CE - 152383339752201500250011AUTOQUERESUEL20220309104229

Radicado: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020))

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: SOLICITUD DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Radicación: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020)

Demandante: MARGARITA ACOSTA MALDONADO

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Temas: No se avoca conocimiento para proferir sentencia de unificación.

Sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 023 de 1959 como factor de liquidación de la pensión gracia de los docentes del departamento de Boyacá.

AUTO ÚNICA INSTANCIA Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la solicitud de unificación de jurisprudencia formulada de oficio por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

ANTECEDENTES

La demanda1

La señora Margarita Acosta Maldonado , a través de ap oderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensio nal y

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensio nal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2.

Pretensiones3

1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución RDP 5028 del 30 de octubre de 2013 , mediante la cual la UGPP negó la reliquidación de la pensión gracia de la señora Margarita Acosta Maldonado. - Resolución RDP 55381 del 5 de diciembre de 2013, por medio de la cual la UGPP confirmó la anterior decisión al resolver el recurso de apelación.

1 Ff. 1 a 145 C. 1 2 En adelante UGPP. 3 Ff. 1 del cuaderno 1.Radicado: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020))

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

2. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se declare que la demandante tiene derecho a que la UGPP reliquide su pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios, especialmente, el sobresueldo del 20%.

3. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

Los hechos4

1. Mediante la Resolución 61064 del 18 de diciembre de 2008 , CAJANAL reconoció la pensión gracia a la señora Margarita Acosta Maldonado, a partir del 27 de octubre de 2007.

Los hechos4

1. Mediante la Resolución 61064 del 18 de diciembre de 2008 , CAJANAL reconoció la pensión gracia a la señora Margarita Acosta Maldonado, a partir del 27 de octubre de 2007.

2. Dentro del proceso ejecutivo laboral con radicado 20 10-00148, promovido por la accionante, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja libró mandamiento ejecutivo por el sobresueldo del 20% sobre la asignación básica de aquella, por el período comprendido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. El 17 de octubre de 2013, la demandante solicitó a la UGPP la reliquidación de la pensión gracia con inclusión del mencionado sobresueldo , obteniendo respuesta negativa a través de los actos acusados.

Sentencia de primera instancia5

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Tunja profirió sentencia de primera instancia en audiencia llevada a cabo el 30 de octubre de 2017, por medio de la cual declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 50528 de 30 de octubre de 2013 y RDP 055381 del 5 de diciembre del mismo año que denegaron la reliquidación de la prestación.

En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión gracia de la demandante con todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, específicamente con el sobresueldo del 20%, efectiva a partir del 27 de octubre de 2007 por prescripción trienal.

El recurso de apelación6

del estatus pensional, específicamente con el sobresueldo del 20%, efectiva a partir del 27 de octubre de 2007 por prescripción trienal.

El recurso de apelación6

Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada de la entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que argumentó:

En relación con el sobresueldo del 20% señaló que el ente previsional reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia a la accionante, liquidándola sobre los factores debidamente certificados, sin que pueda incluirse el 20% del sobresueldo porque la Secretaría de Educación de Boyacá no certificó el valor para el periodo a liquidar.

Por otro lado, mencionó que para la fecha en que l a demandante cumplió los requisitos para obtener la pensión gracia ( 27 octubre de 2007 ), ya no se encontraban vigentes las Ordenanzas 23 de 1959 y 54 de 1967, puesto que fueron derogadas por el Decreto 52 de 1994. En tal sentido precisó que el sobresueldo del

4 Ff. 1-2 del cuaderno 1. 5 Ff. 254-264 del cuaderno 2. 6 Ff. 194-200 del cuaderno 2.Radicado: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020))

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

20% fue reconocido por la Asamblea del Departamento de Boyacá sin tener competencia para hacerlo.

La solicitud de unificación

Mediante auto del 13 de noviembre de 20197, el Tribunal Administrativo de Boyacá, de oficio, ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado con fundamento en el

competencia para hacerlo.

La solicitud de unificación

Mediante auto del 13 de noviembre de 20197, el Tribunal Administrativo de Boyacá, de oficio, ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado con fundamento en el artículo 271 del CPACA. En sustento de la decisión, expuso que al interior de dicha Corporación existen posiciones divergentes en relación con la inclusión del sobresueldo del 20% en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia de los docentes del departamento de Boyacá.

Explicó que, por una parte, en la sentencia del 14 de junio de 2017 8 se interpretó que, a pesar de reconocer el carácter salarial del sobresueldo del 20% negó su inclusión en la pensión al considerar que ese pago fue ilegal; mientras en otros fallos proferidos por la misma corporación , también relacionadas en la solicitud, se limitaron a verificar el carácter salarial del sobresueldo del 20% y su percepción en el periodo de consolidación del derecho para incluirlo como factor de liquidación en la pensión.

Seguidamente, puso de presente que el Consejo de Estado, al estudiar la demanda de nulidad de la Ordenanza 23 de 19599, circunscribió la controversia al análisis de la normativa que resulta aplicable a los docentes, tomando como referente la época y forma de vinculación.

En ese orden, la solicitud tiene como propósito que a través d e una sentencia de unificación, se adopte una posición que defina lo relativo a la inclusión del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 para la liquidación de la pensión graci a, ya que afecta a un sector importante y amplio de docentes del Departamento de Boyacá.

sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 para la liquidación de la pensión graci a, ya que afecta a un sector importante y amplio de docentes del Departamento de Boyacá.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta providencia se resume en la siguiente pregunta:

¿La Sección Segunda del Consejo de Estado debe asumir conocimiento del presente asunto con el fin de emitir una sentencia de unificación sobre la inclusión del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 de la Asamblea de Boyacá para la liquidación de la pensión gracia?

Para el caso objeto de estudio, es preciso indicar que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 27110, consagró la unificación de jurisprudencia, en los siguientes términos:

7 Folios 297-301 del cuaderno 2. 8 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n.° 5, sentencia del 14 de junio de 2017, radicación: 150013333015201500032 01. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de junio de 2012, radicación: 150012331000200203227 01(2535-2007). 10 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020))

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

«Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

«Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación . Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.

En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de l a corporación, de los despachos de los magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser

magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Para asumir el trámite a solicitud de parte o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la petición deberá formularse hasta antes de que se registre ponencia de fallo. Si la petición proviene de un consejero de Estado, del tribunal administrativo, o del Ministerio Público, esta podrá formularse sin la limitación temporal anterior. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá solicitarlo cuando previamente haya intervenido o se haya hecho parte dentro del proceso.

La petición contendrá una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La petición que se formule para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trá mite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión.

La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.

PARÁGRAFO. El Consejo de Estado implementará un mecanismo electrónico de fác il acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia

de fác il acceso que permita comunicar y alertar a sus integrantes y a la ciudadanía en general respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en la Corporación, y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, puedan ser propuestos para ser asumidos de oficio por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para los fines previstos en este artículo.

Este mecanismo también permitirá que los juzgados y tribunales del país informen sobre procesos en trámite en los respectivos distritos judiciales, que por tener circunstancias similares, puedan ser asumidos por el Consejo de Estado para los fines d e este artículo. Así mismo, servirá para advertir las divergencias en la interpretación o aplicación de las sentencias y autos de unificación por parte del Consejo de Estado.»Radicado: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020))

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado puede asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte, por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales o a petición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministeri o Público, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en

ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación. Igualmente, la norma dispone que, para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición debe formularse con la exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones por las cuales se considera necesario que se emita una sentencia de unificación.

Análisis del asunto concreto

En atención a lo anterior y aplicada la referida normativa al sub lite, se tiene que el Tribunal Administrativo de Boyacá, de oficio, remitió el expediente de la referencia a esta Corporación con fundamento en lo previsto en el artículo 271 del CPACA, para que se expidiera sentencia de unificación por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesid ad de sentar jurisprudencia. Para ello, puso de presente que existen varias tesis en torno a la inclusión del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959, para los docentes del departamento de Boyacá que alcanzaran 20 años de servicios, en el in greso base de liquidación de la pensión gracia.

Al respecto, se advierte que, mediante auto del 14 de octubre de 202111, la Sección Segunda de esta Corporación avocó conocimiento « con el fin de determinar si es imperativa o no la verificación ex ante, de la legalidad del pago percibido por concepto de sobresueldo del 20% para efecto de incluir este emolumento en la reliquidación de la pensión gracia, sin perjuicio de que se examinen otros temas que resulten necesarios y

sobresueldo del 20% para efecto de incluir este emolumento en la reliquidación de la pensión gracia, sin perjuicio de que se examinen otros temas que resulten necesarios y conexos». Lo anterior en co nsideración a la divergencia interpretativa que se presenta al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en relación con la liquidación de la pensión gracia y, particularmente, con la inclusión o no del sobresueldo del 20% creado por la Ordenanza 23 de 1959 en el departamento de Boyacá, en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia.

Se destaca que, de acuerdo con la mencionada providencia, en aquel expediente también se debate la inclusión del sobresueldo del 20% en el ingreso base de liquidación de la pensión gracia, de un docente que recibió dicho emolumento durante el año anterior al estatus pensional . De esta manera, es plausible concluir que el problema jurídico cuyo análisis se pide será objeto de pronunciamiento a través de una sentencia de unificación.

En esas condiciones, comoquiera que el tema sometido a estudio por solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá ya fue avocado por la Sección Segunda para emitir sentencia de unificación de jurisprudencia, no se asumir á conocimiento en este caso.

Conclusión: comoquiera que el conocimiento del tema de la liquidación de la pensión gracia con inclusión del sobresueldo del 20% de los docentes del

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 14 de octubre de 2021, radicación: 15001-33-33pensión gracia con inclusión del sobresueldo del 20% de los docentes del

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 14 de octubre de 2021, radicación: 15001-33-33010-2014-00148-01 (0600-2020), demandante: Ana Graciela Naranjo Romero.Radicado: 15238-33-39-752-2015-00250-01 (0494-2020))

Demandante: Margarita Acosta Maldonado

departamento de Boyacá ya fue asumido con el objeto de proferir sentencia de unificación por medio del auto del 14 de octubre de 202112, la Sección Segunda se abstendrá de avocar conocimiento del presente asunto.

En consecuencia, se ordenará la devolución del expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE

Primero: No avocar el conocimiento del presente asunto con el objeto de proferir sentencia de unificación jurisprudencial.

Segundo: En firme esta p rovidencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Plena de la Sección Segunda, en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Firmada electrónicamente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Firmada electrónicamente

CÉSAR PALOMINO CORTÉS Firmada electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmada electrónicamente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Firmada electrónicamente

CÉSAR PALOMINO CORTÉS Firmada electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER Firmada electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmada electrónicamente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Firmada electrónicamente

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 14 de octubre de 2021, radicación: 15001-33-33010-2014-00148-01 (0600-2020), demandante: Ana Graciela Naranjo Romero.