CE - 150012333000201600399011SENTENCIA20230803214620

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001233300020160039901 (3327 -2020 )

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cort és Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia . Tiempo de servicio docente de carácter nacionalizado. Docente en interinidad . Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1 Pretensiones

La señora Cristina del Pilar Pinto Cort és, por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1 En adelante UGPP.

La señora Cristina del Pilar Pinto Cort és, por intermedio de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley

1 En adelante UGPP. 2 Folios 2 a 15B (sic).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 1437 de 2011 3, requirió d eclarar la nulidad de la Resol uci ón RDP 045806 del 2 de octubre de 2013, por medio de la cual , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y el Auto ADP 014306 del 28 de octubre de 2013 , que resolvió abst enerse de resolver los recursos impetrados en contra de la decisión anterior.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia liquidada con el 75% de todos los factores salariales devengados dentro del año anterior a la fecha de consolidación del estatus pensional; (ii) hacer los reajustes de ley, así como los ajustes de valor de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 del CPACA; (i ii ) pagar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ; (iv) cumplir la sentencia , y en caso de

valor de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 del CPACA; (i ii ) pagar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ; (iv) cumplir la sentencia , y en caso de incumplimiento, pagar intereses moratorios a partir de la ejecutoria conforme con lo establecido en el artículo 192 del CPACA ; y (v ) pagar costas y agencias en derecho.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

La señora Cristina del Pilar Pinto Cortés refirió que nació el 16 de febrero de 1960 y estuvo vinculad a como docente de manera interrumpida desde el 21 de mayo de 1977 hasta el 12 de febrero de 2015.

Señaló que el tipo de vinculac ión siempre fue nacionalizado y cumpl ió con todos los requisitos para acceder a la pensión gracia .

El 15 de agosto de 2013 la demandante solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la mencionada prestación y le fue negada a través de los actos administrativos demandados.

3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En adelante CPACA.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

Como concepto de violación , la actora argumentó que la entidad

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

Como concepto de violación , la actora argumentó que la entidad demandada desconoció la Ley 114 de 19 13 , el Decreto 2277 de 1979, así como las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 1 15 de 1994 y la Constitución Política .

Adujo que la entidad incurrió en falsa motivación de los acto s acusado s, pues desconoció el tiempo laborado antes de 1980 por haber sido prestado en interinidad.

Señaló que, en su caso particular , se cumplieron los requisitos para ser beneficiari a de la pensión gracia en la medida que su vinculación es del orden nacionalizado .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP , por intermedio de apoderad a, se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda .

Indicó qu e los actos administrativos demandados fueron proferidos siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa vigente para el reconocimiento de pensiones y se encuentran revestidos de legalidad.

Se refirió en principio al marco jurídico de la pensión gracia , y seguidamente, señaló que no fue allegado original o copia aut éntica de los certificados expedidos por el FOMAG donde se verifique el tipo de vinculación al servicio docente de la demandante, así como los decretos de nombramiento y actas de posesión para acreditar los tiempos laborados antes del 31 de diciembre de 1980 , por lo que no fue posible validar dicho periodo.

tipo de vinculación al servicio docente de la demandante, así como los decretos de nombramiento y actas de posesión para acreditar los tiempos laborados antes del 31 de diciembre de 1980 , por lo que no fue posible validar dicho periodo.

4 Folios 68 a 74.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 Agregó que, si se tuviera en cuenta dicho tiempo para ser beneficiaria de la prerrogativa, la demandante no estuvo vinculada a la educación pública para el 31 de diciembre de 1980, por lo que dicho lapso debe ser desestimado para el reconocimiento pretendido, pues no exist ió vínculo legal y reglamentario , de contera no hubo solución de continuidad para dicha fecha, por lo que no hay lugar al reconocimiento pensional.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Boyacá inici ó la audiencia inicial el 29 de agosto de 2017, la cual fue suspendida y reanudada el 9 de noviembre del mismo año , en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«- ¿Se encuentran ajustados a derecho la Resolución N° RDP045806 del 2 de octubre de 2013, mediante la cual, la entidad demandada negó a la señora Cristina del Pilar Pinto Cortés el

«- ¿Se encuentran ajustados a derecho la Resolución N° RDP045806 del 2 de octubre de 2013, mediante la cual, la entidad demandada negó a la señora Cristina del Pilar Pinto Cortés el reconocimiento y pago de la pensión gracia, así como el auto ADP014306 del 28 de octubre d e 2013 , mediante el cual la entidad demandada se abstuvo de resolver los recursos de reposición y apelación contra la aludida resolución? - ¿Tiene derecho la señora Cristina del Pilar Pinto Cortés al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia ? - En caso afirmativo, ¿sobre qué factores de salario debe efectuarse dicho reconocimiento, y a partir de qué fecha se hace efectivo el derecho? » (sic)

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Boyacá , mediante sentencia d el 12 de febrero de 2020, negó las pretensiones de la demanda.

5 Folios 147 y 148 CD allegado a folio 155 y continuación 162 a 164, y Cd a folio 174. 6 Folios 263 a 275.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 El juzgador, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, consideró que , de acuerdo con la sentencia de unificación del 21

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 El juzgador, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, consideró que , de acuerdo con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, la naturaleza jurídica de la vinculación de la accionante fue nacionalizada, y no es de recibo afirmar que era nacional por que el origen de los recursos provenía del Situado Fiscal.

Además, encontró probada la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

No obstante, a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 , la señor a Cristina del Pilar Pinto Cortés no cumplía con los 20 años de servicio requeridos , sino que únicamente acumulaba 3 meses y 9 días. A demás, para la misma fecha contaba con 3 1 años, es decir, tampoco cu mplía con los 50 años de edad para acceder a la prestación.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

El apoderad o de la accionante solicitó revocar la decisión y , en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

Reiteró que la vinculación como docente oficial resulta válida para acceder a la pensión gracia , además , cumple todos los requisitos exigidos para ello. Manifestó que las normas y la jurisprudencia aplicable permite el cumplimiento de los 20 años de servicio en cualquier tiempo, por lo que no es acertado solicitar los requisitos legales a la entrada en vigenc ia de la Ley 91 de 1989 como lo decidió el tribunal en primera instancia .

aplicable permite el cumplimiento de los 20 años de servicio en cualquier tiempo, por lo que no es acertado solicitar los requisitos legales a la entrada en vigenc ia de la Ley 91 de 1989 como lo decidió el tribunal en primera instancia .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6.1 La parte demandante no se pronunció.

7 Folios 277 a 279Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 6.2 La entidad demandada 8 solicitó confirmar la decisión, para lo cual, expuso el marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia y solicitó que, en caso de que de acceda a las peticiones de la demanda, no se condene a la entidad al pago de costas en esta instancia como quie ra que no se advierte temeridad o mala conducta por parte de la UGPP.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a folio 235.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante .

2.2. Problema jurídico .

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

8 Mediante memorial allegado a SAMAI, visible a índice 15, 9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 ¿La señor a Cristina del Pilar Pinto Cortés , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

¿La señor a Cristina del Pilar Pinto Cortés , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto .

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la ins pección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela queNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 hubieren completado el tiempo de servicios seña lado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió

establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad terr itorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con

establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posteriorid ad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modif icado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docenteNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter terri torial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuand o cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 11

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 12 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territo riales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes

educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 na cionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban

10 na cionales y nacionalizados 12 , resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumen to de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de

argumen to de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el ti po de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos

localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .»

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente

vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establec idos para su reconocimiento ». 13

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en se de administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundari a o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciemb re de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3. 2 Del docente interino

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe tener presente que para reconocer la pensión gracia únicamente se exige la acreditación de 20 años de servicios, sin

2.3. 2 Del docente interino

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe tener presente que para reconocer la pensión gracia únicamente se exige la acreditación de 20 años de servicios, sin que importe la modalidad del vínculo, es decir, sin que sea necesari o tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de docente, si lo fue en carrera o en forma transitoria.

Es así como esta Corporación determinó que:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 «[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la j urisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta

normas en cita y la j urisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a c ualquiera de las previstas en la ley 14

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administraci ón, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educat ivos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuraci ón de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo 15. (Resalta la Sala).

[...] »

En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de educadores territoriales o nacionalizados , aunque hubieran laborado en calidad de interinos tie nen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia siempre que cumplan con la edad de 50 años y el tiempo de servicios de 20 año s.

2.3.3. Procedencia de intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993

50 años y el tiempo de servicios de 20 año s.

2.3.3. Procedencia de intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993

14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de julio de 2015. Radicación 0951 - 2014. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, citado en sentencia proferida el 17 de junio de 2018 por este desp acho ponente radicado interno 3597 -2015. 15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 14 de noviembre de 2015. Radicación: 2636 -2014. C.P Gerardo Arenas Monsalve.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 15001233300020160039901 (3327 -2020)

Demandante: Cristina del Pilar Pinto Cortés

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 En desarrollo a la protección de los pensionados, en el artículo 53 de la Constitución Política se estableció «El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.»

Por su parte, en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se previó que en el evento en el que la entidad incurra en mora en el pago de las mesadas, deberá reconocer y pagar al pensionado intereses moratorios. Específicamente la norma en comento dispuso:

en el evento en el que la entidad incurra en mora en el pago de las mesadas, deberá reconocer y pagar al pensionado intereses moratorios. Específicamente la norma en comento dispuso:

«ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en e l momento en que se efectué el pago.»

En ese orden, de la norma transcrita se concluye que los intereses de mora proceden cuando las mesadas pensionales no están en discusión, es decir, que el reconocimiento de la prestación ya fue efectuado en favor del pensionado y únicamente se presenta una omisión por parte de la entidad de realizar el pago de la re