CE - 16APF20230046301AnaC 0 20240903091958008

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: ANA CRISTINA TORO ARANGO

Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE

ANTIOQUIA Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de febrero de 2024, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La señora Ana Cristina Toro Arango demandó a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), al municipio de Valparaíso y a la sociedad Toro Toro & Cía. S.A.S., en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 5 de agosto de 1998 1 y 1437 de 18 de enero de 2011 2, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos prev istos en los literales a), c), d), g), h) y l) del artículo 4.° 3 de la Ley 472.

2. En el escrito de la demanda, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

del artículo 4.° 3 de la Ley 472.

2. En el escrito de la demanda, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Amparar los derechos colectivos (…).

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano (…) c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […] g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; […] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.2

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

2.- En consecuencia, se ordene suspender en su totalidad la ejecución de las obras del proyecto piscícola a desarrollarse en el predio El Motor, de la vereda

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

2.- En consecuencia, se ordene suspender en su totalidad la ejecución de las obras del proyecto piscícola a desarrollarse en el predio El Motor, de la vereda La Sardina del municipio de Valparaíso, o, dado el caso, suspender la operación de dicha piscícola (sic), si, al momento del fallo en este proceso, ya no se tratara de un proyecto y estuviera operando.

3.- Se ordene el desmonte de las obras civiles, hidráulicas, de excavación, y similares, ejecutadas para la operación del proyecto piscícola en mención, incluyendo cualquier obra que implique el uso de los recursos naturales agua, suelo, flora, paisaje. (…)

4.- Que dichas obras de desmonte a ordenar consideren como mínimo los siguientes aspectos: 4.1.- El retiro de cualquier barrera, obra civil, material o maquinaria que afecte el cauce natural de la quebrada La Sardina y de todas las fuentes de agua que discurran por el predio (…) 4.2.- Que se garantice por parte de la Alcaldía Municipal de Valparaíso y Corantioquia, un monitoreo constante y presencial para verificar el cumplimiento de las acciones de desmonte de las obras del proyecto y recuperación de los recursos naturales.

5.- Se condene a las entidades accionadas, que en término razonable, fijado de forma clara por el despacho, tengan que diseñar y ejecutar un plan de restauración (…).

6.- Se condena a la sociedad TORO y (sic) TORO y CIA S.A.S, al pago de una suma de dinero que se deberá invertir en acciones de cuidado de las cuencas de

restauración (…).

6.- Se condena a la sociedad TORO y (sic) TORO y CIA S.A.S, al pago de una suma de dinero que se deberá invertir en acciones de cuidado de las cuencas de la zona, y en financiar el Plan de restauración aludido en el numeral anterior. (…)

7.- Se ordene (sic) la Corporación autónoma regional del centro de AntioquiaCORANTIOQUIAdejar sin efectos la Resolución 160CA-RES2206-3516 del 17 de junio de 2022 así como la Resolución 160CA-RES2206-3422 del 14 de junio de 2022, por ser una de las fuentes de vulneración de los derechos colectivos aquí esgrimidos; así mismo con los posteriores actos administrativos que decidieron no reponerlos.

8.- Que se ordene a CORANTIOQUIA que en término establecido proceda al diseño y ejecución de un Plan (sic) Manejo Ambiental para la quebrada la Sardina y las fuentes aledañas que discurren por la Vereda La Sardina, en aras a buscar medidas efectivas de protección de esta fuente hídrica respecto a futuras actividades que puedan ser incompatibles con su protección y cuidado.

9.- Se ordene al municipio de Valparaíso, que a través de su Secretaría Municipal de Planeación, y la autoridad que haga las veces, proceda a denegar o revocar (según sea el caso) la solicitud de licencia de construcción presentada por la sociedad TORO Y (sic) TORO y CIA S.A.S., para las obras civiles del proyecto piscícola a desarrollar en el Predio el Motor de la verada (sic) La sardina, de Valparaíso. En tanto no se encuentra habilitado el uso del suelo para esta clase de actividades.

piscícola a desarrollar en el Predio el Motor de la verada (sic) La sardina, de Valparaíso. En tanto no se encuentra habilitado el uso del suelo para esta clase de actividades.

10.- Se ordene a CORANTIOQUIA darle celeridad al trámite del proceso sancionatorio adelantado en la actualidad en contra se (sic) la sociedad TORO y (sic) TORO Y CIA S.A.S, por los hechos aquí estudiados, y en los términos de ley, sin dilaciones, demoras y excusas injustificadas.

11.- Se ordene al Municipio de Valparaíso, y a CORANTIOQUIA, que asuman una postura preventiva, respecto a las infracciones por aprovechamiento y3

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Demandante: Ana Cristina Toro Arango

contaminación de los recursos naturales agua, suelo, fauna, flora y paisaje que realice la empresa accionada (…).

12.- Se ordene integrar un comité de verificación de la sentencia (…).

13. Se condene en costas a las entidades accionadas (…).

Pretensión subsidiaria: 14.- En caso de que la licencia de construcción haya sido concedida a la sociedad TORO Y (sic) TORO y CIA S.A.S., para las obras civiles del proyecto piscícola a desarrollar en el Predio el Motor de la verada (sic) La Sardina, se ordene a la autoridad municipal proceder a revocar la misma […]”4.

3. Como fundamento fáctico, la demandante indicó que la sociedad Toro Toro & Cía. S.A.S., implementó un proyecto de acuicultura en febrero de 2021, sin tener

autoridad municipal proceder a revocar la misma […]”4.

3. Como fundamento fáctico, la demandante indicó que la sociedad Toro Toro & Cía. S.A.S., implementó un proyecto de acuicultura en febrero de 2021, sin tener licencia o permiso ambiental. Ese proyecto “[…] requiere de la construcción de un embalse, con capacidad entre 60 mil y 64 mil metros cúbicos de agua, […] un vertedero, un muro o jarillón, unas celdas de cemento, una acequia […]”, entre otras obras. El proyecto presenta las siguientes características productivas:

“[…] -Especie cultivada y etapa productiva: Alevinaje y engorde de la especia Tilapia roja (Oreochromis sp) o Tilapia nilótica (Oreochromis nilóticus) según la condición del mercado. -Área destinada para la producción piscícola: 1 Ha. -Número de estanques o jaulas destinados al cultivo de peces describiendo sus respectivas medidas: 8 celdas para la capacidad de 64.000 metros cúbicos. -Número de peces sembrados (…): cada celda iniciará con 30.000 a 33.000 alevinos de 20 a 30 gramos de peso promedio […]”.

4. Informó que el proyecto está situado en el predio denominado "Finca el Motor", un terreno por el cual discurren tres quebradas: La Sardina, Sabaletas y la quebrada identificada con el código 21043.

5. Adujo que el proyecto piscícola colinda con varios acueductos veredales y puntos de captación de agua para consumo doméstico y agropecuario. En consecuencia, el desvío del ca uce natural de las fuentes hídricas , y las obras no autorizadas

de captación de agua para consumo doméstico y agropecuario. En consecuencia, el desvío del ca uce natural de las fuentes hídricas , y las obras no autorizadas impactaron negativamente el entorno natural de la vereda La Sardina del municipio de Valparaíso , debido a “[…] la desecación de los guaduales, la alteración de la vegetación involucrada, y la degradación en la oferta y la calidad del agua de la fuente de que se nutren los vecinos del sector […]”.

6. Manifestó que la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Valparaíso y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia visitaron el proyecto. Como resultado de la visita Corantioquia impuso una medida preventiva de suspensió n de actividades, mediante Resolución 160CARES2110-6426 de 6 de octubre de 2021. Además, en la Resolución 160CAADM2112-7777 de 9 de diciembre de 2021, se declaró el inicio del trámite sancionatorio en contra de la sociedad Toro Toro & Cía. S.A.S., porque el proyecto

4 Cfr. índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “4ED_EXPTRIBUN_02DEMANDAPDF(.pdf) NroActua 2”.4

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

piscícola no conta ba con los permisos ambientales exigibles. Y, a través de Resolución núm. 160CA -ADM2303-1048 de 10 de marzo de 2023, se formula ron cargos.

7. Señaló que Corantioquia ignoró el daño ambiental causado por el proyecto , al

Resolución núm. 160CA -ADM2303-1048 de 10 de marzo de 2023, se formula ron cargos.

7. Señaló que Corantioquia ignoró el daño ambiental causado por el proyecto , al expedir la Resolución 160CA-RES2206-3230 de 8 de junio de 2022, que levantó la medida preventiva del proceso sancionador. Esta decisión fue ratificada a través de la Resolución 160CA-RES2302-55 de 16 de febrero de 2023.

8. Puso de presente que esa sociedad empezó la construcción de l as obras del proyecto piscícola sin contar con la respectiva licencia, y sin verificar la compatibilidad del proyecto con el ordenamiento territorial.

9. Mencionó que la sociedad Toro Toro & Cía. S.A.S. , solicitó en el año 2021 un permiso de ocupación de cauc e y una concesión de aguas superficiales . Estas actuaciones administrativas se resolvieron positivamente mediante Resoluciones

160CA-RES2206-3422 de 14 de junio de 2022 y 160CA-RES2206-3516 de 17 de junio de 2022.

10. Enlistó las siguientes irregularidades del permiso de ocupación de cauce y de la concesión de aguas : (i) no se establecieron obligaciones respecto del muro de contención; (ii) “[…] no se logró identificar plenamente la fuente de agua sobre la que se otorga la concesión, ni tampoco los acueductos existentes que se surten de la misma […]” ; y (iii) “[…] el proyecto piscícola del predio El Motor se encuentra ubicado dentro de una ronda hídrica que es un área de protección ambiental […]”.

la misma […]” ; y (iii) “[…] el proyecto piscícola del predio El Motor se encuentra ubicado dentro de una ronda hídrica que es un área de protección ambiental […]”.

11. Alegó que la autoridad ambiental otorgó los permisos ambientales de forma expedita, pero ha sido renuente en la resolución del procedimiento sancionatorio ambiental. Incluso l a evaluación de las autorizaciones ambientales buscó la legalización de las obras, en vez de reversar o prohibir la desviación del cauce para corregir el daño ambiental causado.

12. Finalmente, argumentó que el proyecto no cumple con las normas urbanísticas y ambientales que regulan el uso del suelo porque: (i) el EOT del municipio de Valparaíso autoriza el desarrollo de actividades ganaderas en ese predio , y no piscícolas; (ii) se infringen las determinantes ambientales de la ronda hídrica; y (iii) el proyecto se encuentra dentro de los treinta metros de retiro obligatorio de una vía terciaria, conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

13. El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de mayo de 2023 5, admitió la demanda, negó la solicitud de medida cautelar de urgencia, y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los demandados para que contestaran, propusieran

5 Cfr. índice 7, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia.5

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

5 Cfr. índice 7, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia.5

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

excepciones y aportaran y/o solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público y a la ANDJE. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

14. Mediante auto de 9 de junio de 20236, el a quo resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte d emandante, en el sentido de confirmar la decisión de no acceder a la medida cautelar de urgencia.

15. En providencia de 19 de septiembre de 2023 7, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia8

16. El apoderado judicial de Corantioquia, mediante escrito de 6 de julio de 2023, alegó que esa entidad no quebrantó ningún derecho colectivo y que actuó diligentemente en el ejercicio de sus competencias de seguimiento y control.

17. Precisó que Corantioquia es responsable de ejecutar a prevención las medidas de policía y las sanciones en caso de desconocimiento a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables , así como de exigir la reparación de los daños causados.

de policía y las sanciones en caso de desconocimiento a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables , así como de exigir la reparación de los daños causados.

18. Aclaró que las quebradas Sabaletas, La Yalí y la quebrada con código 21043 atraviesan el predio El Motor . Por ello , esa autoridad, al evidenciar el riesgo de afectación de los recursos naturales, impuso una medida preventiva de suspensión de actividades. Dicha medida perdur ó hasta que las actividades piscícolas se autorizaron a través de las Resoluciones núm. 160CA -RES2206-3422 de 14 de junio del 2022 (concesión de aguas superficiales) y 160CA-RES2206-3516 de 17 de junio del 2022 ( ocupación de cauce para intervención de la fuente hídrica con código 21043).

19. Advirtió que la actividad piscícola no afectó el entorno natural, ni la disponibilidad hídrica de la s referidas quebradas, o la calidad del agua. En su criterio, no es necesario conocer la infracción y sanción ambiental para levantar las medidas preventivas, ya que eso corresponde al procedimiento sanciona torio. Dicho procedimiento aún se encuentra en curso, y no está sujeto a plazos para el inicio de la investigación, conforme a la Ley 1333.

20. Informó que los permisos otorgados se soportan en las evaluaciones técnicas efectuadas a través de los informes 160CA-IT2203-3270 de 31 de marzo de 2022,

6 Ibidem, índice 11. 7 Ibidem, índice 28.

efectuadas a través de los informes 160CA-IT2203-3270 de 31 de marzo de 2022,

6 Ibidem, índice 11. 7 Ibidem, índice 28. 8 Cfr. índice 16, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado “15_RECEPCIONME

MORIALPORCORREOELECTRONICO_202300463CONTESTAC(.pdf) NroActua 16”6

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

160CA-IT2204-3729 de 8 de abril de 2022, 160CAIT2205 -4566 de 9 de mayo de 2022, 160CA-IT2205-5037 de 17 de mayo de 2022, 160CA -IT2206-5730 de 6 de junio de 2022, y 160CA–IT2206–5967 de 13 de junio de 2022.

21. Finalmente, puso de presente que la demanda es improcedente , conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado , porque se pretende evaluar la legalidad o declarar la nulidad de actos administrativos.

I.3.2. Municipio de Valparaíso

22. El apoderado judicial del municipio de Valparaíso mediante escrito de 10 de julio de 2023 9, sostuvo que el ente territorial no vulneró o amenazó los derechos colectivos alegados. Refirió que la parte demandante tampoco cumplió la carga probatoria.

23. Aclaró que la demanda nte transcribió parcialmente y de manera descontextualizada la respuesta emitida vía derecho de petición sobre los usos del

probatoria.

23. Aclaró que la demanda nte transcribió parcialmente y de manera descontextualizada la respuesta emitida vía derecho de petición sobre los usos del suelo autorizados en el predio. Allí se permite el desarrollo de actividades piscícolas.

Adicionalmente, las situaciones fácticas descritas por la demandante son responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

24. Argumentó que la sociedad Toro Toro y Cía. S.A.S., como propietaria del predio en que se desarrolló la actividad de piscicultura, tramitó el permiso ante la autoridad municipal que tenía por objeto la movilización de tierras, y obtuvo la respectiva licencia mediante Resolución núm. 05856-0-22-043 de 30 de julio de 2022.

I.3.3. Sociedad Ceiba Dorada S.A.S. (antes Toro Toro & Cía. S.A.S.)10

25. El apoderado judicial de la sociedad Ceiba Dorada S.A.S., mediante escrito de 28 de junio de 2023, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que no amenazó ni vulneró los derechos colectivos invocados.

26. Precisó que el único acueducto del municipio de Valparaíso se encuentra ubicado 420 metros aguas arriba del proyecto piscícola, por lo que era imposible que las actividades cuestionadas lo afectaran.

27. Explicó que el proyecto obtuvo todos los permisos aplicables antes de entrar en operación. Manifestó que el recurso hídrico desviado, no corresponde a una quebrada sino a una corriente intermitente, y la desviación buscó la protección de esas aguas.

operación. Manifestó que el recurso hídrico desviado, no corresponde a una quebrada sino a una corriente intermitente, y la desviación buscó la protección de esas aguas.

9 Cfr. índice 17, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado “22_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDELAD(.pdf) NroActua 17” 10 Cfr. índice 15, expediente digital Tribunal Administrativo de Antioquia, documento denominado “14_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDA(.zip) NroActua 15 ”7

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

28. Afirmó que la autoridad ambiental verificó el cumplimiento de la medida cautelar de suspensión de actividades. Por ello, esa sociedad sólo desarrolló obras urbanísticas mientras obtuvo los permisos ambientales.

29. Indicó que la acción popular era improcedente porque la parte demandante no demostró la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico o a la salubridad pública, sino que cuestionó la legalidad de los actos administrativos expedidos por Corantioquia y por el municipio de Valparaíso.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

30. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 2 de febrero de 202411, negó las pretensiones de la demanda, porque no se demostró la vulneración de los derechos colectivos invocados.

30. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 2 de febrero de 202411, negó las pretensiones de la demanda, porque no se demostró la vulneración de los derechos colectivos invocados.

31. Se refirió al marco jurídico que regula el trámite de concesión de aguas y el permiso de ocupación de cauce y, a partir de lo anterior, analizó el material probatorio12. El tribunal reconoció que la autoridad ambiental impuso al particular demandado una medida preventiva de suspensión de actividades que permaneció vigente hasta que obtuvo los permisos exigibles.

32. Advirtió que esa sociedad inició los trámites administrativos ambientales respectivos, y acompañó las solicitudes con los estudios hidrológicos, la zonificación de amenazas, el análisis de estabilidad geotécnica y la certificación de uso autorizado del suelo. Por ello, una vez se agotaron las etapas pertinentes, Corantioquia expidió las Resoluciones 160CA-RES2206-3422 de 14 de junio del 2022 y 160CA-RES2206-3516 de 17 de junio de 2022, que autorizaron la concesión de aguas y el desvío del cauce.

33. Observó que Corantioquia, mediante acto administrativo 160CA-ADM2112-7777 de 9 de diciembre de 2021, inició el procedimiento sancionatorio ambiental. Esa misma autoridad, mediante Resolución 160CA-RES2206-3230 de 6 de junio de 2022, ordenó el levantamiento de la medida provisional decretada.

34. Relató que el procedimiento sancionatorio ambiental se encuentra en curso y,

misma autoridad, mediante Resolución 160CA-RES2206-3230 de 6 de junio de 2022, ordenó el levantamiento de la medida provisional decretada.

34. Relató que el procedimiento sancionatorio ambiental se encuentra en curso y, en ese trámite, se establecerá la responsabilidad por las acciones investigadas, acorde con el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. Allí, la parte demandante se vinculó como interviniente, y ha ejercido su derecho de defensa y contradicción.

35. Aclaró que, según el informe técnico 160CA -IT2111-12677 de 9 de noviembre de 2021, Corantioquia calificó la afectación ambiental ocurrida como moderada, bajo una categoría de impacto intermedio.

11 Cfr. Índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “111ED_EXPTRIBUN_109SENTENCIAPRIMERAI(.pdf) NroActua 2”. 12 Frente a la tacha de imparcialidad del testigo Rodrigo Antonio Parra Maldonado, indicó que no advertía un motivo de interés personal o ánimo de desviar los acontecimientos, o alguno otro elemento que reste credibilidad.8

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

36. Puso de presente que la Sociedad Toro y Toro y Cía. S.A.S., adelantó el trámite de licenciamiento de movilización de tierras ante la Secretaría de Planeación del municipio de Valparaíso. Esa dependencia realizó una visita al inmueble objeto del proyecto, y formuló los requerimientos legales respectivos. En consecuencia, se

de licenciamiento de movilización de tierras ante la Secretaría de Planeación del municipio de Valparaíso. Esa dependencia realizó una visita al inmueble objeto del proyecto, y formuló los requerimientos legales respectivos. En consecuencia, se expidió la Resolución núm. 05856-0-22-043 de 30 de julio de 2022.

37. Mencionó que, según el concepto de uso del suelo expedido por el municipio, el predio puede destinarse al desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias.

38. Precisó que la intervención en el predio se realizó sin obtener los permisos ambientales y de planeación municipal exigibles. Sin embargo, posteriormente se corrigió esa falencia y, actualmente, la autoridad ambiental está investigando los impactos causados por ello. Dicha investigación en curso no prohíbe el desarrollo de la actividad autorizada.

39. Adujo que el principio de prevención “[…] se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente […]”.

40. Refirió que el punto de captación del acueducto veredal de la fuente con código 21043, se ubica aguas arriba del proyecto, mientras que las concesiones de agua otorgadas después del proyecto son para uso agrícola y pecuario. En consecuencia, afirmó que la demandante no demostró el daño causado al recurso hídrico, por las

siguientes razones:

“[…] no hubo una interrupción directa del flujo o el caudal del agua, ni se

afirmó que la demandante no demostró el daño causado al recurso hídrico, por las siguientes razones:

“[…] no hubo una interrupción directa del flujo o el caudal del agua, ni se contaminó con el cultivo de peces porque en ninguna de las visitas se logró identificar la existencia de éstos, además las aguas de la corriente no eran para consumo humano, no correspondían al acueducto de la vereda, y el agua de la acequia no se utilizó ni se utiliza para la actividad piscícola. Aunado a lo anterior, no se logra dilucidar dentro de los informes aportados, fotografías o videos allegados, una afectación a la flora, o al paisaje, ya que, si bien una pequeña parte del guadual ubicado cerca al lago se secó, quedó establecido que ello no ocurrió por causa del proyecto, sino por un proceso de renovación natural. […]”.

41. Finalmente, sostuvo que: (i) “[…] de haber existido una afectación a los derechos colectivos invocados por la actora, la misma fue corregida con la intervención de la autoridad ambiental, constituyéndose en un hecho superado […]”; (ii) los cuestionamientos sobre la legalidad de los actos administrativos tienen que tramitarse a través del medio de control de nulidad; y (iii) la demandante no acreditó los supuestos objetivo y subjetivo previstos para el amparo del derecho a la moralidad administrativa.9

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

42. La señora Ana Cristina Toro Arango, mediante correo electrónico de 7 de febrero

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

42. La señora Ana Cristina Toro Arango, mediante correo electrónico de 7 de febrero de 202413, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, tras considerar que el tribunal no valoró las pruebas que demostraban: (i) la materialización de un daño ambiental puro al recurso hídrico; (ii) la negligencia de la autoridad ambiental en el desarrollo del procedimiento sancionatorio; y (iii) la afectación de las áreas forestales protectoras y de la ronda hídrica de la quebrada con código 21043.

III.1. La prueba sobre el daño ambiental puro.

43. La parte demandante manifestó que el Consejo de Estado en su jurisprudencia definió el daño ambiental puro como “[…] cualquier alteración, degradación, deterioro, modificación o destrucción del ambiente (agua, aire, flora), causados por cualquier actividad u omisión, que supera los niveles permitidos y la capacidad de asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistema, afectando en suma el entorno del ser humano […]”14.

44. Resaltó que los informes 160CA-COE2106-22935 de 18 de junio de 2021 y

160CA - IT211112677 de 9 de noviembre de 2021, la Resolución núm. 160CAADM2112-777712, el oficio 160CA-COI2203-5660 de 9 de marzo de 2022, así como los testimonios de Rubén Darío Hernández Salazar y Diego Ceballos Escobar, acreditaban la materialización de un “[…] daño ambiental puro, independientemente

los testimonios de Rubén Darío Hernández Salazar y Diego Ceballos Escobar, acreditaban la materialización de un “[…] daño ambiental puro, independientemente de la existencia o no de perjuicios a personas particulares […]”, en especial porque “[…] el cauce se desvió y modificó por una longitud aproximada de doscientos (200) metros […]”.

45. Puso de presente que la sociedad demandada en el escrito de contestación de la demanda confesó que el proyecto “[…] se inició sin solicitar permiso alguno por física ignorancia, y por una asesoría informal inadecuada […]”. [Por ello], reconoce su falta, pide perdón y espera clemencia […]”.

46. Afirmó que la autoridad ambiental: “[…] contradice sus propios informes técnicos y actos administrativos, a pesar de que resulta evidente (sic) las afectaciones a los recursos naturales agua, suelo y paisaje y de manera consecuencial a los usuarios del acueducto que se surte con la quebrada desviada. Con las conductas descritas, puede entenderse que Corantioquia podría estar tratando de minimizar su responsabilidad o negar las afectaciones a los recursos naturales y a los usuarios del acueducto, a pesar de contar con evidencia técnica, científica y fotográfica que las respalda y que claramente dichos daños ambientales puros […]”.

47. Con fundamento en lo anterior, señaló que la afirmación relacionada con la configuración de un hecho superado era incorrecta. Adicionalmente, afirmó que la conducta de Corantioquia no se sustentó en el principio de prevención y, por el

13 Cfr. Índice 2 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado:

configuración de un hecho superado era incorrecta. Adicionalmente, afirmó que la conducta de Corantioquia no se sustentó en el principio de prevención y, por el

13 Cfr. Índice 2 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado: “114ED_EXPTRIBUN_112CORREOPRESENTACIO(.pdf) NroActua 2”. 14 Cfr. Radicado 41001-23-31-000-2000-0295601(29028). C.P. Ramiro Pasos Guerrero.10

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00463-01

Demandante: Ana Cristina Toro Arango

contrario, la autoridad ambiental vulneró