CE - 150012331000200203794011SENTENCIA20230707151756

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 15001-23-32-000-2002-03794 (54949)

Actor: OLIVA VEGA DE MILLÁN Y OTROS

Demandado: HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados por el suministro de medicamentos / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN – Deber de sustentación del recurso / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – La impugnación no puede utilizarse para alterar la causa petendi.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 12 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se afirma en la demanda que e l 14 de marzo de 2001, la señora Sandra Patricia Londoño, de 21 semanas de embarazo, ingresó al Hospital San Rafael de Tunja “por amenaza de parto”. Durante su hospitalización, a la paciente se le ordenó, entre otros, el suministro de Lactato de Ringer, medicamento que se encontraba contaminado y que le causó un proceso infeccioso que la llevó a la muerte.

ANTECEDENTES

1. La demanda

otros, el suministro de Lactato de Ringer, medicamento que se encontraba contaminado y que le causó un proceso infeccioso que la llevó a la muerte.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 2 de diciembre de 2002 (f. 73-94 c-1), el señor Uriel Fernando Nieto Reyes, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad Liceth Yorlen, Derly Yesenia y Brigith Fernanda Nieto Londoño, y los señores Rafael Antonio Reyes Álvarez, Marisol Londoño, Gloria2

Radicación número: 15001-23-32-000-2002-03794 (54949) Actor: Oliva Vega de Millan y otros Demandado: Hospital San Rafael de Tunja y otros Referencia: Acción de reparación directa

Estrella Reyes de Nieto y Olivia Vega de Millán, por conducto de apoderado judicial (f. 1 -3), presentaron demanda de reparación directa en contra de la NaciónMinisterio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, el Departamento de Boyacá y la ESE Hospital San Rafael de Tunja, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte de la señora Sandra Patricia Londoño, ocurrida el 18 de marzo de 2001.

1.2. Como pretensión, la parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad de las referidas entidades, así como el consecuente pago de los “daños y perjuicios ocasionados por el negligente actuar de las demandadas, en las in stalaciones del Hospital San Rafael de Tunja, desde el 14 de marzo de 2001 hasta el 19 de marzo siguiente, fecha en la que falleció la paciente”.

ocasionados por el negligente actuar de las demandadas, en las in stalaciones del Hospital San Rafael de Tunja, desde el 14 de marzo de 2001 hasta el 19 de marzo siguiente, fecha en la que falleció la paciente”.

Para tal efecto, se pidió por concepto de perjuicios morales el valor equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los demandantes y, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $307’500.000, monto que se pidió para la totalidad de las personas que integran la parte activa.

1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

El 14 de marzo de 2001, la señora Sandra Patricia Londoño, de 21 semanas de embarazo, “se sintió enferma” y acudió al Hospital San Rafael de Tunja, donde fue ingresada por “amenaza de parto prematuro”. La paciente fue hospitalizada por el servicio de ginecobstetricia y, como medida inicial, se ordenó la ingesta de nifedipina, la toma de paraclínicos y el suministro de líquidos endovenosos -Lactato de Ringer marca Junin-.

Hecho lo anterior, la paciente, “de forma inexplicable”, comenzó a presentar nuevos síntomas como taquicardia, pulso cardiaco débil, hipertensión arterial, fiebre y disnea, al punto de que su pronóstico se calificó como “ reservado”. La salud de la señora Londoño no mejoró, por lo que el 17 de marzo de 2001 fue ingresada a la UCI del Hospital San Rafael de Tunja, pero falleció el 18 de marzo siguiente, “como consecuencia de un shock séptico”, secundario a una infección.

UCI del Hospital San Rafael de Tunja, pero falleció el 18 de marzo siguiente, “como consecuencia de un shock séptico”, secundario a una infección.

Según la demanda, la señora Sandra Patricia Londoño “no fue la única víctima del actuar ligero e irresponsable de las demandadas ”, pues se probó que otros pacientes también fallecieron por causa de un proceso bacteriano de origen nosocomial. Se explicó que la infección de todos estos pacientes inició en el3

Radicación número: 15001-23-32-000-2002-03794 (54949) Actor: Oliva Vega de Millan y otros Demandado: Hospital San Rafael de Tunja y otros Referencia: Acción de reparación directa

momento en que por vía intravenosa se les suministró un lote “ contaminado” de Lactato de Ringer marca Junin, lo cual, en el caso de la señora Londoño, “la llevó a un acelerado e inexplicable deterioro de salud que le causó la muerte en 5 días”.

En criterio de la parte actora, la muerte de la señora Sandra Patricia Londoño le resulta atribuible al INVIMA, pues permitió la circulación de un producto que no era “aceptable para la administración en seres humanos”; a la ESE Hospital San Rafael de Tunja, porque, de manera ligera, le suministró a sus usuarios un suero altamente contaminado y no le prestó a la paciente una atención médica diligente y oportuna; a la Nación-Ministerio de Salud por la falta de “ vigilancia y control” en relación con las anteriores demandadas, y al Departamento de Boyacá por la omisión de sus funciones de dirección y organización de los servicios de salud a su cargo.

a la Nación-Ministerio de Salud por la falta de “ vigilancia y control” en relación con las anteriores demandadas, y al Departamento de Boyacá por la omisión de sus funciones de dirección y organización de los servicios de salud a su cargo.

Finalmente, se adujo que la muerte de la señora Sandra Patricia Londoño le generó a los demandantes múltipl es perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial.

2. El trámite en primera instancia

2.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda el 5 de febrero de 2003 (f. 97 c-1), decisión que se notificó a las demandadas y al Ministerio Público.

2.2. El INVIMA contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 109 -122 c -1). En síntesis, manifestó (i) que entre la entidad y el Hospital San Raf ael de Tunja no existía ningún vínculo y, por tanto, no se configuraba la “ culpa in vigilando que predican los actores ”; (ii) que, de existir algún problema de contaminación en el Lactato de Ringer, esta solo le era atribuible al fabricante y (iii) que al plenario no se allegó prueba que demuestre que la paciente adquirió la bacteria por el suministro de un medicamento y que esta le causó la muerte, o, lo que es igual, que se probó el daño, pero no la falla y el nexo causal.

2.3. El Hospital San Rafael de Tunja también contestó la demanda (f. 164 -168 c1). Explicó que, si bien, en principio, la paciente consultó por un cuadro obstétrico,

el daño, pero no la falla y el nexo causal.

2.3. El Hospital San Rafael de Tunja también contestó la demanda (f. 164 -168 c1). Explicó que, si bien, en principio, la paciente consultó por un cuadro obstétrico, lo cierto es que desde el inicio de su atención , manifestó síntomas de un proceso infeccioso propio de una “neumonía multilobar adquirida en la comunidad”, tal como se registró en la historia clínica, y no por la contaminación del Lactato de Ringer4

Radicación número: 15001-23-32-000-2002-03794 (54949) Actor: Oliva Vega de Millan y otros Demandado: Hospital San Rafael de Tunja y otros Referencia: Acción de reparación directa

marca Junin; por tanto, la teoría del caso expuesta en la demanda no encontraba respaldo probatorio alguno.

Agregó que le brindó a la paciente los servicios médicos requeridos con oportunidad y eficiencia, según la sintomatología que presentó y sus necesidades clín icas; sin embargo, “la patología que sufrió era de tal magnitud que por más que se realizaron todos los tratamientos posibles en la institución, la complejidad de esta hacía imposible preservar la vida de la señora Londoño”.

2.4. La Nación-Ministerio de Salud (f. 133-145 c-1) y el Departamento de Boyacá (f. 178-185 c-1) se defendieron en similares términos, en el sentido de solicitar que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, según la demanda, el daño alegado solo le resultaba atribuible al INVIMA y al Hospital San Rafael de

178-185 c-1) se defendieron en similares términos, en el sentido de solicitar que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, según la demanda, el daño alegado solo le resultaba atribuible al INVIMA y al Hospital San Rafael de Tunja, entidades con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y con autonomía administrativa.

2.5. Por auto del 4 de agosto de 2006 (f. 205-210 c-1), el Tribunal Administrativo de Boyacá abrió el proceso a pruebas y, mediante proveído del 19 de junio de 2013 1 (f. 819 c -1), ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. La parte actora (f. 824 -831 c-1), el INVIMA (f. 815 -818 c-1) y el Ministerio de Salud (f. 822 -823 c-1) reiteraron lo expuesto en sus escritos iniciales. El Hospital San Rafael de Tunja y el departamento de Boyacá guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 12 de febrero de 2015, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación-Ministerio de Salud y negó las pretensiones de la demanda en relación con las demás entidades convocadas al proceso (f. 862-913 c-2).

En primer lugar, el a quo manifestó que la Nación -Ministerio de Salud carecía de legitimación, pues tenía la condición de ente rector de las políticas en materia de salud, trabajo y riesgos profesionales y, por tanto, no le resultaban a tribuibles las

En primer lugar, el a quo manifestó que la Nación -Ministerio de Salud carecía de legitimación, pues tenía la condición de ente rector de las políticas en materia de salud, trabajo y riesgos profesionales y, por tanto, no le resultaban a tribuibles las fallas a las que aludía la demanda.

1 El periodo probatorio se prolongó, porque durante ese tiempo se intentó de manera reiterada la práctica de un dictamen pericial que, además, fue objeto de aclaración y complemento. También se retrasó por el recaudo de las historias clínicas de la paciente y la práctica de los testimonios.5

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Luego, explicó que el daño alegado en la demanda se encontraba plenamente acreditado, pues con las anotaciones realizadas en la historia clínica y el registro civil de defunción se demostró que la señora Sandra Patricia Londoño falleció el 18 de marzo de 2001, en las instalaciones del Hospital San Rafael de Tunja.

Al abordar el juicio de imputación, el tribunal de primera instancia indicó que la muerte de la referida señora no le resultaba atribuible a ninguna de las entidades legitimadas2, pues se probó (i) que el medicamento que se señaló como defectuoso -Lactato de Ringerno estaba contaminado y era apto para el consumo humano; (ii) la señora Londoño falleció por causa de una neumonía multilobar severa adquirida en la comunidad y (iii) “ que la atención s e adecuó a los protocolos médicos

la señora Londoño falleció por causa de una neumonía multilobar severa adquirida en la comunidad y (iii) “ que la atención s e adecuó a los protocolos médicos impuestos por la medicina para la atención de la sintomatología” que presentó, por lo que “no se acreditaron los elementos propios de la responsabilidad por falla en la prestación del servicio”.

4. El recurso de apelación

4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia (f. 917-925 c-2).

Manifestó que entre el 14 y el 18 de marzo de 2001, durante la hospitalización de la señora Sandra Patricia Londoño en el Hospital San Rafael de Tunja, se produjo un brote infeccioso intrahospitalario que causó la muerte de varios pacientes, entre ellas, la de la referida señora. Agregó que la alarma de contaminación surgió desde la propia institución, y se registró en las historias clínicas realizadas por el personal médico y asistencial.

Destacó que un caso similar al de la víctima ocurrió con la señora Luz Miriam Guaje Jácome, quien ingresó al departamento de ginecología para someterse a una miomectomía el 15 de marzo de 2001. Después de la intervención, comenzó a experimentar síntomas de insuficiencia respiratoria y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió atención y asistencia, pero, al igual que la señora Londoño, falleció debido a un shock séptico severo, el 18 de marzo siguiente.

2 A saber: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, el

señora Londoño, falleció debido a un shock séptico severo, el 18 de marzo siguiente.

2 A saber: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, el Departamento de Boyacá y la ESE Hospital San Rafael de Tunja.6

Radicación número: 15001-23-32-000-2002-03794 (54949) Actor: Oliva Vega de Millan y otros Demandado: Hospital San Rafael de Tunja y otros Referencia: Acción de reparación directa

Indicó que la emergencia fue tan evidente que el Hospital San Rafael, la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá y el INVIMA tomaron medidas de seguridad, al punto que recogieron muestras del producto Lactato de Ringer, fabricado por Laboratorios Junin, solución que el hospital sospechaba como fuente de infección, y se realizaron visitas para verificar el almacenamiento y manejo de insumos.

Manifestó que a pesar de que en este proceso no se probó que la muerte de los pacientes del Hospital San Rafae l de Tunja se produjo por el suministro de un medicamento contaminado, esto por sí solo no descartaba la presencia de infecciones intrahospitalarias, pues no existe prueba alguna que explique o justifique los fallecimientos de origen desconocido que ocurri eron en el centro hospitalario, como el de la señora Sandra Patricia Londoño.

Frente al caso clínico de la víctima, manifestó que, si bien se consideró que aquella falleció por causa de una neumonía multilobar severa adquirida en la comunidad, lo cierto era que su ingreso al hospital se dio por amenaza de parto prematuro y no por síntomas relacionados con una afección respiratoria; es decir, los signos

falleció por causa de una neumonía multilobar severa adquirida en la comunidad, lo cierto era que su ingreso al hospital se dio por amenaza de parto prematuro y no por síntomas relacionados con una afección respiratoria; es decir, los signos iniciales reportados en la historia clínica no coincidían con los criterios de hospitalización para una neumonía multilobar.

Por lo anterior, afirmó que en este caso se debía considerar que la señora Sandra Patricia Londoño, de 21 semanas de embarazo, acudió al Hospital San Rafael de Tunja al servicio de obstetricia por dolor abdominal, pero, de manera inex plicable, presentó durante su hospitalización una infección de “ origen desconocido” que le provocó la muerte, lo que permite concluir que la bacteria causante del daño era de origen nosocomial.

En ese sentido, destacó que estos casos se podían resolver b ajo el título de imputación de falla del servicio, o, en ausencia de ella, con la teoría del riesgo excepcional, evento en el cual solo se debía demostrar que la infección que afectó a la víctima fue adquirida en el centro médico accionado, como en efecto se hizo.

Finalmente, insistió en que la afección de la paciente no fue tratada de manera correcta, oportuna y diligente por parte del personal médico del Hospital San Rafael de Tunja.7

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5. El trámite de segunda instancia

5.1. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal de primera instancia el 10

Demandado: Hospital San Rafael de Tunja y otros Referencia: Acción de reparación directa

5. El trámite de segunda instancia

5.1. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal de primera instancia el 10 de junio de 2015 (f. 930 c -2), y admitido por esta Corporación el 20 de agosto siguiente (f. 935 c-2). Posteriormente, por auto del 17 de marzo de 2016, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (f. 965 c-2).

La parte demandante insistió en que la señora Sandra Patricia Londoño falleció en el Hospital San Rafael de Tunja por causa de un foco infeccioso de agentes intrahospitalarios, daño que podía ser atribuido a título de falla del servicio o riesgo excepcional (f. 1003-1008 c-2).

La Nación-Ministerio de Salud (f. 975-978 c-2), el Hospital San Rafael de Tunja (f. 979-981 c-1), El INVIMA (f. 991-995 -2) y el departamento de Boyacá (f. 1009-1012 c-2) solicitaron que se confirmara la sentencia de primera instancia, con apoyo en la argumentación expuesta por el a quo.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, dado que la pretensión mayor3 excede los $36’950.0004, suma exigida al momento de la prestación de la demanda 5 para

artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, dado que la pretensión mayor3 excede los $36’950.0004, suma exigida al momento de la prestación de la demanda 5 para definir si el asunto debía tramitarse en dos instancias.

2. El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

2.1. En primer lugar, la Sala advierte que, en la sentencia de primera instancia, el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación3 En la demanda radicada el 2 de diciembre de 2002 se pidió por concep to de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $307’500.000, monto que se pidió para la totalidad de las personas que integran la parte activa; es decir, 38’437.000 para cada uno. 4 Según las cuantías establecidas en el Decreto 597 de 1988. 5 De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, la competencia se determina según la norma vigente al momento de la presentación de la demanda.8

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Ministerio de Salud y negó las pretensiones de la demanda en relación con las demás entidades convocadas al proceso, en los términos expuestos párrafos atrás.

En su recurso de apelación, la parte actora solo se refirió a la responsabilidad del Hospital San Rafael de Tunja, y se abstuvo de formular cargo alguno frente a la

En su recurso de apelación, la parte actora solo se refirió a la responsabilidad del Hospital San Rafael de Tunja, y se abstuvo de formular cargo alguno frente a la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Salud y lo decidido en favor del INVIMA y el departamento de Boyacá.

De este modo, como en la impugnación sólo se cuestionó la absolución del Hospital San Rafael de Tunja, el análisi s se encuentra limitado a ese aspecto, por ser el marco de la competencia en segunda instancia. Frente a las demás determinaciones la Sala se estará a lo resuelto.

2.2. Dicho lo anterior, la Sala estima necesario analizar la causa petendi invocada en la demanda en relación con el Hospital San Rafael de Tunja, así como lo decidido por el a quo y los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, con el fin de evidenciar si la parte actora sustentó de manera correcta la impugnación, esto es, presentando verdaderos cargos de inconformidad en contra de la decisión que se considera errada y con respeto al marco fáctico que se fijó en el escrito inicial.

• La causa petendi en relación con el Hospital San Rafael de Tunja

En la demanda, en el acápite denominado “ fundamentos fácticos de la acción ”, la parte actora narró los hechos que dieron origen a este proceso. En síntesis, expuso que el 14 de marzo de 2002, la señora Sandra Patricia Londoño, de 21 semanas de embarazo, in gresó al Hospital San Rafael de Tunja por “ amenaza de parto prematuro”. Allí, como medida inicial, se ordenó la ingesta de nifedipina, la toma de

embarazo, in gresó al Hospital San Rafael de Tunja por “ amenaza de parto prematuro”. Allí, como medida inicial, se ordenó la ingesta de nifedipina, la toma de paraclínicos y el suministro de líquidos endovenosos -Lactato de Ringer-.

Hecho lo anterior, “la paciente, de forma inexplicable, presentó complicaciones (…), y tuvo que ser remitida a la unidad de cuidados intensivos el 17 de marzo de 2001”, pero falleció el 18 de marzo siguiente, “como consecuencia de un shock séptico”, secundario a una infección intrahospitalaria.

Agregó “que la paciente Sandra Patricia Londoño no fue la única víctima del ligero e irresponsable actuar de las entidades demandadas, por cuanto cuatro personas más habían fallecido como consecuencia de un choque séptico de origen9

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bacteriano”, el cual, se afirmó, ocurrió por el suministro de un producto defectuoso, esto es, Lactato de Ringer.

En el acápite siguiente, denominado “ fundamentos jurídicos ”, la parte actora se refirió a la responsabilidad de cada una de las demandadas. Frente al Hospital San Rafael de Tunja, manifestó que si bien la señora Londoño ingresó por “amenaza de parto”, lo cierto era que su estado de salud era bueno y que su frecuencia cardiaca y respiratoria se reportó como normal; sin embargo, “habiendo transcurrido tan solo un breve lapso desde el suministro del líquido endovenoso (Lactato de Rigner), la

parto”, lo cierto era que su estado de salud era bueno y que su frecuencia cardiaca y respiratoria se reportó como normal; sin embargo, “habiendo transcurrido tan solo un breve lapso desde el suministro del líquido endovenoso (Lactato de Rigner), la paciente presentó un acelerado e inexplicable deterioro de salud que la llevó a la muerte en tan solo 5 días”.

En relación con lo anterior, agregó: “con esa sintomatología se hospitaliza a la señora Sandra Patricia Londoño y se ordena nifedipina por vía oral, se solicitan paraclínicos e iniciar líquidos endovenosos con Lactato de Rigner, medicamento que, coincidencialmente, le fueron suministrados a l os 5 pacientes que fallecieron en idénticas circunstancias (…), y que justamente el INVIMA reportó como 'productos no aceptables para la administración de seres humanos', (…) lo que constituye una falla del servicio del hospital” (destacado original).

Sobre el particular, se explicó que, según la doctrina, su responsabilidad se veía comprometida, porque el daño devino de la “utilización de drogas que se (…) [encontraban] en mal estado, porque estaba vencido el término fijado por los fabricantes para ser ut ilizadas, o fueron conservadas en sitios inadecuados (…)”, como ocurrió en este caso”.

En ese orden de ideas, expuso que el Hospital San Rafael de Tunja “ posee dentro de su planta de personal un químico farmaceuta que tiene como función la de efectuar un examen y valoración sobre los medicamentos que se puedan emplear en la institución (…), prestación del servicio que falló por completo, toda vez que no se llevó a cabo el control sobre los medicamentos y ello trajo la fatal consecuencia por todos conocida”.

efectuar un examen y valoración sobre los medicamentos que se puedan emplear en la institución (…), prestación del servicio que falló por completo, toda vez que no se llevó a cabo el control sobre los medicamentos y ello trajo la fatal consecuencia por todos conocida”.

Destacó que el hospital San Rafael de Tunja, como institución de tercer nivel de complejidad, (i) “ no tenía para la fecha de los hechos la logística necesaria para atender una situación generalizada, pues el resultado fatal derivado del suministro de sustancias contaminadas no sólo se presentó en el caso concreto de Sandra10

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Patricia Londoño”; (ii) no disponía de cadenas de custodia, embalaje y manipulación de los medicamentos que utilizaba en los diferentes procedimientos quirúrgicos, y (iii) no le brindó a la paciente una atención médica diligente, pronta y oportuna.

Finalmente, concluyó que en el presente asunto “no son gratuitas ni ligeras las anotaciones sobre la contaminación de los líquidos endovenosos RINGER MARCA JUNIN, pues la forma como el Hospital adquirió ese medicamento deja un manto de duda sobre su idoneidad, pues no hubo ningún contrato de suministro con el laboratorio productor y el lote de ese suero que se encontraba en el sitio-asistencial había sido recibido en pago de una deuda (…) circunstancia que aumenta el riesgo tanto en la autenticidad del producto como en la cadena de manejo del mismo; en suma, es dudosa la procedencia del líquido (…)”.

había sido recibido en pago de una deuda (…) circunstancia que aumenta el riesgo tanto en la autenticidad del producto como en la cadena de manejo del mismo; en suma, es dudosa la procedencia del líquido (…)”.

Conforme a todo lo anterior, se desprende que, en este caso, la p arte actora demandó al Hospital San Rafael de Tunja (i) por haberle suministrado a la señora Londoño un medicamento contaminado, esto es, Lactato de Rigner, y (ii) por la deficiente atención médica que le brindó durante su hospitalización.

• La absolución del Hospital San Rafael de Tunja en la sentencia del 12 de febrero de 2015

Para descartar la responsabilidad del hospital demandado, el Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó:

(i) Que, de “los estudios realizados por Medicina Legal”, se desprende que la señora Sandra Patricia Londoño falleció “ de forma natural, como consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a una neumonía severa ”, que fue adquirida en la comunidad.

(ii) Que “ dentro del expediente no se logr ó probar el presunto hecho dañoso consistente en el suministro y utilización del medicamento contaminado -Lactato de Rigneren la señora Sandra Patricia Londoño; por el contrario, se descartó probatoriamente la supuesta contaminación”. En efecto, la prueba técnica concluyó que el suero en cuestión “se adecuaba a las condiciones sanitarias” y, por tanto, “no existen elementos de juicio para determinar la inoculación de la paciente por contaminación de líquidos o medicamento”. En otras palabras: la sintomatología de la paciente y su evolución “no está relacionada con el Lactato de Rigner”.11

existen elementos de juicio para determinar la inoculación de la paciente por contaminación de líquidos o medicamento”. En otras palabras: la sintomatología de la paciente y su evolución “no está relacionada con el Lactato de Rigner”.11

Radicación número: 15001-23-32-000-2002-03794 (54949) Actor: Oliva Vega de Millan y otros Demandado: Hospital San Rafael de Tunja y otros Referencia: Acción de reparación directa

(iii) Frente a la atención prestada a la paciente, indicó que “con las pruebas arrimadas también se estableció que el cuidado brindado a la señora Sandra Patricia Londoño se adecuó a los protocolos médicos impuestos por la medicina para la atención de la sintomatología y posterior hallazgo de la patología que presentó, habiéndosele prescrito los medicamentos y efectuado los procedimientos necesarios a fin de conservar la vida e integridad, dándose con ello cumplimiento a la obligación de medio que le asiste”, conclusión que encontró respaldo en la prueba técnica y científica practicada en el proceso.

(iv) Como consecuencia de todo lo anterior, concluyó “que no se acredit aron los elementos propios de la responsabilidad por falla en la prestación del servicio, comoquiera que se desvirtuó la realización del hecho dañoso por parte de las demandadas y, por ende, la Sala se encuentra ante la inexistencia de nexo de causalidad alguno con la muerte de la paciente Sandra Patricia Londoño, la que se probó acaeció como consecuencia de una complicación secundaria a una neumonía” adquirida en la comunidad.

• Los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación

probó acaeció como consecuencia de una complicación secundaria a una neumonía” adquirida en la comunidad.

• Los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación

En su recurso de apelación, la parte actora insistió en el hecho de que en este caso se debía considerar que la señora Londoño acudió al Hospital San Rafael de Tunja por amenaza de parto, pero, de “ manera inexplicable ”, falleció por causa de un shock séptico. Por lo anterior, afirmó que entre el 14 y 28 de marzo de 2001, en el centro hospitalario se “presentó un foco infeccioso de agentes hospitalarios, que sin explicación alguna causaron la muerte de