CE - 150012333000202100327011SENTENCIA20230626110016

Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 00

Accionante: Jairo Alonso Rincón Quintana

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación: 15001-23-33-000-2021-00327-01

Solicitante: JAIRO ALONSO RINCÓN QUINTANA concejal acusada: TRÁNSITO EDITH APONTE LIZARAZO

Tesis:

Incurre en causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses el concejal que sin declararse impedido participa y vota un proyecto de acuerdo municipal destinado al pago de demandas laborales, pese a que , para la fecha en que se debatió, el municipio no le había pagado la totalidad de una deuda derivada de una conciliación judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la concejal acusada contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la pérdida de su investidura como concejal del municipio de Susacón, Boyacá , elegida para el período constitucional 2020-2023.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

Accionante: Jairo Alonso Rincón Quintana

constitucional 2020-2023.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

El señor Jairo Alonso Rincón Quintana, obrando en nombre propio, solicitó se decretara la pérdida de investidura de la señora Tránsito Edith Aponte Lizarazo, por considerar que incurrió en las causales de indebida destinación de dineros públicos y en conflicto de intereses, conforme con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 2 (sic) del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1

En cuanto a la indebida destinación de dineros públicos

El solicitante i nformó que la señora Tránsito Edith Aponte Lizarazo fue elegida concejal del municipio de Susacón para el período constitucional 2020-2023.

Señaló que la acusada, junto con los concejales de la banca de oposición, nombraron a la señora Sara Lucía Arciniegas Barrera como secretaria del concejo municipal de Susacón para el año 2020.

Arguyó que la concejal, en calidad de presidente del concejo, autorizó el

nombraron a la señora Sara Lucía Arciniegas Barrera como secretaria del concejo municipal de Susacón para el año 2020.

Arguyó que la concejal, en calidad de presidente del concejo, autorizó el pago de los salarios de la secretaria de la Corporación por medio de las Resoluciones números 005, 006, 007, 008, 010, 011, 013, 016, 018, 019 y 021 de 2020 , con una asignación mensual de $877.803 y un auxili o de

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 23 33 000 2021 00327 01.AnexoDemanda.pdf.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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transporte por la suma de $102.854, más un subsidio de alimentación por la suma de $66.651.

Indicó que existieron diferencias aritméticas entre el valor de la asignación básica, el auxilio de transporte y el subsidio de alimentación.

En cuanto al conflicto de intereses

Anotó que las señoras Tránsito Edith Aponte Lizarazo y Graciela Pinzón Pinzón demandaron al municipio de Susacón en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que, a raíz de un fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado que accedió a las pretensiones, el 9 de

Pinzón demandaron al municipio de Susacón en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que, a raíz de un fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado que accedió a las pretensiones, el 9 de agosto de 2017 suscribieron con el municipio un acuerdo conciliatorio para el pago de la condena.

Explicó que las mencionadas señoras presentaron en el año 2018 demanda ejecutiva contra el ente territorial y que ambas ciudadanas participaron como candidatas al concejo por el Partido Alianza Verde, pero solo la señora Aponte Lizarazo obtuvo una curul.

Agregó que la acusada fue nombrada presidenta del concejo para el año 2020 y, a su vez, hizo parte de la comisión de presupuesto y hacienda pública del concejo municipal de Susacón.

Alegó que el 7 de septiembre de 2020 el alcalde municipal presentó los proyectos de acuerdo números 011 y 012 de 2020, con el fin de adicionar el presupuesto del municipio, dentro de los cuales estaba el pago de deudas laborales, que fueron votados negativamente y archivados en la plenaria del concejo municipal de Susacón , tanto por la concejal Tránsito EdithRadicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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Aponte como su bancada de oposición, quienes representaban las mayorías en la corporación colegiada.

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Aponte como su bancada de oposición, quienes representaban las mayorías en la corporación colegiada.

Mencionó que , debido a lo anterior, el alcalde presentó dos nuevos proyectos de acuerdo, los números 015 y 018 de 2020 “(….) e igualmente dispuso funcionarias de la administración para que asistieran a las mesas de trabajo y sesiones de comisión con la orden específica de acceder a los requerimientos de los concejales de oposición, quienes representan las mayorías … y tienen el manejo de la votación en la Comisión Seg unda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública y, en plenaria, entre ellos, Tránsito Edith Aponte Lizarazo en su calidad de concejal y presidente de la corporación para la vigencia 2018”.

Aseveró que el 30 de octubre de 2020, mediante acta nro. 008 de sesión plenaria extraordinaria, se dio segundo debate al proyecto de acuerdo nro. 015 de 2020 ; “(…) así Tránsito Edith Aponte Lizarazo en su calidad de concejal y presidente de la corporación junto con su bancada de oposición, una vez cumplidos sus intere ses particulares sobre la ampliación de los dineros del rubro 215010 sentencias y conciliaciones laborales, procedieron a dar voto positivo en segundo debate materializándose en acuerdo municipal (…)”.

Manifestó que también se presentó el proyecto de acuerdo municipal nro. 018 de 2020 y allí se estableció el rubro 2.3.3.13 sentencias y conciliaciones, que beneficiaba directamente a la concejal acusada, quien participó en los debates sin declararse impedida, proyecto que fue aprobado

018 de 2020 y allí se estableció el rubro 2.3.3.13 sentencias y conciliaciones, que beneficiaba directamente a la concejal acusada, quien participó en los debates sin declararse impedida, proyecto que fue aprobado tanto por ella como por su bancada de oposición.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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Anotó que, “(…) con el pleno conocimiento de la existencia del rubro 215010 por $207.212.177 el día 13 de noviembre la apoderada judicial de Tránsito Edith Aponte Lizarazo y Graciela Pinzón Pinzón solcito (sic) al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama medias (sic) cautelares de embargo y secuestro de las cuentas bancarias del municipio de Susacón en los bancos Davivienda, Popular, Bancolombia, Bogotá y Agrario”.

Indicó que el 18 de marzo de 2021 el presidente del concejo municipal de Susacón, haciendo alusión a la colectividad del Partido Verde declarada en oposición, presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Susacón acción de tutela por la respuesta al derech o de petición instaurado referente al rubro 215, pago de sentencias y conciliaciones, y que el 19 de marzo, una vez notificada la providencia de medidas cautelares y para dar contestación a la acción de tutela, el municipio de Susacón procedió a consignar la suma

rubro 215, pago de sentencias y conciliaciones, y que el 19 de marzo, una vez notificada la providencia de medidas cautelares y para dar contestación a la acción de tutela, el municipio de Susacón procedió a consignar la suma de $70.000.000 del rubro 215010 en favor del proceso ejecutivo de Tránsito Edith Aponte Lizarazo y Graciela Pinzón Pinzón.

Concluyó que la acusada tenía un interés directo, particular y actual, dado que, como miembro de la comisión de presupuesto y presidente del concejo, con mayorías de oposición, tuvo el control en las votaciones para hacer exigencias sobre la creación y aumento de los rubros en los proyectos de índole presupuestal, lo que significó mayores recursos para el pago de la acreencia laboral de la que es titular, sin que manifestara impedimento alguno en la discusión de los respectivos proyectos.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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2.- Contestación por parte de la concejal acusada

La señora Tránsito Edith Aponte Lizarazo , actuando por conducto de apoderado, contestó la solicitud de desinvestidura, manifestando que se oponía a su prosperidad, y como argumentos de defensa expuso2:

La ausencia de culpabilidad en las conductas atribuidas: para ello expuso que la acusada , en cumplimiento de su deber legal y constitucional ,

oponía a su prosperidad, y como argumentos de defensa expuso2:

La ausencia de culpabilidad en las conductas atribuidas: para ello expuso que la acusada , en cumplimiento de su deber legal y constitucional , aprobó un rubro para el pago de sentencias y conciliaciones desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 , pero no lo hizo por motivos personales, puesto que sus acreencias con el municipio fueron adquiridas en el año 2017, situación que es anterior a la elección como concejal y, además, quien se encarga de pagar es el alcalde en calidad de nominador, no el concejo municipal.

Ejercicio legítimo de la bancada de oposición : al efecto adujo que las actuaciones que ha adelantado la bancada de oposición al gobierno municipal de Susacón y los constantes derechos de petición presentados por el presidente del concejo se fundamentaron en el Estatuto de la Oposición para preservar el interés público, “(…) como lo es verificar si el rubro aprobado para el pago de sentencias y actas de conciliación fue debidamente cancelado dentro de los términos aprobados por el concejo municipal”.

En relación con el proceso ejecutivo que adelantó: anotó que es anterior a su elección como concejal, que dicho proceso se encontraba en curso “(…) y no han sido canceladas las sumas contenidas en el acta de conciliación donde se le reconocen derechos a mi poderdante, cuestión

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 15001 23 33 000 2021 00327 01.ContestaciónDemanda.pdf.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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que si se observa la fecha de creación del título ejecutivo y del (sic) fecha del proceso son todas anteriores a la elección y posesión del cargo como concejal del municipio, lo cual demuestra que no fue una deuda adquirida en su condición de concejal, por lo que no puede enunciarse que tie ne conflicto de intereses, ya que mi poderdante no tiene forma de utilizar su cargo para cancelar sus acreencias, por lo que cabe mencionar que mi poderdante desde hace varios años ha luchado dentro del marco jurídico de la jurisdicción contenciosa administrativa para el pago de sus derechos reconocidos por a alcaldía municipal de Susacón (…)”.

Ausencia de detrimento patrimonial : frente a los valores que se afirmó pagados en exceso a la secretaria del concejo, esgrimió que el tesorero es quien tiene el deber de determinar los valores o cuentas propias del pago de nóminas, sin que exista ninguna investigación disciplinaria o fiscal por ese hecho , por lo que los motivos sobre el error de los valores contenidos en la Resolución 012 de 2020 se basan en meras afirmaciones.

Propuso como excepciones de fondo:

Inexistencia de elemento de culpabilidad para la pérdida de investidura ;

contenidos en la Resolución 012 de 2020 se basan en meras afirmaciones.

Propuso como excepciones de fondo:

Inexistencia de elemento de culpabilidad para la pérdida de investidura ; al efecto citó el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 y la sentencia SU -424 de 2016 de la Corte Constitucional para concluir que las afirmaciones del demandante no evidencian una conducta dolosa o gravemente culposa.

Cumplimiento de un deber constitucional y legal: hizo referencia a los artículos 313-4 y 315-9 de la Constitución, así como al reglamento interno del concejo y alegó que la corporación aprueba los gastos necesarios para el municipio, pero no determina a qué personas deben pagarse las sumas de dinero, puesto que ello le corresponde al alcalde.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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Ejercicio legal del estatuto de la oposición : indicó que la demanda desconoce la Ley 1909 de 2018 y la sentencia C018 de 2018 de la Corte Constitucional.

Por último, que la Resolución nro. 012 de 2020 está en firme y que no ha sido objetada.

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 8 de septiembre de 2021, decretó la desinvestidura de la acusada y como

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 8 de septiembre de 2021, decretó la desinvestidura de la acusada y como razones de la decisión se apoyó en las siguientes3:

En lo relacionado con la indebida d estinación de dineros públicos expuso que, pese a que el acto de nombramiento de quien fue vinculada en el 2020 como secretaria del concejo indicó de manera incorrecta el valor de la asignación básica y el subsidio de transporte, los pagos se efectuaron de conformidad con los montos fijados por el gobierno nacional. Frente a los conceptos de subsidio de alimentación y prima de servicios, señaló que los dineros se emplearon para el pago de emolumentos laborales debidamente causados en razón de la prestación personal de un servicio en el marco de una relación legal y reglamentaria.

En lo atinente a la causal de conflicto de intereses, consideró que estaba configurada, toda vez que la acusada participó de manera activa en el trámite de los proyectos de acuerdo números 11, 12, 15 y 18 de 2020 , que tenían una connotación presupuestal, e incluso solicitó abiertamente

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 23 33 000 2021 00327 01.Anexo.SentenciaDenegatoria.pdf.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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el incremento del rubro destinado al pago de sentencias y conciliaciones, incluso cuando ella misma era acreedora del municipio, lo que repercutió en que finalmente fuera beneficiaria con el pago de la suma de $70.000.000.

Para arribar a dicha conclusión , analizó que estaba probado que la acusada era acreedora del municipio de Susacón a partir de la ejecutoria del auto proferido el 9 de agosto de 2017 , proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama , que aprobó la conciliación que celebraron las partes, y existía una clara relación entre su posición de acreedora y su función constitucional y legal de aprobar la creación y adición de apropiaciones destinadas a pagar deudas originadas en providencias judiciales.

Expuso que se probó el interés es particular, inmediato, real y actual, toda vez que la provisión de recursos para el rubro de sentencias y conciliaciones dio lugar a que el municipio abonara dineros a la deuda de la que la concejal era acreedora, sin que en ninguna de las sesiones se declarara impedida para discutir los proyectos de acuerdo y, por el contrario, intervino, actuando como ponente, exponiendo propuestas y emitiendo su voto.

Añadió que los miembros del concejo que rindieron su testimonio en este proceso coincidieron en señalar que la concejal nunca se declaró

contrario, intervino, actuando como ponente, exponiendo propuestas y emitiendo su voto.

Añadió que los miembros del concejo que rindieron su testimonio en este proceso coincidieron en señalar que la concejal nunca se declaró impedida, participó en el trámite de los proyectos y que no informó a sus compañeros que la deuda del municipio subsistía para esa época.

En cuanto al elemento subjetivo, analizó que estaba configurado y calificó la actuación de la concejal de gravemente culposa, ya que debía saber que su comportamiento era contrario a derecho y no fue diligente paraRadicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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adoptar medida alguna tendiente a evitar la configuración de un conflicto de intereses , puesto que no se declaró impedida en el trámite de los proyectos de acuerdo números 11, 12, 15 y 18, y, por el contrario, las actas de las respectivas sesiones demuestr an que de manera activa solicitó el incremento de la apropiación que la beneficiaba. En este punto, accedió a la petición que hizo el Ministerio Público de remitir copias con destino a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo para que investigara la participación de la concejal e n el trámite de los referidos proyectos de acuerdo.

Por último, anotó: “(…) la Sala reitera que, como se explicó en el acápite

investigara la participación de la concejal e n el trámite de los referidos proyectos de acuerdo.

Por último, anotó: “(…) la Sala reitera que, como se explicó en el acápite de cuestión previa, fue planteado de forma extemporánea el argumento defensivo relacionado c on que los pagos causados con posterioridad al año 2019 estaban destinados a sufragar los honorarios de la apoderada de la accionada dentro del proceso ejecutivo. Sin embargo, aun admitiendo que pudiera analizarse este razonamiento, de ninguna manera desdibuja el interés y beneficio que se han explicado en esta sentencia. // 213. Lo anterior por cuanto, si el pago efectuado por el Municipio de Susacón (por $70.000.000) fue recibido materialmente por la accionada, esta naturalmente vio incrementado su patrimonio, y si quedó en manos de su apoderada, con ello se evitó que el aludido patrimonio decreciera con ocasión del cumplimiento de la obligación contractual relacionada con el pago de honorarios. En otras palabras, bajo cualquier óptica la suma antes mencionada benefició económicamente a la demandada, independientemente de quién lo percibiera finalmente, pues es la ejecutante y no la profesional del derecho la titular la acreencia”.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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4.- El recurso de apelación

Inconforme con la sentencia de prime ra instancia y dentro de la

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4.- El recurso de apelación

Inconforme con la sentencia de prime ra instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado de la concejal acusada recurrió la decisión , pidiendo que fuera revocada , por lo siguiente4:

Afirmó que se desconoció la sentencia SU424 de 2016, “ puesto que el fallo del tribunal administrativo fue bajo responsabilidad objetiva, aun cuando es un régimen subjetivo”.

Que en la sentencia se examinó el proceso de votación para el rubro de sentencias y conciliaciones en los cuales intervino su poderdan te, sin embargo “(…) el despacho analizó estas conductas haciendo que solo con la emisión del voto ya se está frente a una culpa, lo cual con la sola la (sic) actitud de la participación del trámite de los debates tanto en primer y segundo debate determinó y fue suficiente para el despacho la pérdida, sin embargo, se destaca que nunca se solicitó por la parte demandante o la decretó de oficio el despacho interrogatorio de parte o prueba testimonial sobre las cu áles fueron las actuaciones por parte de mi poderdante, prueba esencial para cuestionar los motivos que llevaron para su voto, si existía un interés general o particular, si ese momento tenía pleno conocimiento de la deuda con el municipio, entre varios cuestionamientos que pueden versar sobre esta cau sal de conflicto de intereses”.

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

tenía pleno conocimiento de la deuda con el municipio, entre varios cuestionamientos que pueden versar sobre esta cau sal de conflicto de intereses”.

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 23 33 000 2021 00327 01.Anexo.Apelación.pdf.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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Alegó que, comoquiera que el análisis de la pérdida de investidura no es un juicio de validez sino de conducta , debe estar acreditada la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

En cuanto al primer elemento, adujo que, para el presente caso , no se configura la causal de conflicto de intereses, puesto que , con el documento del 17 de diciembre de 2019, se prueba que a la concejal ya le había sido cancelada la totalidad de la deuda y que “(…) el resto de concepto de la deuda recae para el pago de honorarios de la apoderada de los procesos ejecutivos”.

Sostuvo que, pese a que existía una deuda con el municipio, quien realmente la cobró fue la apoderada de los procesos ejecutivos , y que “(…) la obligación existente ent re mi poderdante y la doctora Avilma es una obligación natural, por cuanto la apoderada de los procesos ejecutivos la forma de recibir sus honorarios es por las gestiones que realice contra

“(…) la obligación existente ent re mi poderdante y la doctora Avilma es una obligación natural, por cuanto la apoderada de los procesos ejecutivos la forma de recibir sus honorarios es por las gestiones que realice contra el municipio, mas no puede iniciar acciones legales contra mi poderdante la concejal Tránsito Edith Aponte, puesto que el documento creo una obligación natural, por lo que de forma indistinta que cancelen o no la deuda en favor de la doctora Avilma, no afecta o beneficia a mi poderdante, por lo que no habría lugar a la e xistencia de conflicto de interés”.

En cuanto a la antijuridicidad, explicó que, pese a que se trataba de un concepto de derecho penal , era aplicable a los procesos de pérdida de investidura, teniendo en cuenta los elementos de la Ley 1881 de 2018 y la sentencia SU de 2016. Afirmó que el tribunal no estudió si la conducta de la acusada afectaba o no el bien jurídico tutelado, lo que habría permitido concluir que , como las acreencias surgidas del acta de conciliación que derivaron en los procesos ejecutivos ya le fueron pagadasRadicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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y el remanente de la deuda estaba en cabeza de la apoderada , “(…) la cual con base en el documento del 17 de diciembre de 2019 evidencia que

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y el remanente de la deuda estaba en cabeza de la apoderada , “(…) la cual con base en el documento del 17 de diciembre de 2019 evidencia que ya no existe obligación entre la concejal y su apode rada al cobrarse la deuda por medio del proceso ejecutivo”.

De igual manera, frente a la antijuridicidad expuso: “(…) sin embargo, bajo el supuesto de que exista conflicto de intereses, debe analizarse los dos elementos de la antijuridicidad, el legal y el material, frente al primer elemento es probable que exista al estar enunciado en el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 y artículo 48 de la Ley 617 de 2000, sin embargo a nivel material cabría la siguiente pregunta ¿el hecho de emitir voto para el rubro de sentencias y conciliaciones está afectando a la gestión ideal de concejal y por consiguiente de propender por el interés general? Alegó que para responder esa pregunta debía tenerse en cuenta la intención del voto de la concejal que tuvo como fin la dism inución de las deudas del municipio, así como la acumulación de intereses por el no pago de varias deudas del municipio, incluyendo la de la concejal, al punto que varios bienes inmuebles de propiedad del municipio están embargados o secuestrados. Anotó qu e por ello se hizo el incremento del rubro de sentencias y conciliaciones, puesto que era necesario disminuir las deudas del municipio y con ello evitar el pago de intereses legales.

En cuanto a la culpabilidad dijo: “(…) solo hecho del voto no es razón suficiente para evidenciar que la intensión (sic) era favorecer los interés

del municipio y con ello evitar el pago de intereses legales.

En cuanto a la culpabilidad dijo: “(…) solo hecho del voto no es razón suficiente para evidenciar que la intensión (sic) era favorecer los interés (sic) privados de mi poderdante, puesto que el nexo causal es precisamente el nominador del gasto es el alcalde, quien fue el que ordeno el pago, por ello en caso de que no se hubiera girado el valor del dinero, ¿existiría aun así conflicto de intereses? Por ell o es evidente que esta situación rompe el nexo de causalidad (…)”.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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También indicó que “(…) el honorable Tribunal administrativo enuncia el título de culpa pero no utilizado dentro del derecho penal o disciplinario propio del ius puniendi, sino que se remite al artículo 63 del Código Civil, el cual es propio de la responsabilidad contractual o extracontractual no aplicable como título de imputación en lo correspondiente al derecho sancionatorio (…)”.

Por último, manifestó que “(…) los concejales Alirio Suarez Mesa y Jaime Enrique Davila Baez, tenían conocimiento de la deuda, puesto que respondieron derecho de petición interpuesto por la apoderada Avilma Isabel Castro, lo cual se evidencian que han mentido en la prueba testimonial, donde afirmaron no conocer la deuda (…)”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 8 de octubre de 20215.

Isabel Castro, lo cual se evidencian que han mentido en la prueba testimonial, donde afirmaron no conocer la deuda (…)”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 8 de octubre de 20215.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 22 de octubre de 20216.

5.2. Por auto del 12 de enero de 2022 se admitió el recurso de apelación y se negaron las pruebas pedidas en esta instancia por el apoderado de la concejal acusada7.

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 23 33 000 2021 00327 01.AnexoconcedeApelación.pdf.

6 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 23 33 000 2021 00327 01.

7 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro15001 23 33 000 2021 00327 0101.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00327 01

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5.3. Contra la decisión de rechazar por improcedentes las solicitudes probatorias pedidas en esta instancia, el apoderado de la concejal acusada

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5.3. Contra la decisión de rechazar por improcedentes las solicitudes probatorias pedidas en esta instancia, el apoderado de la concejal acusada interpuso en oportunidad recurso de apelación8, el cual fue adecuado a súplica por auto del 27 de septiembre de 20229.

5.4. Mediante proveído del 1 de diciembre de 2022 la Sala de la Sección Primera resolvió el recurso de súplica, en el sentido de confirmar el proveído del 12 de enero de 202210.

5.5. El expediente ingresó a despacho para fallo el 16 de enero de 202311.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer de l recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el artículo 48, parágrafo 2 , de la Ley 617 de 2000 12, y con base en lo

8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 15001 23 33 000 2021 00327 01.

9 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 15001 23 33 000 2021 00327 01.

10 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 15001 23 33 000 2021 00327 01.

10 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 15001 23 33 000 2021 00327 01.

11 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 15001 23 33 000 2021 00327 01.

12 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1