CE - 152001233100020080050601220230403211851

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 52001233100020080050601 (48878)

AGUSTÍN MENESES Y OTROS NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS Privación injusta de la libertad. Decreto - Ley 2700 de 1991. Caducidad de la acción. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Rama Judicial contra la sentencia del 24 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 10 de julio de 1995, la Fiscalía 22 Secciona! de Samaniego (Nariño) dio apertura a una instrucción penal y dictó orden de captura en contra de Agustín Meneses, de quien se desconocía el número de cédula de ciudadanía, por ser presunto autor del delito de homicidio. Luego, el 26 de octubre de 1995, la Fiscalía 26 Secciona! de Túquerres declaró persona ausente al _sindicado. Seguidamente, el 17 de noviembre de 1995, la Fiscalía 26 Secciona! de Túquerres impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por ser presunto autor

de 1995, la Fiscalía 26 Secciona! de Túquerres impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por ser presunto autor del delito de homicidio. Después, el 21 de octubre de 1999, la Fiscalía 33 Delegada de Túquerres acusó al inculpado como autor del delito referido. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2001, el Tribunal Superior de Pasto condenó al sindicado a pena de prisión de 14 años, pues encontró que era autor del delito de homicidio ..2

Radicado: 52001233100020080050601 ( 48878) Demandante: Agustín Meneses y otros El 19 de marzo de 2002, el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Me8idas de Seguridad de Pasto libró orden de captura en contra de Agustín Jeneses, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.810.178. Asilas cosaJ. el 25 de octubre de 2003, agentes del CTI capturaron a Agustín Meneses en vihud de la orden de captura atrás referida. No obstante, el 30 de octubre de 2003, el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres ordenó la libertad inmediata de Agustín Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.810.178, pues, se logró establecer que él no era la persona contra la cual se debió librar orden d$. captura.

Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Agustín' Meneses fue injusta, puesto que no cometió el delito por el que fue privado de la libertad.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda

Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Agustín' Meneses fue injusta, puesto que no cometió el delito por el que fue privado de la libertad.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 4 de agosto de 20081, Agustín, Francis del Socorro, Leonor, Bety Elena, Duby Marcela, Luis Henry, María Elena, Ana Hilda, Amanda y Nubia del Carmen Meneses; y Helena Meneses Díaz, en nombre propio y en representación de Silvana Carolina y Aníbal Alexander Hinestroza Meneses, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Registraduría Nacional del Estado Civil; Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Agustín Meneses.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Agustín Meneses y Helena Meneses Díaz, y 50 SMLMV a los demás demandantes; por daño emergente, la suma de $100.000.000 a Agustín Meneses; y por lucro cesante, la suma de $50.000.000 a Agustín Meneses. 1 FI. 1 a 23, C. 1. • l• 3

Riidicado: 52001233100020080050601 ( 48878] Demandante: Agustín Meneses y otros En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 1 O de julio de 1995, la Fiscalía 22 Secciona! de Samaniego (Nariño) dio apertura a una instrucción

Demandante: Agustín Meneses y otros En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 1 O de julio de 1995, la Fiscalía 22 Secciona! de Samaniego (Nariño) dio apertura a una instrucción penal y dictó orden de captura en contra de Agustín Meneses, de quien se desconocía el número de cédula de ciudadanía, por ser presunto autor del delito de homicidio.

Señala que el 26 de octubre de 1995, la Fiscalía 26 Secciona! de Túquerres declaró persona ausente al sindicado. Indica que el 17 de noviembre de 1995, la Fiscalía 26 Secciona! de Túquerres impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del procesado, por ser presunto autor del delito de homicidio. Aduce que el 21 de octubre de 1999, la Fiscalía 33 Delegada de Túquerres acusó al inculpado como autor del delito referido. Manifiesta que el 21 de noviembre de 2001, el Tribunal Superior de Pasto condenó al sindicado a pena de prisión de 14 años, pues encontró que era autor del delito de homicidio. Señala que el 19 de marzo de 2002, el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto libró orden de captura en contra de Agustín Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía.núniero 15.810.178. Sostiene que el 25 de octubre de 2003, agentes del CTI capturaron a Agustín Meneses en virtud de la orden de captura atrás referida. Concluye que el 30 de octubre de 2003, el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres

Meneses en virtud de la orden de captura atrás referida. Concluye que el 30 de octubre de 2003, el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres ordenó_ la libertad inmediata de Agustín Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.810.178, pues se logró establecer que él no era la persona contra la cual se debió librar orden de captura. Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Agustín Meneses fue injusta, puesto que no cometió el delito por el que fue privado de la libertad.2. Contestaciones 4

Radicado: 52001233100020080050601 ( 4B878)

Demandc1nte: Agustín Meneses y otros --- ------- El 17 de febrero de 20092 el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público. 2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil3 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque en su sistema no estaba registrada ninguna orden de cancelación de la cédula de ciudadanía número 15.810.178, y en ese sentido no había novedad que impidiera al actor el libre desarrollo de sus derechos como ciudadano. 2.2. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional4 argumentó que el daño alegado por los accionantes devino de las actuaciones adelantadas por la Rama Judicial, pues fue la entidad que libró la orden de captura en contra del procesado. Por ello, formuló como excepción la que denominó "hecho de un tercero". 2.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario5 sostuvo que el daño alegado por los accionantes devino de las actuaciones surtidas por la Registraduría Nacional

como excepción la que denominó "hecho de un tercero". 2.3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario5 sostuvo que el daño alegado por los accionantes devino de las actuaciones surtidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues fue la entidad que dio lugar a la doble numeración del documento de identidad número 15.810.178. Así las cosas, formuló como excepciones las que denominó "carencia de nexo causal entre el dañp .. sufrido por el demandante y la laborar propia de la entidad demandada", "estricto cumplimiento del deber legal" y "hecho de un tercero". 2.4. La Fiscalía General de la Nación6 indicó que el daño_ alegado en el libelo introductorio devino de las acciones desplegadas por la Rama Judicial, toda vez que debió verificar que el procesado hubiera sido plenamente identificado. En ese sentido, sostuvo que se configuró la eximente de respons_abilidad del "hecho de un tercero". ' FI. 76 a 78, C. 1. 3 FI. 107 a 111, C. 1. 4 FI. 120 a 125, C. 1. 5 FI. 133 a 138, C. 1. 6 FI. 150 a 158, C. 1.5 Ra1dícado: 520012331000200B0050601 (4B87B) Demandante: Agustín Meneses y otros 2.5. La Rama Judicial7 adujo que la acción de reparación directa no se ejerció dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, toda vez que la privación de la libertad de la que fue objeto Agustín Meneses ocurrió el 25 de octubre de 2003 y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2008. Formuló como

privación de la libertad de la que fue objeto Agustín Meneses ocurrió el 25 de octubre de 2003 y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2008. Formuló como excepciones las que denominó "caducidad de la acción", "hecho de un tercero" y "falta de objeto para demandar''.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 13 de octubre de 20118 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La parte demandante9, la Policía Nacional1º, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario1 1, la Fiscalía General de la Nación12 y la Rama Judicial13 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio Público guardaron silencio 14.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 24 de mayo de 201315 el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la Nación - Rama Judicial había incurrido en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues profirió sentencia condenatoria en contra de Agustín Meneses y libró orden de captura en su contra, sin identificar en debida forma al 7 F1. 140 a 144, C. 1. 8 Fl.301, C. 1. 9 FI. 303 a 313, C. 1. 10 FI. 326 a 329, C. 1. 11 FI. 317 a 325, C. 1. 12 FI. 335 a 339, e 1. 13 FI. 331 a 334, C. 1.

10 FI. 326 a 329, C. 1. 11 FI. 317 a 325, C. 1. 12 FI. 335 a 339, e 1. 13 FI. 331 a 334, C. 1. 14 FI. 359, C. 1. 15 FI. 365 a 392, e 2.6

Radicado: 52001233'100020080050601 ( 4887B) Demandante: Agustín Meneses y otros sujeto activo del hecho punible. Por otra parte, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, al considerar que no tuvieron injerencia en la causación del daño antijurídico alegado por los demandantes.

Al efecto, sostuvo que: "[. . .] Los problemas que con las autoridades de Policía y del INPEC ha afrontado el señor Agustín Meneses y que dan cuenta los medios probatorios antes relacionados, tienen como causa la actuación del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, cuya titular de ese entonces, al librar la orden de captura contra la persona que fue condenada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto como responsable de un delito de homicidio, incluyó en la misma el número de cédula de ciudadanía, la fecha y el lugar de nacimiento de aquel, persona totalmente ajena a los hechos materia de juzgamiento en el proceso penal que culminó con la sentencia proferida por la Corporación citada [. . .]. Era obligación del Juzgado 2° de Ejecución de Penas y

fecha y el lugar de nacimiento de aquel, persona totalmente ajena a los hechos materia de juzgamiento en el proceso penal que culminó con la sentencia proferida por la Corporación citada [. . .]. Era obligación del Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, incluir en la orden de captura los dato.s necesarios para la identificación o individualización del condenado, por así disponerlo el artículo 350 del C. de P.P. vigente en esa época. El Juzgado referido incumplió la norma transcrita por cuanto incluyó datos que identifican a persona diferente del condenado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Por consiguiente, el daño antijuridico mencionado, es imputable a la Nación - Rama Judicial, por cuanto de ella hace parte el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, en tanto que las demás entidades demandadas no están llamadas a controvertir las pretensiones de los actores, porque no participaron en la actuación constitutiva de la falla del servicio, configurándose respecto de ellas la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva {. .. ]". En la parte resolutiva el a qua, condenó exclusivamente a la Nación - Rama Judicial a pagar, por perjuicios morales, 50 SMLMV a Agustín Meneses, 30 SMLMV a Helena Meneses Díaz, 15 SMLMV a Francis del Socorro, Leonor, Betty Elena, Duby Marcela, Luis Henry, María Elena, Ana Hilda, Amanda y Nubia del Carmen Meneses, y 10 SMLMV a Silvana Carolina y Aníbal Alexander Hinestroza Meneses.5. Recurso de apelación 7

Luis Henry, María Elena, Ana Hilda, Amanda y Nubia del Carmen Meneses, y 10 SMLMV a Silvana Carolina y Aníbal Alexander Hinestroza Meneses.5. Recurso de apelación 7

Radicaclo: 52001233100020080050601 (4B878) Demandante: Agustín Meneses y otros El 24 de junio de 201316, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 24 de septiembre de 201317 y admitido el 5 de noviembre de 201318. 5.1. La Rama Judicial19 manifestó que el daño alegado por el extremo activo no le era imputable, pues el deber de individualizar e identificar plenamente al sindicado radicaba únicamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000. Además, reiteró que la acción de reparación directa no se ejerció dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, toda vez que la privación de la libertad de la que fue objeto Agustín Meneses ocurrió el 25 de octubre de 2003 y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2008.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 2 de diciembre de 201320 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional21, la Fiscalía General de la Nación22 y la Rama Judicial23 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso de la primera instancia. 6.2. La parte demandante, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto

y la Rama Judicial23 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso de la primera instancia. 6.2. La parte demandante, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Ministerio Publ_ico guardaron silencio24. 16 FI. 394, C. 2. 17 FI. 434 a 437, C. 2. 18 FI. 444, C. 2. 19 FI. 394 a 405, C. 2. 'º FI. 390, C. 2. 21 FI. 454 a 465, C. 2. 22 FI. 466 a 474, C. 2. 23 FI. 447 a 449, C. 2. 24 FI. 4 75, c. 2.---- ------- - -- ---------

1. Competencia

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Radicado: 52001233100020080050601 ( 48878)

Demandante: Agustíll Meneses y otros

111. CONSIDERACIONES El Consejo de Estado es competente para desatar el rec.urso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 24 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Admi[listrativo de Nariño, de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 73 .de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8625 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8625 de Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

3. Problema Jurídico Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda. 25 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesadapodrá demandar directamente la reparación del dallo cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. ,Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dóio'cie un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública".9

Radicado: 52001233100020080050601 ( 4887B)

Demandante: Agustín Meneses y otros

4. Solución del problema jurídico Antes de resolver el problema jurídico, es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis· del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis· del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. 26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia". 27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador(. . .). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad dél derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos10

Radicado: 5200123 3100020080050601 ( 48878] Demandante: Agustín Meneses y otros Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de

y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizarla seguridadjurldica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declarar/a de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 29 Corte Constitucional. Sentencia C-57 4 de 1998: " ... [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantla para la seguridad jurldica y el interés general. Y es que la caducidad representa el limite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".11

Radicado: 520012331000200B0050601 ( 4BB78] Demandante: Agustín Meneses y otros En ese sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de una privación injusta de la libertad, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente

En ese sentido, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de una privación injusta de la libertad, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad3º.

6. Caso concreto En el. sub lite, los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Registraduría Nacional del Estado Civil, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Agustín Meneses.

Sin embargo, se advierte que el análisis del daño sólo habrá de hacerse frente a la actuación de la Rama Judicial y la Fiscalía General d_e la Nación, pues mediante sentencia del 24 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda solo frente a la Rama Judicial, quien en su defensa alegó que la demanda se presentó de forma extemporánea y que, en todo caso, el daño había sido ocasionado por la Fiscalía General de la Nación. Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no. 6.1. Hechos probados

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no. 6.1. Hechos probados 6.1.1. Se encuentra acreditado que el 1 O de julio de 1995, la Fiscalía 22 Secciona! de Samaniego (Nariño) dio apertura a una instrucción penal y dictó orden de captura 3° Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622, C.P. Maria Elena Giralda Gómez; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48. 1 30; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716.12

Radicado: 520012 331 000200B0050601 ( 4ll87B) Demandante: Agustín Meneses y otros en contra de Agustín Meneses, de quien se desconocía el número de cédula de ciudadanía, por ser presunto autor del delito de homicidio, según da cuenta copia simple de dicho proveído31 . En efecto, este proveído expone lo siguiente: "[. .. ] Teniendo en cuenta las diligencias que anteceden, bajo /os parámetros legales de /os arts. 329 y 334 del C. de P.P. se declara la apertura de la instrucción penal, y con el fin de saber si realmente se ha infringido la Ley penal, quien o quienes son sus autores, cuales fueron /os motivos determinantes en la violación de la Ley penal y demás circunstancias que rodean el punible, se ordena la práctica de /as siguientes

y con el fin de saber si realmente se ha infringido la Ley penal, quien o quienes son sus autores, cuales fueron /os motivos determinantes en la violación de la Ley penal y demás circunstancias que rodean el punible, se ordena la práctica de /as siguientes diligencias: [. .. ] 3. Líbrese orden de captura contra el inculpado Agustín Meneses, ante /as autoridades competentes y dentro de los términos legales se le escuchará en indagatoria y se le definirá su situación jurídica conforme en derecho se requiera [ .. .]" 6.1.2. Está probado que el 26 de octubre de 1995, la Fiscalía 26 Secciona! de Túquerres declaró persona ausente al sindicado, según da cuenta copia simple de dicho proveído32. En el proveído se resolvió lo siguiente: "[ .. .] Resuelve: Primero. Declarar persona ausente a Agustín Meneses, mayor de edad, vecino del municipio de Santacruz, con su última residencia en la vereda el Claraval, agricultor, soltero, hijo de Rosendo Meneses, de 28 años de edad, sindicado por un delito de homicidio, ejecutado en las circunstancias modo, tiempo y lugar conocidos de autos, y en la persona de quien en vida se //amó Luis Antonio Morales Andrade [ ... ]" 6.1.3. Se demostró que el 17 de noviembre de 1995, la Fiscalía 26. Secciona! de Túqu13rres impuso medida de aseguramiento consistente en detenc:ión greventiva en contra del procesado, por ser presunto autor del delito de homicidio, según da cuenta copia simple de dicha providencia33. 6.1.4. Está probado que el 21 de octubre de 1999, la Fiscalía 33 Delegada de

en contra del procesado, por ser presunto autor del delito de homicidio, según da cuenta copia simple de dicha providencia33. 6.1.4. Está probado que el 21 de octubre de 1999, la Fiscalía 33 Delegada de Túquerres acusó al inculpado como autor del delito de homicidio, según da cuenta copia simple de dicha Resolución34. 6.1.5. Se encuentra acreditado que el 21 de noviembre de 2001, el Tribunal Superior de Pasto condenó a Agustín Meneses a pena de prisión de 14 años, pues encontró 31 FI. 8 y 9, C 2. 32 FI. 47 y 48, C. 2. 33 FI. 49 a 52, C. 2. 34 FI. 72 a 76, C. 2.13 R<1dicado: 520 012 331000200B0050601 ( 4BB7B) Dema ndante: Agustín Meneses y otros que era autor del delito de homicidio, según da cuenta copia simple de dicha providencia35. 6.1.6. Está demostrado que el 19 de marzo de 2002, el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto libró orden de captura en contra de Agustín Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.810.178, según da cuenta copia simple d