CE - 150012333000201400100011SENTENCIA20230727094132

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01 (2240 -2015).

Demandante: Norelia Inés Reyes Peñaloza Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 16 de marzo de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá 1, que negó las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones de la demanda. 2

2. Norelia Inés Reyes Peñaloza , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 21171 de 4

2.1. Pretensiones de la demanda. 2

2. Norelia Inés Reyes Peñaloza , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 21171 de 4 de junio de 2009, RDP 011344 de 8 de marzo de 2013 y 010099 de

1 Con ponencia del Magistrado Fabio Iván Afanador García. 2 Folios 3 a 15 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 11 de marzo de 2005 3, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Socia l y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se resolvió el recurso de reposición de forma negativa.

3. Como restablecimiento del derecho, pidió ordenar a la UGPP a conceder la pensión gracia, en cuantía de $ 1373.049 efectiva a partir del 21 de agosto de 2003, fecha de adquisición del estatus pensional , debidamente indexados , aplicando el índ ice de precios al consumidor desde el momento en que se dé el reconocimiento de la pensión hasta el pago efectivo de la misma y finalmente, que se

pensional , debidamente indexados , aplicando el índ ice de precios al consumidor desde el momento en que se dé el reconocimiento de la pensión hasta el pago efectivo de la misma y finalmente, que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y s.s. del CPACA.

2.2. Hechos que fundamentan la demanda.

4. La señora Norelia Inés Reyes Peñaloza nació el 21 de agosto de 1953 , por lo que el 21 de agosto de 2003 cumplió 50 años de edad .

5. Prestó sus servicios como docente nacionalizada en el departamento de Boyacá, desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 23 de marzo de 1981.

6. Posteriormente se vinculó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Instituto Técnico Rafael Reyes , mediante Resolución 084 de 16 de febrero de 1981 hasta el 30 de enero de 2010, en los niveles preescolar, básic a y media, por lo que no se trata de una docente universitaria.

7. Señaló que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -, petición que fue resuelta de manera negativa con la Resolución 21171 de 4 de junio de 2009, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición.

8. La entidad, a través de la Resolución RDP 011344 de 8 de marzo de 2013 reso lvió el recurso interpuesto, confirmando la decisión inicial.

recurso de reposición.

8. La entidad, a través de la Resolución RDP 011344 de 8 de marzo de 2013 reso lvió el recurso interpuesto, confirmando la decisión inicial.

3 Acto integrado en la audiencia inicial celebrada el 21 de agosto de 2014 ( f. 81 y s.s.)Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 2.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

9. Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada violó las siguientes disposiciones normativas: artículos 2.° , 6.°, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, 1.° y 5.° de la Ley 114 de 1913; 1.° a 5.° de la Ley 116 de 1928, 6.° de la Ley 37 de 1933 y las Leyes 43 de 1975 y 91 de 1989 .

10. Sostuvo que el derecho a la pensión gracia lo tienen todos los docentes que ejercieron su labor a nivel municipal, departamental o de carácter nacional que estaban sometidos al proceso de nacionalización de la educación, como en su caso concreto , porque fue nombrada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumple con el requisito establecido en la Ley 91 de 1989.

nacionalización de la educación, como en su caso concreto , porque fue nombrada antes del 31 de diciembre de 1980 y cumple con el requisito establecido en la Ley 91 de 1989.

11. Además, su nombramiento con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Instituto Técnico Rafael Reyes , no fue en calidad de docente universitaria, sino como docente nacionalizada, con lo cual acre ditó la totalidad de los requisitos exigidos en la norma el 21 de agosto de 2003, cuando cumplió los 50 años de edad.

12. Finalmente indicó que se incurrió en falsa motivación porque los tiempos acreditados por la demandante sí son v álidos para el reconoc imiento de la pensión gracia.

2.4. Contestación de la demanda 4.

13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 5, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

14. Señaló que los tiempos de servicio de la señora Reyes Peñaloza fueron de carácter nacional, debido a su vinculación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Instituto Técnico Rafael Reyes, por lo que no cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia.

15. Sumado a lo anterior, propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, inexistencia de la vulneración de

4 Folios 60 y s.s. 5 Folios 66 a 75 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo

15. Sumado a lo anterior, propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, inexistencia de la vulneración de

4 Folios 60 y s.s. 5 Folios 66 a 75 del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 principios c onstitucionales y legales y la de prescripción de las mesadas .

2.5. Sentencia de primera instancia 6

16. En sentencia de 16 de marzo de 2015 , el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

17. En principio indicó que la accionante cumplió el requisito de acreditar una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docen te territorial o nacionalizad a; esto de acuerdo con las certificaciones de tiempos de servicio allegada s por la Secretaría de Educación de Boyacá , en donde consta que fue docente en secundaria con vinculación nacionalizada en el Colegio Departamental Mixto del municipio de Panqueba , donde laboró desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 23 de marzo de 1981.

18. Sin embargo, la vinculación correspondiente al periodo comprendido entre el 1.° de febrero de 1981 al 30 de enero de 2010

desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 23 de marzo de 1981.

18. Sin embargo, la vinculación correspondiente al periodo comprendido entre el 1.° de febrero de 1981 al 30 de enero de 2010 no podía ser incluida como quiera que el Colegio Técnico Rafael Reyes se encontraba adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, entidad empleadora de la demandante y que fue creada a través del Decreto 2655 de 10 de octubre de 1953 como un ente universitario autó nomo , nacional y público cuyo sostenimiento depende del presupuesto nacional.

19. Sin embargo, explicó qu e los docentes del Colegio Rafael Reyes no tenían la calidad de docente s universitario s toda vez que su ascenso en el escalafón docente lo realizaba la Secretaría de Educación de Boyacá – Junta Departamental de Escalafón, de conformidad con el Decreto 2277 de 1979, además tenían un régimen salarial y prestacional diferente al de los profesores de la

UPTC.

20. Luego, a través del Acuerdo 033 de 15 de julio de 2004 se reestructuró y organizó el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, en donde se indicó que es una unidad de docencia cuyo representante legal es el rector de la universidad ; además allí se indicó que la provisión de los cargos será competencia del rector de la UPTC comoquiera que el instituto se encuentra adscrito al centro universitario.

6 Folios 182 y s.s. del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

6 Folios 182 y s.s. del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

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21. En consecuencia , estimó que el tiempo durante el cual la demandante se desempeñó co mo docente en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia , fue de carácter nacional y , por ende , no le asistía a derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

22. Por lo anterior negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida fijando como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda.

2.6. Recurso de apelación. 7

23. El apoderado de la señora Norelia Inés Reyes Peñaloza insistió en que aquella ostentó una vinculación de carácter departamental anterior al 31 de diciembre de 1980 y con posterioridad acreditó tiempos nacionalizados a partir del 16 de febrero en 1981 cuando se desempeñó en el Instituto Té cnico Rafael Reyes de Duitama.

24. Al efecto estimó que la demandante se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con lo establecido con la Ley 91 de 1989, además su

24. Al efecto estimó que la demandante se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con lo establecido con la Ley 91 de 1989, además su vinculación , de acuerdo con las certif icaciones allegadas a folios 144 y 145 , demuestran que se trató de una docente nacionalizada.

25. En virtud del principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos y garantías establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política debe acc ederse a las pretensiones de la demanda pues reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión gra cia ; además , el que se haya vinculado al Instituto Técnico Rafael Reyes y que haya sido nombrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no le hace perder su carácter de docente.

26. Finalmente indicó que no recibirá dos pensiones por parte del tesoro tod a vez que la pensión gracia se paga por parte de la UGPP y su pensión de jubilación por parte de l Fondo de Prestaciones

Sociales del Magisterio.

27. En lo demás reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

7 Folios 201 y s.s. del expediente.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 2.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 2.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

2.7.1. La parte demandante 8 reiteró los argumentos presentados con el recurso de apelación e indicó que de las pruebas obrantes en el proceso es posible inferir que la señora Reyes Peñaloza cumplió con el requisito de 20 años de servicio como docente nacionalizada, el cual es indispensable para el reconocimiento pensional.

2.7.2. Por su parte la UGPP y el Ministerio Público guardaron silencio 9.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

28. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

29. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la competencia del juez de segunda instancia está circunscri ta a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la referencia, se observa que únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el mencionado recurso .

3.2. Cuestión previa.

30. Conforme al memorial visible en el índice 48 de la plataforma SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición en contra del auto del 26 de octubre de 2022 (f. 389

8 Folio 3 30 y s.s.

SAMAI, se observa que el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición en contra del auto del 26 de octubre de 2022 (f. 389

8 Folio 3 30 y s.s. 9 De conformidad con informe secretarial que obra a folio 339. 10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, e n los casos previstos por la ley.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 y s.s.) , mediante el cual, esta Sala resolvió no avocar conoc imiento de la solicitud de unificación presentada por dicha entidad.

31. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que en el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, se dispuso que el recurso de reposición proce de contra todos

los autos, salvo norma legal en contrario, así:

«ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto

2021, se dispuso que el recurso de reposición proce de contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, así:

«ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Códig o General del Proceso.»

32. Por su parte, el artículo 271 del CPACA, modificado por el

artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, dispuso:

«ARTÍCULO 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

[...]

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

[…]».

33. En esos términos, en lo que corresponde a la decisión que resuelve una solicitud de unificación, el legislador expresamente previó que no era susceptible de recursos, por ende, prevalece esta norma especial en cuanto a la improcedencia de los mismos.

34. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el auto que resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de unificación no es pasible del recurso de reposición, por lo que esa petición resulta improcedente.

35. Finalmente, es necesario resaltar que esta S ala 12 en otras oportunidades, en casos como el presente, ha sostenido que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y en tratándose de controv ersias

oportunidades, en casos como el presente, ha sostenido que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y en tratándose de controv ersias relacionadas con asuntos pensionales, es razonable entender que involucran a muchas personas de la tercera edad.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Radicado 54001233100020110027201 (0551 -2019).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

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36. Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convenci ón Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores». Se destaca de dicha norma el artículo 4, literal c), en el que se estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legislativas, administrativas, jud iciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos», por lo que la presente medida se acompasa con tal contenido 13.

índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos», por lo que la presente medida se acompasa con tal contenido 13.

3.3. Problema jurídico

37. Considera esta Sala de Subsección, que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer si ¿Norelia Inés Reyes Peñaloza , en su calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia ?

3.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

3.4.1. La pensión gracia

38. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.° de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

39. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docen tes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años

consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

13 En el presente caso, el demandante es una persona de la tercera de edad, pues nació el 21 de ago sto de 1953 , es decir, que para la fecha tendría más de 65 años de edad.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

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40. Posteriormente, el artículo 6.° de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo

en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

41. Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubier en completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

42. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.° , distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y

«nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero

con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

43. El numeral 2.° del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al

establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posteriorid ad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modif icado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social

de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con laNulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

44. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter terri torial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia

en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuand o cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 14

45. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 15 previó las

sig uientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a

Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regional es no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta fac tible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fisc al — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i)

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Ed ucación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuent ra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la

es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácte r territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas — situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

46. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CES2 -2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.° , literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, la siguiente :Nulidad y r establecimiento del der echo

del artículo 15, numeral 2.° , literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, la siguiente :Nulidad y r establecimiento del der echo Radicado : 15001 -23 -33 -000 -2014 -00100 -01

Dem andante: Norelia Inés Reyes Peñaloza .

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 «Los docentes pueden acced er a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconoci miento». 16

47. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivo