CE - 16_050012331000199802979011SENTENCIA20220509222935_TCListadoTitulados133124216037782521-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2022

Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de Reparación Directa (Decreto 1 de 1984) Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD (Ley 600 de 2000) Análisis sustantivo: Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad – Daño especial – Inexistencia del hecho investigado Síntesis del caso: el demandante fue capturado, en aparente situación de flagrancia, por integrantes de la Policía Judicial, luego de haberse adelantado un operativo con fundamento en información anónima acerca de la posible comisión del secuestro de un ciudadano extranjero. La Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y, posteriormente, profirió resolución de acusación. Finalmente, en etapa de juicio, se dispuso su absolución en fallo de segunda instancia Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la Nación - Rama Judicial en contra de la Sentencia proferida el 24 de Julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal

Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante 1 De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de Reparación Directa Decisión: Modifica sentencia que condena __________________________________________________________________________________

1. El 18 de septiembre de 1998, Luis Argiro Jaramillo Sánchez, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y la Rama Judicial, para que se les declarara responsables de los perjuicios padecidos por la privación injusta de su libertad, en razón del proceso penal seguido en su contra por el delito de secuestro extorsivo2.

2. En la demanda se planteó la siguiente pretensión declarativa (se trascribe): “1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación,

(Ministerio de Justicia y del Derecho y al Consejo Superior de la Judicatura), de la totalidad de los daños, perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con motivo de la PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD por ERROR JURISDICCIONAL, del señor Luis Argiro Jaramillo Sánchez. Duró esa privación de libertad, desde el día 30 de septiembre de 1994 (fecha en que fue retenido en un operativo policial), hasta el 18 de septiembre de 1996”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes perjuicios: Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios Luis Argiro Jaramillo Sánchez Víctima directa 1000 gramos oro morales Yolanda de J. Ossa Atehortua Esposa de la víctima directa 1000 gramos oro Luis Alfonso Jaramillo Ossa Hijo de la víctima directa 1000 gramos oro Víctor Alfonso Jaramillo Ossa Hijo de la víctima directa 1000 gramos oro María Eugenia Jaramillo Ossa Hija de la víctima directa 1000 gramos oro Lizet Cristina Jaramillo Ossa Hija de la víctima directa 1000 gramos oro Juan Gonzalo Jaramillo Ossa Hijo de la víctima directa 1000 gramos oro Carlos Arturo Jaramillo Sánchez Hermano de la víctima directa 1000 gramos oro Daño Luis Argiro Jaramillo Sánchez Víctima directa emergente “más de

Lucro Luis Argiro Jaramillo Sánchez Víctima directa $13.000.000” cesante

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante expuso, en síntesis: 5. 1) El 25 de septiembre de 1994, Luis Argiro Jaramillo Sánchez fue capturado, en aparente situación de flagrancia, por la Policía Judicial de la Unidad Investigativa Antiextorsión y Secuestro –UNASE-. Una vez fue presentado ante la Fiscalía Regional delegada ante la UNASE, se dispuso su vinculación al proceso penal y la práctica de su diligencia de indagatoria. 6. 2) El 4 de octubre de 1994, mediante la resolución de definición de su situación jurídica, la Fiscalía regional de Medellín le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de libertad provisional,

2 Folios 17 al 24 del Cuaderno del Tribunal No. 1. Si bien en la demanda se hizo referencia al Consejo Superior de la Judicatura, en el respectivo poder y en la contestación de la demanda, se indicó que se estaba asumiendo la representación de la Nación – Rama Judicial dentro de este proceso. 2 de 17

Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de Reparación Directa Decisión: Modifica sentencia que condena __________________________________________________________________________________ por el delito de secuestro extorsivo. En esta providencia se dispuso igual medida respecto de otros sujetos sindicados. Esta decisión fue confirmada el

3 de febrero de 1995 por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional. 7. 3) El 5 de junio de 1995, la fiscalía dictó resolución de acusación en contra de Luis Argiro Jaramillo Sánchez, por el delito investigado. 8. 4) El 17 de enero de 1996, el Juzgado Regional de Medellín profirió sentencia condenatoria en contra de Luis Argiro Jaramillo Sánchez, y otros sujetos, en calidad de cómplice. En contra de esta decisión, la defensa técnica interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 10 de septiembre de 1996 por el Tribunal Nacional de Bogotá D.C. En dicha oportunidad, dispuso la absolución de los acusados y ordenó su libertad inmediata. No se presentó recurso extraordinario de casación.

9. De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 25 de septiembre de 1994, Luis Argiro Jaramillo Sánchez fue capturado por integrantes de la Policía Judicial3; 2) el 4 de octubre de 1994 se le definió su situación jurídica y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de secuestro extorsivo4; 3) el 3 de febrero de 1995 se confirmó dicha medida5; 4) el 5 de junio de 1995 se dictó Resolución de acusación por la presunta comisión del delito de secuestro extorsivo6; 5) el 17 de enero de 1996, el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia condenatoria7 y 6) el 10 de septiembre de 1996, el

Tribunal Nacional de Bogotá D.C. profirió sentencia absolutoria a su favor y ordenó su libertad inmediata8. Esta decisión no fue recurrida en casación. 1.2. Posición de la parte demandada

10. El 18 de mayo de 2000, el Ministerio de Justicia y de Derecho contestó la demanda, en la que indicó no constarle los hechos expuestos y se opuso a las pretensiones allí formuladas9. Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa, como quiera que las entidades que participaron en los hechos que se señalaron como causantes del daño fueron la Fiscalía General de la Nación y la Rama judicial. En este sentido, resaltó que la representación legal de esta última entidad le correspondía a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y no al Ministerio de Justicia, como erradamente se señaló en la demanda.

3 Folio 146 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 4 Folios 235 al 265 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 5 Folios 51 al 59 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 6 Folios 510 al 734 del Cuaderno del Tribunal No. 3. 7 Folios 900 al 923 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 8 Folios 8 al 34 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 9 Folios 42 al 50 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 3 de 17

Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Decisión: Modifica sentencia que condena __________________________________________________________________________________

11. El 8 de mayo de 2000, la Rama Judicial presentó la contestación de la demanda, en la que manifestó no constarle los hechos y oponerse a las pretensiones indicadas10. En su escrito señaló que la medida de aseguramiento fue dictada por la Fiscalía General de la Nación y que, en la etapa de juicio, después del análisis y apreciación de las pruebas recaudadas, el Juzgado no encontró mérito para condenar al acusado, por lo que dispuso su absolución. Destacó que el error judicial tampoco se configuró, pues en ninguna de las providencias dictadas dentro del proceso penal se constató “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”. 1.3. Sentencia de primera instancia

12. El 24 de julio de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, profirió Sentencia de primera instancia, en la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa respecto del Ministerio del Interior y de Justicia y accedió parcialmente a las pretensiones formuladas11. En consecuencia, condenó a la Rama Judicial al pago del equivalente de 70 SMLMV para la víctima directa, de 35 SMMLV para sus hijos y esposa –para cada uno-; y para su hermano de 25 SMLMV, por concepto de perjuicios morales. En relación con los perjuicios materiales, reconoció la suma de $17.390.071,8, por concepto de lucro cesante.

13. Como argumentos de fondo, sostuvo que la privación de la libertad de

Luis Argiro Jaramillo Sánchez fue injusta, debido a que no se logró demostrar que la conducta investigada correspondía al punible de secuestro extorsivo, y ante la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia, se le causó un daño antijurídico que debía ser reparado. 1.4. Recurso de apelación

14. El 3 de septiembre de 2013, la parte actora presentó recurso de apelación, con el propósito de solicitar que los perjuicios morales concedidos a los demandantes fueran tasados nuevamente, en una cuantía superior12.

15. El 4 de septiembre de 2013, la Rama Judicial interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia13. Sostuvo que, dado que el proceso penal cursó en vigencia de la Ley 600 de 2000, la etapa de indagación preliminar, así como la investigativa, era de competencia de la Fiscalía General de la Nación. Por ello, al haber sido esta entidad la que impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva

10 Folios 51 al 63 del Cuaderno del Tribunal No. 1. 11 Folios 133 al 151 del Cuaderno del Consejo de Estado. 12 Folios 153 al 155 del Cuaderno del Consejo de Estado. 13 Folios 157 al 262 del Cuaderno del Consejo de Estado. 4 de 17

Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de Reparación Directa Decisión: Modifica sentencia que condena

__________________________________________________________________________________ en contra de Luis Argiro Jaramillo Sánchez y sin que, para ese momento, hubiese intervenido un juez, la atribución de responsabilidad debía realizarse exclusivamente en cabeza de la fiscalía. En adición a lo anterior, destacó que la actuación del fallador se ajustó a sus deberes legales, pues aunque la apreciación del conjunto probatorio realizada por el juez de segunda instancia discrepó de la presentada por el a quo, ello obedecía a la labor propia de la actividad judicial y no podría catalogarse como un error judicial.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

16. La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de Luis Argiro Jaramillo Sánchez, con ocasión de la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra. En esta instancia, la misma parte solicitó que los perjuicios morales reconocidos en el fallo recurrido fueran incrementados. La Rama Judicial adujo que su actuación se ajustó a sus deberes legales, por lo que la restricción de la libertad del demandante principal, la cual se ordenó en etapa de instrucción, era de responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la Nación.

17. Dentro del expediente se encuentra probado que, Luis Argiro Jaramillo

Sánchez fue privado de su libertad, desde el 25 de septiembre de 1994 hasta el 18 de septiembre de 1996, en establecimiento carcelario. Así se constata con el acta de derechos del capturado14, la boleta de libertad dictada por el Tribunal Nacional de Bogotá D.C15 y la constancia de permanencia expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-16. Además, se comprobó que el Tribunal Nacional de Bogotá D.C. absolvió al acusado17.

18. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la Sala advierte que la decisión que finalizó el proceso penal, de acuerdo con las normas penales, debió quedar ejecutoriada, por lo menos, el 10 de octubre de 199618

14 Folio 146 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 15 Folio 36 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 16 Folio 15 del Cuaderno del Tribunal No.1. 17 Sentencia de 10 de septiembre de 1996. Folios 8 al 34 del Cuaderno del Tribunal No. 2. 18 Mediante Oficio No. 3586 de 25 de noviembre de 1996, la Secretaría del Tribunal Nacional de Bogotá D.C remitió el expediente al Juzgado Nacional que conoció el proceso en primera instancia, “una vez surtida la instancia de rigor ante esta corporación” -Folio 46 del cuaderno del Tribunal No. 3-. Además, fue posible constatar que la Sentencia de Segunda instancia debió quedar ejecutoriada el 10 de octubre de 1996, como quiera que la notificación personal a

todos los involucrados se efectuó el 18 de septiembre anterior –sello secretarial, folio 35 del Cuaderno del Tribunal No. 5 de 17

Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de Reparación Directa Decisión: Modifica sentencia que condena __________________________________________________________________________________ y dado que la demanda fue presentada el 18 de septiembre de 1998, se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

19. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que modificará parcialmente la sentencia de primera instancia, en lo relativo a la condena por perjuicios morales y materiales. En efecto, la Sala advierte que, Luis Argiro Jaramillo Sánchez fue absuelto penalmente, ante la imposibilidad de comprobar la materialidad de la conducta investigada, de modo que se le causó un daño anormal y grave como consecuencia de la privación de su libertad, que no estaba en el deber jurídico de soportar. Además, no se pronunciará respecto de la falta de legitimación pasiva del Ministerio de Justicia declarada por el a quo, debido a que este aspecto no fue objeto de apelación.

20. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales se le ocasionó un daño especial al demandante. Ante la ausencia de la culpa

de la víctima, como única causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Rama Judicial. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas. 2.2. Identificación del daño

21. En consideración a la pretensión formulada en la demanda, la Sala encuentra probado que, Luis Argiro Jaramillo Sánchez sufrió un daño derivado de la privación de su libertad, la cual se prolongó, desde el 30 de septiembre de 1994 hasta el 18 de septiembre de 1996, es decir, por el periodo de 23 meses y 20 días. 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial

22. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 201819, la Corte Constitucional precisó que, los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez adecúe la situación específica al título pertinente20. 3 -y no se presentó recurso de casación. Esto, de conformidad con el artículo 233 del Decreto 2700 de 1991, según el cual, “[e]l recurso de casación podrá interponerse, por escrito, dentro de los quince días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia (…)”. 19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. 20 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicialdel

artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los 6 de 17

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23. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que, “la posibilidad que tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos (…) el juez administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva”.

24. Asimismo, explicó que, en dos eventos de aquellos considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, es decir, inexistencia del hecho y atipicidad de la conducta punible investigada, porque, a su juicio, en ambas situaciones la

privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.

25. A partir de las anteriores consideraciones, corresponde a la Sala establecer si la restricción del derecho a la libertad del ahora demandante resultó irrazonable y desproporcionada, de acuerdo con los elementos de juicio recaudados dentro del proceso penal. El juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre la generalidad de la poblacióny, por su gravedad, no podría considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este título de imputación denominado por la jurisprudencia como “daño especial”, debe considerarse que, a partir de la gravedad y anormalidad del daño, debe establecerse el derecho a la indemnización.

26. En este caso, en la Resolución que definió su situación jurídica se indicó que, la detención del ahora demandante, junto con otros 2 sujetos, obedeció a la alerta generada, mediante llamadas telefónicas anónimas, por personas que se identificaron como pobladores del municipio de Guarne, Antioquia, las cuales dieron cuenta de la presencia de individuos extraños en la zona y quienes, presuntamente, tendrían retenido a un extranjero en contra de su voluntad en una finca. Cabe señalar que los anteriores hechos fueron consignados en el informe de policía judicial elaborado por la Unidad Investigativa Antiextorsión y Secuestro –UNASE-. criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos

los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia20, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”. 7 de 17

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27. De igual forma, en la aludida resolución se señaló que dicha información fue coincidente con la comunicación del jefe de Servicio Central de Estupefacientes de la Brigada de Investigación de la Dirección General de Policía del Ministerio de Justicia e Interior de España en la que se advirtió sobre la aparente retención ilegal de un ciudadano español, en inmediaciones de “El Rodadero-Santa Marta”, bajo la exigencia de la entrega de 40 millones de pesetas, al parecer, producto de una deuda contraída en actividades de comercio de sustancias estupefacientes.

28. De otro lado, se señaló que, aunque la supuesta víctima del delito fue insistente en explicar que el supuesto secuestro no habría ocurrido y que su presencia en la finca respondía a su propio deseo, para la fiscalía tal justificación no fue válida “por tratarse de un secuestro originado al parecer, según lo informan las autoridades de España, por una deuda contraída con

narcotraficantes, esa negativa obedece sin duda a la peligrosidad que representan sus captores”.

29. En la sentencia de primera instancia se declaró la responsabilidad de Luis Argiro Jaramillo Sánchez, en calidad de cómplice, “puesto que contribuyó a la realización del hecho punible como fuera el de prestarle mantenimiento a sus compañeros en la alimentación y en el vestuario”. Así se explicó (se transcribe): “A pesar de que ROEL OTERO dice no haber estado en cautiverio, existen indicios que prueban lo contrario, tales como el contenido de la información anónima, el informe de la autoridad judicial de Madrid que habla de un hombre apodado “Manolo” y así con este nombre lo tratan los encartados, hay correspondencia entre el texto de la autoridad extranjera y las declaraciones de ROEL OTERO, las ambigüedades y contradicciones de los sindicados y el ofendido en sus declaraciones, en la permanencia que tuvo el español en la finca de Guarne no fue visitado por el señor Naranjo Salazar

(hombre clave en las relaciones con los personajes del proceso, si no estaba retenido ROEL OTERO cuál era el motivo para que los procesados hayan sido encontrados portando armas de fuego21(…)”.

30. Los elementos de conocimiento indicados anteriormente no evidenciaban la ocurrencia de una conducta ilícita, es decir, la materialidad del delito de secuestro, que siempre estuvo en debate, tal como se reconoció en segunda instancia por parte del tribunal. Además, en el caso concreto de Luis Argiro Jaramillo Sánchez, en ninguna de las pruebas de cargo se le hizo

una atribución específica sobre su participación en esa supuesta actividad criminal, dado que siempre se hizo énfasis en la continuación de sus labores de administrador de la finca.

31. En efecto, lo que se demostró, en cambio, en distintas fases del proceso penal, es que el aquí demandante se desempeñaba como mayordomo del 21 En la diligencia, la Policía Judicial encontró 3 armas de fuego, así: una pistola, la portaba Martín Cano [uno de los capturados], por la cual se elevó en su contra el cargo de porte ilegal de armas de defensa personal; un revolver con permiso de salvoconducto a nombre de Alberto Cano y una escopeta, sobre la cual Luis Argiro Jaramillo reconoció su propiedad desde “hace más de 20 años y esta[ba] inservible”, pero la fiscalía, al concluir que no la portaba al momento de la captura, concluyó que la conducta era atípica. 8 de 17

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32. En el fallo de segunda instancia dictado el 10 de septiembre de 1996 por el Tribunal Nacional de Bogotá, se absolvió a Luis Argiro Jaramillo Sánchez y a

los otros acusados, ante la ausencia de elementos que dieran certeza sobre la existencia de la conducta punible investigada. En particular, estableció que la ocurrencia del secuestro no fue aclarada, pues la víctima fue hallada en condiciones, a partir de las cuales podía inferirse, de manera razonable, que se movilizaba con total libertad dentro y fuera de la finca, (se trascribe): “Se tiene que al llegar los policiales al lugar fueron atendidos desde dentro de la red que separa el predio de la carretera, por VILLA CALLEJAS Y CANO CASTAÑO quienes confirmaron que era la finca que administraba por JARAMILLO SÁNCHEZ, ausente en ese momento. Y al ingresar, previa la identificación de rigor, encontraron en el corredor del inmueble al ciudadano español MANUEL ROEL OTERO quien desde un comienzo rechazó la versión de encontrarse secuestrado o retenido injustificadamente, lo que a la postre ratificó ante el fiscal instructor al rendir la declaración. Oportunidad en la que explicó la forma como llegó hasta ese lugar y precisó que no había estado privado de su libertad. Nótese como la declaración del presunto secuestrado resulta concordante con la misma actitud de las personas que se encontraban dentro del inmueble en el instante en que hicieron presencia los representantes de las autoridades pues nada indicaba que ROEL OTERO hubiese sido arrebatado injustificadamente en sus actividad habitual, que estuviera detenido contra su voluntad y doblegada su resistencia a permanecer en cautiverio o se le estuviera ocultado o escondiendo violentamente. Todo lo contrario se le

encontró en el pasillo del inmueble libre de cualquier tipo de coacción física o moral y sin estar sometido a vigilancia o custodia que indicara el sometimiento de su voluntad a permanecer allí encerrado, lo que en realidad no concuerda con la supuesta condición de secuestrado en que se creía estaba el ciudadano español. Súmese a lo anterior el testimonio ofrecido por algunos vecinos del lugar, quienes dan cuenta del comportamiento de los moradores del inmueble: EFRAÍN ANTONIO MAZO HENAO señala al respecto que todos ellos compartían en armonía y amistad, jugaban ajedrez y desde ningún puno de vista se observaba que alguno estuviera en cautiverio, amarado o esposado. A su turno HERMELINDA DE JESÚS ATEHORTÚA declaró que cuando pasaba por la carretera veía gente jugando y comiendo, sin que hubiera notado nada raro y EDGAR ORLANDO ISAZA GUTIÉRREZ manifiesta en relación con la actitud que observó del español que “se movilizaba normalmente solo y algunas veces lo veía con otros dos muchachos sentados jugando cartas en el corredor”.

33. Además, para el juez de segunda instancia tampoco fue evidente el propósito de lucro económico como móvil del supuesto plagio, “pues brilla[ba] por su ausencia prueba idónea que demuestre con certeza la ocurrencia de exigencia pecuniaria a cambio de la liberación del rehén cautivo”. 9 de 17

Radicación: 05001-23-31-000-1998-02979-00 (51.559) Actor: Luis Argiro Jaramillo Sánchez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro

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34. Como puede observarse, en el proceso penal no se probaron los elementos del tipo penal investigado y, en consecuencia, tampoco la presunta responsabilidad penal del acusado en un hecho con relevancia jurídica. Así, el tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de Luis Argiro Jaramillo Sánchez porque, “contrario a lo considerado por el fallador de instancia, lo que se infiere es la prevalencia de razonadas dudas en cuanto a la ocurrencia de la conducta atentatoria contra la libertad individual tipificada por el ente acusador en el instante en que calificó el mérito sumarial, esto es, en los que se refiere a que MANUEL ROEL OTERO hubiese sido arrebatado, sustraído, retenido u ocultado, contra su voluntad y con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad (…)”.

35. Así las cosas, se encuentra que el entonces procesado estuvo privado de la libertad por un tiempo considerable, debido a un proceso penal q