CE - 150012333000202200654011SENTENCIASENTENCIA20230309153736

Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

1 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

Demandante: RICARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ NOVOA

Demandado: NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Tema: Confirma orden de cumplimiento – facultad reglamentaria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de 24 de enero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrol lada por l a Ley 393 de 1997, el señor Ricardo Andrés Rodríguez Novoa demandó a l Ministerio de Educación Nacional . Del escrito formulado se infiere que el actor pretende que se ordene a la autoridad accionada que acate el deber que se deriva del artículo 2.3.8.1.2 del Decreto

Andrés Rodríguez Novoa demandó a l Ministerio de Educación Nacional . Del escrito formulado se infiere que el actor pretende que se ordene a la autoridad accionada que acate el deber que se deriva del artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 2015 1, esto es, que reglamente los actos a celebrar con ocasión del día del maestro en el país.

2. Hechos

Por medio del artículo 2.3.8.1.1. del Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015 que compiló el artículo 1 .º del Decreto 996 d e 4 de mayo de 1951 2 se declaró el día oficial del educador en el Estado Colombiano, “[…] 15 de mayo de cada año, fiesta de San Juan Bautista de La Salle, patrono de todos los maestros y profesores, educadores de la niñez y la juventud”.

El accionante indicó que en el artículo 2.º del Decreto 996 de 4 de mayo de 1951, que fue compilado en el artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, el presidente de la República 3 dispuso que corresponde al Ministerio de

1 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”. 2 “Por el cual se ordena celebrar la Fiesta del Educador”. 3 En ejercicio de las atribuciones que le confi rió el artículo 189, numeral 11 de la Constit ución Política de 1991.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

2

Política de 1991.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

2 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Educación reglamentar las actividades para celebrar el día del maestro. Dijo que al consultar los gestores normativos no encontró el acto administrativo que atienda dicho mandato. Por tanto, el 8 de julio de 20 22, solicitó a la demandada que , en caso de existir , le remitiera co pia del mismo o que, en su defecto, diera cumplimiento al artículo citado.

El 27 de julio de 2022 el Ministerio de Educación no entregó la documentación requerida y le informó al actor que no ha expedido la reglamentación de los actos que deb en celebrarse por el d ía d el maestro . En consecuencia, el accionante acudió a la acción de cumplimiento.

3. Admisión de la demanda

En auto de 1.º de noviembre de 2022, el ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó su notificación a l Mi nisterio de E ducación Nacional. La entidad demandada no contestó en la oportunidad que el a quo le concedió.

4. Sentencia de primera instancia

En decisión de 24 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a la pretensión de la acción y ordenó al Ministerio de Educación Nacional que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075

a la pretensión de la acción y ordenó al Ministerio de Educación Nacional que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, en el término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza de la sentencia. El a quo precisó que la norma contiene el mandato imperativo e inobjetable de ejercer la facultad reglamentaria por parte de la accionada, deber que no ha obedecido, tal como se desprende de la respuesta a la renuencia.

Señaló que si bien la norma no dispuso un plazo específico para que se procediera a la expedición de la reglamentación, ello no significa la posibilidad de omitir su cumplimiento, ni de dilatarlo arbitrariamente en el tiempo, conforme la Sección Quinta del Consejo de Estado ha admitido y ha explicado que el término de 6 meses resulta razonable y suficiente para su concresión4. Además, sostuvo que teleológicamente la potestad reglamentaria propende por la cumplida ejecución de las leyes, específicamente de aquellas que para su efectiva aplicación requieren la definición de aspectos que permitan “la operatividad efectiva en el plano de lo real”5. Por tanto, era necesario expedir la reglamentación que se reclamó.

5. La impugnación

A través de apoderada, el Ministerio de Educación Nacional solicitó revoca r la sentencia d el Tribunal Administrativo de Boyacá, señaló que , desde que se

4 Entre otras el Tribunal se fundamentó en la sentencia de 3 de noviembre de 2022, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación n.º 15001-23-33-000-2022-00400-01.

4 Entre otras el Tribunal se fundamentó en la sentencia de 3 de noviembre de 2022, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación n.º 15001-23-33-000-2022-00400-01. 5 En la providencia de primera instancia se citó la sentencia C810 de 2014 de la Corte

Constitucional.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

3 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

estableció el día del maestro, el 15 de mayo de cada año, la entidad se ha unido a su celebración a través de una programación de actividades como foros, conversatorios, espacios de encuentro y programas de bienestar laboral, en donde participaron gran cantidad de docentes y las secretarías de educación , se han desarrollado actividades que se enfocaron en formación inicia l, posgradual, investigación, educación propia, acompañamiento a través del programa “Todos a Aprender”, bienestar y reconocimiento.

Asimismo, sostuvo que, a través de la plataforma digital “ CONTACTO MAESTRO”6 se dispone de información, recursos, contenidos, cursos y herramientas de formación y de bienestar para los docentes del país.

Por otra parte, indicó que la facultad nominadora del personal administrativo y docente es financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y que, para desarrollar las actividades descritas, en especial, los programas de bienestar laboral, los entes territoriales han generado los estímulos de manera autónoma

docente es financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y que, para desarrollar las actividades descritas, en especial, los programas de bienestar laboral, los entes territoriales han generado los estímulos de manera autónoma como el reconocimiento del día del maestro para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los educadores.

En consecuencia , a legó que , si bien no se ha expedido un regl amento de las actividades, sí se han promovido en la fecha correspondiente desde hace más de 70 años, con manifestacio nes claras , volitivas y expresas que no siempre se deben traducir en reglamentaciones escritas. Es así, que la impugnante consideró que no ha incumplido la norma que se endilgó desatendida, y, por ende, pide que se revoque la decisión del Tribunal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 24 de enero de 2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido po r la Sala Plena del Co nsejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “ las apelaciones contra las providencias susce ptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera ins tancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de

los Tribunales Administrativos en primera ins tancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 24 de enero de 2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a la solicitud de cumplimie nto. P ara lo anterior, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

6 https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.coDemandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

4 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en renuencia al Ministerio de Educación Nacional, respecto del artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 .º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

¿Se debe revocar la orden de cumplimiento contenida en la sentencia de primera instancia de 24 de enero de 2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá, conforme la argumentación que expuso la entidad impugnante?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso concreto.

3.1. Generalidades

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso concreto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo7 para que toda persona pueda "[…] acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que "[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de

7 Al respecto , pueden consultarse, entre o tras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de

7 Al respecto , pueden consultarse, entre o tras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sent encia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-201600371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicac ión n.º 25000-23-41-000-201600814-01 (ACU), M.P. A lberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, r adicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Albert o

Álvarez Parra.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

5 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte Constitucional señaló.

“[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o

“[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”8.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]9.

(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].

(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir

inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda [artículo 8.º].

(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el

8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M. P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constit ución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

6 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

6 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política10.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas […]”11.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado12.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros

funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado12.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

“[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio […]”13.

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M .P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M .P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 4400123-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla. 12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 7600123-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E). 13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta , sentencia de 1 de noviembre de 2012, radica ción n.º 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

7 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a normas que generen gastos,14 a menos que estén apropiados;15 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior16.

3.3. De la renuencia

pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior16.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este17 y que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”18.

Igualmente, esta Sección19 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido

obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

14 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expedient e, radicación n.º 0500123-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla. 15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 d e mayo de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro. 16 Sentencia antes citada. 17Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala ta mbién ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cump limiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia. […]”. 18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, provi dencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º

carecer del requisito de renuencia. […]”. 18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, provi dencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º 2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo. 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 4700123-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

8 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [20] […]” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber

siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia […]”. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano21.

En el caso concreto, el actor acompañó con la demanda copia del escrito de 8 de julio de 20 22 en el que requirió a l Ministerio de Educación Nacional el obedecimiento del artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 2015 . El 27 de julio de 2022, la entidad le informó al accionante que no ha expedido la reglamentación de

obedecimiento del artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 2015 . El 27 de julio de 2022, la entidad le informó al accionante que no ha expedido la reglamentación de los a ctos que deban celebrarse por el día del maestro 22. Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entiend a agotado el requisito de con stitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 , toda v ez que la respuesta es contraria al querer del ciudadano.

20 [En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“]. 21 Lo mismo se reitera en Consejo de Es tado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 1500123-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras. 22 La documental se puede verificar en el índice 3 de SAMAI del trámite del presente proceso ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

9

el Tribunal Administrativo de Boyacá.Demandante: Ricardo Andrés Rodríguez Novoa Demandado: NaciónMinisterio de Educación Nacional Radicación: 15001-23-33-000-2022-00654-01

9 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3.4. Normas que se piden cumplir.

El demandante invocó como disposici ón incumplida el artículo 2.3.8.1.2 del Decreto 1075 de 2015 que dispone:

“DECRETO 1075 DE 2015

(mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. […] Artículo 2.3.8.1.2. Reglamentación. El Ministerio de Educación reglamentará los actos que deban celebrars e el día del maestro, fiesta de los educadores colombianos. (Decreto 996 de 1951, artículo 2). […]”.

De acuerdo con lo ant erior, se tiene que se pide el obedecimiento de una norma, cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o d ecisión judicial y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acció n se encuentra satisfecho.

3.5. De las causales de improcedencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 .º de la Ley 393 de 1997, este mecanismo constitucional n o procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa jud icial para lograr el efectivo obedecimiento de la

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 .º de la Ley 393 de 1997, este mecanismo constitucional n o procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa jud icial para lograr el efectivo obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio