CE - 150013133000201200274011SENTENCIA20230829094925

CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogota D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitres (2023)

Tema:

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

SiNTESIS DEL CASOI.

Asi las cosas, en fecha indeterminada, Jose Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, actuando como apoderado judicial de Joel Ivan Angarita Castro, present© demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 1844

Referenda: Radicacion:

Demandante: Demandado: La Sala decide el recurso de apelacion interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrative de Boyaca, que nego las pretensiones de la.demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C REPARACldN DIRECTA 15000131300020120027401 (58651)

JOEL IVAN angarita CASTRO Y OTRO NACldN-RAMA JUDICIAL Error jurisdiccional. Supresion de empleos por reestructuracion de planta de personal. Requisites del estudio tecnico de supresion de cargos. Conformacion de Comision de Personal para velar por los derechos de carrera de empleados. Providencia no incurrio en defectos alegados. El 2 de agosto de 2001, la Asamblea de Boyaca autorizo al Gobernador para adoptar una nueva estructura administrative en el ente territorial. En atencion a Io anterior, mediante el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001, el Gobernador de Boyaca establecio la organizacion y las funciones de la Administracion del Departamental. Asimismo, mediante el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, el mismo

mediante el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001, el Gobernador de Boyaca establecio la organizacion y las funciones de la Administracion del Departamental. Asimismo, mediante el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, el mismo funcionario dispuso cual seria la nueva planta de personal de la entidad. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano del Departamento de Boyaca notified a Joel Ivan Angarita Castro que el cargo que venia desempenado en la entidad habia sido suprimido. '-12

II. ANTECEDENTES

1. Demanda ’ Fl. 88, C.1.

El 13 de junio de 2012’, Joel Ivan Angarita Castro y Jose Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la accion de reparacion directa, presentaron demanda en contra de la Nacion - Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en el que habrfa incurrido el Tribunal Administrative de Boyaca en la sentencia del 30 de junio de 2010. Como pretensiones de su demanda, el extreme active solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, dano emergente y lucro cesante, las sumas que resulten probadas dentro del proceso. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 30 de mayo de 1991, Joel Iv^n Angarita Castro fue vinculado en el cargo de Auxiliar Administrative, Grade 24, Codigo 550 del Departamento de Boyac^,

Radicado: 15000131300020120027401 (586511

Demandante; Joel Ivan Angarita Castro y otro del 21 de diciembre de 2001 y del oficio del 27 de diciembre de 2001, el reintegro de su poderdante a un cargo de igual o de superior jerarquia al que venia desempenando y el page de los salaries y demas emolumentos que este habia dejado de percibir. Mediante sentencia del r de agosto de 2017, el Juzgado 10’ Administrative de Tunja nego las pretensiones de la demanda, al constatar que durante el proceso de restructuracion, al senor Angarita Castro se le respetaron sus derechos como funcionario de carrera administrativa. Dicha decision fue confirmada, mediante providencia del 30 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrative de Boyaca. Los demandantes consideran que el Tribunal Administrative de Boyaca incurrio en un error jurisdiccional en la providencia del 30 de junio de 2010: i) porque desconocio las pruebas obrantes en el proceso, que daban cuenta que el retire del servicio se dicto sin competencia y ii) porque no advirtio que durante el proceso de reestructuracion de la planta de personal de la Gobernacion de Boyaca se desconocio la normatividad y la jurisprudencia vigente. egg3 Aduce que, mediante el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, el mismo funcionario establecio la nueva planta de personal del ente territorial. Senala que, mediante el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001, el Gobernador de Boyaca establecio la organizacion y las funciones de la Administracion del Departamental. Indica que el 27 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano de! Departamento de Boyaca notified al senor Angarita Castro que el cargo que venia

de Boyaca establecio la organizacion y las funciones de la Administracion del Departamental. Indica que el 27 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano de! Departamento de Boyaca notified al senor Angarita Castro que el cargo que venia desempenado en el departamento habia sido suprimido. Esgrime que, en fecha indeterminada, Jose Guillermo Tadeo Roa Sarrriiento, actuando como apoderado judicial de Joel Ivan Angarita Castro, presentd demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001 y del oficio del 27 de diciembre de 2001, el reintegro de su poderdante a un cargo de igual o de superior jerarquia al que venia desempenando y el pago de los salaries y demas emolumentos que este habfa dejado de percibir. Manifiesta que el 2 de agosto de 2001, la Asamblea de Boyaca autorizo al Gobernador para adoptar una nueva estructura administrativa en el ente territorial. Sostiene que dicha decision fue confirmada mediante providencia del 30 de junio de 2010, proferida porel Tribunal Administrative de Boyaca, quien considero que el proceso de restructuracion de la planta de personal del Departamento de Boyaca se ajusto a derecho.

Radicado: 150001313000201200274 01 (58651) Deinandante; Joel Ivan Angarita Castro yotro Arguye que, mediante sentencia del 1° de agosto de 2017, el Juzgado 10” Administrative de Tunja nego las pretensiones de la demanda, al evidenciar que en el marco del proceso de restructuracion, al senor Angarita Castro se le hablan

respetado sus derechos como funcionario de carrera administrativa. KWi 4

Administrative de Tunja nego las pretensiones de la demanda, al evidenciar que en el marco del proceso de restructuracion, al senor Angarita Castro se le hablan respetado sus derechos como funcionario de carrera administrativa. KWi 4 Asimismo, los demandantes consideran que dicha providencia tambien incurrio en error jurisdiccional porque v) no valoro en debida forma que la supresion del cargo era innecesaria, pues este habia sido reemplazado por personal contratado bajo la modalidad de prestaclon de servicios profesionales; vl) desconocio Io establecido en los artlculos 150 y 153 del Decreto 1572 de 1998“’, ya que el estudio tecnico de reestructuradon no fue elaborado por dos o mas profesionales en administracion publica, ni se Incluyd a dos servidores publicos para conformar el equipo ejecutor del estudio; vii) se aparto de Io dispuesto en los artlculos r y 30 dela ley 443 de 1998®, al suprimirel cargo del demandante de forma discrecional, desconociendo el principio de meritocracia; viii) no notified a los servidores publicos o sindicatos interesados en las resultas del proceso de la reestructuracidn, segun Io establecido en los artlculos 14 y 28 del Cddigo Contencioso Administrative; ix) no valoro que el demandante tenia fuero circunstancial sindical en virtud de la convencidn colectiva celebrada entre el Departarnento de Boyaca y SINTRAGOBERNACIONES y; x) Radicado: 1.50001313000201200274 01 (58651) Deinandante: Joel Ivan .Angarita Castro y otro ’ Los demandantes consideran que la providencia del 30 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrative de Boyaca, incurrio en un error jurisdiccional por

Deinandante: Joel Ivan .Angarita Castro y otro ’ Los demandantes consideran que la providencia del 30 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrative de Boyaca, incurrio en un error jurisdiccional por cuanto: i) valord indebidamente el oficio del 27 de diciembre de 2001, expedido por el Director de Talento Humane del Departarnento de Boyaca, pues, a su juicio, suprimio el cargo de Angarita Castro invadiendo la competencia del Gobernador; ii) se aparto del precedente judicial fijado por la Seccion Segunda del Consejo de Estado^, en relacion con la procedencia para demandar el oficio que comunica la supresion del cargo; iii) desconocio el articulo 95 del Codigo de Procedimiento Civil, el cual establecia que la falta de contestacion de la demanda se considera un indicio grave en contra de la entidad demandada y; iv) se aparto del precedente judicial fijado por esta misma Corporacion®, respecto a que en el proceso de reestructuracidn era indispensable la expedicidn de los actos de incorporacidn en la nueva planta con el fin de establecer un "orden necesario y pertinente”. 2 Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrative, Seccion Segunda, sentencias de 18 de febrero, 26 de agosto y 4 de noviembre de 2010, Rad.: 1712-08, 0283-08 y 0476-09, respectlvamente. ^Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrative, Seccidn Segunda, Subseccion A, providencia del 20 de noviembre de 2003, Rad. 5645.

“ “Por el cual sereglamentala Ley 443 de 1998yel Decreto-ley 1567 de 1998." ® “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones." ki ’^0/75

2. Contestacion

3. Alegatos de conclusion en primera instancia 3.2. El Ministerio Publico guardo silencio.

4. Sentencia de primera instancia El 21 de noviembre de 2012® el Tribunal Administrativo de Boyaca admitio la demanda y ordeno su notificacion a la demandada y al Ministerio Publico. 2.1. La Nacion - Rama Judicial argumento que la decision adoptada en la sentencia del 30 de junio de 2010 estuvo soportada en las disposiciones sustanciales y formales que regian el proceso de restructuracion de las plantas de personal, asi como en la jurisprudencia vigente y aplicable para la epoca de los hechos. adopto la decision sin atender que, a su juicio, el Gobernador de Boyaca no tenia competencia para expedir el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001.

El 18 de noviembre de 2015® se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante® y la Nacion - Rama Judicial reiteraron Io expuesto en la demanda y en la contestacion de esta, respectivamente. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2016” el Tribunal Administrativo de Boyaca nego las pretensionesde la demanda, al constatar que la providencia del 30 de junio de 2010 se dicto en cumplimiento de la normatividad y ia jurisprudencia vigente para

la epoca de los hechos.

Radicado: 150001313000201200274 01 (58651)

Demandante; [cel Ivan Angarita Castro yotro ® Fl.93, C.1. 7 Fl 101 a 107, C.1. 8 Fl. 211, C.1. 8 Fl. 212 a 223, C.i. 10 FL 224 a 227, C.1. 11 Fl. 231 a 262, C.P.6

5. Recurso de apelacion 5.1. La recurrente''® argumento que la providencia del 30 de agosto de 2016 no debio inhibirse de pronunciarse frente al oficio del 27 de diciembre de 2001, mediante el cual suprimio el cargo denomlnado Auxiliar Administrative, Codigo 550, pues, a su juicio, dicho acto administrative fue proferido sin competencia. Ademas, adujo que la decision acusada desconocio que el estudio tecnico de restructuracion de la El 16’de septiembre de 2016^^ |g parte demandante interpuso recurso de apelacion, el cual fue concedido el 7 de diciembre de 2016’’ y admitido el 21 de febrero de 2017^^.

Radicado: 150001313000201200274 01 (58651)

Demandante; Joel Ivan Angarita Castro y otro »' Al efecto, manifesto que “En terminos generales puede concluirse que del analisis efectuado al expediente que contiene la accion de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el numero 2002 -1093 siendo demandante Joel Ivan Angarita Castro y demandado el Departamento de Boyaca, Io primero que se advierte es que en la referida actuacion procesal se garantizd el debido proceso a las partes intervinientes en la litis, si se tiene en cuenta que al mismo se le imprimio el tramite

Castro y demandado el Departamento de Boyaca, Io primero que se advierte es que en la referida actuacion procesal se garantizd el debido proceso a las partes intervinientes en la litis, si se tiene en cuenta que al mismo se le imprimio el tramite contenido en el Codigo Contencioso Administrative, que era la norma vigente para la epoca en que se surtio el proceso; igualmente se garantizd el ejercicio del derecho de contradiccion y defense, toda vez que, tanto al demandante, como al demandado le fueron debidamente notificadas las decisiones adoptadas, se les .permitio participar en el debate probatorio, pues solicitaron las pruebas que consideraron pertinentes y oportunas, se decretaron estas, fueron debidamente valoradas por el administrador judicial; asi mismo las partes tuvieron la oportunidad de interponer los recursos ordinaries contra las decisiones adoptadas y se les garantizo la segunda instancia, pues la apelacion la conocio este Tribunal, quien mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2010 puso fin al litigio, sin que, como quedd probado con suficiencia en la mIsma, se haya presentado algun error de orden factico o normative, y menos una via de hecho. [.. ’2 Fl. 266, C.P. ’3 Fl. 284, C.P. ’“Fl. 290, C.P. ’5 Fl. 266 3 282, C.P. H t®/ fl7

6. Alegatos de conclusion en segunda instancia 6.2. La Nacion - Rama Judicial y el Ministerio Publico guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

2. Accion procedente planta de personal no fue elaborado por profesionales especialistas en finanzas publicas, desconociendo as! Io previsto en los articulos 150 y 153 del Decreto 1572

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

2. Accion procedente planta de personal no fue elaborado por profesionales especialistas en finanzas publicas, desconociendo as! Io previsto en los articulos 150 y 153 del Decreto 1572 de 1998. Finalmente, solicito que el ad quern estudiara la totalidad de errores jurisdiccionales que fueron formulados en el escrito de la demanda.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelacion interpuesto contra la sentencia del 30 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrative de Boyaca, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 73 de la Ley 270 de 1996. La accion de reparacion directa es el medio de control idoneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el dano invocado proviene de un hecho, omision, operacion administrative o cualquier otra actuacion estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrative, segun Io dispone el articulo 86’® de Codigo Contencioso Administrative. El 21 de marzo de 2017’® se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presenter concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante’^ reitero los argumentos expuestos en el recurso de apelacion.

Radicado: 150001313000201200274 01 (58651) Demandante: Joel Ivan Angai iCa Castro y otro ’SPI. 293, C.P.

Fl. 294, C.P. 'Articulo 86. Acci6n de reparacidn directa. La persona interesada podr6 demandar directamente la

reparacidn del daho cuando la causa sea un hecho, una omision, una operacion administrative o ta8

3. Vigencia de la accion Con el proposito de otorgar seguridad jundica, de evitar la paralisis del trafico juridico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la proteccion del interes general’®, establecio unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden publico, por Io que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extlncion del derecho de accionar, asi como la consolidacion de las situaciones que se encontraban pendientes de solucion.

En este caso la accion procedente es la reparacion directa, porque se reclama la reparacion de un daho proveniente de un hecho imputable a la administracion de justicia. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ademas, la racionalizacion de la utilizacion del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de accion^o, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solucion por Radicado; 150001313000201200274 01 (58651] Demandante: Joel Ivan Angarita Castro y oCro ocupacidn temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos piiblicos o por cualquiera otra causa. Las entidades pubttcas deberan promover la misma accion cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuacidn administrative originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor publico que no estuvo vinculado al proceso respective, o cuando resulten perjudicadas por la actuacidn de un particular o de otra entidadpdblica".

o hubieren conciliado por una actuacidn administrative originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor publico que no estuvo vinculado al proceso respective, o cuando resulten perjudicadas por la actuacidn de un particular o de otra entidadpdblica". Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una instituciPn juridico procesal a travPs de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuracidn normativa. limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la juhsdiccldn con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurldica, para evitar la paralizacion del trpfico juridico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protecciPn de un interPs general. Como claramente se explicd en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda, esta es una figure de orden publico Io que explica su carPeter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administraciOn de justicia no es absolute, pues puede ser condicionado legalmente a que la promociOn de la demanda sea oportuna y las acetones se inicien dentro de los plazos que sehala el legislador (...). El tPrmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acciOn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricciOn

legislador (...). El tPrmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acciOn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricciOn necesaria para la estabilidad del derecho, Io que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad juridica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.9 La Este fenomeno procesal, de caracter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantla a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones juridicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Radicado: 15000] 313000201200274 01 ('58651] DemandanCe: Joel Ivan Angarita Castro y otro Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizarla seguridad juridica de los sujetos procesales, el legislador instituyo la figura de la caducidad como una sancidn.en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un t6rmino especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado par la ley y de no hacerlo en tiempo, perderan la posibilidad de accionar ante la jurisdiccibn para hacer efectivo su derecho. Es as! como el fenPmeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no

tiempo, perderan la posibilidad de accionar ante la jurisdiccibn para hacer efectivo su derecho. Es as! como el fenPmeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el Juez debe declararla de oficio cuando verihque la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada accibn judiciar. 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998; . [sji el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presenter la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excuse alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantia para la seguridad Juridica y el interbs general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de proteccibn, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce SUS derechos, no se verb expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenbmeno indicado". caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actoresjurldicosquediscuten alguna situacibn; sjn embargo, en el anverso, la caducidad se entiende tambien como una limitacion de caracter irrenunciable al ejercicio del derecho de accibn, resultando como una sancibn ipso iur^' que opera por la falta de actividad oportuna en la

limitacion de caracter irrenunciable al ejercicio del derecho de accibn, resultando como una sancibn ipso iur^' que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algun reclame o requerir algun reconocimiento o proteccibn de la justicia^^ ^uya consecuencia, por demandar mas alia del tiempo concedido por la ley procesal, significa la perdida de la facultad potestativa de accionar. El articulo 136 del Cbdigo Contencioso Administrative, senala que la accibn de reparacibn directa caducara al vencimiento del plazo de dos (2) ahos, contados a partir del dia siguiente del acaecimiento del hecho, omisibn u operacibn10

4. Legitimacion en la causa 4,1. Joel Ivan Angarita Castro esta legitimadoen la causa por activa, pues mediante sentencia del 30 de junio de 2010, la cual se acusa de haber incurrido en un error administrativa o de ocurrida la ocupacion temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo publico o por cualquiera otra causa.

La Seccion Tercera de esta Corporacion ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daho alegado proviene de un error judicial el termino de caducidad empieza a contabilizarse a partir del dia siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro^^. Radicado; 150001313000201200274 01 (58651) Deinandante: Joel Ivan Angarita Castro y otro 23 Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22,205.

23 Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9 de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22,205. Fl. 298, C.2. Obra edicto de notificacion de la sentencia del 30 de junio de 2010, el cual se desfijd el 9 de julio siguiente. 25 Articulo 331 de) C.P.C. “[...]Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres dIas despu^s de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los t^rminos sin haberse interpuesto ios recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resueiva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaracidn o complementacibn de una providencia, su firmeza s6lo se producira una vez ejecutoriada la que la resueiva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarSn firmes sino luego de surtida esta". 2® Articulo 267del C.C.A. "En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguir^ el Cddigo de Procedimiento Civil en Io que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdlcciPn en Io Contencioso Administrative"

22FI.150, C.33. 28 Fl. 150, C.33. 2® Fl. 88, C.1.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejercio en tiempo, dentro del termino de dos (2) ahos para el vencimiento de la accion, teniendo en cuenta: i) que la providencia del 30 de junio de 2010, proferida por el Tribunal

dentro del termino de dos (2) ahos para el vencimiento de la accion, teniendo en cuenta: i) que la providencia del 30 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrative de Boyaca, que se acusa de haber incurrido en error jurisdiccional, quedo ejecutoriada el 15 de julio de 2010^', de conformidad con to establecido en el articulo 331 del Codigo Procedimiento CiviP®, por remision del articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo^®, vigente para la epoca; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliacion extrajudicial el 9 de abril de 201227, la cual se declaro fallida el 12 de junio de 2012^®; y iii) que la demanda se presento al dia siguiente^®.11 5.. Problema juridico Al efecto, es importante destacar que la legitimacion en la causa por activa supone la verificacion de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el Interes juridico que se debate en el proceso, con el fin de que pueda ser considerado como el sujeto llamado a discutir la procedencia de sus pretensiones dentro del marco del proceso judicial. Corresponde a la Sala determinar si la providencia acusada incurrio en un error jurisdiccional por desconocimiento de las pruebas obrantes en el proceso, de las normas en las cuales debio fundarse y de la jurisprudencia vigente para el memento en que se profirio. jurisdiccional, el Tribunal Administrative de Boyaca nego su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquia en la nueva planta de personal del Departamento de Boyaca y el page de salaries y prestaciones sociales dejadas de percibir, segun da cuenta original del proceso con el numero de radicado 2002-01093^°.

igual o superior jerarquia en la nueva planta de personal del Departamento de Boyaca y el page de salaries y prestaciones sociales dejadas de percibir, segun da cuenta original del proceso con el numero de radicado 2002-01093^°. 4.3. La Nacion se encuentra legitimada en la causa por pasiva y esta debidamente representada por la Rama Judicial, dado que el Tribunal Administrative de Boyaca profirio la sentencia del 30 de junio de 2010, que es objeto de reproche. 4.2. Jose Guillermo Tadeo Roa Sarmiento no se encuentra legitimado en la causa por activa, pues si bien fungio como apoderado judicial del senor Angarita Castro^^ en el proceso de nulidad y restablecimiento objeto de estudio con el numero de radicado 2002-01093^^ gp e| gg profirio la sentencia del 30 de junio de 2010 la cual se acusa de haber incurrido en un error jurisdiccional. Io cierto es que no acredito la cesion de derechos litigiosos u otro derecho, que permita concluir la existencia de un interes directo en la resultas de proceso.

Radicado: 150001313000201200274 01 (58651) Deniandante: Joel Ivan Angarita Castro y otro “C.l aC.3.

Fl. 1, C. 3. 32C.1 aC.3.12

6. Solucion del problema jundico 6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado La imputacion no es otra cosa que la atribucion factica y jundica que del dano antijurldico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejempio la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas publicas, Antes de resolver el problema juridico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el regimen de responsabilidad del

ello, como por ejempio la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas publicas, Antes de resolver el problema juridico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y el regimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. El articulo 90 de la Constitucion Politica de 1991^^ consagro dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un dano antijurldico y ii) la imputacion de este al Estado.

Radicado: 150001313000201200274 01 (58651) Demandante: Joel Ivan Angarita Castro y otro El dano antijurldico es la lesion injustificada a un interes protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectacidn que no esta amparada por la ley o el derecho^, que contraria el orden legaP® o que esta desprovista de una causa que la justifique^®, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situacion reconocida o protegida^^, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento juridico danar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. "Articulo 90. El Estado respondera patrimonlalmente por los daf^os antijurldicos que le sean imputables, causados por la accion o la omisidn de las autoridades publicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparacion patrimonial de uno de tales dabos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aqudl debera repetir contra este". ^Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945

de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aqudl debera repetir contra este". ^Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. R