del requisito de procedibilidad frente a la UGPP-Falta de pronunciamiento previo de la vía administrativa”, cuyo fundamento radica en que no existe prueba que demuestre que se haya agotado ante la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del CPACA, por cuanto la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación es una persona jurídica completamente diferente a la UGPP, la cual se extinguió el 11 de junio de 2013, habiendo sido presentada la demanda con posterioridad a dicha fecha, y siendo sorprendida la UGPP con la demanda tramitada dentro del proceso de la referencia, debido a que no tuvo conocimiento en sede administrativa de las pretensiones que se reclaman.

Apoderada de la UGPP: señala que conocida la postura de éste tribunal, manifiesta que desiste de la referida excepción.

Magistrado Ponente: indica que se accederá a tal desistimiento por ser procedente. 6 Ramírez Ramírez Jorge Octavio, Sección Cuarta (2014). Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.

De otra parte, en cuanto a las excepciones propuestas en los numerales 2 y 3, señala el Magistrado Ponente que las mismas no hacen parte de las excepciones previas consagradas en el artículo 100 del C.G.P. ni de las enunciadas en el numeral 6 del artículo 180 del C.P.A.C.A. constituyendo argumentos de defensa que se examinarán en el fondo del asunto. Ahora

bien en lo que atañe a la prescripción, señala el ponente que no abordará en ésta oportunidad procesal el estudio del medio exceptivo propuesto, en tanto el mismo no refiere a prescripción extintiva prescrita en el numeral 6 del artículo 180 del C.P.A.C.A., sino que se encuentra encaminada a la declaratoria de prescripción de mesadas, lo cual únicamente se podrá advertir en tanto sea resuelto el fondo del asunto. Finalmente, el Ponente aclara que tampoco avizora causal alguna que dé lugar a declarar probado de oficio algún medio exceptivo en este momento procesal. En virtud de lo expuesto el Despacho, resuelve: PRIMERO: Se acoge el desistimiento de la excepción denominada “Incumplimiento del requisito de procedibilidad frente a la UGPP-Falta de pronunciamiento previo de la vía administrativa”, propuesto por el apoderado de la entidad demandada; SEGUNDO: En relación con las demás excepciones, se dispone diferir para el momento de proferir el fallo la decisión de las excepciones propuestas en los numerales 2, 3 y 4 por la apoderada de la UGPP; TERCERO: No declarar probada de oficio excepciones previas. (Ortografía, mayúsculas, cursivas y negrillas del texto original). Notificadas las partes de la anterior decisión, no presentaron recursos. Fijación del litigio art. 180-7 CPACA La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última7. En el sub lite de folio 51 vuelto del cuaderno 2, se fijó el litigio respecto del

problema jurídico, así: Problema jurídico según la fijación del litigio «[…] determinar si la demandante, señora ROSA ANGELA (SIC) MARTIENEZ (SIC) DE DÍAZ, tiene o no derecho a que se reliquide y pague su pensión de vejez incluyendo todos los factores salariales por ella devengados en el último año de servicios. […]» (Ortografía y mayúsculas del texto original). 7 Hernández Gómez William, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Notificadas las partes de la anterior decisión, manifestaron estar de acuerdo.

SENTENCIA APELADA8

El a quo, profirió sentencia en audiencia inicial el 13 de septiembre de 2016, en la cual accedió a las pretensiones de la demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones: indicó que el Consejo de Estado ha precisado que el monto de la pensión, la cual incluye el porcentaje y la base de liquidación se rige para todas las personas amparadas por el régimen de transición, por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio in dubio pro operario previsto en el artículo 53 Superior. Asimismo, afirmó que la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que a la entrada en vigencia de dicha normativa (1.° de abril de 1994), tenía 44 años de edad y 23 años de servicios, por tanto debía aplicársele la Ley 33 de 1985. En relación con los factores salariales a tener en cuenta, adoptó la postura fijada

en la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, en la cual se señala que deben incluirse todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios, tesis que fue ratificada a través de providencia del 25 de febrero de 2016 por dicha Corporación y en la cual se expusieron las razones del porqué no procedía la aplicación de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 del 2015. En consecuencia, observó que acorde con el certificado de ingresos expedido por la DIAN, la señora Rosa Ángela Martínez de Díaz devengó en el último año de servicios el sueldo, la prima de servicios, incentivo por desempeño gestión, incentivo desempeño grupal, bonificación por servicios, prima de navidad incremento por antigüedad, factor nacional, prima de vacaciones, bono extraordinario y bonificación por recreación, los cuales debían incluirse en la liquidación de la prestación a excepción de bonificación por recreación. Igualmente, consideró que no operó el fenómeno de la prescripción dado que a la demandante se le reconoció pensión el 14 de diciembre de 2010 y presentó solicitud de reliquidación el 22 de junio de 2011, por lo que no transcurrieron los 3 años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. De otro lado, autorizó los descuentos sobre los factores que se ordenaban incluir durante los últimos 5 años laborados de la demandante. Conforme a lo anterior, el tribunal de primera instancia: i) declaró la nulidad de las

Resoluciones UGM 045282 del 7 de mayo de 2012 y RDP 028491 del 24 de junio 8 Folios 53 a 60 del cuaderno 2. de 2013; ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de vejez de la señora Rosa Ángela Martínez de Díaz con la inclusión de todos los factores salariales por ella devengados entre el 1.° de agosto de 2007 al 1.° de agosto de 2008, a saber: asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad, incentivo por desempeño gestión, incentivo por desempeño grupal, factor nacional y las doceavas partes de las primas de servicios, navidad, vacaciones y bono extraordinario, con efectos a partir del 1.° de agosto de 2008; iii) autorizó el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordenó, durante los últimos 5 años de vida laboral de la libelista; iv) ordenó la actualización de las sumas conforme al IPC y; v) condenó en costas a la demandada.

RECURSO DE APELACIÓN9

Entidad demandada: solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar denegar las pretensiones de la demanda. Sustentó que la Ley 100 de 1993 es muy clara en señalar que para liquidar la pensión de una persona que es beneficiaria del régimen de transición, son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985 respecto de la edad, el tiempo de servicio y el monto, no obstante, el IBL se efectúa según lo prevé la Ley 100 de 1993 y los factores son los enunciados en el

Decreto 1158 de 1994, por lo que la prestación reconocida a la señora Rosa Ángela Martínez de Díaz se encuentra ajustada a derecho. Agregó que los factores con los cuales se ordenó reliquidar la pensión por parte del tribunal de primera instancia no se encuentran enlistados ni el Decreto 1158 de 1194, ni en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo que no pueden ser reconocidos como tales sin incurrir en flagrante violación del ordenamiento jurídico. Solicitó que se acojan los lineamientos expuestos en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, las cuales, en su criterio, tienen carácter vinculante y determinan la improcedencia de la reliquidación pensional con la inclusión de todos factores salariales en virtud del régimen de transición. Finalmente, expuso que no procede la condena en costas en primera instancia, pues no existió conducta dilatoria, temeraria o abusiva, además que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues se negó la inclusión del factor bonificación por recreación. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 9 Folios 64 a 72 del cuaderno 2. Parte demandada10: Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal11. CONSIDERACIONES Competencia De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, acorde con el artículo 328 del Código General del Proceso, a la Subsección A en el presente asunto le

corresponde pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante.

Problema jurídico: En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta: ¿La señora Rosa Ángela Martínez de Díaz, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la postura recientemente unificada por Sala Plena del Consejo de Estado, la demandante no tiene derecho a la reliquidación deprecada porque al ser beneficiaria del régimen de transición, su pensión de jubilación se debe ceñir a los parámetros de liquidación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al IBL y a los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes como se explica a continuación: Sentencia de unificación – criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de agosto de 201812 en la que fijó las reglas y subreglas respecto al Ingreso Base de Liquidación para computar la pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de transición. 10 Folios 133 a 138 del cuaderno 2. 11 Según constancia secretarial visible a folio 139 ibidem. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]» Sobre el fondo del asunto fijó como regla de unificación: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». (Negrita del texto original). Por lo tanto, se procede a aplicar las reglas de unificación al presente caso: REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN «ARTÍCULO 36. RÉGIMEN Edad: la demandante nació el DE TRANSICIÓN. […] 27 de diciembre de 194913, es La edad para acceder a la decir, que para el 1.º de abril La parte pensión de vejez, el tiempo de 1994 tenía 44 años de demandante goza de servicio o el número de edad. del régimen de semanas cotizadas, y el transición por monto de la pensión de vejez Cumple la edad requerida tener más de 35 de las personas que al porque tenía más de 35 años años de edad a la

momento de entrar en a la entrada en vigor de la Ley entrada en vigencia el Sistema tengan 100 de 1993. vigencia de la Ley 13 Copia de la cédula de ciudadanía y registro civil, visibles en documentos 8 y 9 del cd a folio 87 C,1. treinta y cinco (35) o más 100 de 1993 y por años de edad si son mujeres Tiempo de servicio: laboró haber cotizado o cuarenta (40) o más años desde el 2 de febrero de 1971 más de 15 años de edad si son hombres, o al 30 de julio de 200814, en la antes del 1.º de quince (15) o más años de Unidad Administrativa abril de 1994. servicios cotizados, será la Dirección de Impuestos y establecida en el régimen Aduanas Nacionales. anterior al cual se encuentren afiliados. Las Acreditó el tiempo de labor demás condiciones y porque al 1.º de abril de 1994 requisitos aplicables a estas tenía más de 23 años personas para acceder a la aproximadamente de servicios. pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.» (Subraya la sala).

REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 33

Empleado público: Todos los La demandante años de servicios laborados cumplió los «ARTÍCULO 1.° El empleado en la DIAN, fueron como requisitos para oficial que sirva o haya empleada pública. obtener la servido veinte (20) años pensión de Tiempo de servicios: Se continuos o discontinuos y jubilación certificó por parte de la llegue a la edad de cincuenta prevista en la demandada que la libelista y cinco (55) tendrá derecho a Ley 33 de 1985,

laboró en la entidad por más que por la respectiva Caja de esto es, más de 36 años, desde el 2 de febrero Previsión se le pague una 20 años de 1971 al 30 de julio de pensión mensual vitalicia de laborados como 200815. jubilación equivalente al empleada setenta y cinco por ciento pública y 55

Edad: Cumplió 55 años el 27 (75%) del salario promedio años de edad. de diciembre de 2004, se que sirvió de base para los reitera que nació el 27 de aportes durante el último año diciembre de 1949. de servicio.» (Subraya fuera del texto)

PERIODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN «[…] 94. La primera Consolidación del estatus La pensión de subregla es que para los pensional: 27 de diciembre jubilación se 14 Parte motiva del acto administrativo de reconocimiento pensional, Resolución PAP 027685 del 29 de noviembre de 2010, folio 24 del C.1. Información que es coincidente con la certificación laboral de empleadores para bono pensional expedida por la DIAN y resolución de retiro definitivo del servicio, documentos 6 y 10 del cd visible a folio 87 C,1. 15 Ibidem. servidores públicos que se de 2004, por edad (los 20 debe liquidar por pensionen conforme a las años de servicios los cumplió el promedio de condiciones de la Ley 33 de el 2 de febrero de 1991). los salarios o 1985, el periodo para liquidar rentas sobre los

la pensión es: Tiempo que faltaba para cuales ha consolidarlo a la entrada en cotizado el  Si faltare menos de vigencia de la Ley 100: Más afiliado durante diez (10) años para adquirir de 10 años (del 1.º de abril de los diez (10) el derecho a la pensión, el 1994 al 27 de diciembre de años anteriores ingreso base de liquidación 2004). al será (i) el promedio de lo reconocimiento devengado en el tiempo que Periodo aplicable según la de la pensión. les hiciere falta para ello, o sentencia de unificación: (ii) el cotizado durante todo Promedio de los salarios o el tiempo, el que fuere rentas sobre los cuales ha superior, actualizado cotizado el afiliado durante los anualmente con base en la diez (10) años anteriores al variación del Índice de reconocimiento de la pensión, Precios al consumidor, actualizados anualmente con según certificación que base en la variación del índice expida el DANE. de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Factores Decreto 1158 de 1994: a) asignación básica mensual, Los factores a b) gastos de representación, incluirse en el «[…] 96. La segunda c) prima técnica, cuando sea IBL son la subregla es que los factores factor de salario, d) primas de asignación salariales que se deben antigüedad, ascensional y de básica, la prima incluir en el IBL para la capacitación cuando sean de antigüedad, y pensión de vejez de los factor de salario, e) la bonificación

servidores públicos remuneración por trabajo por servicios beneficiarios de la transición dominical o festivo, prestados. son únicamente aquellos f)remuneración por trabajo sobre los que se hayan suplementario o de horas efectuado los aportes o extras, o realizado en jornada cotizaciones al Sistema de nocturna, g) bonificación por Pensiones. […]» servicios prestados Factores devengados16 y 16 En documento 22 (15 folios) del cd visible a folio 87, C.1, obra certificación expedida por el jefe de tesorería de la DIAN, el «pagos por salarios y deducciones», efectuados a la demandante entre el 26 de octubre de 1994 y el 26 de agosto de 2007. De igual forma, de folios 33 a 34 del C.1, se aportó certificación expedida por la DIAN, de los factores salariales que le fueron cancelados a la demandante entre enero de 2007 y julio de cotizados17: asignación básica, prima de antigüedad o incremento por antigüedad, bonificación por servicios, sueldo vacaciones, factor nacional, prima de servicios, incentivo desempeño grupal, prima de navidad, prima de vacaciones, prima desempeño gestión, bonificación por recreación, factor salarial vacaciones, bono extraordinario En resumen: La pensión de jubilación de la señora Rosa Ángela Martínez de Díaz bajo el régimen de transición, debía ceñirse al periodo de liquidación y los factores sobre los cuales realizó aportes según el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto Cajanal EICE en Liquidación desde el reconocimiento de la pensión de

jubilación de la demandante mediante Resolución PAP 027685 del 29 de noviembre de 201018 indicó: «[…] Que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de agosto de 1998 y el 30 de julio de 2008, […]». Como factores salariales incluyó la asignación básica, la bonificación por servicios y la prima de antigüedad. Es decir que la entidad demandada al computar la pensión de jubilación le aplicó el promedio de los diez años, y solo los factores salariales sobre los cuales realizó o debió realizar aportes en dicho lapso.

En conclusión: no es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación con el promedio de todo lo devengado en el último año de servicios como lo depreca la parte demandante porque según la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 el IBL aplicable es el 75%, del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al disfrute efectivo de la pensión; con la inclusión de los factores salariales de asignación básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios, 2008. 17 Si bien no se aportó prueba de los factores sobre los cuales realizó aportes la demandante para seguridad social y especialmente para pensión, no se controvierte que la entidad se encontraba sometida al imperio de la Ley y que atendió la correspondencia que debe existir entre los factores descritos en el Decreto 1158 de

1994 y aquellos frente a los que se realizaron las correspondientes cotizaciones. 18 Folios 23 a 28, C.1. por lo tanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Decisión de segunda instancia Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia apelada, toda vez que prosperan los argumentos esbozados por la entidad demandada. De la condena en costas Esta Subsección en providencia del 7 de abril de 201719 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, de acuerdo con la cual, en el presente caso la sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, en atención a que no se observa su causación. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA Primero: Revocar de la sentencia del 13 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora Rosa Ángela Martínez de Díaz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. En su lugar: Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia

Siglo XXI”. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha. 19 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ En comisión