CE - 15001233300020140056401120231019133416

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00564-01

Interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437 de 2011

Tema: Aplicación del control de convencionalidad a sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta por la PGN a servidor elegido democráticamente. Restricción de derechos políticos, principios de jurisdiccionalidad, favorabilidad y garantías judiciales. Aplicación del principio de igualdad y protección judicial.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de julio de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La demanda

2. En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Carlos Humberto Alfonso , por conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y condenas:

Pretensiones

3. La nulidad de las decisiones proferidas el 18 de septiembre y 30 de noviembre

apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y condenas:

Pretensiones

3. La nulidad de las decisiones proferidas el 18 de septiembre y 30 de noviembre del 2012, a través de las cuales (i) se declaró al señor Carlos Humberto Alfonso responsable disciplinariamente; siendo sancionado con destitución del cargo de alcalde municipal de Miraflores - Boyacá, e inhabili dad general para ejercer funciones públicas por 10 años y 3 meses: y (ii) se resolvió un recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.Radicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

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4. A título de restablecimiento del derecho, que se declare que el demandante tiene derecho a la anulación de la destitución del cargo de alcalde municipal de Miraflores e inhabilidad general por diez años y tres meses, por prescripción del cargo endilgado y, como consecuencia de tales declaraciones , se condene a la entidad accionada: i) al reconocimiento y pago de los perjuicios morales estimados en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, como perjuicios materiales: lucro cesante po r terminación de contrato de prestación de servicios por un valor $2.566.000; daño emergente consistente en los gastos y obligaciones de su núcleo familiar; y la indexación de los honorarios dejados de percibir con ocasión del contrato No. 002597 ; ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los

familiar; y la indexación de los honorarios dejados de percibir con ocasión del contrato No. 002597 ; ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) condenar en costas y gastos; iv) retirar de la hoja de vida del actor , o de los registros que de estos aparezcan, los motivos de la destitución impuesta; y v) que la sentencia se comunique a la oficina de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, para que se retire de los registros el antecedente disciplinario1.

5. Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

6. Señala que el 9 de octubre de 2007 la Veeduría Municipal y la Comunidad de Miraflores - Boyacá instauraron queja ante la Procuraduría Provincial de Tunja, por presuntas irregularidades en el contrato No. 006 del 30 de mayo de 2007, celebrado por el municipio de Miraflores con el señor Héctor Pablo Barreto Luna.

7. Manifiesta que , el 25 de febrero de 2010 , la Procuraduría Provincial de Tunja dispuso la apertura de indagación preliminar contra el actor , en su condición de alcalde del municipio de Miraflores , y los demás responsables , por las presuntas irregularidades del contrato de obra que tenía como objeto la construcción de una

cubierta en el lote de banco de maquinaria, primera etapa, ubicado en la calle 6 con carrera 9 en el municipio de Miraflores.

8. Indica que, a través de los autos del 18 de junio de 2009, 25 de febrero de 2010 y 19 de agosto de 2010, se ordenó indagación preliminar por los hechos

carrera 9 en el municipio de Miraflores.

8. Indica que, a través de los autos del 18 de junio de 2009, 25 de febrero de 2010 y 19 de agosto de 2010, se ordenó indagación preliminar por los hechos relacionados con el contrato de obra No. 006 del 30 de mayo de 2007.

9. Menciona que, por auto del 16 de noviembre de 2010, la Procuraduría Provincial

1 Folios 648 al 649 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

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3 de Tunja orden ó la apertura de investigación disciplinaria contra el demandante, decisión notificada por edicto el 7 de diciembre de 2010.

10. Narra que el 09 de febrero de 2011, la Procuraduría Provincial de Tunja ordenó nuevas pruebas en la investigación disciplinar ia, entre ellas una inspección ocular con asistencia de ingeniero - perito. El 20 de mayo de 2011 se corrió traslado del dictamen pericial, frente al cual el demandante , el 30 de mayo de 2011 , solicitó aclaración y ampliación. El 15 de julio de 2011 la Procuraduría ordenó el cierre de la investigación.

11. Que e l 6 de octubre de 2011 se formularon cargos contra el señor Carlos Humberto Alfonso , en calidad de alcalde del municipio de Miraflores y contra el Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio, por irregularidades en el

11. Que e l 6 de octubre de 2011 se formularon cargos contra el señor Carlos Humberto Alfonso , en calidad de alcalde del municipio de Miraflores y contra el Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio, por irregularidades en el contrato 006 de 30 de mayo de 2007 , para construcción de una cubierta en el lote de banco de maquinaria.

12. El 26 de octubre, el actor presentó descargos y solicitó la práctica de pruebas.

13. Mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2011, la Procuraduría Provincial de Tunja res olvió sobre las solicitudes de pruebas presentadas en los descargos, decretó y negó pruebas dentro del proceso. Posteriormente, y luego de recaudado el material probatorio, dispuso el cierre de la investigación y ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

14. Refiere que, el 18 de septiembre de 2012, la Procuraduría Provincial de Tunja profirió fallo de primera instancia.

15. Contra dicha decisión, el 25 de septiembre de 2012, el disciplinado interpuso recurso de apelación, en el cual, además de cuestionar la valoración probatoria efectuada en el fallo, consideró que se había transgredido el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé el derecho al debido proceso, como garantía no solo en el ámbito judicial sino administrativo y , en concreto, en el disciplinario. Señaló que Colombia hacía parte de la CADH , que tal instrumento forma parte del bloque de constitucionalidad y que es obligatorio en el orden interno, para lo cual se ha previsto el control de convencionalidad, conforme

concreto, en el disciplinario. Señaló que Colombia hacía parte de la CADH , que tal instrumento forma parte del bloque de constitucionalidad y que es obligatorio en el orden interno, para lo cual se ha previsto el control de convencionalidad, conforme lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia.Radicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

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16. El recurso de apelación fue decidido el 30 de noviembre de 2012, en el sentido de confirmar la decisión de primera instancia2.

Normas violadas y concepto de violación

17. Como normas violadas, el demandante citó las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 29, 83, 93, 121 y 123. De la Ley 734 de 2002, los artículos 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 34, 48, 90, 91. Del CPACA los artículos 138 y 149. De la Ley 74 de 1968, los artículos 2 y 14. De la Ley 16 de 1972, los artículos 1, 8 y 24.

18. El accionante consideró que las actuaciones desplegadas por la Procuraduría se encuentran v iciadas de nulidad, pues con ellas se vulneró el debido proceso, porque no se garantizó el derecho a la defensa ni a la contradicción. Que se

18. El accionante consideró que las actuaciones desplegadas por la Procuraduría se encuentran v iciadas de nulidad, pues con ellas se vulneró el debido proceso, porque no se garantizó el derecho a la defensa ni a la contradicción. Que se desconoció el principio de legalidad, pues la sanción se impuso de forma desproporcionada e injusta, sin considerar que no tenía antecedentes disciplinarios, y que la función a su cargo no se afectó ni se puso en peligro.

19. Alegó que las decisiones de primera y segunda instancia se profirieron cuando ya se había configurado la prescripción de la acción disciplinaria.

20. Indicó que se violaron las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto se aplicó el criterio de responsabilidad objetiva, se inobservó la presunción de inocencia, la cual no fue desvirtuada, pues se presumió el dolo y no se tuvo en cuenta la versión del disciplinado.

21. En la misma línea , señaló que se viol aron los artículos 1, 8.1, 8.2 literales b ) y d) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, del cual hace parte Colombia, conforme con la Ley 16 de 1972, y respecto de la cual el Estado adquirió el compromiso de hacer respetar los derechos y libertades como el trabajo, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la igualdad, las garantías judiciales aplicables al proceso disciplinario; la

2 Folios 649 al 651 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

2 Folios 649 al 651 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

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5 garantía de ser oído por un tribunal imparcial, el que le debe comunicar detalladamente la acusación formulada. Se desconoció la defensa del procesado y se enmarcó la conducta en un presunto detrimento patrimonial del municipio, que no fue probado por la Procuraduría Provincial de Tunja.

22. Adujo que el material probatorio no fue analizado a la luz de la sana crítica, toda vez que se omitió la valoración de algunos medios probatorios que demuestran la ausencia de responsabilidad del demandante.

23. Asimismo, manifestó que la realidad procesal mostró que el investigado actuó exento de culpabilidad, pues su intención no fue trasgredir el régimen de contratación, sino que actuó fundado en el concepto de la arquitecta y del ingeniero de planeación del municipio de Miraflores.

24. Además, indicó que la calificación de la falta como gravísima resultaba absurda, puesto que la actuación del investigado estuvo orientada por principios que rigen la administración pública, razón por la cual los cargos endilgados carecen de soporte argumentativo.

25. Finalmente, sostuvo que el detrimento patrimonial no fue demostrado, pues no se tuvo en cuenta que el contrato fue ejecutado en su totalidad3.

La contestación de la demanda

26. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la

se tuvo en cuenta que el contrato fue ejecutado en su totalidad3.

La contestación de la demanda

26. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Señal ó que la actuación de la Procuraduría estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, razón por la cual debe mantenerse la legalidad de los actos administrativos sancionatorios.

27. Indicó que la conducta que fue imputada al demandante tiene desarrollo legal que permite ubicar su tipicidad dentro de la Ley 734 de 2002, por lo tanto, el procedimiento adelantado por la Procuraduría goza de plenas garantías, en especial la de igualdad y debido proceso, pues en las dos instancias se garantizó y permitió la intervención del disciplinado, el ejercicio del derecho de defensa, se le notificaron

3 Folios 658 al 680 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

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6 las providencias proferidas en su contra, así como la posibilidad de ejercer los recursos de ley.

28. Señaló que al momento de proferirse las decisiones de primera y segunda instancia así como su notificación, no había operado el fenómeno de la prescripción, pues la conducta objeto de imputación era de carácter continuado, que se configuró desde el momento en que se desplomó la obra contratada, dos meses y medio luego de haberse recibido y pagado por el municipio ; hecho frente al cual el actor no realizó ninguna acción tendiente a evitar perjuicio al patrimonio del municipio, de

desde el momento en que se desplomó la obra contratada, dos meses y medio luego de haberse recibido y pagado por el municipio ; hecho frente al cual el actor no realizó ninguna acción tendiente a evitar perjuicio al patrimonio del municipio, de cuyo presupuesto se había pagado la obra ejecutada.

29. Que bajo este contexto, la conducta se desarrolló desde que la obra contratada se h izo ineficaz e inútil , hasta el último momento en que el servidor público sancionado tuvo la posibilidad funcional de adelantar acciones tendientes a impedir el desmedro patrimonial del municipio bajo su dirección, pues conforme con el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, vigente para la fecha de los hechos, el término de prescripción para las conductas omisivas de carácter permanente, se contaría desde el último acto , esto es, desde el mes de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, último día de su desempeño, dado que las pólizas de estabilidad de la obra estaban vigentes, circunstancia que tampoco fue alegada dentro del proceso disciplinario.

30. Precisó que en todo momento se respetó la presunción de inocencia del investigado, a quien se le permitió el derecho de defensa y contradicción, razón por la cual no se vulneró la Ley 74 de 1968, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni la Ley 16 de 1972, aprobatoria del Pacto de San José de Costa Rica.

31. Indicó que la responsabilidad del demandante se debió al hecho de haber participado en la actividad contractual , que causó un detrimento del patrimonio público, pues no realiz ó ninguna actuación tendiente a recuperar los dineros

31. Indicó que la responsabilidad del demandante se debió al hecho de haber participado en la actividad contractual , que causó un detrimento del patrimonio público, pues no realiz ó ninguna actuación tendiente a recuperar los dineros invertidos en el contrato No 006 de 2007, luego del colapso de la obra, ocurrido dos meses y medio después de su recibo final . Su conducta se enmarcó en la omisión a su deber funcional como servidor público, la cual es constitutiva de falta gravísima, conforme al numeral 31 del artículo 48 del régimen disciplinario.Radicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

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32. Consideró que no era posible alegar desproporción alguna, pues se le impuso la sanción mínima permitida por la ley frente a la conducta gravísima desarrollada por él.

33. Propuso la excepción innominada y solicitó que se declare la que se acredite en el proceso4.

La sentencia de primera instancia

34. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la sentencia del 11 de julio de 2018, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas, con fundamento

en los siguientes argumentos:

35. Tras el recuento de la investigación disciplinaria surtida, se pronunció sobre la prescripción de la acción disciplinaria formulada por el demandante, frente a lo cual diferenció la forma de contabilizar el plazo tratándose de faltas de carácter instantáneo o de carácter continuado, pues para las primeras comenzaba desde su consumación y se interrumpía con el acto sancionatorio de primera instancia,

diferenció la forma de contabilizar el plazo tratándose de faltas de carácter instantáneo o de carácter continuado, pues para las primeras comenzaba desde su consumación y se interrumpía con el acto sancionatorio de primera instancia, mientras que para las segundas, transcurría desde el último acto de consumación y se interrumpía con el acto sancionatorio de primera instancia y su notificación.

36. Que, en el presente caso, el comportamiento omisivo del alcalde consistió en no haber requerido al contratista a efectos que reconstruyera la obra; que tampoco gestionó la efectividad de las pólizas correspondientes . P or lo tanto, las faltas endilgadas al señor Carlos Humberto Alfonso se categorizaban como faltas de carácter continuado y permanente, pues era su deber salvaguardar el patrimonio del Estado, circunstancia que se prolongó hasta el último día de su ejercicio como alcalde, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2007.

37. Indicó que como la lesión del bien jurídico protegido se extendió en el tiempo hasta cuando el investigado fungió como alcalde municipal, desde ese momento se empezaba a contabilizar el término de prescripción de la acción disciplinaria. De manera que dicho término corrió del 31 de diciembre del 2007 al 31 de diciembre de 2012, y como la sentencia de primera instancia se profirió el 18 de septiembre de 2012 y se notificó el 20 del mismo mes y año , no se configuró la alegada

4 Folios 714 al 727 del cuaderno principal.Radicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

4 Folios 714 al 727 del cuaderno principal.Radicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

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8 prescripción.

38. N egó el cargo de indebida valoración probatoria, pues todos los medios probatorios fueron evaluados al momento de proferir la decisión de primera instancia. Señaló que, al apreciar el dictamen pericial, estableció que su contenido no generaba certeza para desvirtuar la responsabilidad del investigado, debido a la falta de precisión de los conceptos rendidos por el perito.

39. Se consideró que, de acuerdo con el pliego de cargos , la falta disciplinaria sancionable imputada al demandante se constituyó a título de dolo, pues al alcalde municipal le asistía la obligación jurídica de cumplir los deberes contenidos en la Ley, en los procesos de contratación , especialmente, ejecutar las acciones tendientes a recuperar los dineros que se invierten cuando las obras no se desarrollan adecuadamente o colapsan.

40. En cuanto al elemento subjetivo, el Tribunal señaló que la conducta se cometió a título de dolo, pues el actor, en su condición de alcalde, podía haber evitado el detrimento patrimonial del municipio, proyectando una obra segura, con materiales de primera calidad y no reciclados, y si, a pesar de ello, hubiera ocurrido el colapso de esta, debió adelantar las acciones encaminadas a salvarla o recuperar los dineros invertidos.

41. Negó el cargo por expedición irregular, pues fueron suficientes las razones para

de esta, debió adelantar las acciones encaminadas a salvarla o recuperar los dineros invertidos.

41. Negó el cargo por expedición irregular, pues fueron suficientes las razones para considerar acreditado que sí hubo afectación del patrimonio público. Tampoco aceptó la existencia de errores en el procedimiento y c oncluyó que la entidad disciplinaria en la decisión efectuó un amplio análisis y examen integral, toda vez que explicó y justificó, con suficiencia, la imputación del cargo5.

El recurso de apelación

42. Inconforme con la decisión de primera instancia, el actor interpuso recurso de apelación y cuestionó que en el problema jurídico se omitió tener en cuenta que los actos acusados no fueron dictados conforme a la ley, además , que se encuentran viciados de nulidad por expedición irregular, con desconocimiento d el derecho de audiencia y de defensa, falsa motivación y desviación de poder.

5 Folios 805 a 828 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

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43. Asimismo, afirmó que los actos acusados transgredi eron la Ley 16 de 197 2 aprobatoria del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone como obligación de los Estados parte hacer respetar los derechos y libertades como el trabajo , la presunción de inocencia, el debido proceso, las garantías judiciales, aplicables al proceso disciplinario.

44. Frente a la prescripción alegó que el Tribunal solo analizó dos de las cinco

respetar los derechos y libertades como el trabajo , la presunción de inocencia, el debido proceso, las garantías judiciales, aplicables al proceso disciplinario.

44. Frente a la prescripción alegó que el Tribunal solo analizó dos de las cinco posibilidades que existían, para lo cual tomó distintas fechas dentro del proceso , dando como resultado que respecto a cada una de ellas se configuró el fenómeno de prescripción.

45. Agregó que el A quo, de forma errónea, concluyó que el actor no hizo nada para evitar la caída de la cubierta, situación que no es cierta, pues entre los meses de septiembre y diciembre de 2007 rindió informes ante el Concejo Municipal, analiz ó con el Secretario de Planeación los argumentos expuestos en el dictamen pericial que no tuvo en cuenta la entidad accionada . Además, señaló que , como para la época de la sanción ya no era alcalde del municipio de Miraflores, debió imponerse una multa.

46. Adicionalmente, cuestionó que la providencia recurr ida haya afirmado que existió daño patrimonial, pero no se indicó su valor, pues la Contraloría nunca hizo auditoría ni abrió investigación por responsabilidad fiscal; tampoco se tuvo en cuenta que la cubierta , conformada por las tejas, no form ó parte de los ítems del contrato; asimismo, el valor del contrato fue lo ejecutado por el contratista. Tampoco se demostró que los materiales no fueron óptimos.

47. Concluyó que: i) la póliza que se adquirió amparó la ejecución de la obra por 5 años, luego el siguiente alcalde no ejecutó la póliza; ii) las tejas de zinc no formaron

47. Concluyó que: i) la póliza que se adquirió amparó la ejecución de la obra por 5 años, luego el siguiente alcalde no ejecutó la póliza; ii) las tejas de zinc no formaron parte de los elementos del contrato; iii) los recursos nunca se pusieron en peligro y nunca se perdieron; iv) lo que se contrató se ejecutó y se cumplió; v) el demandante actuó conforme a los parámetros del estudio de viabilidad entregado por el secretario de Planeación del municipio6.

6 Folios 831 a 837 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

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10 Alegatos de conclusión

48. Mediante auto del 4 de julio de 2019, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto7.

Parte demandante

49. La apoderada del actor reiteró los argumentos expuesto s en el recurso de apelación8.

Parte demandada

50. La Procuraduría General de la Nación no presentó alegatos de conclusión , según constancia secretarial del 27 de agosto de 20199.

Ministerio Público

51. El representante del Ministerio Público no rindió concepto , según constancia secretarial de fecha 27 de agosto de 201910.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

52. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo

secretarial de fecha 27 de agosto de 201910.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

52. El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 1 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

53. La Sección Segunda adopta esta decisión de conformidad con el numeral 2 del

7 Folio 854 del cuaderno principal 8 Folios 859 al 865 del cuaderno principal 9 Folios 866 del cuaderno principal 10 Folio 866 del cuaderno principalRadicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

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11 parágrafo 1 del artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo de Estado 11, por considerar de gran importancia el estudio del control de convencionalidad que se debe efectuar y que comprende el análisis de los principios de jurisdiccionalidad, favorabilidad, protección judicial y garantías judiciales en el proceso disciplinario adelantado en vigencia de la Ley 734 de 2002, CD U, contra ex servidor público de elección popular y que restringió sus derechos políticos.

2. Planteamiento del problema jurídico

54. En el presente caso la Sala debe determinar si procede la revocatoria del fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Planteamiento del problema jurídico

54. En el presente caso la Sala debe determinar si procede la revocatoria del fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

Con ese propósito, y en los términos del recurso de apelación , se establecerá si la sanción de destitución e inhabilidad por diez años y tres meses que le fue impuesta al sancionado, como funcionario público elegido popularmente, se ajusta a la normativa que regula la restricción de los derechos políticos y las garantías judiciales, en aplicación del principio de favorabilidad , conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

55. La Sala con el fin de resolver el problema jurídico planteado seguirá el siguiente esquema: 2.1. Actos administrativos demandados; 2.2. Derechos políticos y sus restricciones en ejercicio del control disciplinario; ámbito jurídico interno y marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Armonización de las normas convencionales con la Constitución Política de Colombia; 2.3. Control de convencionalidad a la luz del derecho viviente ; principio de jurisdiccionalidad , principio de favorabilidad y garantías judiciales; derecho a la igualdad y protección judicial; 2.4. Efectos inter -partes de la aplicación de la excepción de inconvencionalidad; lineamientos de interpretación de la CIDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia; y 2.5. Resolución del caso concreto.

2.1. Actos Administrativos demandados

56. Fallo de primera instancia proferido el 1 8 de septiembre de 2012 por la

Urrego Vs. Colombia; y 2.5. Resolución del caso concreto.

2.1. Actos Administrativos demandados

56. Fallo de primera instancia proferido el 1 8 de septiembre de 2012 por la

11ARTÍCULO 15.- DIVISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN SEGUNDA. La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, que se denominarán A y B, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) Consejeros. […] PARÁGRAFO 1. Cada Subsección decidirá los procesos a su cargo en forma autónoma. Sin embargo , las Subsecciones sesionarán conjuntamente: 1. Para unificar, adoptar o modificar la jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar decisiones contradictorias sobre el mismo punto de derecho, a petición de cualquiera de sus miembros. 2. Para el estudio o decisión de un asunto que por su importancia lo amerite, cuando así lo solicite cualquiera de sus miembros. 3. Para asuntos administrativos. […]Radicación 15001-23-33-000-2014-00564-01

Número interno: 5828-2018

Demandante: Carlos Humberto Alfonso

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12 Procuraduría Provincial de Tunja, que en la parte resolutiva dispuso12:

“ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DEMOSTRADO Y NO DESVIRTUADO el CARGO PRIMERO, elevado en contra del servidor público CARLOS HUMBERTO ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía número […] de Miraflores, Alcalde Municipal de Miraflores (Boyacá) periodo 2004-2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia.

ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía número […] de Miraflores, Alcalde Municipal de Miraflores (Boyacá) periodo 2004-2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar responsable disciplinariamente al Servidor Público CARLOS HUMBERTO ALFONSO e imponer la sanción Disciplinaria para esta clase de faltas, consistente DESTITUCION DEL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DE MIRAFLORES (BOYACA), e inhabilidad general para ejercer Funciones Públicas por el término de diez (10) años y tres (3) meses, conforme a las consideraciones de la parte motiva”.

57. Fallo de segunda instancia expedido el 30 de noviembre de 2012 por la Procuraduría Regional de Boyacá , que, al resolver la apelación contra el fallo de

primera instancia, dispuso13:

“PRIMERO: CONFIRMAR EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012, proferido por la Procuraduría Provincial de Tunja, mediante el cual se sancionó con inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años y tres (3) meses, atendiendo lo preceptuado por el numeral 1 del artículo 44 d e la Ley 734 de 2002, al señor CARLOS HUMBERTO ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía No […] de Miraflores Boya