CE - 150012333000201700291011SENTENCIA20231003201434

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021)

Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 2 , por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Erica Hiliana Niño Camargo formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Procuraduría Primera Delegada para la

Contencioso Administrativo, la señora Erica Hiliana Niño Camargo formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por medio de la cual se revocó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se declaró responsa ble disciplinariamente a la señora Erica2

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo Hiliana Niño Camargo y se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar a la Procuraduría General de la Nación desanotar la sanción impuesta; y, ii) exonerarlo del pago de la sanción impuesta, por un valor de $10.096.000.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, e l apoderado judicial de la demandante señaló los siguientes:

1. Desde el 21 de enero de 2009 hasta el 31 de marzo de 2012, la señora Erica Hiliana Niño Camargo se desempeñó en el cargo de gerente de la ESE Hospital

Regional Valle de Tenza.

1. Bajo dicho cargo, celebró los siguientes contratos de prestación de servicios: 054 de 1.º de febrero de 2010, suscrito con Velásquez Abogados S.A.S., por val or de $2.500.000, cuyo objeto era la prestación de asesorías jurídicas; 074 de 21 de abril

de 1.º de febrero de 2010, suscrito con Velásquez Abogados S.A.S., por val or de $2.500.000, cuyo objeto era la prestación de asesorías jurídicas; 074 de 21 de abril de 2010, suscrito con Leidy Patricia Jiménez Garzón, por un valor de $6.533.300, con el objeto de la prestación de asesoría jurada; y 126 de 4 de mayo de 2010, con Yobana Astrid Núñez Barrera, por un valor de $863.300, cuyo objeto era la prestación del servicio de organización de archivo.

1. En atención a ello, la señora María del Carmen Sánchez presentó una queja en su contra, razón por la cual se emitió pliego de cargos en su contra, por haber incurrido en una falta grave, por el incumplimiento establecido en el artículo 35 numeral 1.º de la Ley 734 de 2002, a título de dolo.

1. El 28 de marzo de 2012, la Procuraduría Regional de Boyacá, en primera instancia, la absolvió de cargo formulado. Contra dicho acto, la quejosa, la señora María del Carmen Sánchez, interpuso recurso de apelación.3

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021)

Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo

1. El 22 de diciembre de 2014, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró responsable disciplinariamente a la señora Niño Camargo por haber incurrido en una falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 numeral 1.º de la Ley 734 de

Contratación Estatal, revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró responsable disciplinariamente a la señora Niño Camargo por haber incurrido en una falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 numeral 1.º de la Ley 734 de 2002, a título de culpa grave; sancionándola con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 33 y 34 de la Ley 996 de 2005; 2, 6, 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los siguientes argumentos:

1. La Procuraduría General de la Nación no tuvo en cuenta que la restricción contenida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, esto es, no contratar durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial, no le es aplicable a la ESE Hospital Regional Valle de Tenza, por cuanto la norma hace referencia a la prohibición de la contratación directa, modalidad que no se encuentra dentro del Manual de Contratación de la entidad.

1. Aunado a lo anterior, dicha norma trae como excepción a su aplicación a las entidades sanitarias y hospitalarias, dentro de las que se encuentra la ESE, la cual, además se rigen por las normas de derecho privado, lo que hace que sea aún más inaplicable la norma en mención.

1. Con su conducta no vulneró deber funcional alguno, toda vez que la contratación de dichos servicios era necesaria para la entidad.4

inaplicable la norma en mención.

1. Con su conducta no vulneró deber funcional alguno, toda vez que la contratación de dichos servicios era necesaria para la entidad.4

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo iv) Tampoco se configuró el elemento de la culpabilidad, en la medida en que este tipo de contratación se venía realiza ndo en la ESE de manera reiterada, con el fin de suplir una necesidad de asesoría jurídica y de implementación de archivística.

1. Su conducta estuvo enmarcada en dos causales de exclusión de responsabilidad, contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, por cuanto la señora Niño Camargo al suscribir las órdenes de prestaciones de servicios lo hizo en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal de mayor importancia que el sacrificado, cumpliendo los principios de la función administrativa, contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política y, además, actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía una falta disciplinaria.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderad a, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a continuación:1

1. La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el principio de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada

1. La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el principio de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.

1. No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que a la disciplinada se le brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la defensa, al presentar descargos, alegatos de conclusión y los recursos pertinentes.

1. Como se sostuvo en el acto administrativo demandado, la restricción establecida en la norma está dirigida a todos los entes del Estado sin excepción alguna y no hace alusión exclusiva a la modalidad de selección de contratación directa consagrada en el Estatuto General de Contratación, sino a cualquier mecanismo de

1 Folios 185 a 192.5

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo escogencia del contratista en el que se prescinda la convocatoria pública, presidida de reglas de participación donde se indiquen los requisitos objetivos necesarios para ofertar el correspondiente proceso de selección y los factores de calificación.

1. Así, pese a la prohibición contenida en la norma, la señora Niño Camargo suscribió los contratos de prestación de servicios a través de la contratación simplificada, sin agotarse previamente un proceso de selección abierto.

1. Ahora, si bien la norma trae una excepción a la regla general en tratándose de

suscribió los contratos de prestación de servicios a través de la contratación simplificada, sin agotarse previamente un proceso de selección abierto.

1. Ahora, si bien la norma trae una excepción a la regla general en tratándose de entidades sanitarias y hospitalarias, calidad que tendría la ESE, también lo es que dicha excepción solamente es para contratar todo lo relacionado directamente con la prestación del servicio de salud y al observar los contratos suscritos por la demandante, es dable observar que no guardan ningún tipo de relació n con el servicio de salud y mucho menos cubren una emergencia sanitaria.

1. Finalmente, propuso la excepción de la inexistencia de las causales de falsa motivación y desviación de poder.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 2 , mediante sentencia proferida el 12 de mayo de 2021 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:2

1. No se está de acuerdo con el argumento de que la restricción referida en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, no aplica al Hospital Regional de Segundo Nivel del Valle de Tenza, por no estar cobijado por las previsiones contractuales de la Ley 80 de 1993, en la medida en que las Empresas Sociales del Estado son entes públicos descentralizados por servicios y pese a que están regidas por el derecho privado en materia de contratación, dicha norma se refirió a la contratación directa como

2 Folios 233 a 264.6

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021)

materia de contratación, dicha norma se refirió a la contratación directa como

2 Folios 233 a 264.6

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo cualquier selección subjetiva del contratista por parte de organismos del Estado, que puedan interferir en la transparencia de los procesos electorales.

1. Ahora, si bien la norma exceptúa de la prohibición a las entidades hospitalarias y sanitarias, el fin de esta excepción tuvo que ver con la connotación d el servicio público de salud prestado y, por lo tanto, ésta no puede ser entendida como la posibilidad del ejercicio de la actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado, sea cual fuere el objeto de la contratación.

1. Así, la necesidad de tener asesor jurídico externo e interno y de dar cumplimiento a la ley de archivística no fueron necesidades imperiosas que surgieran para la entidad durante el tiempo que aplicaba la restricción, sino que fueron de antes y, además, no tienen relación alguna con el servicio de salud.

1. En el caso bajo estudio, la prohibición o restricción a la contratación directa por el periodo de 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales no fue una circunstancia que surgiera de manera intempestiva para la demand ante, ya que la ley de garantías es del año 2005 y los hechos investigados del año 2010. En tal virtud, lo que se observa es la ausencia de previsibilidad en el ejercicio de las funciones de la gerente, quien pese a saber que las elecciones presidenciales se realizarían en el año 2010 y ante la ausencia de abogado de planta o asesor jurídico,

virtud, lo que se observa es la ausencia de previsibilidad en el ejercicio de las funciones de la gerente, quien pese a saber que las elecciones presidenciales se realizarían en el año 2010 y ante la ausencia de abogado de planta o asesor jurídico, debió realizar la contratación con suficiente tiempo de antelación, de manera que garantizara la prestación del servicio o defensa jurídica de la entidad durante el término en que operaba la prohibición.

1. Así, es dable concluir que se configuraron los elementos de la responsabilidad disciplinaria, esto es, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.

1. No prospera la causal eximente de responsabilidad establecida en el artículo 28 numeral 2.º de la Ley 734 de 2002, porque no se encuentra colisión entre dos deberes constitucionales o legales relacionados con la función o servicio que prestaba la gerente de la ESE, pues, las contrataciones realizadas las hizo a efectos7

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo de garantizar la defensa y asesoría jurídica de la entidad y de cumplir con la ley de archivística y el cumplimiento de estas funciones no estaba en pugna con el cumplimiento de otro deber.

1. Tampoco se trató de un error invencible o de haber actuado bajo el convencimiento de estarlo, sino que el haber incurrido en la prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, obedeció a una conducta imprudente que la hace acreedora de la sanción impuesta en el fallo de segunda instancia.

1. Ahora bien, teniendo en cuenta el control judicial integral que permite al juez de

33 de la Ley 996 de 2005, obedeció a una conducta imprudente que la hace acreedora de la sanción impuesta en el fallo de segunda instancia.

1. Ahora bien, teniendo en cuenta el control judicial integral que permite al juez de la contencioso administrativo examinar en la actuación sancionatoria el estricto cumplimiento de todos los principios rectores de la ley disciplinaria, entre ellos, la proporcionalidad, e ncuentra la Sala que la entidad demandada para proceder a graduar la sanción tuvo en cuenta como agravante el hecho de que la actora pertenecía al nivel directivo de la entidad y como atenuantes, que no se afectaron derechos fundamentales y no se ocasionó un grave daño social.

1. Sin embargo, se considera que estos dos últimos aspectos debieron ser tenidos en cuenta con mayor recelo, por cuanto, de conformidad con las pruebas, se observó que el 31 de enero de 2010, se venció el contrato de asesoría jurídica externa y, por ende, ante la falta de previsibilidad de la gerente de la entidad, ello conllevó una nueva contratación de este servicio que a su vez generó su sanción a título de culpa grave.

1. Lo anterior, significa que no existió duda de la actuación negligente, pero ello no implica que se haya afectado la misión social de la entidad ni que con ello se haya causado desconocimiento de derechos fundamentales.

1. En tal sentido, si bien la falta se realizó a título de culpa grave resulta palmario que se enfrentó al vencimiento del contrato de asesoría jurídica externa y que ante su falta de precaución, debió incurrir en la prohibición, sin que ello implique que la contratación haya causado un perjuicio que deba conllevar una sanción de8

su falta de precaución, debió incurrir en la prohibición, sin que ello implique que la contratación haya causado un perjuicio que deba conllevar una sanción de8

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses, sino la sanción mínima de 1 mes, garantizando así el principio de proporcionalidad.

1. En consideración a lo anterior, resolvió: declarar la nulidad parcial en lo referente a la dosificación de la sanción en el fallo emitido el 22 de diciembre de 2014, por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal; a título de restablecimiento del derecho, modificar el numeral segundo de la decisión disciplinaria y en su lugar, sancionar a la disciplinada con la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 1 mes, el cual fue convertido en salarios mínimos mensuales legales vigentes; y, no condenar en costas.

1.4. El recurso de apelación

La Nación, Procuraduría General de la Nación , por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación3 y lo sustentó así:

1. De conformidad con el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, las faltas graves culposas se sancionan con suspensión en el ejercicio del cargo, la cual no podrá ser inferior a 1 mes ni superior a 12 meses.

1. En tal sentido, el tribunal consideró que a pesar de existir criterios atenuantes para la graduación de la sanc ión, como lo son la no afectación de derechos

ser inferior a 1 mes ni superior a 12 meses.

1. En tal sentido, el tribunal consideró que a pesar de existir criterios atenuantes para la graduación de la sanc ión, como lo son la no afectación de derechos fundamentales y que no se ocasionó un grave daño social, también es cierto que la disciplinada era una servidora pública que pertenecía al nivel directivo o ejecutivo de una Empresa Social del Estado, en la que recaía la responsabilidad del manejo y dirección de la actividad contractual por ser la máxima autoridad administrativa de la entidad, lo cual, en consecuencia constituye un agravante que debe aplicarse en la graduación de la sanción y que no permitiría q ue ésta se tasara en su límite mínimo, es decir, 1 mes.

3 Folios 267 y 268.9

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo iii) En ese orden de ideas, la sanción de suspensión por el término de 2 meses resulta razonable y proporcional, ya que además de corresponder a la gravedad de la falta cometida, se acompasa con los criterios atenuantes y agravantes contenidos

en el Código Único Disciplinario.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenci oso Administrativo, último que fue modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de alegatos de conclusión.

modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de alegatos de conclusión.

1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si el a quo desconoció el principio de proporcionalidad en materia disciplinaria, al variar la sanción impuesta a la señora Erica Hiliana Niño Camargo, sin tener en cuenta los criterios agravantes y atenuantes establecidos en el Código Único Disciplinario.

2.2. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, « servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida10

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Finalmente, debe resaltarse que el artícul o 209 ibidem dispone como principios de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por su parte, la Ley 734 de 2002 consagra en cuanto al principio de legalidad, que «el servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización».

«el servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización».

A su vez, respecto a la presunción de inocencia, el artículo 9 ibidem, señala que «a quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare11

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

A su turno, el artículo 13 de dicha normativa dispuso en relación con la culpabilidad, que «en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único sostuvo en su artículo 128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la pru eba al Estado.

Finalmente, los artículos 141 y 142 ibidem, consagran que los medios probatorios deben apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, razón por la cual, en toda decisión motivada, el juzgador disciplinario tiene la obligación de señalar las pruebas en que se fundamenta, sin que sea dable emitir un fallo

por la cual, en toda decisión motivada, el juzgador disciplinario tiene la obligación de señalar las pruebas en que se fundamenta, sin que sea dable emitir un fallo sancionatorio en el que no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante

El 16 de enero de 2009, mediante Decreto 00478, el gobernador de Boyacá nombró en propiedad a la señora Erica Hiliana Niño Camargo como gerente de la ESE Hospital Regional de Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza,4 cargo del cual se posesionó el 21 de enero del mismo año.5

4 Folio 19 del cuaderno N.º 1. 5 Folio 20 del cuaderno N.º 1.12

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021)

Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo

2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria

El 15 de abril de 2010, la vicepresidente ANTHOC Nacional, María del Carmen Sánchez, interpuso una queja ante la Contraloría de Boyacá y la Procuraduría Regional de Boyacá, con base en los siguientes argumentos:6

Ref: solicitud de revisión de contratación en empresa social del estado en periodo de ley de garantías.

(…) con el fin de solicitar se inicia investigación en el hospital regional valle de Tenza ESE debido a la contratación de personal dentro del periodo comprendido del 29 de

Ref: solicitud de revisión de contratación en empresa social del estado en periodo de ley de garantías.

(…) con el fin de solicitar se inicia investigación en el hospital regional valle de Tenza ESE debido a la contratación de personal dentro del periodo comprendido del 29 de enero al 30 de mayo de 2010 si no hay segunda vuelta elecciones presidenciales declarado como ley de garantías incumpliendo la normatividad vigente debido a que la ley es clara en la congelación d e las contrataciones en las entidades del Estado dentro del periodo declarado como ley de garantías. Esta petición se basa en la ley 996 2006 en su artículo 33 donde reza textualmente: artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Queda exceptuados lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que haya sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias hospitalarias.

En este evento y dando un sentido amplio al término “entidades sanitar ias y hospitalarias”, se considera que de ellas harían parte las ESE U hospitales que tienen el deber legal de garantizar la continua e ininterrumpida prestación del servicio de salud, servicio que al no ser contratado oportuna y ágilmente aduciendo la restricción

hospitalarias”, se considera que de ellas harían parte las ESE U hospitales que tienen el deber legal de garantizar la continua e ininterrumpida prestación del servicio de salud, servicio que al no ser contratado oportuna y ágilmente aduciendo la restricción prevista en el artículo 33 de la ley 996 2005 pondría en peligro la salud, vida y salubridad de la población, por tal razón, las empresas sociales del Estado pueden contratar todo lo necesario para la prestación de servicios de salud que son propi os de su objeto social y en los demás aspectos contractuales meramente administrativos, de funcionamiento o no esenciales en materia de salud y sanidad, si se les aplicaría la mencionada restricción.

De acuerdo a lo anterior, se tiene claro que en esa entidad se contrató a una persona para desarrollar actividades administrativas dentro del periodo de ley de garantías siendo un contrato directo mediante una orden de prestación de servicios para desarrollar actividades que no son esenciales para garantizar l a continuidad en la prestación de los servicios de salud.

6 Folios 2 y 3 del cuaderno N.º 1.13

Radicado: 15001-23-33-000-2017-00291-01 (2416-2021) Demandante: Erica Hiliana Niño Camargo El 15 de junio de 2010, la Procuraduría Regional de Boyacá dio apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables y decretó la práctica de pruebas.7

El 13 de julio de 2010, un asesor de la Procuraduría Provincial de Guateque practicó visita especial en el Despacho de la Gerencia de la ESE Hospital Regional Valle de Tenza, diligencia dentro de la cual se señaló:8

El 13 de julio de 2010, un asesor de la Procuraduría Provincial de Guateque practicó visita especial en el Despacho de la Gerencia de la ESE Hospital Regional Valle de Tenza, diligencia dentro de la cual se señaló:8

En primer lugar se procedió a determinar quiénes son los servidor es públicos con competencia para celebrar contratos en la ESE verificando que según el manual de funciones, solamente esa función está asignada al gerente como ordenadora del gasto de representante legal de la entidad, no ha sido delegada en ningún otro funcionario. Se llega copia del manual de funciones en lo pertinente. La gerente es desde el 21 de enero de 2009, la doctora Erika Hiliana Niño Camargo, según la fecha del decreto de nombramiento y el acta de posesión cuya copia se llega a la presente acta. (…) Se determinó además que los hospitales públicos o empresas sociales del Estado tienen un régimen de contratación exceptuados del régimen general establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios de acuerdo con lo dispuesto en la ley 100 de 1993, artículo 195 literal uno y el decreto 1876 de 1994, artículo 16. Que dice: “ las empresas sociales del Estado se rigen en materia de contratación por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas vigentes sobre la materia”. No obstante, la Procuraduría encuentra que en su parte final el artículo 33 de la ley de garantías, ley 996 de 2005, determina como exceptuados de la prohibición de contratación directa, los contratos “… Que deban realizar las entidades sanitarias hospitalarias”. En tal sentido, la contratación simplificada realizada en el periodo de

de garantías, ley 996 de 2005, determina como exceptuados de la prohibición de contratación directa, los contratos “… Que deban realizar las entidades sanitarias hospitalarias”. En tal sentido, la contratación simplificada realizada en el periodo de restricción, prima facie no resulta violatoria de la ley, no sólo porque no aplica la contratación directa en esta ESE sino porque aquellas ESE’s que la pudieran contemplar internamente, aparecen también exceptuadas de la prohibici