CE - 150012333000201700846011SENTENCIA20230928120658

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

Actor: ANA VICTORIA CORREA ORDUZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – daño ocasionado a quien presta el servicio militar obligatorio / AUSENCIA DE NEXO CAUSAL – causal de exoneración de responsabilidad del Estado – CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – se configuró en el presente asunto.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de mayo de 2019, proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

A juicio de los accionantes, le asiste responsabilidad patrimonial a la entidad demandada por la muerte del joven José Israel López Correa, por cuanto se produjo durante la prestación del servicio militar obligatorio y no se le prest ó ayuda para preservar su vida, lo que indica que se incurrió en una omisión.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 7 de noviembre de 2017 (fl. 18 del c.1), los señores Israel López Chaparro y Ana

preservar su vida, lo que indica que se incurrió en una omisión.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 7 de noviembre de 2017 (fl. 18 del c.1), los señores Israel López Chaparro y Ana Victoria Correa Orduz, quienes actúan en nombre propio y en representación de las menores Natalia y Salome Juliana López Correa; Juan David y Astrid Carolina López Correa, última persona que actúa en nombre propio y en representación de los menores Sara Alejandra Gómez López y Haider David López Correa, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 – 4 del c.1), presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, conRadicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

Actor: ANA VICTORIA CORREA ORDUZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

2 el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por la muerte del joven José Israel López Correa, ocurrida el 3 de noviembre de 2016, mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

Por lo anterior, p idieron que se les reconociera y pagara en total $675’651.678 y $10’000.000 por concepto de lucro cesante y daño emergente, respectivamente, así como el equivalente 470 SMLMV por perjuicios morales.

De la escasa argumentación del escrito inicial se extracta que, el 24 de octubre de 2016, el joven José Israel López Correa ingresó a prestar su servicio militar obligatorio en el Grupo de Caballería Mecanizado General del Batallón José Miguel

De la escasa argumentación del escrito inicial se extracta que, el 24 de octubre de 2016, el joven José Israel López Correa ingresó a prestar su servicio militar obligatorio en el Grupo de Caballería Mecanizado General del Batallón José Miguel Silva Plazas de Duitama, Boyacá, pero, diez días después falleció, porque “ al parecer se encontraba suspendido de una viga, circunstancia que debe ser esclarecida”.

Se indicó que el informe de necropsia registró como posible causa del deceso “insuficiencia respiratoria aguda por compresión extrínseca de la vía respiratoria alta secundario ahorcamiento”; sin embargo, “no se brindó atención frente a su muerte”, situación que genera la obligación de reparar los perjuicios solicitados.

2. Trámite de primera instancia

2.1. En auto del 31 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público (fls. 56 – 57 del c.1), actuaciones que se surtieron en debida forma (fls. 64 – 66 del c.1).

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó la demanda y expuso que, el 24 de octubre de 2016, el joven José Israel López Correa ingresó a prestar el servicio militar y en la entrevista inicial no expresó alguna condición especial ni los estudios médicos evidenciaron anormalidades; pero, pasados diez, “sin haber jurado bandera y negar información relevante para el reclutamiento ”, decidió acabar con su vida, hecho respecto del cual no se demostró que hubiera sido producto de actos del serv icio, tanto así que ese fue el motivo para que la Fiscalía

“sin haber jurado bandera y negar información relevante para el reclutamiento ”, decidió acabar con su vida, hecho respecto del cual no se demostró que hubiera sido producto de actos del serv icio, tanto así que ese fue el motivo para que la Fiscalía General de la Nación archivara la investigación penal.

Advirtió que en el sub lite se configuraba la causal eximente de responsabilidad extracontractual del Estado de culpa exclusiva de la víctima, en tanto el propio actuar del soldado fue el que produjo el daño alegado. Explicó que un día antes del deceso,Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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3 el personal del Centro de Entrenamiento Básico de la Brigada de Sogamoso observó que la víctima tenía lesiones en una de sus muñecas y, por tal razón, se activó el sistema para preservar su integridad física y emocional, para lo cual fue alejado del uso de las armas y puesto a disposi ción del personal médico y sicológico, el cual determinó que debía ser valorado por psiquiatría y reintegrado a su familia, ya que él manifestó que era consumidor de “ marihuana y bazuco ” y tenía otra orientación sexual diferente, situación por la que soportaba alteraciones emocionales.

Una vez fue regresado al Batallón José Miguel Silva Plazas de Duitama, “ de donde era orgánico y estando con un acompañante, salió a correr y el personal lo buscó por una hora sin hallarlo ”; no obstante, un civil informó que aquel estaba sin signos

era orgánico y estando con un acompañante, salió a correr y el personal lo buscó por una hora sin hallarlo ”; no obstante, un civil informó que aquel estaba sin signos vitales, suspendido del cuello por un cordón que estaba atado a una viga de “ un corral alejado”, lo indica que se trató de un acto personal y deliberado (fls. 68 – 76 del c.1).

2.3. El 13 de agosto de 2018, en la audiencia inicia l, el a quo manifestó que no existían excepciones previas para analizar y fijó el litigio en los siguientes términos:

(…) Determinar si la muerte del soldado José Israel López Correa es atribuible fáctica y jurídicamente a la entidad demandada Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en razón a que no le prestó ayuda o, si contrario sensu, se encuentra acreditado que en el presente asunto se configura el hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad.

La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron expresamente su aceptación. Luego, el magistrado conductor tuvo como pruebas las allegadas con la demanda y ordenó la recepción de unos testimonios solicitados por los accionantes (fls. 99 – 103 del c.1).

2.4. Terminado el período probatorio, dispuso que la presentación de alegatos de conclusión y el concepto del representante del Ministerio Público se hicieran por escrito (fls. 119 – 121 del c.1).

2.5. La entidad estatal demandada insistió en la culpa exclusiva de la víctima, pues, aunque la muerte del conscripto se presentó durante la prestación del servicio militar

escrito (fls. 119 – 121 del c.1).

2.5. La entidad estatal demandada insistió en la culpa exclusiva de la víctima, pues, aunque la muerte del conscripto se presentó durante la prestación del servicio militar obligatorio, lo cierto era que no obraban elementos de juicio para inferir que fue por causa y en razón del mismo (fls. 122 – 124 del c.1).

2.6. La parte actora y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal.Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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3. Sentencia de primera instancia

A través de sentencia del 16 de mayo de 2019, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá negó las súplicas de la demanda, toda vez que consideró que, a partir de una valoración conjunta de las pruebas, resultaba válido sostener que la muerte del joven José Israel López Correa se generó por una decisión consciente y voluntaria de aquel, sin que se advirtiera una acción u omisión del Ejército Nacional que incidiera en ese resultado.

En primer lugar, descartó que el trato que recibía la víctima en el establecimiento militar lo hubiera inducido a tomar la decisión de quitarse la vida, comoquiera que sus compañeros fueron coherentes en asegurar que él no sufrió matoneo o bullying y ni siquiera tenían conocimiento de su orientación sexual.

A su vez, arguyó que, pese a que sus padres en el proceso penal testificaron que

sus compañeros fueron coherentes en asegurar que él no sufrió matoneo o bullying y ni siquiera tenían conocimiento de su orientación sexual.

A su vez, arguyó que, pese a que sus padres en el proceso penal testificaron que su hijo les comentó en una llamada el día anterior a su muerte que fueran a recogerlo, porque “lo iban violar por marica y se iba a matar si no iban rápido ”, no existía un elemento de convicción que corroborara ese dicho ; por el contrario, estaba probado que aquel firmó el acta de traslado en la que se registró que había recibido buen trato y no había sufrido agresiones físi cas o verbales durante su estadía, sumado a que la necropsia del cadáver descartaba que hubiera sido objeto de abusos o violación sexual.

En segundo término, puntualizó que, una vez se conoció el trastorno emocional, se le prestó la ayuda requerida, puesto que recibió atención médica especializada, se tomó la determinación de alejarlo de situaciones que le generaban un mayor peligro o tensión, se le brindó seguridad mientras se efectuaba su retiro definitivo y se requirió a su familia para que arribara a la base militar a recogerlo.

Puso de presente que en el examen de ingreso el conscripto no refirió algún impedimento para incorporarse a la prestación del servicio militar; sin embargo, nueve días después, esto es, el 2 de noviembre de 2016, aquel se cortó la muñeca izquierda con una cuchilla de afeitar, por tal razón, fue remitido a la dependencia de sicología, lugar donde se le brindó atención especializada por el lapso de cinco horas, tiempo en el que se le indagó acerca de los motivos por los que se

izquierda con una cuchilla de afeitar, por tal razón, fue remitido a la dependencia de sicología, lugar donde se le brindó atención especializada por el lapso de cinco horas, tiempo en el que se le indagó acerca de los motivos por los que se autolesionó y se obtuvo como respuesta, entre otras cosas, que soportaba falta de aceptación, temor por su orientación sexual y por las reacciones de su padre yRadicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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5 compañeros, así como que consumía alucinógenos antes de su ingreso y que podía estar soportando síndrome de abstinencia.

Señaló que, debido a las recomendaciones médicas, ese mismo día fue retirado del servicio y se dispuso su traslado al alojamiento de su escuadra, se le asignó el acompañamiento y supervisión de un soldado profesional hasta que su familia se acercara al sitio, pero en horas de la mañana del día siguiente, esto es, a las 5:00 a.m. del 3 de noviembre de 2016, se les hizo el llamado a bañarse y él salió corriendo, por consiguiente, varios compañeros lo buscaron hasta las 6:00 a.m., sin ubicarlo. Luego, un civil informó que el soldado se hallaba sin signos vitales en la zona denominada “la lechería”, suspendido por un cordón en el cuello que estaba atado a una viga dentro del corral.

Así las cosas, subrayó que, ciertamente, por la rel ación de especial sujeción que

zona denominada “la lechería”, suspendido por un cordón en el cuello que estaba atado a una viga dentro del corral.

Así las cosas, subrayó que, ciertamente, por la rel ación de especial sujeción que se predica de los soldados conscriptos, el Estado tiene una posición de garante relativa a custodiar su integridad física y emocional, pero ello no comportaba el desconocimiento de la autonomía y voluntad de aquellos para disponer de su propia vida, como aquí sucedió, lo que impedía atribuir responsabilidad a la entidad estatal accionada (fls. 126 – 136 del c.ppal).

4. Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la determinación anterior y, en su lugar, se acceda a las pretensiones invocadas.

Cuestionó que el a quo no hubiera valorado el concepto sicológico del joven José Israel López Correa, rendido un día antes de su deceso ni las declaraciones de sus vecinos recibidas en primera instancia, pruebas que permitían verificar su estado de ánimo, a saber, “que era una excelente persona y no tenía motivos para quitarse la vida”.

Afirmó que el tribunal partió de una premisa equivocada, al afirmar que estaba ante un caso de suicidio, cuando de los medios probatorios recopilados no se podía inferir esa situación, “ porque el joven estaba acurrucado y se encontraba con los pies en el piso y no se había podido él mismo ocasionar su muerte, por cuanto su cuerpo debía estar suspendido en el aire, también en el álbum fotográfico de necropsia se observa una distancia que no permite estar en el aire, porque es la

pies en el piso y no se había podido él mismo ocasionar su muerte, por cuanto su cuerpo debía estar suspendido en el aire, también en el álbum fotográfico de necropsia se observa una distancia que no permite estar en el aire, porque es la misma estatura del occiso, por ende, no era un caso de suicidio”.Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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Destacó que, en el caso hipotético de que se definiera que era un suicidio, lo que correspondía era determinar si existía o no una falla del servicio derivada de la obligación legal de evitar que el soldado atentara contra su vida y verificar si se emplearon todos los medios disponibles para impedir el resultado.

Asimismo, propuso que el análisis del sub lite se abordara desde la óptica del régimen objetivo de daño especial “en el que se aprecia solo el resultado”, en razón de la relación de especial suje ción existente entre los conscriptos y el Estado (fls. 138 – 150 del c.ppal).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 16 de agosto y el 20 de septiembre de 2019, esta Corporación admitió el recurso de apelación formulado y negó una solicitud probatoria promovida por los actores (fls. 161 – 164 del c.ppal). Finalmente, el 31 de octubre de esa anualidad se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para

actores (fls. 161 – 164 del c.ppal). Finalmente, el 31 de octubre de esa anualidad se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente (fl. 271 del c.2), oportunidad en la que los sujetos procesales guardaron silencio.

5.2. El agente del Ministerio Público pidió confirmar el fallo apelado, habida cuenta de que se probó que el soldado recibió buen trato de sus superiores y compañeros y que no fue expuesto a abusos por su condición sexual. Además, las apreciaciones de los actores impedían tenerlas por ciertas, dada la carencia de pruebas, aunado a que la corta estadía de la víctima en el alojamiento militar no permitía deducir la realización de actos de tal magnitud que lo forzaran a atentar contra su humanidad y, sobre todo, “ el tiempo entre el intento de suicidio y su consumación efectiva, 1 día, no determinaba una omisión en el cuidado que debía tener el soldado dada su situación emocional y sicológica” (fls. 170 – 176 del c.ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunalesRadicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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7 administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el artículo 152.6 ibidem dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “ de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En sub lite se advierte que la pretensión mayor sup eró la cuantía señalada 1, por manera que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2. Oportunidad

De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En el presente proceso, la responsabilidad que se alega deviene de los perjuicios causados a los actores por la muerte del joven José Israel López Correa, hecho que ocurrió el 3 de noviembre de 2016. De este modo, el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 4 de noviembre de 2018. Ahora, como la demanda

ocurrió el 3 de noviembre de 2016. De este modo, el plazo para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 4 de noviembre de 2018. Ahora, como la demanda se radicó el 7 de noviembre de 2017 (fl. 18 del c.1), previo agotamiento del requisito de conciliación prejudicial (fls. 18 y 50 – 52 del c.1), se impone concluir que se presentó en oportunidad.

3. Legitimación en la causa

En virtud de los vínculos que se indican y están probados, según los registros civiles que obran a folios 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del c.1, se infiere que las siguientes

1 La pretensión mayor, por concepto de lucro cesante, ascendió a la suma de $675’651.678 y para la fecha de presentación de la demanda -7 de noviembre de 2017 - 500 SMLMV equivalían a $368’858.500.Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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8 personas están legitimadas en la causa por activa y tienen interés para solicitar la indemnización por la muerte del joven José Israel López Correa:

Padres: Israel López Chaparro y Ana Victoria Correa Orduz.

Hermanos: Juan David, Astrid Carolina y Natalia López Correa.

Sobrinos: Sara Alejandra Gómez López; Salome Juliana y Haider David López

Correa.

De otra parte, la legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada se

Hermanos: Juan David, Astrid Carolina y Natalia López Correa.

Sobrinos: Sara Alejandra Gómez López; Salome Juliana y Haider David López

Correa.

De otra parte, la legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada se configura por la imputación que en su contra se formuló en la demanda hoy analizada; no obstante, se aclara que está por determinar el sentido de la sentencia, de ahí que al a delantar el estudio de fondo se determinará si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico deprecado.

4. Alcance de la apelación

El a quo negó las súplicas de la demanda, en concreto, porque la muerte alegada fue causada por la propia víctima, sin que el Ejército Nacional tuviera injerencia en ello, decisión que fue cuestionada en la alzada por la parte accionante, en el sentido de argumentar que el tribunal omitió valorar, en especial, el concepto sicológico expedido antes de su muerte y los testimonios recaudados en primera instancia, pruebas que acreditaban que no se trató de un caso de suicidio; pero, al margen de la calificación sobre la causa de la muerte, dijo que lo que correspondía era analizar, de forma concurrente, la falla del servicio y el daño especial.

Así las cosas, la Sala prescindirá del estudio del daño, puesto que el juez de primera instancia lo tuvo por acreditado y no fue objeto de discrepancia y se enfocará, entonces, en determinar, si a partir de la valoración conjunta de las pruebas, se configura la culpa exclusiva de la víctima, a efectos de verificar el cumplimiento del nexo de causalidad y mantener o no la decisión reprochada.

entonces, en determinar, si a partir de la valoración conjunta de las pruebas, se configura la culpa exclusiva de la víctima, a efectos de verificar el cumplimiento del nexo de causalidad y mantener o no la decisión reprochada.

De superar la existencia de tal presupuesto de la responsabilidad extracontractual del Estado, establecerá la procedencia del juicio de atribución jurídica al que hubiera lugar y las consecuencias que se deriven de éste.Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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5. Análisis de la Sala

5.1. Validez de las pruebas que obran en el proceso

Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción2.

De igual forma, se advierte que, junto con la contestación de la demanda, el Ejército Nacional aportó copia del proceso penal y disciplinario adelantado por la muerte del soldado conscripto, prueba que también solicitó la parte actora en el escrito inicial y que fue incorporada en la audiencia inicial, diligencia en la que se surtió el traslado pertinente, de tal suerte que la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales y l as declaraciones obrantes en esas actuaciones , en vista de que las partes las pidieron, conocieron su contenido y contaron con la oportunidad

pertinente, de tal suerte que la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales y l as declaraciones obrantes en esas actuaciones , en vista de que las partes las pidieron, conocieron su contenido y contaron con la oportunidad procesal3 para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no sucedió.

5.2. Imputación

Conforme a lo expuesto por el parte recurrente, se verificará si la muerte del soldado conscripto José Israel López Correa le resulta atribuible o no a la entidad pública demandada y cuál es el fundamento jurídico de dicha determinación o si operó alguna causal eximente de responsabilidad.

Tal y como lo ha señalado la Sección Tercera de esta Corporación, cuando se discute la responsabilidad de la Administración por daños causados durante la prestación del servicio militar obligatorio, el régimen bajo el cual se resuelve dicha situación es di ferente al que se aplica respecto de quienes voluntariamente ingresan a ejercer funciones de alto riesgo como la defensa y la seguridad del Estado, pues a diferencia del soldado profesional, que se une a las filas de las Fuerzas Armadas con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación salarial y prestacional, el soldado que presta el servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por los deberes impuestos en la Constitución Política a las

2 Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. 3 Exigencia prevista en el artículo 174 del CGP.Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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10 personas, derivados de los principios de sol idaridad y de reciprocidad social, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas4.

Por lo anterior, se ha considerado que en tanto las personas tengan el deber de prestar el servicio militar obligatorio, la Administración está obligada a garantizar su integridad sicofísica, por ende, si aquellos no regresan en similares condiciones a las que tenían cuando ingresaron, para el Estado surge la obligación de reparar “los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar”5.

Así, en atención a las circunstancias concretas en que se produjo el hecho, la Sección, en aplicación del principio iura novit curia, ha establecido que la Administración puede responder con fundamento en el régimen de daño especial, cuando el resultado lesivo se produjo como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; bajo el de falla del servicio, cuando la irregularidad administrativa fue la causante del daño y, bajo el de riesgo

cuando el resultado lesivo se produjo como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; bajo el de falla del servicio, cuando la irregularidad administrativa fue la causante del daño y, bajo el de riesgo excepcional, cuando aquel provino de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura sean peligrosos; sin embargo, cuando el resultado lesivo se hubiere producido por el hecho exclusivo de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, el daño no será imputable al Estado, debido al rompimiento del nexo causal6.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

(...) demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el

4 Según el inciso segundo del artículo 216 de la Constitución Política, “(…) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las ne cesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1° de

están obligados a tomar las armas cuando las ne cesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 1° de marzo de 2006, expediente 16.308, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 d e octubre de 2008, expediente 18.586, M.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de febrero de 2009, expediente 17.839, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 6 La Sala ha definido: “La imputación fáctica o también llamado nexo causal constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, a partir del cual se determina el origen de un específico resultado, que se adjudica a un obrar –acción u om isión–, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando, dado que pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana” (sentencia del 20 de mayo de 2022).Radicación número: 15001-23-33-000-2017-00846-01 (64.272)

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Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

11 hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada7.

En línea con lo anterior, cuando se alega, específicamente, la configuración d el

11 hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada7.

En línea con lo anterior, cuando se alega, específicamente, la configuración d el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a la Administración, pues, de no ser así, se revela responsabilidad en el entendido de que la entidad