CE-15001-23-33-000-2019-00549-01(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES - La solicitud corresponde a una actuación judicial por lo que ha de resolverse conforme a las reglas del proceso / SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA - Actuación eminentemente judicial /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN

[E]stá acreditado en el expediente que el [actor], el 21 de marzo de 2019, en ejercicio del derecho de petición le solicitó a la autoridad judicial demandada que se requiriera al Alcalde Municipal de Pisba, Boyacá para que realizara el pago del incentivo económico, que posteriormente por el informe enviado por el operador judicial se determinó que hacía referencia a la decisión proferida el 10 de diciembre de 2009, dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación 15693 33 31 001 2009 00530 00 (…) [L]a Sala advierte que la petición del actor es improcedente, en la medida en que su finalidad es obtener un pronunciamiento directo por parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso y, en esa medida la Sala considera que el derecho de petición no es idóneo para tal fin, teniendo en cuenta como se advirtió anteriormente que el trámite de las peticiones ante las autoridades judiciales son de dos tipos, la primera sobre asuntos administrativos cuyo trámite si corresponde a los términos del derecho de petición dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991; y, la segunda, como en el sub lite, de carácter judicial, caso en el cual la petición se debe tramitar, de acuerdo a los procedimientos propios de cada juicio,

como en este caso, se solicitaba ordenar al Alcalde Municipal de Pisba dar cumplimiento a una sentencia proferida en una acción popular, actuación eminentemente judicial, lo cual implica que el actor cuenta con los medios procesales dentro del respectivo incidente de desacato, para realizar dicha solicitud.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00549-01(AC)

Actor: JAVIER ELÍAS ARIAS IDARRAGA

Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO Tema: Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Petición

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, porque, a su juicio,

vulneró el derecho fundamental invocado supra, por no dar respuesta de fondo a la petición enviada por correo electrónico el 21 de marzo de 2019. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son

los siguientes1:

3. Expresó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo2 profirió sentencia el 10 de diciembre de 2009, dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación 15693 33 31 001 2009 00530 00, mediante la cual se accedió al amparo de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes vulnerados por el Municipio de Pisba, Boyacá. Asimismo, reconoció un incentivo a favor del actor popular, por la suma de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4. Señaló que presentó un incidente de desacato el 16 de noviembre de 2011, con la finalidad de que se cumplieran con las ordenes decretadas en la sentencia supra, el cual se resolvió mediante auto proferido el 5 de junio de 2013, en el 1 Los presupuestos fácticos se tomaron de las providencias obrantes en la acción de tutela. 2 Proceso enviado posteriormente al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso. sentido de declarar que el Municipio de Pisba, Boyacá había dado cumplimiento a lo decretado en la sentencia, y en ese orden de ideas, se archivó el proceso.

5. Indicó que nuevamente presentó incidente de desacato el 5 de julio de 2017, toda vez que, si bien es cierto el Municipio de Pisba había dado cumplimiento a la orden judicial, en el sentido de la protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes vulnerados, no había realizado el pago del incentivo, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, mediante providencia proferida el 21 de marzo de 2019, resolvió dar por terminado el incidente de desacato e instar al Alcalde Municipal de Pisba a adelantar las gestiones administrativas necesarias para consignar a la cuenta del actor el valor del incentivo ordenado supra.

6. Manifestó que el 21 de marzo de 2019, envió por correo electrónico un derecho de petición al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, mediante el cual solicitó lo siguiente, y a la fecha no ha sido respondido (se transcribe de forma literal): “[…] Javier Arias solicito a la señora juez que el dinero que se me adeuda lo pueda recoger en el lindo municipio de PISBA BOYACA, donde iré por tercera vez, Dios mediante.

Solicito requerir al Sr Alcalde Municipal de Pisba Boyaca (sic) a fin que realice la indexación del dinero motivo de incentivo económico que me adeuda y me informe por favor, el día, mes y año en que podre (sic) recoger el cheque a mi nombre o el efectivo de manera personal, esto por celeridad y economía procesal.

Mil gracias, su excelencia, por la atención prestada a mi solicitud y requerimiento att Javier Arias […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela3: “[…] Solicito al Juez Constitucional amparar y tutelar mi derecho de petición y solicito al Juez Constitucional que ordene que en un término no mayor a 48 horas se me brinde una respuesta de fondo a lo solicitado por mí en el derecho de petición 3 Cfr. Folio 1 que anexo y el cual no fue resuelto […]”.

Actuación

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por auto de 29 de octubre de 2019, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juez Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, y le concedió el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la parte demandada

9. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso realizó un recuento de las actuaciones adelantadas y los incidentes de desacato tramitados en la acción popular identificada con el número único de radicación 15693 33 31 001 2009 00530 00, de las cuales se destaca: i) el auto proferido el 17 de julio de 2017, mediante el cual se requirió al señor Jairo Enrique Millán Malpica, en calidad de Alcalde Municipal de Pisba, Boyacá para que informara si ya había dado cumplimiento a la orden impartida en la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2009; y, ii) por auto proferido el 21 de marzo de 2019, se le ordenó a dicho funcionario público que consignara en la cuenta de depósitos judiciales núm.

157592045001 del Banco Agrario a nombre del Despacho, los valores correspondientes al incentivo económico debidamente actualizado y reconocido al actor, dentro de los cinco días siguientes a la notificación por estado. 9.1. Señaló que hasta el 13 de agosto de 2019, el Municipio de Pisba, Boyacá realizó el depósito judicial a nombre del Juzgado, por la suma de $3.652.215, pero teniendo en cuenta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, mediante Oficio 1534 de 10 de junio de 2019, comunicó que por auto proferido en la fecha, se había decretado el embargo y retención de las sumas de dinero que fuera a recibir el actor, por concepto de expedición de títulos o créditos a su favor, dentro del proceso identificado con el número único de identificación 2010-00382, razón por la cual se ordenó a la Secretaría registrar el embargo del dinero consignado. 9.2. Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, teniendo en cuenta que de ninguna manera se ha vulnerado el derecho fundamental de petición. La sentencia impugnada

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019, resolvió lo siguiente4: “[…] PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por el señor Javier Elías Arias Idárraga, en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso

[…]”.

11. El Tribunal consideró que dentro de las actuaciones judiciales se distinguen dos tipos de peticiones: la primera, estrictamente judicial, la cual se somete a las reglas del proceso, y la segunda, administrativa respecto de las cuales si se

aplican las normas que rigen a la administración en relación con el derecho de petición. Señaló que, en el caso bajo estudio, la petición del actor implica una decisión judicial sobre el asunto puesto a consideración del juez, como lo es la verificación y cumplimiento de lo ordenado en una sentencia proferida en una acción popular, razón por la cual, es al interior de dicho proceso en el que el operado judicial puede emitir un pronunciamiento y no en respuesta a un derecho de petición. La impugnación

12. El actor únicamente señaló: “[…] Javier arias apelo y pido se garantice art 29

CN […]”5.

13. Es importante mencionar que esta Sección mediante la sentencia de 28 de febrero de 20196, fijó unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela, estableciendo lo siguiente: “[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de 4 Cfr. Folios 57 a 68 5 Cfr. Folio 70 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03163-01

que se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el expediente. 40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima7, en donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 20058, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 20129, salvo que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia […]”.

14. En ese orden de ideas, la Sala aclara que a pesar de que la acción de tutela es contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso no se está

invocando un defecto como tal contra una providencia judicial, sino que se pide que se resuelva un derecho de petición, razón por la cual basta con la manifestación que realizó el actor al impugnar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 7 Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado: “[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional. Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la finalidad del amparo constitucional. Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y así establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los

lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación, presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-201802777-01). 8 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C,P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 201711, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; el

Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 201812; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913. Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela es procedente para proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera vulnerado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso, por no haber dado respuesta a la petición enviada por correo electrónico el 21 de marzo de 2019.

18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela; ii) contenido y alcance del derecho fundamental de petición; iii) el derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales y iv) análisis del caso concreto. 10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

12 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

19. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral primero, del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991, que determina las causales de improcedencia de la tutela, esta acción no procede cuando existen otros mecanismos de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.14

20. La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

21. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición

22. El artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho fundamental de petición en los siguientes términos: “[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a

obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”. 14 La Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha establecido cuáles son los requisitos que se deben acreditar para la configuración de un perjuicio irremediable: ““En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” (Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001. Magistrado ponente: Dr. Rodrigo Uprimny Yepes).

23. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de 2 de enero de 198415, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

24. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de

noviembre de 201116, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera la ley estatutaria correspondiente.

25. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

26. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30 de junio de 2015.

27. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201517 y, en segundo orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

28. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 15 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.

16 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 17 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”

29. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas.

30. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

31. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral 1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse

dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

32. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

33. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley.

34. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.

Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas

Data.

35. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

36. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

37. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-146 de 201218, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional respecto del derecho de petición: “[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. 18 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto

citado fue extraído de la sentencia T377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado

3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2.

Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de

razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez,