CE - 150012331000200203405011SENTENCIA20231126193144

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2023

Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 –

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por muerte de un policía secuestrado - Riesgo excepcional.

Síntesis del caso: Teófilo Camargo Martínez, quien era agente de policía, fue secuestrado por miembros de un grupo guerrillero. Un año después murió en un enfrentamiento entre el grupo ilegal y el ejército, en el municipio de Chita (Boyacá).

Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 9 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia de un Tribunal Administrativo, interp uesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso

recurso de apelación en contra de una Sentencia de un Tribunal Administrativo, interp uesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación.

1.1. Posición de la parte demandanteRadicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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1. El 12 de agosto y el 10 de octubre de 2002 , Blanca Inés Martínez de Camargo y otros 1 presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la muerte de Teófilo Camargo Martínez, la cual ocurrió el 16 de agosto de 2000, en el municipio de Chita (Boyacá).

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“Que se declare a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO

de 2000, en el municipio de Chita (Boyacá).

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“Que se declare a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL (…) responsable administrativamente de la muerte del agente de Policía Nacional TEÓFILO CAMARGO MARTÍNEZ, acaecida el 16 de agosto de 2000 en el municipio de Chita Boyacá, de acuerdo con los hechos ocurridos y que se refieren en el acápite de los hechos de la demanda”3.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Primer grupo familiar Morales Blanca Inés Martínez de Camargo Madre 1.000 gr. oro José Agustín Camargo Martínez Hermano 1.000 gr. oro Apuleyo Camargo Martínez Hermano 1.000 gr. oro Bernarda Camargo Martínez Hermana 1.000 gr. oro Alba Pureza Camargo Martínez Hermana 1.000 gr. oro María del Carmen Camargo Martínez Hermana 1.000 gr. oro Hernando Camargo Martínez Hermano 1.000 gr. oro Luis Antonio Camargo Martínez Hermano 1.000 gr. oro Materiales (Lucro cesante) Blanca Inés Martínez de Camargo Madre Lo que se pruebe Segundo grupo familiar Morales María del Carmen Pongutá Cónyuge 100 SMLMV Luis Alejandro Camargo Pongutá Hija 100 SMLMV Lida Katherine Camargo Pongutá Hijo 100 SMLMV Esau Camargo Pongutá Hijo 100 SMLMV David Camargo Pongutá HIjo 100 SMLMV

Luis Alejandro Camargo Pongutá Hija 100 SMLMV Lida Katherine Camargo Pongutá Hijo 100 SMLMV Esau Camargo Pongutá Hijo 100 SMLMV David Camargo Pongutá HIjo 100 SMLMV Materiales (Lucro cesante) María del Carmen Pongutá Cónyuge Lo que se pruebe Lida Katherine Camargo Pongutá Hija Esau Camargo Pongutá Hijo David Camargo Pongutá HIjo

1 El primer grupo familiar demandante está conformado por Blanca Inés Martínez de Camargo, José Agustín Camargo Martínez, Apuleyo Camargo Martínez, Bernarda Camargo Martínez, Alba Pureza Camargo Martínez, María del Carmen Camargo Martínez, Hernando Camargo Martínez y Luis Antonio Camargo Martínez (Demanda presentada el 12 de agosto de 2002). En este caso Lino y Rosa Inés Martínez de Camargo fueron excluidos como demandantes en el escrito de subsanación de la demanda (folios 47 y 48 del cuaderno No. 1) El segundo grupo familiar demandante está conformado por María del Carmen Pongutá, Lida Katherine Camargo Pongutá, Luis Alejandro Camargo Pongutá, Esau Camargo Pongutá y David Camargo Pongutá (Demanda presentada el 10 de octubre de 2002). 2 Demanda presentada por Blanca Inés Martínez de Camargo y otros (folios 26 al 38 del cuaderno No. 1). Asimismo, demanda presentada por María del Carmen Pongutá y otros (folios 113 al 125 del cuaderno No. 2.). 3 En términos similares, en la otra demanda se señaló como pretensión declarativa (se trascribe): “Declarar

demanda presentada por María del Carmen Pongutá y otros (folios 113 al 125 del cuaderno No. 2.). 3 En términos similares, en la otra demanda se señaló como pretensión declarativa (se trascribe): “Declarar administrativa y civilmente responsable, por falla en el servicio, a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, del daño antijurídico y moral causado a la señora BLANCA INÉS MARTÍNEZ DE CAMARGO y a sus hijos JOSÉ AGUSTÍN, APULEYO, BERNARDA, ALBA PUREZA, LINO, ROSA INÉS, MARÍA DEL CARMEN, HERNANDO y LUIS ANTONIO CAMARGO MARTÍNEZ, por la muerte del agente de policía TEÓFILO CAMARGO MARTÍNEZ”.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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4. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte demandante refirió que, el 16 de marzo de 1999, el grupo armado FARC incursionó en el municipio de Tasco (Boyacá), destruyó algunas instalaciones de la Policía Nacional y secuestró a tres agentes, entre ellos, Teófilo Camargo Martínez. El 16 de agosto de 2000, se presentó un enfrentamiento entre tropas de l

Batallón contraguerrillas Muiscas de la Primera Brigada del Ejército Nacional

Nacional y secuestró a tres agentes, entre ellos, Teófilo Camargo Martínez. El 16 de agosto de 2000, se presentó un enfrentamiento entre tropas de l Batallón contraguerrillas Muiscas de la Primera Brigada del Ejército Nacional y miembros de un grupo armado ilegal, en el sector “ Los Venados” en el municipio de Chita (Boyacá) . Como resultado del operativo se reportaron seis personas muertas en combate, un miembro del Ejército Nacional y cinco integrantes de la guerrilla . No obstante, la inspección de los cadáveres reveló que tres de ellos correspondían a los tres policías secuestrados en el municipio de Tasco, un año antes.

1.2. Posición de la parte demandada

5. El Ejército Nacional contestó las demandas 4. Indicó que se había configurado una culpa exclusiva de la víctima , ya que los policías secuestrados, pese a evidenciar que el grupo que los increpaba pertenecía al Ejército Nacional, no informó ni dio aviso de su calidad de secuestrados ; además, según las pruebas del proceso penal, Teófilo Camargo Martínez portaba armas de fuego, disparó contra los miembros del Ejército y no colaboró con desarmar a los guerrilleros que se desplazaban con él y sus otros dos compañeros de cautiverio. También alegó que el daño se produjo por el hecho de un tercero, ya que la granada que acabó con la vida de la víctima fue lanzada por uno de sus compañeros, de manera que a la entidad no le cabía responsabilidad por esos hechos.

1.3. Sentencia de primera instancia

la víctima fue lanzada por uno de sus compañeros, de manera que a la entidad no le cabía responsabilidad por esos hechos.

1.3. Sentencia de primera instancia

6. El 9 de octubre de 201 8, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió Sentencia de primera instancia 5 en la que negó las pretensiones de la demanda. El tribunal consideró que estaba probado el daño, no obstante, este no era atribuible a la demandada, toda vez que se configuró la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima.

7. Refirió que, según las declaraciones de los soldados que participaron en el enfrentamiento, la tropa del ejército hizo señal de pare al vehículo conducido por el grupo guerrillero y en el que también se encontraban los policías secuestrados . El vehículo se detuvo, no obstante , asomaron “ dos trompetillas de fusil” e inmediatamente “del interior del automotor salió una

4 Contestaciones que obran en los folios 57 al 64 del cuaderno No. 1 y folios 177 al 183 del cuaderno No. 2 5 Folios 268 al 278 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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ráfaga que le quitó la vida al soldado voluntario Leonardo Barrera Galeno”. Los policías secuestrados se encontraban en la parte trasera del vehículo,

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ráfaga que le quitó la vida al soldado voluntario Leonardo Barrera Galeno”. Los policías secuestrados se encontraban en la parte trasera del vehículo, pero, según las declaraciones, no avisaron a la tropa que no pertenecían al grupo guerrillero, además, es taban vestidos con prendas iguales a los miembros de las Farc.

8. El soldado Rodolfo Aguillón Buitrago refirió que “oyó como la ráfaga que asesinó al soldado voluntario provino de la parte central de las sillas traseras del vehículo ”. Asimismo, el cabo José Henry Arias Cortés sostuvo que después del hecho, al registrar el vehículo, vio dos cadáveres afuera del vehículo con fusiles empuñados y tres cadáveres adentro con un arma de fuego. Mauricio González López, Rodolfo Aguillón Buitrago y Eiver de Jesús Vides Torres corroboraron ese hecho y adicionaron que se encontraron también dos pistolas dentro del vehículo . Es decir, tanto los dos integrantes del grupo guerrillero como los policías secuestrados se encontraban armados y todos ellos dispararon en contra del Ejército Nacional.

9. Por otra parte, s egún el pro tocolo de necropsia, el informe de la inspección de cadáver, los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el informe de inspección vehicular, lo más probable es que la granada que ocasionó la muerte de los secuestrados fue lanzada desde el mismo vehículo en el que se movilizaban, pues “ la cuchara” del artefacto explosivo fue hallada en su interior y esta suele encontrarse muy

que la granada que ocasionó la muerte de los secuestrados fue lanzada desde el mismo vehículo en el que se movilizaban, pues “ la cuchara” del artefacto explosivo fue hallada en su interior y esta suele encontrarse muy cerca del lugar en el que se lanza dicho artefacto. Esto, teniendo en cuenta, además, que la distancia a la que se encontraban los miembros del ejército oscilaba entre 5 y 50 metros. De manera que se podía inferir que el artefacto explosivo explotó mientras era manipulado por los policías secuestrados.

10. Por último, adujo que resultaba cuestionable que “ a pesar de su condición los policías retenidos fueran trasladados dentro de un vehículo que encabezaba una caravana de miembros de la guerrilla y que dentro del automotor se encontraban en may oría numérica respecto de sus captores sin estar esposados, amarrados o asegurados”. Por lo que concluyó que la víctima estaba obligada a soportar el daño que se produjo como resultado de su propia conducta.

1.4. Recursos de apelación

11. La parte demandante presentó recursos de apelación6 con el fin de que se revocara la decisión de primera instancia. Indicó que la entidad demandada era responsable por la muerte de Teófilo Camargo Martínez,

6 Folios del 283 al 292 y folios 293 al 312 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia

Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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ya que incurrió en una falla en el servicio y, en todo caso, el daño fue consecuencia de la concreción de un riesgo excepcional.

12. Explicó que el Ejército tenía conocimiento de que en la zona operaba el frente 28 de las FARC y que ese grupo había secuestrado a unos policías un año y unos meses antes. Además, se desplazaba en ese lugar en un operativo de acción ofensiva, es decir, si bien el ataque del grupo armado fue sorpresivo, la reacción a una situación así debió preverse en la orden de operaciones. Lo anterior, permitía concluir que el Ejército “ cometió un error operativo”, al reaccionar indiscriminadamente frente al ataque guerrillero y no proteger la vida de los policías secuestrados . En caso de no tener conocimiento sobre los secuestrados retenidos en campamentos en esa zona, la entidad también falló por no informar a los militares sobre esa circunstancia.

13. Alegó que no existía prueba que acreditara que los policías secuestrados portaban armas ni que las emplearon para atacar al Ejército.

Señaló que el hecho de que los secuestrados superaran en n úmero a sus captores dentro del vehículo no era un hecho trascendental, pues atrás se desplazaba una caravana de vehículos del grupo guerrillero, lo que lo s reducía e impedía cualquier intento de agresión o escape. Indicó que las

captores dentro del vehículo no era un hecho trascendental, pues atrás se desplazaba una caravana de vehículos del grupo guerrillero, lo que lo s reducía e impedía cualquier intento de agresión o escape. Indicó que las víctimas nunca abando naron los asientos que ocupaban en el vehículo y que la tesis defendida por tribunal sobre la muerte como consecuencia de una granada que ellos lanzaron contra su propia integridad resultaba inverosímil y desconoc ía las afirmaciones realizadas por algunos de los integrantes del Ejército, quienes adujeron que la tropa sí había lanzado algunas granadas.

14. Además, cuestionó el argumento de que la víctima no avisara a las tropas del ejército sobre su calidad de secuestra do, pues era sumamente difícil que diera señales en esas circunstancias y aún más que estás fueran atendidas. También cuestionó que la sentencia de primera instancia acogiera la tesis de que los policías secuestrados atacaron al Ejército y defendiera la idea de que “se volvieron guerrilleros”, pues, con ello, legitimó y “legalizó” su muerte, “revictimiz[ó] a los familiares”, desconoció su calidad de secuestrados y el servicio que prestaron a la nación mientras estuvieron en servicio activo.

15. Expuso que el tribunal omitió el análisis del riesgo excepcional , con lo cual ignoró que el Ejército , en el desarrollo de una actividad leg ítima, empleó elementos que ocasionaron un daño a la víctima que se encontraba privada de la libertad en contra de su voluntad , quien no promovió ni participó en el enfrentamiento y para quien la situación estaba

empleó elementos que ocasionaron un daño a la víctima que se encontraba privada de la libertad en contra de su voluntad , quien no promovió ni participó en el enfrentamiento y para quien la situación estaba fuera de su control.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Liquidación de perjuicios y 2.4. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

16. En esta providencia se decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar 7. La Sala revocará la Sentencia de primera instancia. En su lugar, declarará la responsabilidad del Estado por la muerte de Teófilo Camargo Martínez, ya que, contrario a lo afirmado por el tribunal, no está acreditado el hecho exclusivo de la víctima y la muerte se produjo por la concreción del riesgo creado por el Ejército en el enfrentami ento armado con un grupo armado ilegal . En este caso, la calidad de policía de la víctima es irrelevante, ya que al momento de su muerte se encontraba secuestrado, por lo que le resulta aplicable dicho régimen objetivo como a cualquier otro particular . En consecuencia, se

calidad de policía de la víctima es irrelevante, ya que al momento de su muerte se encontraba secuestrado, por lo que le resulta aplicable dicho régimen objetivo como a cualquier otro particular . En consecuencia, se condenará a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales y materiales, según lo acreditado en el proceso.

17. En el expediente obran documentos de la investigación penal adelantada por los hechos que aquí se debaten, los cuales serán valorados, ya que frente a ellos las partes pudieron ejercer debidamente su derecho de contradicción de la prueba. También obran algunas declaraciones rendidas en ese proceso, las cuales también serán analizadas, ya que fueron solicitadas por ambas partes . Las indagatorias y versiones libres serán valoradas en conjunto con el restante material probatorio.8

18. La muerte de Teófilo Camargo Martínez no fue objeto de controversia

7 Las demandas fueron presentadas oportunamente. Teófilo Camargo Martínez murió el 16 de agosto de 2000. La primera demanda fue presenta el 12 de agosto 2002, por lo que se realizó dentro del término de 2 años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (para la época la conciliación extrajudicial no era un requisito obligatorio para la presentación de la demanda). La segunda demanda fue presentada el 10 de octubre de 2002, en este caso la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial, por lo que el término se suspendió, desde 30 de abril de 2002 (fecha en que se presentó la solicitud) hasta el 2 de julio de 2002 (fecha en que se expidió constancia de no conciliación entre las partes, folio 112 del cuaderno No. 2), de manera

término se suspendió, desde 30 de abril de 2002 (fecha en que se presentó la solicitud) hasta el 2 de julio de 2002 (fecha en que se expidió constancia de no conciliación entre las partes, folio 112 del cuaderno No. 2), de manera que la segunda demanda también fue presentada en el término oportuno. 8 Esta Corporación ha establecido que la regla general es que, en virtud del principio de inmediación, los testimonios tienen que practicarse en presencia de los jueces que deben resolver los litigios y, en observancia del derecho a la defensa, las partes deben tener la posibilidad de contradecir las p ruebas que se presenten en su contra. Por lo que, para la valoración de los testimonios practicados por fuera del proceso se exige su ratificación en el proceso en el que se pretenden hacer valer. No obstante, el trámite de ratificación se podrá omitir cuando ambas parte soliciten que se incluya la prueba al expediente; cuando la parte contra la cual se presenta la prueba, de manera expresa, manifiesta que está de acuerdo con la práctica de la prueba solicitada por la parte actora; cuando el testimonio ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de las partes y la otra utiliza en su defensa lo consignado en esa declaración juramentada; o cuando la prueba se practicó con la audiencia de la parte contra la cual se aduce o fue recopilado por ella misma, pues en este caso se cumplen con las condiciones establecidas en los artículos 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp.

Radicación: 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601). En concordancia, Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de mayo de 2018.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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entre las partes 9, por lo que el análisis se centrará en la causalidad e imputación de responsabilidad al Estado. Con ese norte, la Sala, en primer lugar, analizará el nexo causal entre el daño y la conducta esta tal y la concreción de un riesgo excepcional; luego, liquidará la indemnización de los perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Análisis sustantivo

19. Está probado que Teófilo Camargo Martínez fue secuestrado el 16 de marzo de 199910. La muerte ocurrida el 16 de agosto de 2000 se produjo en medio de un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las FARC, cuando los uniformados desarrollaban la Orden de Operaciones No. 10 “Libertadora” que tenía como misión “conduc[ir] operaciones ofensivas de contraguerrillas”11 y, en uno de los desplazamientos, se encontraron de frente con una caravana del grupo guerrillero . El informe del resultado

operativo12 consta que (se trascribe):

“[L]a tropa que se desplazaba siguiendo como eje de avance la carretera

frente con una caravana del grupo guerrillero . El informe del resultado operativo12 consta que (se trascribe):

“[L]a tropa que se desplazaba siguiendo como eje de avance la carretera hacia el sector de Arenales, paso obligado por lo abrupto del terreno y la nubosidad que se presentaba, detectó de repente el desplazamiento de un vehículo campero a lo cual el subintendente González le ordenó al vehículo mediante señas que se detuviera. El vehículo atendió la señal, pero en forma simultánea dispararon desde el vehículo , ante lo cual la tropa reacciona buscando abrigo y abriendo fuego contra los ocupantes y los integrantes de otros vehículos que venían atrás, los cuales también disparaban. El contacto se mantuvo más o menos treinta minutos en el sitio desde donde se continuaron los combates a lo largo de dos kilómetros hacia el sector de arenales, mientras tanto la tropa que venía en la retaguardia evidenció que habían dado de baja a cinco presuntos bandoleros de la cuadrilla 28 de las FARC (…)”.

20. Pese a que, en un principio, se reportó que los cinco ocupantes del vehículo pertenecían al grupo guerrillero, posteriormente “[l]as unidades de la Subsijin Sogamoso, junto con la Fiscalía Seccional Veintiocho realiza [ron] las inspecciones a los cadáveres, lográndose determinar que entre los elementos incautados estaban unos módulos de instrucción policial ”, además, se encontr ó “un sobre marcado PARA FAMILIA CAMARGO PONGUTA” y se evidenció que “los cuerpos se encontraban uniformados,

elementos incautados estaban unos módulos de instrucción policial ”, además, se encontr ó “un sobre marcado PARA FAMILIA CAMARGO PONGUTA” y se evidenció que “los cuerpos se encontraban uniformados,

9 En todo caso, la muerte se encuentra probada con el registro civil de defunción (folio 42 del cuaderno No. 2), así como también con el acta de necropsia ( folios 446 al 449 del cuaderno No. 5) y el informe administrativo por muerte emitido por el Comandante del Departamento de Policía de Boyacá Nacional (folios 49 y 50 del cuaderno No. 2.). 10 Oficio que informa s ecuestro, en el que consta: “el 16/03/99 a las 17:00 horas aproximadamente, cincuenta bandoleros del Frente XXVIII de las FARC, presentándose enfrentamiento con miembros de la policía por espacio de cuarenta minutos siendo doblegados por los insurgentes qu ienes procedieron a secuestrar a los señores Subintendente VILLAMIL VILLAMIL MARCO AURELIO (…) agente DÍAZ GRANADOS PACO ARIALDO (…) agente CAMARGO MARTÍNEZ TEÓFILO (…)”. Folio 177 del cuaderno No. 1. Asimismo, Resolución No. 2671 de 9 de agosto de 1999 en la cual se resolvió “declarar secuestrado al personal que se relaciona a continuación, perteneciente al Departamento de Policía Boyacá, con fecha 16 de marzo de 1999 (…) AG. TEÓFILO CAMARGO MARTÍNEZ (…)”. Folio 73 del cuaderno No. 2. 11 Orden de operaciones No. 10 “Libertadora”. Folios 325 al 336 del cuaderno No. 5.

Folio 73 del cuaderno No. 2. 11 Orden de operaciones No. 10 “Libertadora”. Folios 325 al 336 del cuaderno No. 5. 12 Folios 679 al 681 del cuaderno No. 7.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Referencia: Acción de reparación directa – Decreto 1 de 1984 – Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _____________________________________________________________________________________________________________

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vestían camisa guayabera de la policía y en la tapa del bolsillo izquierdo superior cosido en hilo negro decía PONAL ”, entre otros elementos marcados con los apellid os de los secuestrados 13. Con esos indicios, se contactó a los allegados de los policías secuestrados, quienes los identificaron como sus familiares.

21. El tribunal negó las pretensiones de la demanda, al encontrar configurado el hecho exclusivo de la víctima. No obstante, la Sala considera que dicha causal de exoneración no está probada, ya que no es cierto que los tres policías secuestrados atacaran a los integrantes del Ejército Nacional, tampoco que pretendieran lanzarles la granada que finalmente les causó la muerte, ni que superaran en número a sus captores. Por el contrario, está probado que la víctima y sus acompañantes permanecieron en el vehículo, estaban rodeados por sus secuestradores y portaban escritos y cartas para sus familiares , en las que narr aban las circunstancias de su secuestro y expresaban su esperanza de ser liberados.

estaban rodeados por sus secuestradores y portaban escritos y cartas para sus familiares , en las que narr aban las circunstancias de su secuestro y expresaban su esperanza de ser liberados.

22. En efecto, según las declaraciones de Jhon Freddy Sarmiento Santos 14, José Henry Arias Cortes 15, Mauricio González López 16, Rodolfo Aguillón Buitrago17, Pedro Parra Oviedo 18 y Eiver de Jesús Vides Torres 19, quienes integraban el grupo que se encontró de frente con el primer vehículo del grupo guerrillero, al dar la primera orden de pare, el vehículo siguió andando unos cuantos metros, tras la segunda señal de alto, “ se detuvo y simultáneamente un individuo con vestidos de policía, se asomó por la ventana del vehículo disparando con un fusil, fue entonces cuando la tropa reaccionó”. Los declarantes coinciden en que el primer disparo lo realizó quien se encontraba en la parte derecha delantera, asimismo, coinciden en que del vehículo “se bajaron dos, el que va manejando y el que va al lado derecho” y fueron ellos quienes participaron en el enfrentamiento. También refieren que “ en el cruce de disparos dentro del carro se escuchó una explosión fuerte como de granada (…)” y que aun después de la muerte de los ocupantes del primer vehículo el combate continuó, con apoyo de otros cuadrantes, porque “detrás de ellos venía más gente ar mada que disparaba hacia donde estaba la tropa”.

23. Adicionalmente, en el informe técnico realizado por un grupo interdisciplinar de la Fiscalía, tras la inspección del vehículo y el estudio de las actas de levantamiento de cadáver y necropsias, se concluy ó que los

23. Adicionalmente, en el informe técnico realizado por un grupo interdisciplinar de la Fiscalía, tras la inspección del vehículo y el estudio de las actas de levantamiento de cadáver y necropsias, se concluy ó que los dos integrantes del grupo guerrillero ocupaban los dos asientos delanteros

(conductor y acompañante de conductor) mientras que los tres policías

13 Infome de novedad. Folios 63 y 63 del cuaderno No. 2. 14 Declaración. Folios 726 al 728 del cuaderno No. 7. 15 Declaración. Folio 559 del cuaderno No. 5 y continua en folios 560 al 562 del cuaderno No. 6. 16 Indagatoria. Folios 809 al 815 del cuaderno No. 7 17 Indagatoria. Folios 818 al 826 del cuaderno No. 7. 18 Indagatoria. Folios 824 al 828 del cuaderno No. 7. 19 Indagatoria. Folios 829 al 833 del cuaderno No. 7.Radicación: 15001-23-31-000-2002-03405-01 (63.003) Demandante: María del Carmen Pongutá