CE - 150012333000201800704011SENTENCIA20230803161041

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22 ) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001 23 33 000 201 8 00 70 4 01 ( 3456 –202 0)

Demandante: Marleny Jiménez Cubides Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social.

Temas: Pensión gracia. Naturaleza de vinculación nacional.

Incorporación a la planta de personal docente. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 10 de marzo de 202 0, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 1

Marleny Jiménez Cubides , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 044140 del

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 1

Marleny Jiménez Cubides , por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 044140 del 28 de noviembre de 2016 y RDP 013624 del 31 de marzo de 2017 , proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Par afiscales de la Protección SocialUGPP, por medio de las cuales negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y confirmó la decisión, respectivamente.

1 Folios 1 y 2 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP (i) concederle la pensión graci a a partir del 6 de febrero de 2016 , fecha en que adquirió el estatus pensional; (ii) reajustar las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC; y (iii) pagar los intereses moratorios conforme al artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

La actora relató que nació el 3 de mayo de 1956 , razón por la cual cumplió los 50 años de edad el 3 de mayo de 200 6. Así mismo, que

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

La actora relató que nació el 3 de mayo de 1956 , razón por la cual cumplió los 50 años de edad el 3 de mayo de 200 6. Así mismo, que prestó servicio docente en el municipio de Duitama de la siguiente manera:

Actos de nombramiento Fechas Desde Hasta Resolución 922 de 1977 (Nacionalizada) 18 de julio de 1977 11 de septiembre de 1977 Resolución 1193 de 1977 (Nacionalizada) 13 de septiembre de 1977 10 de octubre de 1977 Resolución 1324 de 1977 (Nacionalizada) 11 de octubre de 1977 25 de octubre de 1977 Vinculación del orden Nacional 9 de febrero de 1978 9 de mayo de 1996

Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios, radicó reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con las RDP 044140 del 28 de noviembre de 2016 y RDP 013624 del 31 de marzo de 2017.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

entidad demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 286, 287, 288, 356, 357 de la Constit ución Política; artículos 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; artículo 3 de la Ley 37 de 1933; artículo 1 de la Ley 24 de 1947; artículo 4 de la Ley 4 de 1966; artículo 5 del Decre to Reglamentario 1743 de 1966; artículos 1 y 10 de la Ley 43 de 1975; artículos 1,2,3,5 y 6; del Decreto Ley 2277 de 1979; artículo 54 de la Ley 24 de 1984; artículo 9 de la Ley 29 de 1989; artículos1 artículo 15, numeral 2, literal a de la Ley 91 de 1989 ; artículos 2; 3 y 6 de la Ley 60 de 1993; artículos 7, 345, 37, 38, 41 de la Ley 715 de 2001 y; artículos 42 y 80 del CPACA.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa

y; artículos 42 y 80 del CPACA.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa motivac ión al determinar que prestó en su mayoría un servicio nacional y no territorial. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio docente nacionalizado, departamental y municipal; al respecto, relató que si bien tuvo una vinculación del orden nacional en el año 19 78 ésta cambió al orden departamental desde el 10 de mayo de 1996, hasta el 13 de diciembre de 2002, por mandato de la Ley 60 de 1993.

A partir del 14 de diciembre de 2002 el vínculo que era departamental, mutó a municipal de conformidad con las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 , dado que el pr oceso de nacionalización se extendió en el municipio de Duitama cuando asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación e incorporó la planta de personal por la municipalización de la educación .

En ese orden de ideas, cumplió con el tiem po de labor docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

1.4. Contestación de la demanda.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 2, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Señaló que la docente demandante acreditó tiempos del orden nacional, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión gracia.

Propuso como exce pciones (i) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido ; (ii) inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales y; (iii) prescripción .

1.5. Trámite en primera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó el 3 de diciembre de 2019 3 la audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] Conforme a lo anterior, corresponde a la Sala determinar si existe mérito para declarar la nulidad de los actos administrativos acusados para lo cual previamente deberá establecerse i) Sí la demandante cumple los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, específicamente el de vinculación nacionalizada o territorial anterior a 1980 y 20 años de servicio, ii) Si con la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 mutó el vínculo de la docente de nacional a territorial por la impleme ntación del proceso de descentralización de la educación. iii) Si para el reconocimiento de la pensión gracia pueden ser tenidos en cuenta los tiempos laborados ».

a territorial por la impleme ntación del proceso de descentralización de la educación. iii) Si para el reconocimiento de la pensión gracia pueden ser tenidos en cuenta los tiempos laborados ».

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación. 4

En sentencia de 10 de marzo el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones , al considerar que con la vigencia de la Ley 91 de 1989 la señora Marleny Jiménez Cubides no cumplía con los

2 Folios 226 a 248 del expediente. 3 Folios 277 a 281 del expediente. 4 Folios 325 a 348 del expediente .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 20 años de servicio requeridos, únicamente contaba 3 meses y 5 días como docente nacionaliz ada , además, para la misma fecha tampoco acreditaba los 50 años de edad para acceder a la pensión gracia.

1.7. Recurso de apelación. 5

La señora Marleny Jiménez Cubides allegó escrito en el que reiteró que los tiempos de servicio prestados como docente oficial resultan válidos para acceder a la pensión gracia, al mismo tiempo que se cumplen todos los requisitos exigidos para ello. De igual manera, realizó un análisis lega l y jurisprudencial respecto a que la

resultan válidos para acceder a la pensión gracia, al mismo tiempo que se cumplen todos los requisitos exigidos para ello. De igual manera, realizó un análisis lega l y jurisprudencial respecto a que la ley no exige que para el reconocimiento de la pensión gracia que deben cumplirse la totalidad de requisitos a 29 de diciembre de 1989.

1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia.

La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 6 allegó escrito en el que manifestó que la docente no acreditó el tiempo de servicios en el orden territorial o nacionalizado, razón por la cual no resulta procedente el reconocimiento pensional pretendido.

La señora Marleny Jiménez Cubides reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el escrito de apelación y sostuvo que todos sus tiempos de servicio docente cuentan para efectos de computar los 20 años requeridos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia, sobre la cual tiene derecho al cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley.

5 Folios 317 a 382 del expediente . 6 Índice 14 y 15 del expediente digital disponible en SAMAI .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 La Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto 7. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a los argumentos del mencionado recur so.

• Cuestión previa

Previo a resolver el asunto de fondo, la Sala advierte que la UGPP solicit ó9 unifica r jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 del CPACA , al considera r que es necesario determinar «qué es lo que debe entenderse como “plaza docente” su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las cond iciones que debe reunir “la plaza” a la que se refiere la sentencia de unificación SUJ -11 -S2 DE 21 -06 -2018, para ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial ».

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

ser considerada como nacional, nacionalizada o territorial ».

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de la s decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» 9 Solicitud presentada el 2 2 de abril de 2022 , visible en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Cons ejo de Estado – SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Sobre el particular , se precisa que, esta Sección 10, al resolver varias solicitud es análoga s a la presente, decidió no avocar conocimiento del asunto, puesto que las alegaciones de la UGPP no resultan determinantes para emitir una sentencia de unificación, además del hecho de que el Consejo de Estado ya definió criterios espe cíficos sobre la “ plaza docente” , en tre otras, en sentencias como la del 29 de agosto de 1997 11; 22 de enero de 2015 12; 21 de junio de 2018 13 y del 11 de agosto de 2022 14.

En esos términos , la Sala deberá estarse a lo resuelto en las

junio de 2018 13 y del 11 de agosto de 2022 14.

En esos términos , la Sala deberá estarse a lo resuelto en las providencias referidas , resaltándose que la decisión aquí adoptada se acompasa con el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que es garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y la ley, puesto que, al tratarse de una controversia relacionada con asuntos pensionales, debe impedirse cualquier trámite dilatorio al estar involucra das personas de la tercera edad.

Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» , que en su artículo 4, literal c), estableció el compromiso de adoptar y fortalecer «todas las medidas legis lativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001 -23 -33 -000 -2013 -00344 -01 (4053 -2015). 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radica ción S -699. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicación: 25000 -23 -42 -000 -2012 -02017 -01(0775 -2014).

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicación: 25000 -23 -42 -000 -2012 -02017 -01(0775 -2014). 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000 -23 -42 -000 -2013 -04683 -01(3805 -2014) SUJ -011CE -S22018. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación: 15001 -23 -33 -000 -2016 -00278 -01(3018 -2017) SUJ -030CE -S22022.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 preferencial en todos los ámbitos ».

2.2. Del problema jurídico.

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿Marleny Jiménez Cubides , en su calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensió n gracia?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gr acia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.

beneficio de la pensión gr acia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 normalista y la inspe cción, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señala do por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes

entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad terr itorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la tot alidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión SocialNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la na ción. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha

a cargo total o parcial de la na ción. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de ca rácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión grac ia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) sie mpre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» 15

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 16 previó las sig uientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

04683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12 , resulta factible coleg ir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados

manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable infer ir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nac ional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13 ; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimien to tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentasNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 endógenas de la respectiva localidad, o de las exóge nas — situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .»

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizad a con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento». 17

antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento». 17

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adi cionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

00278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 15001 23 33 000 2018 00704 01

Demandante: Marleny Jiménez Cubides

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 2.3.2. Del docente interino

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe tener presente que para reconocer la pensión gracia únicamente se exige la acreditación de 20 años de servicios, sin que importe la modalidad del vínculo, es decir, sin que sea necesari o tener en cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de docente, si lo fue en carrera o en forma transitoria.

Es así como esta Corporación determinó:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la juris prudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualq uiera de las previstas en la ley 14

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente

haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualq uiera de las previstas en la ley 14

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la interinidad, como u