CE - 150012333000202200424011AUTOQUERESUEL20230704103436

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación número: 15001-23-33-000-2022-00424-01

Actora: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - COMFABOY

Asunto: Resuelve recurso de apelación contra auto.

TESIS: CONFIRMA AUTO QUE DENEGÓ LA SOLICITUD DE

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE LE IMPUSO UNA

MULTA A COMFABOY, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 231 DEL CPACA PARA SU

DECRETO.

AUTO INTERLOCUTORIO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 24 de noviembre de 2022 , proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIV O DE BOYACÁ 1, que denegó la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados de nulidad dentro del proceso, a través de los cuales se impuso una sanción de multa.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Radicación número: 15001-23-33-000-2022-00424-01

impuso una sanción de multa.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actora: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - COMFABOY

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I-. ANTECEDENTES

La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 2, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, presentó demanda tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 1447 de 27 de agosto de 2020, “ Por medio de la cual se decide un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se toman otras determinaciones”, y 2389 de 9 de diciembre de 2021, “ Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y de adoptan otras determinaciones ”, expedidas por el

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

BOYACÁ – CORPOBOYACÁ4.

II-. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El TRIBUNAL, en auto de 24 de noviembre de 2022, denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados, al considerar que el fundamento de dicha

2 En adelante COMFABOY. 3 En adelante CPACA.

solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados, al considerar que el fundamento de dicha

2 En adelante COMFABOY. 3 En adelante CPACA. 4 En adelante CORPOBOYACÁ.3

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solicitud era la protección del patrimonio económico de COMFABOY con ocasión de un eventual embargo por parte de CORPOBOYACÁ, por lo que no se advertía la afectación real del patrimon io de la demandante, dado que ni siquiera existía un procedimiento administrativo de cobro coactivo vigente.

Al respecto, el TRIBUNAL indicó lo siguiente:

“[…] Tal y como lo informara Corpoboyacá en el escrito de oposición, se encuentra acreditado que hasta la presente no existe formalmente ni se ha dado inicio a alguna clase de cobro persuasivo o procedimiento de cobro coactivo que persiga la ejecución de la multa impuesta a Comfaboy. De lo cual se infiere que, el perjuicio en el que fundamenta la caut ela no es real y serio, ni comporta el grado de certeza suficiente en punto a su existencia. Hasta el momento, aun cuando se trata de actos administrativos, en principio, ejecutables, no reposa en el plenario prueba sumaria indicativa de la lesión efectiva del

serio, ni comporta el grado de certeza suficiente en punto a su existencia. Hasta el momento, aun cuando se trata de actos administrativos, en principio, ejecutables, no reposa en el plenario prueba sumaria indicativa de la lesión efectiva del patrimonio de la demandante. Dicho de otro modo, el citado perjuicio es eventual e hipotético. No existe probabilidad de su ocurrencia por cuanto ni siquiera existe un procedimiento administrativo de cobro coactivo vigente.

Además, el Despacho no pasa desapercibido que, ante un eventual decreto y práctica de embargos sobre los bienes de la demandante, habrá de tenerse en cuenta la naturaleza de los recursos, la procedencia de las reglas de inembargabilidad, así como la posibilidad de alegar excepci ones en virtud de la interposición de la presente demanda. De otro lado, conviene resaltar que, como afirmó la demandante, en la actualidad “(…) se encuentra en trámite la solicitud de prórroga de la Concesión y paralelamente se encuentra en trámite la solicitud de permiso de vertimientos.”. En tal sentido, a juicio del Despacho, la concesión de tales permisos por parte de la autoridad ambiental podría llevar a la continuación de la operación y prestación de bienes y servicios. Lo que resta aún más certeza al perjuicio alegado […]”.4

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Por lo anterior, el TRIBUNAL concluyó que ante la falta de acreditación del interés objeto de protección resultaba innecesario decretar la medida cautelar solicitada, pues las pruebas aportadas en esta etapa inicial del proceso no acreditan sumariamente que los actos acusados de nulidad le ocasionen algún daño a la actora, o que de no otorgarse la medida solicitada se le puede generar un perjuicio irremediable.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto de 24 de noviembre de 2022 , tendiente a que se revoque el mismo , para lo cual indicó que no compartía el argumento expuesto por el TRIBUNAL en el sentido de que era necesario que el acto demandado estuviere produciendo materialmente sus efectos jurídicos que, para el caso en concreto, sería la existencia del proceso de cobro coactivo y el embargo de los recursos de COMFABOY.

En ese sentido, la parte actora indicó lo siguiente:

“[…] (i) El art. 231 de la Ley 1437 de 2011, no exige que el acto acusado esté produciendo perjuicios.

(ii) El art. 238 de la C.P. tampoco exige que el acto administrativo acusado esté produciendo perjuicios.5

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(ii) El art. 238 de la C.P. tampoco exige que el acto administrativo acusado esté produciendo perjuicios.5

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(iii) La redacción del literal a) del numeral 4 del art. 231 de la Ley 1437, permite que la medida cautelar, prevenga el PERJUICIO IRREMEDIABLE: no se comparte que previamente exista un embargo de los recursos de la Caja, para como consecuencia de la cautela, proceda la suspensión del mismo, en tal hipótesis, los recursos embargados saldrán del patrimonio de la Caja, hasta tanto no se defina este asunto, en otras palabras, en tal hipótesis el a -quo afirma, que el proceso coactivo se suspenderá, pero lo que se busca con la cautela es que precisamente no se promuev a EL PROCESO COACTIVO, sería este el fin de tal petición.

(iv) La Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C, en la providencia del 13 de diciembre de 2021 Radicado 50001-2333-000-2016-00043-02 (66303) M.P. Dr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, dijo que el perjuicio podría causarse, no limitó la medida a que se probara su causación […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

LUQUE, dijo que el perjuicio podría causarse, no limitó la medida a que se probara su causación […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el numeral 5 del artículo 243 5 del CPACA, el recurso de apelación procede contra el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

Comoquiera que en el caso bajo examen el recurso interpuesto por la parte actora versa sobre la providencia por medio de la cual se denegó la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados de nulidad en el proceso de la referencia , corresponde a la Sala conocer del presente recurso de apelación, de

5 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.6

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conformidad con lo dispuesto en el literal h) numeral 2 del artículo 125 del CPACA.

La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA6 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos

efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos , mientras se decide d e fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida . Su finalidad, pues, es la de « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos,

6 El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, «una o varias de las siguientes» cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta « vulnerante o amenazante», cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).7

Radicación número: 15001-23-33-000-2022-00424-01

autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).7

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en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».7

Esta Corporación8 ha señalado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional el juez efectúa el estudio de la presunta vulneración a través de la confrontación de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensión, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un análisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se expl icó en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 20159:

«[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial , y que implica una confrontación de legalida d de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud . Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumar ia,

superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud . Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumar ia, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa . Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, número único de radicación 11001-03-26-000-2015-0002200. 8 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación 11001-03-26-000-2014-00101-00. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00.8

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y de lo Contenci oso Administrativo, no constituye

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y de lo Contenci oso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisió n final […]». (Resaltado fuera del texto original).10

Requisitos de procedencia de la suspensión de los efectos del acto acusado.

A voces del artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». Entonces, su procedencia está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice así el citado artículo:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas

10 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia

demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas

10 Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala.9

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superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.» (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.10

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Cabe resaltar que, sobre el artículo en men ción, la Sección Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mo ra, se entienden implícitos cuando quiera

medida cautelar consistentes en la verificación de los criterios (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mo ra, se entienden implícitos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 202111, la Sala indicó:

“[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efe ctos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda , porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial. En cuanto al “ fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la su spensión provisional de los efectos del acto acusado […]”12. (Negrillas fuera del texto original).

11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001 -23-33000-2018-00285-01, C.p. Oswaldo Giraldo López. 12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de

000-2018-00285-01, C.p. Oswaldo Giraldo López. 12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, Cp: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nu lidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”11

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También, en providencia de 26 de junio de 2020 13, la Sala se refirió a este asunto de la siguiente manera: “[…] La Sala considera que cuando el juez administra tivo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”

Precisado lo anterior, el Despacho procede a verificar si en el caso sub judice se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por la parte actora.

El caso concreto

Precisado lo anterior, el Despacho procede a verificar si en el caso sub judice se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por la parte actora.

El caso concreto

La actora pretende la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones núms. 1447 de 27 de agosto de 2020, “ Por medio de la cual se decide un Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se toman otras determinaciones ”, y 2389 de 9 de diciembre de 2021, “Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y de adoptan otras determinaciones ”, expedidas por

CORPOBOYACÁ.

La Resolución núm. 1447 de 27 de agosto de 2020 establece:

“[…] RESOLUCIÓN No. 1447 del 27 de agosto de 2020

13 Número único de radicación 11001032400020160029500, Cp: Hernando Sánchez Sánchez.12

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Por medio de la cual se decide un Proceso Sancionatorio Ambiental y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE SUS FACULTADES

Ambiental y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución No. 2305 del 16 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ-0295/11 resolvió revocar el contenido de las actuaciones administrativas que hacían parte del mismo, y en orden a subsanar las falencias de debido proceso e impartir certeza jurídica, INICIÓ PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, por los hechos constitutivos de infracción ambiental consistentes en el uso ilegal y posterior vertimiento una vez utilizadas las aguas termo – minerales con destino con destino al HOTEL PANORAMA – COMFABOY, ubicado en el municipio de Paipa – Boyacá, sin contar con los permisos que para el efec to se requieren de conformidad con lo establecido en los Decretos 1541 de 1978 y 3930 de 2010. (fl.97)

(…)

Que mediante Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016,

CORPOBOYACÁ resolvió FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO a la

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ –

(…)

Que mediante Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit. No. 891800213 -8, en su condición de propietario del Hotel PANORAMA, ubicado en el municipio de Paipa. (fl. 107).

“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.7.2.; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y realizar vertimientos de las mismas, al Río Chícamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del Municipio de PAIPA”.

(…)13

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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley

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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, correspondientes al Proceso Sancionatorio en materia Ambiental, agotados los trámites para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente OOCQ-0295/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit. No. 891800213-8, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 1949 del 24 de junio de 2016, de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.

(…)

Único cargo

“Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.7.2.; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglam entario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y realizar vertimientos de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del Municipio de PAIPA”.

De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber incurrido en la omisión de dos deberes, los

dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del Municipio de PAIPA”.

De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber incurrido en la omisión de dos deberes, los cuales son: i) Usar sin concesión de aguas el recurso hídrico termo – mineral hasta el 14 de septiembre de 2012, fecha en la que obtuvo la misma y ii) Realizar vertimientos sin previo tratamiento y permiso de las mismas, al Río Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA, vulnerando los artículos 2.2.3.2.7.1; 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Frente a la primera de las conductas, la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY, identificada con el Nit. No. 891800213-8 ha manifestado en sus descargos lo siguiente:

Que ha realizado todas y cada de una de las acciones a fin de obtener el permiso de concesión de aguas, indica que mediante Resolución No. 25 43 del 14 de septiembre de 2012, acto14

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Actora: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ - COMFABOY

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administrativo que se encuentra en el expediente OOCA-0116/11 se otorgó dicho permiso, por lo que argumenta que no se está vulnerando la norma citada para tal conducta, toda vez que se agotaron los trámites correspondientes a fin de obtener el permiso requerido.

En cuanto al tiempo que no se contaba con el permiso de concesión de aguas aduce que al perfeccionarse el contrato de compraventa del HOTEL PANORAMA según la escritura pública No. 97 del 4 de febrero de 1999, en la cláusula quinta se estableció que dicha venta además de incluir el nombre del hotel también incluía la concesión de aguas termales otorgada mediante la Resolución No. 525 del 4 de septiembre de 1996, al cual se le concedió una prórroga y se le otorgó el permiso provisional de vertimientos.

Por lo que concluye que se encontraba frente a una situación jurídica denominada ERROR INVENCIBLE, el cual se puede limitar en el error de pensar que se están realizando las actuaciones y que dichas actuaciones son consideradas como licitas dentro de la órbita donde se realiza, es decir que COMFABOY creyó actuar de manera licita en el sentido de pensar que con la solicitud de concesión de aguas estaba obrando lícitamente más

licitas dentro de la órbita donde se realiza, es decir que COMFABOY creyó actuar de manera licita en el sentido de pensar que con la solicitud de concesión de aguas estaba obrando lícitamente más aún si se tiene que se estaban realizando los pagos correspondientes a USOCHICAMOCHA por la administración y operación del distrito de las fuentes salinas.

Respecto de lo anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un análisis respecto de la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde, al establecido en la norma que se señaló como presuntamente vulnerada en este cargo y esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.

Así las cosas, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, se encuentra que el origen del Proceso Sancionatorio Ambiental se halla en el concepto técnico SS-002011, resultado de visita de inspección ocular realizada el día 30 de noviembre de 2011 por funcionarios de CORPOBOYACÁ al HOTEL PANORAMA, ubicado a un kilómetro del casco urbano del municipio de Paipa – Boyacá, en el que claramente se puede establecer el uso de agua termo minerales por parte de dicho establecimiento de comerc