CE - 15001-23-33-000-2019-00187-01(26658)-2022

Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas reclamada por ISMOCOL

S.A.? CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS – Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS - La condena en costas procede contra la parte vencida en el proceso o en el recurso, con independencia de las causas de la decisión desfavorable, pero que ello no es óbice para que se exija prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS – Incidente de condena en costas / PROCEDENCIA DE CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA – Del ordinal primero de la sentencia apelada / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUENCIA En los términos del recurso de apelación interpuesto por la actora, en calidad de

apelante única, se debe determinar si procede la condena en costas reclamada por ISMOCOL SA. En el presente caso la parte demandante solicita que se revoque el ordinal tercero de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, que negó la condena en costas, porque existen en el proceso pruebas que demuestran su causación. En contraste, la entidad demandada sostiene que no procede la referida condena porque los actos acusados se ajustaron a derecho. En virtud de la remisión efectuada por el artículo 188 del CPACA, la condena en costas está regida por lo preceptuado en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP, Ley 1564 de 2012), de suerte que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. El concepto comprende los gastos del proceso y también las agencias en derecho (art. 361 CGP). La Corte Constitucional ha considerado que la condena en costas procede contra la parte vencida en el proceso o en el recurso, con independencia de las causas de la decisión desfavorable, pero que ello no es óbice para que se exija «prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley», como lo ha expresado la Sección en diversos pronunciamientos, al señalar que el concepto comprende los gastos del proceso y las agencias en derecho, que no necesariamente deben corresponder al monto efectivamente pagado a los abogados. Hechas las anteriores precisiones, en el sub examine se configuró el supuesto descrito en el artículo 365 [1] del CGP, toda vez que la entidad demandada resultó vencida en el proceso. Con las demandas se

aportó la propuesta de servicios profesionales de representación judicial a la demandante, que el a quo reconoció como prueba documental en la audiencia inicial celebrada el 19 de agosto de 2021. Conforme a lo aducido es procedente la condena en costas en ambas instancias a cargo de la demandada, comoquiera que están acreditadas las exigencias para su procedencia. Con base en las pruebas 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A aportadas se ordenará al a quo tramitar el respectivo incidente de condena en costas teniendo en cuenta las reglas de liquidación previstas en el artículo 366 del CGP y los lineamientos dispuestos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, insistiéndose en que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados a los abogados. Por último, se advierte que en la sentencia de primera instancia el a quo ordenó la anulación de «la Resolución No. R.S. 0172018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018». No obstante, el acto que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución R.S. 017-2018 del 27 de noviembre de 2018, fue el oficio del 12 de abril de 2019, por lo que se corregirá oficiosamente el ordinal primero de la parte

resolutiva de la sentencia apelada. De acuerdo con lo anterior, la Sala corregirá el ordinal primero y revocará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. Condenará en costas en ambas instancias a la parte demandada. En lo demás, la confirmará.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 361 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Acumulado con 15001-23-33-000-2019-00453-00; 15001-23-33-000-2019-00201-00; 15001-2333-000-2019-00468-00; 15001-23-33-000-2019-00469-00; 15001-23-33-0002019-00456-00 y 15001-23-33-000-2019-00455-001

Actor: ISMOCOL SA

Demandado: MUNICIPIO DE PAYA Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: ICA 2013 a 2016. Costas FALLO 1 Los procesos se acumularon mediante auto del 4 de febrero de 2020, proferido por el Magistrado Ponente del Tribunal

Administrativo de Boyacá.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, que en la parte resolutiva dispuso2: «PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos todos expedidos por el Municipio de Paya: Resolución No. R.S. 004-2018 del 14 de agosto de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018; de la Resolución No. R.S. 005-2018 del 14 de agosto de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018; de la Liquidación Oficial de Aforo LA 013-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 3 de abril de 2019; de la Resolución No. R.S. 017-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018; de la Liquidación Oficial de Aforo LA 018-2018 del 29 de noviembre de 2018 y del Oficio del 23 de abril de 2019; de la Resolución No. R.S. 018-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 26 de abril de 2019; de la Liquidación Oficial de Aforo LA 015-2018 del 29 de noviembre de 2018 y del Oficio del 29 de abril de 2019, por las razones expuestas en

precedencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la sociedad ISMOCOL S.A. NO ESTÁ OBLIGADA A PAGAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE PAYA para los años gravables 2013, 2014, 2015 y 2016 conforme se señaló en esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia».

ANTECEDENTES En el presente proceso se cuestionan los actos administrativos que impusieron sanción por no declarar y liquidaron oficialmente el impuesto de industria y comercio de los años 2013 a 2016 como se evidencia en el siguiente cuadro: Proceso Año Resolución Sanción / Liquidación Aforo Resolución resuelve recurso 15001-23-33-000-2019-002012013 R.S. 004-2018 del 14 de agosto de 2018 Oficio del 27 de noviembre 00 de 2018 15001-23-33-000-2019-001872014 R.S. 005-2018 del 14 de agosto de 2018 Oficio del 27 de noviembre 00 de 2018 15001-23-33-000-2019-004562014 LA 013-2018 del 27 de noviembre de 2018 Oficio del 3 de abril de 2019 00 15001-23-33-000-2019-004532015 R.S. 017-2018 del 27 de noviembre de 2018 Oficio del 12 de abril de 2019 00 15001-23-33-000-2019-004682015 LA 018-2018 del 29 de noviembre de 2018 Oficio del 23 de abril de 2019 00

15001-23-33-000-2019-004692016 R.S. 018-2018 del 27 de noviembre de 2018 Oficio del 26 de abril de 2019 00 15001-23-33-000-2019-004552016 LA 015-2018 del 29 de noviembre de 2018 Oficio del 29 de abril de 2019 00 DEMANDAS 2 Fls. 912-920 c.p. 3. 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A ISMOCOL SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, solicitó la anulación de los actos administrativos relacionados en el cuadro anterior. A título de restablecimiento del derecho, que se declare que no está obligada a pagar impuesto de industria y comercio en el municipio de Paya, por los periodos 2013 a 2016, y que se condene en costas a la parte demandada. Invocó como disposiciones violadas, las siguientes: • Artículo 29 de la Constitución Política • Artículo 42 del CPACA • Artículos 715, 716 y 717 del Estatuto Tributario • Artículo 358 del Acuerdo 06 de 2012 • Artículo 39 de la Ley 14 de 1983 • Artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 • Artículo 27 de la Ley 41 de 1994 Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Los actos acusados adolecen de falsa motivación, expedición irregular y falta de motivación al no contener los motivos jurídicos ni fácticos que permitan concluir que ISMOCOL desarrolló actividades sujetas al impuesto de industria y comercio y avisos y tableros por los años 2013 a 2016 en el municipio de Paya. Tampoco contiene la base para el cálculo del impuesto a cargo. En las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración no se valoraron debidamente las pruebas aportadas, en las que se acreditó que en los periodos discutidos no se desarrollaron actividades en el municipio demandado. La inspección ocular que pretendió acreditar la territorialidad de las actividades desarrolladas por ISMOCOL no es pertinente ni útil. Tampoco reunía requisitos de inspección judicial o de dictamen pericial por carecer de soportes y no acreditar la idoneidad del autor, ni tuvo en cuenta que el artículo 171 del CGP prohíbe comisionar la práctica de pruebas en la jurisdicción de la autoridad judicial o administrativa. Se desconocieron las reglas previstas en los artículos 16 inciso 1 del Decreto 1056 de 1953 y 27 de la Ley 141 de 1994, que prohíbe a departamentos y municipios gravar los elementos para la construcción de oleoductos y gravó con ICA actividades conexas a la exploración y explotación de hidrocarburos. No se puede sancionar a una sociedad con base en ingresos declarados y pagados en otros municipios, ni sancionarla dos veces por el mismo hecho, como se hizo en los actos acusados, pues se vulnera el debido proceso. Se debe condenar en

costas al municipio demandado por el desconocimiento de las pruebas aportadas en sede administrativa y porque ISMOCOL incurrió en gastos para asesoría tributaria y defensa judicial acreditados con la documentación aportada en las demandas. 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658)

Demandante: Ismocol S.A OPOSICIÓN El municipio de Paya se opuso a las pretensiones de las demandas con fundamento en lo siguiente3: Las demandas carecen de fundamento fáctico y jurídico toda vez que la actora era sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Paya durante los periodos discutidos, y correspondía al ente territorial cobrar el impuesto con respeto al debido proceso. Todas las actuaciones se notificaron en debida forma lo que descarta la nulidad de los actos acusados.

La actuación del municipio se basó en pruebas valoradas objetivamente en las que se concluyó que la actora desarrolló actividades susceptibles de ser gravadas con industria y comercio durante los periodos debatidos y, la base gravable se encuentra correctamente determinada. No procede la condena en costas porque los actos administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho. AUDIENCIA INICIAL En audiencia inicial celebrada el 19 de agosto de 2021, se precisó que no se presentaron irregularidades procesales, tampoco nulidades que afecten lo actuado y no se solicitaron medidas cautelares, ni se propusieron excepciones. La fijación del litigio se concretó en determinar la legalidad de los actos acusados.

SENTENCIA APELADA El Tribunal anuló los actos acusados, a título de restablecimiento del derecho declaró que ISMOCOL no estaba obligada a pagar impuesto de industria y comercio por los años 2013 a 2016 en el municipio de Paya, y no condenó en costas, por lo siguiente:4 Analizado el material probatorio, principalmente las certificaciones aportadas por la sociedad EQUION, no hay prueba que demuestre que ISMOCOL desarrolló actividades en el municipio de Paya que dieran lugar a la causación del impuesto de industria y comercio para los años gravables 2013 a 2016. Los actos acusados tienen graves deficiencias en cuanto a la motivación del hecho generador y la determinación de la base gravable -falsa motivación y expedición irregular- , pues se limitaron a indicar que se fundaron en los ingresos brutos comprobados, sin identificar el origen de tales ingresos y sin siquiera sugerir el cómputo efectuado para determinarlos. También se incluyeron cobros de conceptos improcedentes como el impuesto de avisos y tableros, sin señalar el hecho generador, y se impuso 3 Fls. 33-38 c.p. 4 Índice 2 Samai. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A dos veces sanción por no declarar, tanto en las resoluciones sancionatorias, como en las liquidaciones de aforo, lo que vulnera el principio del non bis in ídem.

Por existir posiciones jurisprudenciales divergentes sobre el tema que ameritan acudir a la postura más favorable a la parte vencida, no se condena en costas. RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente: Procede la condena en costas porque se probó la causación de agencias en derecho mediante oferta de servicios profesionales aportada con las demandas acumuladas, dado que, para ejercer el derecho de defensa contra las actuaciones de la administración incurrió en gastos que deben ser resarcidos. Las agencias aludidas deben liquidarse conforme la tarifa prevista por el Consejo Superior de la Judicatura. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO La parte demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación. El Ministerio Público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA En los términos del recurso de apelación interpuesto por la actora, en calidad de apelante única, se debe determinar si procede la condena en costas reclamada por

ISMOCOL SA.

En el presente caso la parte demandante solicita que se revoque el ordinal tercero de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, que negó la condena en costas, porque existen en el proceso pruebas que demuestran su causación. En contraste, la entidad demandada sostiene que no procede la referida condena porque los actos acusados se ajustaron a derecho. En virtud de la remisión efectuada por el artículo 188 del CPACA, la condena en costas está regida por lo preceptuado en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP, Ley 1564 de 2012), de suerte que «solo habrá lugar a costas cuando en

el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». El concepto comprende los gastos del proceso y también las agencias en derecho (art. 361 CGP). 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A La Corte Constitucional5 ha considerado que la condena en costas procede contra la parte vencida en el proceso o en el recurso, con independencia de las causas de la decisión desfavorable, pero que ello no es óbice para que se exija «prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley», como lo ha expresado la Sección en diversos pronunciamientos6, al señalar que el concepto comprende los gastos del proceso y las agencias en derecho7, que no necesariamente deben corresponder al monto efectivamente pagado a los abogados8. Hechas las anteriores precisiones, en el sub examine se configuró el supuesto descrito en el artículo 365 [1] del CGP, toda vez que la entidad demandada resultó vencida en el proceso. Con las demandas se aportó la propuesta de servicios profesionales de representación judicial a la demandante9, que el a quo reconoció como prueba documental en la audiencia inicial celebrada el 19 de agosto de 202110. Conforme a lo aducido es procedente la condena en costas en ambas instancias a cargo de la demandada, comoquiera que están acreditadas las exigencias para su

procedencia. Con base en las pruebas aportadas se ordenará al a quo tramitar el respectivo incidente de condena en costas teniendo en cuenta las reglas de liquidación previstas en el artículo 366 del CGP y los lineamientos dispuestos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, insistiéndose en que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados a los abogados11. Por último, se advierte que en la sentencia de primera instancia el a quo ordenó la anulación de «la Resolución No. R.S. 017-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018». No obstante, el acto que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución R.S. 017-2018 del 27 de noviembre de 2018, fue el oficio del 12 de abril de 2019, por lo que se corregirá oficiosamente el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. De acuerdo con lo anterior, la Sala corregirá el ordinal primero y revocará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. Condenará en costas en ambas instancias a la parte demandada. En lo demás, la confirmará. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 5 Cfr. la sentencia C-157/13, M.P. Mauricio González Cuervo. 6 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha

Teresa Briceño de Valencia. 7 Art. 361 CGP. 8 Entre otras, sentencias del 9 de marzo de 2017, Exp. 21718 y 21753, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 6 de septiembre de 2017, Exp. 21719, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 10 de septiembre de 2020, Exp. 22984, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 25 de agosto de 2022, Exp. 26230, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 9 Índice 2 Samai. 10 Fl. 328 c.p. 11 En el mismo sentido, sentencias del 10 de septiembre de 2020, Exp. 22984, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 29 de abril de 2020, Exp. 22965, C.P. Milton Chaves García y del 25 de agosto de 2022, Exp. 26230, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658)

Demandante: Ismocol S.A FALLA 1.- CORREGIR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de

Decisión No. 2, el cual queda así: «PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos expedidos por el Municipio de Paya: Resolución No. R.S. 004-2018 del 14 de agosto

de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018; de la Resolución No. R.S. 0052018 del 14 de agosto de 2018 y del Oficio del 27 de noviembre de 2018; de la Liquidación Oficial de Aforo LA 013-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 3 de abril de 2019; de la Resolución No. R.S. 017-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 12 de abril de 2019; de la Liquidación Oficial de Aforo LA 018-2018 del 29 de noviembre de 2018 y del Oficio del 23 de abril de 2019; de la Resolución No. R.S. 018-2018 del 27 de noviembre de 2018 y del Oficio del 26 de abril de 2019; de la Liquidación Oficial de Aforo LA 015-2018 del 29 de noviembre de 2018 y del Oficio del 29 de abril de 2019, por las razones expuestas en precedencia». 2.- REVOCAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2. 3.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 4.- Condenar en costas en ambas instancias a la entidad demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá tramitar el respectivo incidente de condena en costas, teniendo en cuenta las reglas de liquidación previstas en el artículo 366 del

CGP y los lineamientos dispuestos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Salva voto

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658)

Demandante: Ismocol S.A

SALVAMENTO DE VOTO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN ACCIONES CONSTITUCIONALES / INTERÉS PÚBLICO – No debe limitarse a las acciones o medios de control públicos / ASUNTOS TRIBUTARIOS – Deberían aplicarse la excepción de la imposición de costas En la providencia de la referencia, se determinó como procedente la condena en costas en ambas instancias, a cargo de la entidad demandada, Municipio de Paya, bajo la consideración que “se configuró el supuesto descrito en el artículo 365 [ ] del CGP, toda vez que la entidad demandada resultó vencida en el proceso. Con

las demandas se aportó la propuesta de servicios profesionales de representación judicial a la demandante, documento cuya validez no controvirtió ni tachó la demandada (…), conclusión de la cual me aparto. Radica mi discrepancia en que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, excepciona de la imposición de costas, “ los procesos en que se ventile un interés público.”, sin embargo, la Sección ha interpretado que tal concepto se encuentra referido solo a las acciones públicas. En mi criterio, el concepto jurídico indeterminado “interés público” no debe limitarse a las acciones o medios de control públicos, es decir a la nulidad simple, nulidad electoral y nulidad por inconstitucionalidad. La noción de “interés público” involucra en general, las decisiones que satisfacen los deseos de un grupo mayoritario, o el cumplimiento de metas sociales como la paz o seguridad, o cometidos socialmente valiosos como el mantenimiento de los procesos democráticos (electorales), la estabilidad económica, la protección al medio ambiente, la misma protección de las minorías, y sin duda los asuntos de carácter tributario, habida cuenta del interés colectivo en el correcto recaudo de los tributos, por lo que se encuentran afectos al cumplimiento de los fines del estado. Por ello, considero que en el caso analizado, no procedía la imposición de costas, en tanto se ventilaba un tema de impuestos, al cual debía aplicarse la excepción prevista para los asuntos de interés público, y es la razón por la cual me aparto de la providencia, cuyo único aspecto debatido fue el de la condena en costas.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SALVAMENTO DE VOTO DRA. MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Acumulado con 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658) Demandante: Ismocol S.A 15001-23-33-000-2019-00453-00; 15001-23-33-000-2019-00201-00; 15001-2333-000-2019-00468-00; 15001-23-33-000-2019-00469-00; 15001-23-33-0002019-00456-00 y 15001-23-33-000-2019-00455-00

Actor: ISMOCOL SA

Demandado: MUNICIPIO DE PAYA Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: ICA 2013 a 2016. Costas En la providencia de la referencia, se determinó como procedente la condena en costas en ambas instancias, a cargo de la entidad demandada, Municipio de Paya, bajo la consideración que “ se configuró el supuesto descrito en el artículo 365 [12] del CGP,

toda vez que la entidad demandada resultó vencida en el proceso. Con las demandas se aportó la propuesta de servicios profesionales de representación judicial a la demandante, documento cuya validez no controvirtió ni tachó la demandada (…), conclusión de la cual me aparto. Radica mi discrepancia en que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, excepciona de la imposición de costas , “ los procesos en que se ventile un interés público.”, sin embargo, la Sección ha interpretado que tal concepto se encuentra referido solo a las acciones públicas. En mi criterio, el concepto jurídico indeterminado “interés público” no debe limitarse a las acciones o medios de control públicos, es decir a la nulidad simple, nulidad electoral y nulidad por inconstitucionalidad. La noción de “interés público” involucra en general, las decisiones que satisfacen los deseos de un grupo mayoritario, o el cumplimiento de metas sociales como la paz o seguridad, o cometidos socialmente valiosos como el mantenimiento de los procesos democráticos (electorales), la estabilidad económica, la protección al medio ambiente, la misma protección de las minorías, y sin duda los asuntos de carácter tributario, habida cuenta del interés colectivo en el correcto recaudo de los tributos, por lo que se encuentran afectos al cumplimiento de los fines del estado. Por ello, considero que en el caso analizado, no procedía la imposición de costas, en tanto se ventilaba un tema de impuestos, al cual debía aplicarse la excepción prevista para los asuntos de interés público, y es la razón por la cual me aparto

de la providencia, cuyo único aspecto debatido fue el de la condena en costas. Atentamente, (Firmado electrónicamente) 12 Los procesos se acumularon mediante auto del 4 de febrero de 2020, proferido por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658)

Demandante: Ismocol S.A

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 15001-23-33-000-2019-00187-01 (26658)

Demandante: ISMOCOL SA

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co