CE - 150012333000201300438011SENTENCIA20230816124753

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00438-01(63406)

Actor: LUCÍA AFRICANO DE WILCHES Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y OTROS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. JURISPRUDENCIA-Criterio auxiliar de la actividad judicial. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Es procedente para controvertir los actos expresos de reconocimiento de la indemnización derivada de un accidente o enfermedad profesional, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de estos conceptos. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Es procedente para controvertir la responsabilidad del Estado a frente a las relaciones que tiene con sus empleados y trabajadores, cuando el hecho dañino se ha producido con ocasión del desempeño laboral o por situaciones externas y ajenas a éste. PRIVILEGIO DE LO PREVIO-Mecanismo a favor del ciudadano para evitar litigiosidad judicial. INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede para reparar daños provenientes de actos administrativos. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-La demanda no señala los motivos de violación normativa fuente del daño alegado. DOCUMENTO PÚBLICO Y

reparar daños provenientes de actos administrativos. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-La demanda no señala los motivos de violación normativa fuente del daño alegado. DOCUMENTO PÚBLICO Y DOCUMENTO PRIVADO-Regulación CGP. DOCUMENTO AUTÉNTICO CGP-Cuando existe certeza de la persona que lo ha elaborado, suscrito o firmado. DOCUMENTO PRIVADO EMANADO DE TERCEROS CGPPresunción de autenticidad. DOCUMENTO PRIVADO DECLARATIVO CGP-Se aprecia sin necesidad de ratificación, salvo solicitud de parte. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. COSTAS EN CPACA-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia. La Sala, de conformidad con el inciso 3 del artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO Entre 2003 y 2007, Lucía Africano de Wilches, docente del colegio Juan de Jesús Acevedo del Municipio de Chinavita, Boyacá, solicitó al secretario de educación departamental que la reubicara por motivos de salud. Alega falla del servicio porque el Departamento de Boyacá omitió trasladarla.

ANTECEDENTES2

Expediente n”. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wiiches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda

el Departamento de Boyacá omitió trasladarla.

ANTECEDENTES2

Expediente n”. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wiiches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda El 21 de mayo de 2013, Lucía Africano de Wilches y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra el Departamento de Boyacá. Solicitaron 600 SMLMV por perjuicios morales, 200 SMLMV por daño a la salud, $375.804.880 por daño emergente y $213.592.496 por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el 27 de agosto de 2005, Lucía Africano de Wilches, docente del colegio Juan de Jesús Acevedo del municipio de Chinavita, sufrió un accidente y tenía un tumor. La docente solicitó el traslado a otro colegio por motivos de salud, pero el Departamento de Boyacá no accedió. El 8 de julio de 2011, la Fiduprevisora S.A. calificó la pérdida de capacidad laboral de la docente en un 96%. Adujo falla del servicio porque el Departamento de Boyacá omitió trasladarla.

El 30 de septiembre de 2013 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el Departamento de Boyacá alegó ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción, caducidad y ausencia de nexo causal. El 31 de mayo de 2017 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante dijo que probó la falla del servicio por

de la acción, caducidad y ausencia de nexo causal. El 31 de mayo de 2017 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante dijo que probó la falla del servicio por la omisión del deber de traslado. La demandada reiteró lo expuesto y el Ministerio Público guardó silencio. El 23 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia negó las pretensiones, al estimar que la omisión de traslado no fue la causa eficiente de la pérdida de capacidad laboral de Lucía Africano de Wilches. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 4 de diciembre de 2018 y admitido el 22 de febrero de 2019. Esgrimió que el Tribunal apreció de manera errónea el nexo causal y el daño no se produjo en un solo hecho, sino que fue de tracto sucesivo. El 5 de abril de 2019 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, según el cual resuelve los recursos de

acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $294.750.000, Acción procedente

2. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa es el idóneo para reclamar los perjuicios ocasionados por la omisión en el deber de reubicar a un trabajador que tiene una incapacidad laboral permanente. tl. Análisis de la Sala

3. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 328 CGP.

4. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.

5. El artículo 230 CN prevé que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial. De allí que, a diferencia de la ley —revestida de carácter obligatorio y vinculante (art. 4 CC)., la jurisprudencia sirve de pauta y guía para ilustrar el criterio de aplicación o interpretación de los preceptos que gobiernan un caso, sin que ello

vinculante (art. 4 CC)., la jurisprudencia sirve de pauta y guía para ilustrar el criterio de aplicación o interpretación de los preceptos que gobiernan un caso, sin que ello signifique que, por sí sola, constituye un mandato inobjetable para el juez. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2013, $589.500, por 500.4 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda Recuérdese que como nuestro ordenamiento es legislado, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia, no es posible trasplantar figuras propias de un sistema del common law, para darle un valor normativo que no tiene.

6. Con esa perspectiva, la Sala reconoce y ha aplicado el criterio según el cual la acción de reparación procede para reclamar los daños sufridos por los empleados públicos y trabajadores oficiales, cuando la causa de estos es imputable a la entidad, con independencia que el hecho se haya producido con ocasión del desempeño laboral o de situaciones externas y ajenas a este?. También reconoce que la modificación o rectificación de jurisprudencia es connatural a la administración de justicia, pero tal variación tiene límite en la necesidad de salvaguardar la igualdad en la aplicación del derecho y la seguridad jurídica. Sin perjuicio de ello, la modificación o rectificación de un criterio jurisprudencial no tiene el mismo alcance que una modificación legal, pues esta última sí es un referente obligatorio para el juez en sus decisiones, mientras que la jurisprudencia es uno de los criterios que auxilian el cumplimiento de la actividad judicial.

Ahora bien, esta sentencia no tiene por objeto rectificar el criterio de la Sección

obligatorio para el juez en sus decisiones, mientras que la jurisprudencia es uno de los criterios que auxilian el cumplimiento de la actividad judicial. Ahora bien, esta sentencia no tiene por objeto rectificar el criterio de la Sección Tercera, en relación con la procedencia de esta acción. No obstante, con base en las serias y motivadas razones que se pasan a exponer, se aparta del mismo. La Sección Tercera admite la procedencia de la acción de reparación directa, con fundamento en que la fuente de la obligación que reclama el servidor, en cada caso, es distinta. Cuando la fuente del daño imputable a una entidad es el contrato de trabajo o la relación legal y reglamentaria entre el servidor y la entidad estatal, se admite la reclamación ante el juez laboral ordinario o administrativo. Si la fuente del daño es la acción u omisión de las autoridades públicas —que ocasionó perjuicios al servidor, sus causahabientes o sucesores—, se considera admisible la acción de reparación directa. De ahí que se haya aceptado la reclamación: (i) del trabajador oficial o sus causahabientes para obtener una indemnización plena, ante la jurisdicción ordinaria laboral, con fundamento en la culpa del patrono; (1i) del empleado público o sus causahabientes para reclamar un monto mayor a la indemnización preestablecida, ante la jurisdicción contenciosa, en ejercicio de la 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 15.967 [fundamento

indemnización preestablecida, ante la jurisdicción contenciosa, en ejercicio de la 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 15.967 [fundamento jurídico 3.2.1] en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 625-628, disponible en https //bit.ly/3ajiduK.5 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda acción de nulidad y restablecimiento del derecho y (iii) del trabajador oficial, empleado público o sus causahabientes para reclamar la indemnización de perjuicios por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que ejecuten actividades por cuenta de estas, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en ejercicio de la acción de reparación directa.

Sin embargo, admitir que procede la acción de reparación cuando por acción u omisión de una entidad, en su calidad de empleador, ocurre un daño por una omisión de traslado y esta se vea obligada a indemnizar al trabajador o empleado, en ejercicio de esta acción, desconoce la existencia de la relación laboral, legal o reglamentaria que los vincula. El empleado o trabajador víctima de un daño, puede formular solicitudes a su empleador para obtener el reconocimiento de los perjuicios que pretende le sean reconocidos y que se derivan de una omisión de traslado y este podrá acceder o negar esta solicitud. Lo anterior en virtud de la relación que vincula al empleado público o trabajador oficial con determinada entidad.

7. La Administración cuenta con el denominado «privilegio de lo previo», que más

este podrá acceder o negar esta solicitud. Lo anterior en virtud de la relación que vincula al empleado público o trabajador oficial con determinada entidad.

7. La Administración cuenta con el denominado «privilegio de lo previo», que más que una prerrogativa a favor de la Administración debe ser entendido como un mecanismo a favor del ciudadano, pues está concebido para evitar en lo posible la controversia judicial. En caso de negativa o ante el silencio de la Administración, la persona podrá acudir a la jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 CPACA?. De modo que, los empleados deberán presentar ante su empleador, la respectiva reclamación —por perjuicios derivados de presuntas conductas constitutivas de acoso laboral-, si la solicitud es negada, interponer los recursos necesarios para agotar la vía gubernativa y, si es el caso, formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto o los actos administrativos correspondientes ante la jurisdicción contencioso administrativa.

8. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo (artículo 90 CN y 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2016, Rad. n. 28741 [fundamento jurídico 8] con aclaración de voto y auto del 19 de mayo de 2019, Rad. n”. 59136 [fundamento jurídico 3].6

Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros

jurídico 8] con aclaración de voto y auto del 19 de mayo de 2019, Rad. n”. 59136 [fundamento jurídico 3].6 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda artículo 86 CCA, hoy artículo 140 CPACA).

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la idónea para impugnar la legalidad de un acto administrativo cuando se estime que este ha lesionado un derecho contenido en una norma jurídica, su consecuente restablecimiento del derecho y también para solicitar que se reparen los perjuicios causados con el acto (artículo 85 CCA, hoy artículo 138 CPACA). La acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho comparten una naturaleza indemnizatoria, pero difieren en cuanto a la fuente que genera el daño, que supone una distinta formulación de las pretensiones y un término diverso de caducidad. Si el daño tiene origen en un acto administrativo, por regla general, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que, si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación administrativa, la responsabilidad de la administración se debe perseguir a través de la acción de reparación directa!.

9. Según la demanda, el Departamento de Boyacá incurrió en falla del servicio, al omitir trasladar a la docente Lucía Africano de Wilches, del colegio Juan de Jesús Acevedo del municipio de Chinavita a otro, por motivos de salud. Afirmó que el 27 de agosto de 2005, sufrió un accidente, tenía un tumor y solicitó el traslado, pero el Departamento nunca accedió.

Acevedo del municipio de Chinavita a otro, por motivos de salud. Afirmó que el 27 de agosto de 2005, sufrió un accidente, tenía un tumor y solicitó el traslado, pero el Departamento nunca accedió.

10. Según el artículo 244 CGP, los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, es decir, existe certeza sobre la persona que los ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con los artículos 269 a 272 CGP.

Además, la parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos se clasifican en (í) representativos, cuando sin plasmar narraciones Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjiduK.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de junio de 1994, Rad. 9.589 [fundamento jurídico b] y sentencia del 27 de abril de 2011, Rad. 19.846 [fundamento jurídico 1.2.1].7 Expediente n”. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda o declaraciones, contienen imágenes, como las fotografías, pinturas, dibujos, etc.;

(ii) declarativos, cuando contienen un testimonio o una declaración de hombre y; (1) dispositivos, cuando contienen una declaración constitutiva o de carácter negocial encaminada a producir un efecto jurídico. Esta clasificación importa para otorgar valor probatorio a un documento, pues la ley procesal civil tiene exigencias diferentes según el tipo de documento. En efecto, los documentos privados, de contenido declarativo y emanados de terceros, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación, según el artículo 262 CGP. El mérito probatorio de los documentos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art. 176 CGP). 10.1. Obra en el expediente copia simple de la comunicación del 9 de julio de 2003, suscrita por Lucía Africano de Wilches. Conforme al documento, Africano solicitó a la Secretaría de Educación de Boyacá el traslado del colegio Juan de Jesús Acevedo de Chinavita, para una institución educativa en «los alrededores de Tunja» (f. 41 c. 1).

la Secretaría de Educación de Boyacá el traslado del colegio Juan de Jesús Acevedo de Chinavita, para una institución educativa en «los alrededores de Tunja» (f. 41 c. 1). 10.2. Obra en el expediente original de la comunicación del 12 de febrero de 2004, suscrita por Lucía Africano de Wilches a la Secretaría de Educación de Boyacá. Según el documento, la docente solicitó que le reconocieran la «prima rural» por su trabajo en el colegio Juan de Jesús Acevedo, en el área rural del municipio de Chinavita (f. 42 c. 1). 10.3. Obra en el expediente original de la comunicación del 30 de agosto de 2004, suscrita por Lucía Africano de Wilches al gobernador de Boyacá. Conforme al documento, la docente solicitó la reubicación del colegio Juan de Jesús Acevedo (f. 43 y 44 c. 1). 10.4. Obra en el expediente copia simple de las comunicaciones del 8 de mayo y 4 de octubre de 2006, suscritas por Lucía Africano de Wilches al secretario de educación de Boyacá. Según los documentos, Africano solicitó la reubicación del colegio Juan de Jesús Acevedo del municipio de Chinavita, por motivos de salud (f. 45 a48c. 1). 10.5. Obra en el expediente original del concepto de medicina laboral del 4 de8 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda octubre de 2006, suscrito por un especialista en salud ocupacional de la empresa Colombiana de Salud S.A. Conforme al concepto, el profesional recomendó la

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda octubre de 2006, suscrito por un especialista en salud ocupacional de la empresa Colombiana de Salud S.A. Conforme al concepto, el profesional recomendó la reubicación laboral de Lucía Africano de Wilches (f. 38 c. 1). 10.6. Obra en el expediente copia simple de las comunicaciones del 8 de marzo y 17 de octubre de 2007, suscritas por Lucia Africano de Wilches al secretario de educación de Boyacá. Conforme a los documentos, la docente solicitó la reubicación del colegio Juan de Jesús Acevedo del municipio de Chinavita, por motivos de salud

(f. 49a51c. 1). Estos documentos son privados y se presumen auténticos, pues existe certeza de las personas que los elaboraron o firmaron. Esta presunción no se desvirtuó, pues las partes no los tacharon de falsos ni los desconocieron. Como son documentos de contenido declarativo, se valorarán sin necesidad de ratificación, pues la parte contraria no la solicitó.

11. Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 269 CGP. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 176 CGP.

los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 176 CGP. 11.1. Obra en el expediente copia simple de la Resolución n. 2134 del 19 de diciembre de 2000 de la Secretaria de Educación de Boyacá. Conforme al documento, la entidad trasladó a la docente Lucía Africano de Wilches al colegio de educación básica Juan de Jesús Acevedo, en el municipio de Chinavita (f. 209 c. 1). 11.2. Obra en el expediente copia simple del oficio n. TH-9007 del 23 de octubre de 2007, de la secretaría de educación de Boyacá. Según el documento, la entidad informó a Lucía Africano de Wilches que su solicitud de traslado de colegio fue incluida para el estudio de reubicación por salud, una vez existiera la vacante que cumpliera las condiciones solicitadas en el concepto médico laboral (f. 176 c. 1). 11.3. Obra en el expediente copia auténtica del formulario de La Fiduprevisora S.A.9 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda del 8 de julio de 2011. Conforme al documento, la entidad calificó la pérdida de capacidad laboral de Lucía Africano de Wilches en 96% (f. 35 y 36 c. 1). 11.4. Obra en el expediente copia simple de la Resolución n. 003382 del 18 de julio de 2011 de la Secretaría de Educación de Boyacá. Conforme al documento, la

11.4. Obra en el expediente copia simple de la Resolución n. 003382 del 18 de julio de 2011 de la Secretaría de Educación de Boyacá. Conforme al documento, la entidad retiró del servicio activo a Lucía Africano de Wilches, desde el 8 de julio de 2011, por pérdida de capacidad laboral del 96% (f. 179 c. 1). Estos documentos son públicos, pues fueron otorgados por los funcionarios encargados de la gestión de los docentes del departamento y de calificar la pérdida de capacidad laboral. Se presumen auténticos porque se tiene certeza de las personas que los elaboraron y las partes no los tacharon de falsos, ni los desconocieron (art. 269 CGP).

12. Conforme a las pruebas, en diciembre del 2000, la Secretaría de Educación de Boyacá asignó a Lucía Africano de Wilches como docente en el colegio Juan de Jesús Acevedo, en el municipio de Chinavita. Desde julio de 2003 hasta octubre 2007, la docente solicitó el traslado, por motivos de salud, a algún colegio cerca a Tunja, según recomendación de un especialista en salud ocupacional. La entidad le informó que estudiaría la solicitud, una vez existiera una vacante que cumpliera las condiciones establecidas en el concepto médico laboral que recomendó el traslado.

Lucía Africano de Wilches tenía una pérdida de capacidad laboral del 96% y la entidad la retiró del servicio en julio de 2011. Los demandantes debieron, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 CCA, hoy art. 138 CPACA, demandar el acto administrativo producto de la respuesta negativa o del silencio de la Administración

Los demandantes debieron, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 CCA, hoy art. 138 CPACA, demandar el acto administrativo producto de la respuesta negativa o del silencio de la Administración frente a una solicitud de reconocimiento de los perjuicios derivados de la omisión en trasladar a Lucía Africano de Wilches del colegio Juan de Jesús Acevedo. Lo anterior, por cuanto el contencioso de restablecimiento o nulidad resarcitoria tiene por finalidad asegurar la regularidad de la actuación administrativa y la protección de un derecho subjetivo vulnerado por el acto y, como ya se indicó, no hay lugar a reclamar directamente ante la jurisdicción un derecho derivado de una omisión de traslado, cuando no se ha reclamado previamente ante la Administración. La Sala10 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda reitera que la acción de reparación directa no puede interponerse sin límitef, ni restar —por su uso indiscriminado— eficacia a las demás acciones contenciosas.

13. El artículo 137.4 CCA, hoy art. 162.4 CPACA, dispone, además, que toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberá contener, cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, las normas violadas y la explicación del concepto de la violación. La ausencia de este requisito impide un pronunciamiento sobre el particular, pues el juez, al desconocer las razones de la supuesta violación normativa de los actos administrativos demandados, no puede suplir la inactividad procesal del demandante sobre este punto”. La Corte

pronunciamiento sobre el particular, pues el juez, al desconocer las razones de la supuesta violación normativa de los actos administrativos demandados, no puede suplir la inactividad procesal del demandante sobre este punto”. La Corte Constitucional —al declarar la exequibilidad del artículo 137.4 CCAconcluyó que si el acto administrativo, como expresión de la voluntad de la Administración, se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien alega su ilegalidad la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma?. La parte demandante, como formuló la acción de reparación directa, no señaló de forma precisa las normas violadas, ni explicó el concepto de la violación de esos preceptos para controvertir la validez de los actos. La demanda expuso, de manera general, la omisión del Departamento de Boyacá en trasladar a Lucía Africano de Wilches y el daño a la salud que sufrió por la presunta omisión de la Administración. Esa circunstancia impide un pronunciamiento de fondo. En tal virtud, se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda. Por ello, la Sala revocará la decisión de primera instancia.

14. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo n. 1887 de 2003 del Consejo

se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo n. 1887 de 2003 del Consejo 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad. 27.422 [fundamento jurídico 2] y sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad. 15.652 [fundamento jurídico 11], con salvamento de voto. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2021, Rad. 55608 [fundamento jurídico 5], con votos particulares. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de agosto de 2003, Rad. 12857 [fundamento jurídico 31. $ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999 [fundamento jurídico 2.2].11 Expediente n. 63.406

Demandante: Lucía Africano de Wilches y otros Declara ineptitud sustantiva de la demanda Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda — hoy Acuerdo n”. 10554 de 2016-, las agencias en derecho se tasarán en el 0.1% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $1.060.997.376, la demandante pagará la suma de $1.060.997 por concepto de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

concepto de agencias en derecho. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: REVÓCASE la sentencia del 23 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la parte demandante a pagar a favor del Departamento de Boyacá las costas del proceso y FÍJAS