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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023

Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

Actor: Alexander Calderón Roa Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Referencia: Acción popular

Temas: Solicitud de aclaración de sentencia – se accede parcialmente / solicitud de adición y corrección – se niega.

La Sala procede a resolver la solicitud de aclaración, corrección y adición de la Sentencia del 4 de mayo de 2022 , proferida en segunda instancia dentro del proceso de la referencia.

Contenido. 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

1. Mediante Sentencia del 4 de mayo de 2022, esta Subsección decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 8 de marzo de 2018, proferida por e l Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n. 6, en donde se declaró que hubo violación de los derechos o intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público.

2. La Sente ncia de segunda instancia 1, con sa lvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, resolvió (se trascribe):

la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio público.

2. La Sente ncia de segunda instancia 1, con sa lvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, resolvió (se trascribe):

“(…) CONFIRMAR parcialmente la Sentencia del 8 de marzo de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n. 6, que declaró la violación de los derechos o intereses colecti vos a la moralidad administrativa y a la protección del pa trimonio público pero, únicamente, en lo que respecta a la del derecho o interés colectivo a la defensa del patrimonio público. Por consiguiente, la parte resolutiva de la sentencia será la siguiente:

1 El magistrado Martín Bermúdez Muñoz salvó voto.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

Actor: Alexander Calderón Roa Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros

Referencia: Acción popular

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Primero: DECLARAR que el derecho o interés a la defensa del patrimonio público fue vulnerado por la omisión en la que incurri ó la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito P úblico, respecto d el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995.

Segundo: ORDENAR a la Naci ón – Ministerio de Hacienda y Crédito Público que incluya en el presupuesto gen eral de la Nación, para la próxima vigencia fiscal, una par tida presupuestal equivalente a $138.236.513.444,3493, destinada a la realización efectiva de proyectos

Público que incluya en el presupuesto gen eral de la Nación, para la próxima vigencia fiscal, una par tida presupuestal equivalente a $138.236.513.444,3493, destinada a la realización efectiva de proyectos de inversión d e desarrollo en los municipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somond oco, Garago a, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento d e B oyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarc a. Dichos proyectos no necesariamente deberán beneficiar a tales municipios en idéntica y matemática proporción, sino en considera ción razona da de la importancia de la Central Hidroeléctric a d e Chivor en cad a uno de ellos , d ebido, entre otros aspectos, a l a extensión de la empresa en el territorio de cada municipio y al impacto de la misma en la vida local.

Tercero: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia. Dicho comité est ará integrado por el accionante, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante de la Procuraduría General de la Nación, un representante de la Def ensoría del Pueblo, un representante del Departamento de Boyacá y un represen tante de los muni cipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del

Departamento de Cundinamarca.

Cuarto: DISPONER que la definición de las inversiones d e desarrollo en l a

Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarca.

Cuarto: DISPONER que la definición de las inversiones d e desarrollo en l a zona de influencia de la Centr al Hidroeléctrica de Chivor, conform ada por los municipios indicados en el resuelve segundo, deberán ser coordinadas con los municipios beneficiarios, mediante la intermediación institucional del Departament o d e Boyacá, en v irtud de su función constitucional de coordinación intermunicipal y de intermediación entre la Nación y las entidades territoriales.

Quinto: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – al pago de las costas procesales, en los siguient es términos: los gastos o expens as procesales deberán ser liquidados secretarialmente, por el Tribunal de primera instancia; por concepto de agencias en derecho, se condenará al pago, en favor del accionante, de 6 SMLMV”.

3. El 14 de marzo de 20232, regresó al despacho el expediente físico de la referencia, remitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto de que se resolviera la sol icitud de aclaración presentada el 29 de junio de 2022 por parte del accionante en el proceso d e la referencia. En dicho escrit o, se solicitó que se aclararan l as disposiciones segunda, tercera y cuarta del

resuelve primero de la sentencia así:

2 Índice Samai 131.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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4. Respecto del numeral segund o de la par te resolutiva solicitó que se aclarara (1) que el valor c orresponde a $138.236.513.444 ,3493, más los intereses que se causen conforme con las disposiciones del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. En el escrito se so licitó que, de no encuadrar esta solicitud en la hip ótesis de la aclaración, se l e d iera el trámite de la corrección aritmética. Adicionalmente solicit ó que se indi cara (2) a quién o a quiénes corresponde definir la proporción en que cada municipio debe recibir su beneficio; y cuáles son los términos para establecer dicha definición.

5. Respecto del numeral tercero de la parte resolut iva preguntó si l os municipios beneficiarios de la sentencia deb ían nombrar un representante conjunto o cada municipio deb ía nombrar su representante . Tam bién cuestionó cuáles son las funciones específicas del comité , q uién lo coordinaría, c uándo y c ómo debe ser convocado y a nte quien, y cada cuánto este deberá rendir informe.

6. Respecto del numeral cuarto de la pa rte resolutiva preguntó en qué consistía, e specíficamente, y de acuerdo al alcance de la sentencia, la coordinación e intermediación del Departamento de Boyacá y en qué forma y oportunidad debía o podía hacer seguimiento el comité de verificación de la sentencia, a la definición de las inversiones que propongan o estimen los

coordinación e intermediación del Departamento de Boyacá y en qué forma y oportunidad debía o podía hacer seguimiento el comité de verificación de la sentencia, a la definición de las inversiones que propongan o estimen los municipios beneficiados.

7. Finalmente, el escrito indic ó que existían situaciones que no s e tuvieron en cuenta en la sentenci a y que deb ían ser aclaradas: (1) aseguró que a los municipios beneficiarios de la sentencia les corresp onde determ inar cuáles son sus proyectos para inversión; pero no resulta claro a quién corresponde el manejo y/o administración de dichos dineros, esto es, a quién corresponde la contratación de las obras, su interventoría, los diseños, y todos los demás aspectos asociados a la contratación o administración de los re cursos objeto de la sentencia . Preguntó si los municipios beneficiados con la sentencia, en coordinación, y con la participación del departamento, podían constituir una asociación a través de la cual se ad ministren y ejecuten los recursos obtenidos por la sentencia. Ex plicó que si la ejecución de las obras le corresponde al Gobierno nacional, a través de cualquiera de sus entidades, la tributación (estampillas, tasas, otros) que generan los contratos de las obras a ejecutar no se recibirían por parte de los municipios, quienes perderían una cuantía significativa de recursos que podrían obtener, y que merec ían, toda vez que la Nación omitió durante más de veinticinco años el pago que debía hacer, por lo que, permitir a los municipios beneficiados, en coordinación conRadicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

Actor: Alexander Calderón Roa

hacer, por lo que, permitir a los municipios beneficiados, en coordinación conRadicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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el Departamento de Boyacá, el manej o y administrac ión de estos r ecursos, constituiría una compensación justa, razonable, y necesaria.

8. (2) Conforme con las disposiciones del artículo 34 de la ley 472 de 1998, preguntó c uál e ra el plazo para inici ar el cumplimiento de la sentencia, y cuál e ra el plazo para term inar su ejecuc ión y q ué despacho mantendrá competencia para el seguimiento de la ejecución de la sentencia (el fallador de primera o de segunda instancia).

2. CONSIDERACIONES

9. En virtud del principio constitucional de seguridad jurídica, las sentencias no son revocables ni reformables por el juez que las profirió3 y, sin perjuicio del recurso de reposición, cuando procede, este agota su competencia una vez ha de cidido el asunto. N o obstante, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de qu e el juez las a clare, corrija o adicione, de acuerdo con los artículos 285 a 287 del CGP4.

10. A propósito de la corrección de providencias, el ar tículo 286 del CGP dispone que toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tie mpo,

10. A propósito de la corrección de providencias, el ar tículo 286 del CGP dispone que toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tie mpo, de oficio o a sol icitud de parte y aplica a aquellos casos en los que se hubiera incurrido en errores por omisión o cambio de palabras o alter ación de estas, siempre que est uvieran contenidas en la p arte resolutiva o influyeran en ella.

11. De conformidad con el a rtículo 285 del CGP, las sentencias pueden ser aclaradas, de oficio o a petición de parte, “formulada dentro del término de ejecutoria de la pr ovidencia”, “cuando conten gan conceptos o frases q ue ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén conte nidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.

12. Esta corporación ha precisado que los conceptos o frases que se pueden aclarar “no son los que surgen de dudas de las partes ace rca de las

3 Artículo 285 del Código General del Proceso (CGP). 4 Conviene aclarar que en este cas o es el Código General del Proceso el régimen procesal de integración residual, toda vez que el recurso que aquí se resuelve fue interp uesto con posterioridad al 1 de enero d e 2014, y, en aplicación del Auto de 25 de junio de 2014, radicación 49.299, que dispuso que, para asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Código Gen eral del Proceso entró a re gir de manera plena a partir

aplicación del Auto de 25 de junio de 2014, radicación 49.299, que dispuso que, para asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Código Gen eral del Proceso entró a re gir de manera plena a partir del 1 de e nero de 2014, salvo en los casos donde - con anterioridad a esa fecha -, se hubiese interpuesto recursos, decretado pruebas, convocado audiencias, diligencias iníciales, estuviera corriendo términos, en curso un incidente y surtiéndose una notificación, e n cuyo caso, les será aplicable la norma anterior, teniendo en cuenta la fecha en que inició el respectivo trámite.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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afirmaciones del juez, sino aquella s provenientes de una redacc ión ininteligible o del alcance de un concepto o de fr ases que ofrezca n verdadero motivo de duda, siempre que, como exige el artícul o, estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”5.

13. Por su parte, el artículo 287 del CGP disp one que, “ cuando la sentencia omita resolver sobre cu alquiera de los e xtremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de confor midad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”, esta se debe adicionar, por medio de sent encia complementaria, dictad a de oficio o a p etición de parte, siempre que la solicitud se formule dentro del término de ejecutoria de la providencia objeto

pronunciamiento”, esta se debe adicionar, por medio de sent encia complementaria, dictad a de oficio o a p etición de parte, siempre que la solicitud se formule dentro del término de ejecutoria de la providencia objeto de la petición.

14. Constata la Sala que el escrito presentado por el señ or Calderón Roa contiene solicitudes de aclaraci ón, de corrección aritmética y de adici ón de la sentencia , las que p resuponen e l cumplimie nto del requisito de oportunidad, ya que deben ser presentadas dentro del término de ejecutoria de la sentencia, lo que ocurrió en este caso. En efecto, la sentencia fue notificada el 23 de junio de 20 22, por lo que la ejecutoria corri ó los d ías viernes 24, martes 28 y miércoles 29 de junio, ya que el lunes 27 fue festivo y la solicitud se presentó el último día de la ejecutoria.

15. La solicitud de aclaraci ón del numeral segundo de la parte resolutiva respecto de los interes es que causar ía el monto de la inve rsión que deberá realizarse, no se trata de una duda que surja de una afirmación incluida en la parte resolutiva o en su ratio decidendi sino de cuestiones no abordadas por la sentencia, teniendo en cuenta que no se cond enó al pago de sumas de dinero. Por lo tanto, tal solicitud no responde a las exigencias de la solicitud de aclaraci ón. Tampoco se trata de un error aritmético que r esulte de una operación mate mática o , por ejemplo, de contradicciones entre cifras expresadas numéricamente y con palabras. Por ello, tampoco responde a tal hipótesis.

operación mate mática o , por ejemplo, de contradicciones entre cifras expresadas numéricamente y con palabras. Por ello, tampoco responde a tal hipótesis.

16. También solicitó que se aclara ra a qui én le correspondía definir la proporción en l a que cada munici pio deberá recibir el beneficio y bajo qu é términos. Al respecto, resalta la Sala que la parte resolut iva de las sentencias debe interpretarse de manera conjunta co n l os motivos o fundamentos expresados en la parte de las consideracione s, lo que expli ca que el art ículo 285 del CGP permite la aclaraci ón de expr esiones contenidas en la parte resolutiva “o influyan en e lla”. Es por eso que, de una lectura conjunta de la

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta. auto del 4 de noviembre de 2010, exp. 17461.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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parte motiva de la sentencia, con lo decidido, p uede evidencia rse que la discusión gir aba en torno a l cumplimiento del art ículo 23 de la Ley 226 de 1995, que dispone que quien deber á realizar l as inversio nes es el Gobierno Nacional. Sin embargo, la parte motiva de la sentencia consider ó: “Ahora bien, en atención al modelo constitucional de Estado unitario, pero descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales y en aplicación del p rincipio de coordinación, que rige las relaciones entre la

bien, en atención al modelo constitucional de Estado unitario, pero descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales y en aplicación del p rincipio de coordinación, que rige las relaciones entre la Nación y lo s entes territoriales (artículo 288 de la Constitución), se dispondrá que las i nversiones que deberán realizarse, en cumplimiento de esta sentencia, deberán ser coordinadas con los munic ipios benef iciarios, mediante la intermediación institucional del Depa rtamento de Boyacá, en virtud de su funci ón constitucional de coordinación intermunicipal y de intermediación entre la Nación y las entidades territoriales 6 (artículo 298 de la Constitución)”. Es decir que, no le asiste razón al accionante sobre la solicitud de aclaración, ya que la sentenc ia es clara en afirmar que la definici ón de las inversiones y de la proporci ón del beneficio deber á ser resultado de una coordinación entre la Nación y los munici pios, con la intermediaci ón del departamento. En relación con los t érminos para definir la proporción del beneficio, el numeral segundo de la parte resolutiva es claro al indicar que “Dichos proyectos no necesariamente deberá n beneficiar a tales municipios en idéntica y matemática proporción, sino en consideración razonada de la importancia de la Central Hidroeléctrica de Chivor en cad a uno de ellos , debido, entre otros aspectos, a la extensión de la empresa en el territorio de cada municipio y a l impacto d e la misma en la vida loca l”. Así, no exist en expresiones susceptibles de aclarar.

17. La solicitud de aclaraci ón del numeral tercero de la parte resolutiva

cada municipio y a l impacto d e la misma en la vida loca l”. Así, no exist en expresiones susceptibles de aclarar.

17. La solicitud de aclaraci ón del numeral tercero de la parte resolutiva apunta a señalar que no resulta claro si los distintos municipios deber án nombrar un repre sentante conjunto ante el comit é de verificaci ón o si cada uno de ellos nombraría su propio representante. Al respecto, considera la Sala que le asiste razón al señor Calderón Roa al solici tar la aclaración, ya que la expresión “un representante de los mun icipios de Chivor, Santa María, Macanal, Almeida, Somondoco, Garagoa, San Luis de Gaceno, Miraflores, y Sutatenza, del Departamento de Boyacá y Ubalá, del Departamento de Cundinamarca” es, en efecto, confusa y podr ía dar lugar a ambas interpretaciones. Por lo anterio r, aclara rá la S ala que cada uno de los municipios podrá nombrar, de manera indi vidual, a su representante ante el

6 “De esta manera, la subordinación jerárquica y el contro l de tutela de los departamentos, respect o de los municipios, fueron reemplazados por un esquema en el que el departamento no dirige, no controla y no suplanta la acción municipal sino que, respeta su autonomía; la co mplementa, la coordina y se convierte e n puente de intermediación entre los municipios y el nivel central”: Corte Constitucional, Sentencia C-138/20.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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comité de verificaci ón, sin perjuicio de la posibilidad de nomb rar representantes conjuntos, dentro de su autonomía de gestión.

18. Adicionalmente, formul ó unas preguntas acerca de l funcionamien to del comité: sus funciones, coordinaci ón, fechas de reunión, convocatoria e informe. Estas preguntas no corresponden a frases o e xpresiones gramaticalmente confusas incluidas en la parte r esolutiva o en su ratio decidendi por lo que no es p osible respond er a tales inquietudes que, en realidad, corresponden a las facultades de verificación del cumplimiento propias del tribunal de primera instancia.

19. Respecto del numeral cuarto de la parte resol utiva, en e l escrito se solicitó que se expli cara en qu é cons istía la coordinaci ón e intermediación del Departamento de Bo yacá. Frente a tal solicitud , no corresponden expresiones confusas presentes en la s entencia, sino d udas jurídicas sobre el alcance de la funci ón constitucional de co ordinación e intermediaci ón departamental que no pueden ser absueltas en el contexto de la aclaraci ón de la sentencia pero que, en todo caso, podrían ser absueltas a partir de una lectura sistemática y lógica de la sentencia.

20. También se preguntó en qué forma y oportunidad podría el comité de verificación hacer seguimiento a la definici ón de las inversiones “que propongan o estimen los municipios beneficiados”. Estas inquietudes reiteran

20. También se preguntó en qué forma y oportunidad podría el comité de verificación hacer seguimiento a la definici ón de las inversiones “que propongan o estimen los municipios beneficiados”. Estas inquietudes reiteran las relativas a l funcionamiento concre to del comi té que, c omo se indic ó, corresponden a las facul tades de verificaci ón del cump limiento propias del tribunal de primera instanci a y no a la figura jur ídica de la aclaraci ón de la sentencia.

21. Respecto de las situaciones que no habrían sido tenidas en cuenta por la sentencia se considera que no se trata de dudas frente a lo decidido, sino de aspectos no abordados por la sentencia que no corresponden a ex tremo alguno de la li tis, por lo que no permitirían la adici ón de la sentencia. En efecto, se pr etende que se afirme que son los muni cipios beneficiarios quienes deben determinar cu áles son los proyectos de inversi ón y que la administración o manejo de los recursos y la ejec ución de los proyectos de inversión les corresponde a ellos. Ambas afirmaciones contrarían lo expresado en la sentencia, respecto del cu mplimiento del artículo 23 de la Ley 226 de 1995, que dispone que quien deber á realizar las inver siones e s e l Gobierno Nacional, pero en coordi nación con los munici pios y la intermediaci ón del departamento.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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22. Igualmente se soli citó que se precise cu ál es el plazo para iniciar el cumplimiento de la sentencia y para terminar su ejecuci ón. Al respecto, el numeral segundo de la parte resoluti va de la sentencia indic ó que la partida presupuestal debería ser incluida en la pr óxima vigencia fiscal. La s entencia no fijó un plazo para terminar la ejecuci ón de las obras de inversión, teniendo en cuenta que ello dependía de la complejid ad de ellas, de su planeaci ón, contratación y cronograma de ejecución.

23. Finalmente, se solicitó que se precis ara qué despacho ser á el encargado de la verificaci ón del cum plimiento de la sentencia. A este respecto, se recuerda que la competencia para la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la sentenci a de acc ión popular, incluido lo relativo a la integración y funcionamiento del comité de verificación, le corresponde al juez de la p rimera instancia, en este caso, el Tribunal Administrativo de Boyacá el que, de acuerdo con el artículo 41 , llegado el caso, decidiría la ape rtura y trá mite de un incidente de d esacato. La competencia del juez o tribunal de la primera instancia para la ver ificación del cumplimiento resulta de interpretar que, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, la eventual sanción impuesta por el desa cato deberá ser consul tada ante el superior funcional del Tribunal, en este caso, el Consejo de Estado. Por

del cumplimiento resulta de interpretar que, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, la eventual sanción impuesta por el desa cato deberá ser consul tada ante el superior funcional del Tribunal, en este caso, el Consejo de Estado. Por lo tanto, al haber proferido sentencia dentro del proceso de la referencia, esta Subsección carece de competencia para lo relativo al trámit e de cumplimiento.

24. La Subsección, como consecuencia de las consideraciones expuestas,

3. RESUELVE

PRIMERO: ACLARAR el numeral terc ero de l punto primero de la parte resolutiva de la Sentencia de 4 de mayo de 20 22 proferida por la Subsección B, de la Sección Tercera del C onsejo de Estado en el expediente de la referencia, en el sentido que cada uno de los municipios podrá nombrar, de manera indi vidual, a su representante ante el comité de verificaci ón del cumplimiento, sin perjuicio de la posibilidad de nombrar representan tes conjuntos, dentro de su autonomía de gestión.

SEGUNDO: NEGAR las demás solicitudes de aclaración , corrección y adición, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00105-02

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TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes de la presente provid encia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 292 del CGP y, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 2213 de 2022.

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TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes de la presente provid encia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 292 del CGP y, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 2213 de 2022.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónic amente Firmado electrónicamente

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ Aclara de voto

Firmado Electrónicamente ALBERTO MONTAÑA PLATA Presidente de la Subsección