CE - 150012331000201100026031SENTENCIA20230713162040

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

Actor: ELSA LEONOR PARADA RAMÍREZ Y OTRO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - daño causado por la Administración de Justicia / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE UNO DE LOS DEMANDANTES – se configuró / RECURSO DE APELACIÓN – no se satisface la carga argumentativa con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, es necesario que se confronte la razón que soporta la decisión que se impugna / ALCANCES Y NATURALEZA DEL TÍTULO DE IMPUTACIÓN - no cualquier diferencia interpretativa conlleva a la existencia de un error judicial.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de octubre de 2022 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Rama Judicial porque, en su criterio, las decisiones adoptadas por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencias de 14

La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Rama Judicial porque, en su criterio, las decisiones adoptadas por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencias de 14 de noviembre de 2007 y 11 de diciembre de 2008 , en las que se negaron sus pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrieron en error jurisdiccional.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 25 de enero de 20111, Elsa Leonor Parada Ramírez y José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por conducto de apoderada judicial, presentaron demanda de reparación

1 Folio 1 del documento denominado “ 112_150012331003201100026003EXPEDIENTEDIGI 20230215100325%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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directa en contra de la Nación – Rama Judicial, José Joaquín Cely Páez 2, Jorge Eliécer Fandiño Gallo, Clara Elisa Cifuentes Ortiz y Francisco Antonio Iregui3, con el fin de que se declare su responsabilidad administrativa y patrimonial como consecuencia de los perjuicios4 causados con los supuestos errores jurisdiccionales en que habría n incurrido el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en las sentencias del 14 de noviembre de 2007 y 11 de

consecuencia de los perjuicios4 causados con los supuestos errores jurisdiccionales en que habría n incurrido el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en las sentencias del 14 de noviembre de 2007 y 11 de diciembre de 2008 , proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes5:

Con ocasión de un proceso de reestructuración administrativa en el departamento de Boyacá, Elsa Leonor Parada fue retirada del cargo que desempeñaba, en carrera administrativa, en ese ente territorial, denominado “auxiliar administrativo código 550 grado 24”.

Elsa Leonor Parada Ramírez, p or intermedio del abogado José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para enjuiciar la le galidad de : (i) el Decreto 1844 de 2001, por medio del cual se estableció la planta de personal de la administración departamental y se suprimieron innominadamente algunos cargos y (ii) el oficio del 27 de diciembre de 2001, comunicación en la que el director de talento humano de la gobernación de Boyacá le notificó a la señora Parada Ramírez la supresión de su cargo.

La referida demanda, radicada con el número 15001-31-33-010-2002-01860-00, fue decidida en sede de primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, ente judicial que, el 14 de noviembre de 2007, negó las pretensiones de la

decidida en sede de primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, ente judicial que, el 14 de noviembre de 2007, negó las pretensiones de la demanda, después de considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad del Decreto 1844 de 2001 y que se “ inhibi[biera] ilegal e inconstitucionalmente para fallar” respecto del oficio del 27 de diciembre de 2001 , porque, a su juicio, era un acto de comunicación no enjuiciable . La anterior decisión fue confirmada , el 11 de diciembre de 2008, por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2 Quien se desempeñaba, para la época de los hechos, como juez décimo administrativo de Tunja. 3 Quienes se desempeñaban, para la época de los hechos, como magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 En el escrito inicial se solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagarles perjuicios materiales, morales y daños causados a bienes constitucionales y convencionales protegidos. 5 Folio 10 del documento denominado “ 4_540012333000201800227021EXPEDIENTEDIGI 20230124081734_TCZipDossier133262372780546891” del expediente digital, que obra en índice 2 de Samai.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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A juicio de la parte actora, las decisiones de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en error jurisdiccional, porque

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A juicio de la parte actora, las decisiones de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en error jurisdiccional, porque (i) denegaron justicia , al inhibirse para estudiar la legalidad del oficio de 27 de diciembre de 2001, pese a que fue el acto administrativo que “definió la situación particular y concreta” de Elsa Leonor Parada Ramírez.

A la par , el extremo activo de la litis alegó que las providencias cuestionadas desconocieron: (ii) que el proceso de reestructuración administrativa y el oficio de 27 de diciembre de 2001 fue ron proferidos por funcionarios sin competencia y (iii) que, con posterioridad al proceso de reestructuración, permanecieron vigentes aproximadamente 46 cargos idénticos al que ocupaba la señora Parada Ramírez . Dijo, además, (iv) que la Rama Judicial valoró “superficialmente” el estudio técnico que soportó la reestructuración administrativa y que esta última resultaba innecesaria.

2. El 6 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda, después de su subsanación, únicamente en contra de la Rama Judicial, en la medida en que “los funcionarios judiciales que profirieron las sentencias a las cuales se endilga el error judicial, no p[odían] vincularse al presente proceso en calidad de demandados”6.

3. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial7 se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó que las conclusiones de las providencias judiciales acusadas de error judicial fueron

demandados”6.

3. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial7 se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó que las conclusiones de las providencias judiciales acusadas de error judicial fueron razonables, además, que encontraron sustento en los medios probatorios allegados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho . Resaltó que la existencia de decisiones judiciales adversas a los intereses de los demandantes no configuraba, por sí sola, un daño antijurídico, por cuanto para ello se requería demostrar los errores en que incurrieron los funcionarios judiciales.

En línea con lo anterior, dijo que tampoco podía hablarse de un daño personal y cierto de los demandantes; a lo que agregó que José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento actuó como abogado de Elsa Leonor Parada Ramírez en el proceso de

6 Folios 151, 152, 213 a 217 del archivo “ 110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI 20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia. 7 Folios 241 a 247 del archivo “ 110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI 20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

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nulidad y restablecimiento del derecho, en el que tenía meras expectativas frente a las resultas del mismo, y no derechos adquiridos.

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nulidad y restablecimiento del derecho, en el que tenía meras expectativas frente a las resultas del mismo, y no derechos adquiridos.

Bajo esa óptica , propuso la excepción que denominó “falta de causa para demandar”; además, la de culpa exclusiva de la víctima, “ en el evento que se establec[iera] que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, el acá accionante, pudiendo hacer uso de mecanismos y recursos que la ley otorga para hacer valer sus derechos, no lo hubiese hecho”.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 4 de octubre de 2022, negó las súplicas de la demanda 8, después de concluir que las providencias cuestionadas cimentaron su decisión en argumentos razonables y en el principio de la autonomía judici al -fundamento que será plasmado , con detalle, en la parte considerativa de la presente providencia-.

Además de lo anterior, como soporte de su decisión denegatoria, el a quo expuso otras conclusiones en el acápite que denominó “ de otros cargos invocados en la demanda”, que se sintetizan a continuación:

Determinó que le asistía competencia tanto al gobernador de Boyacá para adelantar un proceso de reestructuración administrativa en ese departamento como al director de talento humano de esa gobernación para expedir el oficio del 27 de diciembre de 2001 -al primero en ejercicio de su función de realizar supresiones de empleos y al segundo en virtud de la función que le fue asignada en el artículo 44 del Decreto

de talento humano de esa gobernación para expedir el oficio del 27 de diciembre de 2001 -al primero en ejercicio de su función de realizar supresiones de empleos y al segundo en virtud de la función que le fue asignada en el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998 -; de acuerdo con la Constitución Política , la ley y jurisprudencia aplicable a la materia.

En relación con el estudio técnico que soportó la reestructuración administrativa de la planta de personal del departamento de Boyacá, advirtió que sí se ajustó al ordenamiento jurídico. En línea con lo anterior, puso de presente que las entidades debían efectuar reestructuraciones administrativas, porque, en ocasiones, el interés particular debía ceder ante el general, para racionalizar el gasto, garantizar la ejecución de programas, el cump limiento de la misión institucional o por necesidades mismas del servicio.

Advirtió que Elsa Leonor Parada Ramírez, como empleada de carrera administrativa, después de que fue suprimido su cargo, contó con las prerrogativas

8 Índice 162 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

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propias de los empleados de ca rrera administrativa, entendido bajo el cual se le garantizó su debido proceso y sus derechos laborales.

Por lo hasta aquí dicho , concluyó que la parte demandante no sufrió un daño antijurídico susceptible de indemnización de perjuicios.

5. Recurso de apelación

La parte actora dejó ver su discrepancia con la decisión que negó las pretensiones

antijurídico susceptible de indemnización de perjuicios.

5. Recurso de apelación

La parte actora dejó ver su discrepancia con la decisión que negó las pretensiones de la demanda, por error judicial, en la medida en que solicitó que fuera revocada9.

Edificó su impugnación sobre la base de que el daño sí le resultaba imputable a la Rama Judicial, porque, a su juicio, la “inhibición” del Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá le denegó el acceso a la Administración de Justicia a la demandante y, además, desconoció el precedente aplicable. Hizo énfasis en que, al escoger de las posibles interpretaciones en la materia la más desfavorable, se vulneró e l principio constitucional de favorabilidad laboral y los artículos 2°, 25, 53 y el preámbulo de la Constitución Política.

Los argu mentos específicos de la impugnación serán abordados en las consideraciones de esta providencia.

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

La Sala evidencia, de entrada, que uno de los demandantes no cumple con el presupuesto procesal de legitimación en la causa10. Lo anterior, al margen de que dicho aspecto no fuera objeto del recurso de apelación que aquí se analiza, por ser una figura que debe declararse de oficio, sin que ello implique una vulneración al principio de congruencia de la sentencia11.

En efecto, en el presente proceso, además de Elsa Leonor Parada Ramírez 12, concurrió José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento , quien asumió la defensa de la

9 Índice 166 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.

En efecto, en el presente proceso, además de Elsa Leonor Parada Ramírez 12, concurrió José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento , quien asumió la defensa de la

9 Índice 166 de Samai, de las actuaciones de primera instancia. 10 Se advierte que los demás presupuestos procesales ( competencia y demanda en tiempo ) se encuentran cumplidos. Además, no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación proferida del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia del 11 de julio d e 2014 , proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 27.636, C.P. Hernán Andrade Rincón (E). 12 Demandante en el proceso en el que se dictaron las providencias que en este litigio se catalogan de erróneas.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

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señora Parada Ramírez en el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho y adujo que -tambiénresultó afectado con las determinaciones respecto de las que se predica el error judicial , porque no vio remunerada su labor como apoderado , pues pactó honorarios profesionales en la modalidad de cuota litis13.

En los eventos en los que se solicita la responsabilidad del Estado con fundamento

se predica el error judicial , porque no vio remunerada su labor como apoderado , pues pactó honorarios profesionales en la modalidad de cuota litis13.

En los eventos en los que se solicita la responsabilidad del Estado con fundamento en el título de imputación por error judicial, esta Subsección 14 ha determinado que quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño son aquellos que: (i) gozan de la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva del supuesto yerro o, (ii) frente a quienes la sentencia y sus efectos está llamada a ser exigible, dado que son ellos, como parte de la relación procesal, las personas sobre las que el error judicial se proyecta como una a frenta a sus derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva -que son los derechos que cimientan la pretensión indemnizatoria que se persigue a través de este título de imputación de responsabilidad-.

Sobre la anterior base c onceptual, ha de considerarse que José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento no cuenta con ningún interés legítimo para demandar en el presente juicio de reparación, en la medida en que no fue parte de la relación jurídico procesal que se definió a través de la se ntencia cuestionada, en el proceso de nulidad y restablecimiento seguido bajo la radicación 15001 -31-33-010-2002-01860-00. Su intervención en ese asunto se realizó en representación del titular del derecho litigioso, de quien detentaba el derecho de postulación15, acto que surgió a partir del poder que le confirió Elsa Leonor Parada Ramírez, para que iniciara y llevara hasta su culminación el referido asunto, como su representante judicial.

litigioso, de quien detentaba el derecho de postulación15, acto que surgió a partir del poder que le confirió Elsa Leonor Parada Ramírez, para que iniciara y llevara hasta su culminación el referido asunto, como su representante judicial.

De esta manera, su intervención en el proceso primigenio se dio como apoderado de la señora Parada Ramírez, en la gestión profesional que adelantó, por lo que no se le puede equiparar a una intervención como sujeto procesal o con interés sustancial y directo en el proceso, en las pretensiones y/o la sentencia, todo lo que excluye considerarlo como sujeto afectado por el supuesto error judicial alegado.

13 En la dem anda, en el acápite denominado “ de la legitimidad para accionar del abogado José Guillermo T. Roa Sarmiento”, se consignó: “si los jueces de la ANYRD no hubieran incurrido en tales errores y fallas y hubiesen fallado rectamente, él sin lugar a dudas, habrí a visto remunerado su trabajo de litigante, anotándose que fueron pactados en la modalidad de cuota litis, esto es, el 50% de las condenas que se obtuvieran, incluido el reintegro ”. Folio 30 del documento denominado “112_150012331003201100026003EXPEDIENTEDIGI 20230215100325%20(1).pdf ”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

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Así lo determinó la Subsección en un caso similar y reciente, en el que también se declaró la falta de legitimación en la causa por activa de quien actuó como abogado en un proceso primigenio y alegó, en sede de reparación directa, que no vio remunerados sus honorarios profesionales, que pactó en la modalidad de cuota litis, por cuenta de unos yerros. En esa oportunidad se dijo lo siguiente16:

[N]o se encuentra acreditado que (…) contaba con un interés legítimo -víctimapara demandar en sede de la presente acción con motivo de la posible afectación que devino de los efectos de la sentencia cuestionada (…). En criterio de la Sala, a efectos de hallarse legitimado para demandar el resarcimiento e indemnización de perjuicios por un error judicial contenido de una providencia proferida dentro de un proceso judicial del cual no hizo parte, el señor (…) estaba llamado a demostrar la relación sustancial cierta con la víctima directa del daño y el hecho dañoso, distinta a la ya referida -acto de apoderamiento-, asuntos que están inmersos en la causa petendi de la demanda y sus pretensiones, sin posibilidad alguna de considerarlos en el

víctima directa del daño y el hecho dañoso, distinta a la ya referida -acto de apoderamiento-, asuntos que están inmersos en la causa petendi de la demanda y sus pretensiones, sin posibilidad alguna de considerarlos en el marco de una relación profesional externa al proceso, de prestación de servicios para la defensa o gestión judicial” (se destaca).

Así las cosas, como el señor Roa Sarmiento no fue parte en el proceso objeto de la litis, sino apoderado de la demandante, se concluye que no cuenta con legitimación material en la causa por activa para demandar en sede de la presente acción por los supuestos perjuicios causados por las sentencias dictadas en tal asunto, de ahí que se imponga la denegatoria de las pretensiones por él formuladas.

2. Objeto y alcance de la segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda , conclusión cuestionada en sede de apelación bajo los siguiente s cargos: (i) la “inhibición” del Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá que le denegó el acceso a la Administración de Justicia de los demandantes y desconoció el precedente aplicable a la materia y (ii) medió una vulneración del principio constitucional de favorabilidad laboral y de los artículos 2°, 25, 53 y del preámbulo de la Constitución Política. Estos argumentos los resolverá la Sala en el orden mencionado.

Se advierte que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en relación con las conclusiones contenidas en el acápite que el a quo denominó “ de otros cargos

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Se advierte que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en relación con las conclusiones contenidas en el acápite que el a quo denominó “ de otros cargos

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

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invocados en la demanda”, que fueron sintetizados en los antecedentes, por cuanto dichos aspectos no fueron objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación que aquí se analiza.

3. Análisis del caso concreto

Para iniciar el estudio de este asunto, se debe poner de presente que esta Subsección17 ha considerado que para romper con la presunción de legalidad y de legitimidad que ampara a las decisiones judiciales resulta necesario que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión que se acusa de incurrir en error judicial, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento, pues, de lo contrario, la providencia se mantendría incólume.

A modo de precisión, en este expediente se acreditó que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001 -31-33-010-2002-01860-00, el

providencia se mantendría incólume.

A modo de precisión, en este expediente se acreditó que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001 -31-33-010-2002-01860-00, el 14 de noviembre de 2007, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja denegó las súplicas de la demanda interpuesta por Elsa Leonor Parada Ramírez, después de considerar que la supresión del cargo que desempeñaba en la gobernación de Boyacá se produjo con la expedición del Decreto 1844 del 2001; acto que estuvo conforme al ordenamiento jurídico, sin que se lograra desvirtuar su presunción de legalidad. Del oficio del 27 de diciembre de 2001 indicó que se limitó a comunicar a la trabajadora afectada “la novedad”, tal como lo ordenaba el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, sin mayor consideración al respecto18.

También se probó que el 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la anterior decisión, oportunidad en la que precisó que el oficio del

17 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 12 de diciembre de 2019, expediente 45.602 y del 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. 18 Folios 168 a 187 del archivo “ 110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI 20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia. A continuación, lo que dijo el Juzgado (de forma literal, incluso con posibles errores):

20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia. A continuación, lo que dijo el Juzgado (de forma literal, incluso con posibles errores): Considera el accionante que la supresión de su cargo se produjo en virtud del oficio que le remitió el director de Talento Humano de la Gobernación, quien carecía de competencia para suprimir cargos. De la lectura del Decreto 1844 del 2001, se concluye que los cargos fueron suprimidos por este acto, tal y como se desprende de los artículos primero y seg undo, por tanto, suprimido el cargo no es necesario que la entidad dicte otro acto administrativo para dar cumplimiento a la medida. Así, suprimido el cargo, el jefe de personal o a quien corresponda, debe comunicar la novedad al trabajador afectado, como lo ordena el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, lo cual, en este caso ocurrió con el Oficio de fecha 27 de diciembre de 2001. Por lo tanto, no existe vicio alguno en dicha decisión. Así, pues, el análisis realizado conduce a afirmar que las decisiones demandadas se expidieron conforme al ordenamiento jurídico y como el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la cual están investidos los actos administrativos, se denegarán las pretensiones de la demanda.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

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27 de diciembre de 2001 era un acto de trámite y que, por ello, “se inhib[ía] de hacer

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27 de diciembre de 2001 era un acto de trámite y que, por ello, “se inhib[ía] de hacer cualquier pronunciamiento referente al citado acto ”. Agregó que mientras que Elsa Leonor Parada Ramírez pretendió en su demanda la declarat oria de nulidad del Decreto 1844 de 2001, en el recurso de apelación, dijo que este acto administrativo no debía ser tenido en cuenta, porque era de carácter general y abstracto, argumento este último que no analizó so pena de afectar “ el principio de consonancia” 19.

En ese escenario, advierte esta Sala que la falta de pronunciamiento frente al oficio del 27 de diciembre de 2001 , e n el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001 -31-33-010-2002-01860-00, no tenía la virtualidad de vulnerar el acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de la demandante, derechos vinculados con el título de imputación de error judicial. Lo anterior porque las autoridades judiciales competentes ana lizaron de fondo la legalidad de la supresión del cargo de la señora Parada Ramírez, de cara al Decreto 1844 del 2001 , y concluyeron que ese acto estuvo conforme al ordenamiento jurídico, en la medida en que no se logró desvirtuar su presunción de legalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar los dos cargos de la apelación presentados por Elsa Leonor Parada Ramírez.

3.1. Primer argumento de la apelación: de la “inhibición” que denegó el acceso

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar los dos cargos de la apelación presentados por Elsa Leonor Parada Ramírez.

3.1. Primer argumento de la apelación: de la “inhibición” que denegó el acceso a la Administración de Justicia y desconoció el precedente aplicable

3.1.1. En el caso concreto , tal como se anticipó, las sentencias acusadas de contener un error jurisdiccional fueron las dictadas por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sede de primera y segunda instancia, en el proceso con radicado 15001 -31-33-010-2002-01860-00, que decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta

19 Folios 188 a 206 del archiv o “ 110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI 20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia. A continuación, lo que mencionó el Tribunal (de forma literal, incluso con posibles errores): Con respecto al oficio del 27 de diciembre de 2001, es de observar que este simplemente se limita, de una parte, a comunicar el acto que suprimió el cargo a la actora, esto es, el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001 y de otra, a informar de manera general las opci ones de incorporación o indemnización que tiene el funcionario de carrera administrativa, entonces, este es un acto de trámite y no constituye acto demandable por cuanto no crea, modifica o extingue la situación jurídica a la actora. Por tal motivo, la sala se inhibirá de hacer cualquier pronunciamiento referente al ciado acto

y no constituye acto demandable por cuanto no crea, modifica o extingue la situación jurídica a la actora. Por tal motivo, la sala se inhibirá de hacer cualquier pronunciamiento referente al ciado acto Por último, cabe resaltar que una de las pretensiones incoadas en la demanda es la declaratoria de nulidad del Decreto 1844 de 2001, mientras que en el recurso de alzada la parte acto ra solicita que este no debe ser tenido en cuenta, toda vez que es un acto de carácter general y abstracto. Lo anterior, lleva a concluir, que el referido cargo indicado en el recurso de apelación no fue planteado ante el juez de primera instancia, por lo tanto, dicho argumento afecta el principio de consonancia.Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)

Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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por Elsa Leonor Parada Ramíre z, para