CE-17001-23-31-000-2001-00533-01(16332)-2011

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Limita el contenido de la liquidación oficial de revisión. Principio de identidad / LIQIUDACION OFICIAL DE REVISION – Debe limitarse a la declaración del contribuyente y a los hechos del requerimiento especial / AMPLIACION DEL REQUERIMIENTO ESPECIAL – Finalidad. Improcedencia cuando no se incluyen hechos nuevos Para resolver el cargo propuesto, la Sala considera que el artículo 711 del E. T. funge como una limitante al contenido de la liquidación oficial de revisión. Tal disposición exige que se guarde identidad entre el requerimiento especial, su ampliación si la hubiere y la liquidación oficial de revisión. Esta limitante, como forma concreta de la garantía del derecho al debido proceso, constituye lo que la jurisprudencia de esta corporación ha definido como el principio de identidad. Sobre el particular, la Sala ha señalado que según el artículo 703 del E.T., para expedir la liquidación oficial de revisión es necesario que la Administración, previamente, envíe un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con las explicaciones de las razones en que se sustenta; es decir, se trata de una actuación imprescindible para la determinación oficial del impuesto y se erige, junto con la declaración y la ampliación al requerimiento, en el marco dentro del cual la administración puede modificar la liquidación privada del contribuyente. Por ello, el artículo 711 ibídem establece que el acto liquidatorio debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que fueron contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación. En la misma providencia, la Sala señaló que, tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial deben ser motivados, pues si la autoridad tributaria rechaza la

liquidación privada presentada por el contribuyente, debe poner en conocimiento de éste los motivos de desacuerdo para permitirle ejercer su derecho de contradicción. La explicación de los hechos y razones de la decisión garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTO – ARTICULO 711

FALTA DE MOTIVACION – Requisito de los actos administrativos / LIQUIDACION OFICIAL – Contenido / MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA – Requisitos. Garantía del derecho de defensa / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – No se vulnera porque la administración reconozca algunos argumentos de la defensa expuestos en la contestación al requerimiento especial La Sala recuerda que falta de motivación se denomina técnicamente: expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada, y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. Para decidir si la liquidación oficial demandada fue debidamente motivada, la Sala considera que, en los términos del artículo 712 del E.T., la liquidación oficial de revisión debe contener entre otros elementos, una explicación sumaria de las modificaciones efectuadas a la liquidación privada. Esta exigencia constituye una garantía a favor del contribuyente, como mecanismo de salvaguarda de sus derechos de defensa y

al debido proceso. Sobre la motivación de los actos administrativos a través de los cuales se determinen obligaciones tributarias, esta Sala ha señalado que es necesaria la explicación de las razones que dieron origen a la liquidación oficial, las cuales, si bien pueden ser breves, deben determinar clara y completamente las diferencias resultantes entre los datos declarados y los determinados oficialmente. Este presupuesto de legalidad especial aplicable en materia tributaria, guarda relación con el principio general que gobierna las actuaciones administrativas, el cual, de conformidad con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, exige que los actos administrativos que contienen decisiones que afectan a los particulares deban motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión, garantizan el derecho de defensa y de audiencia del contribuyente y enmarcan el contenido de la liquidación de revisión y su discusión. Analizadas las actuaciones adelantadas por la Administración y, en particular, la liquidación oficial de revisión objeto de la demanda, para la Sala, se encuentra suficientemente motivada tanto en razones de hecho como de derecho, motivos que fueron puestos en conocimiento oportuno de la parte actora a lo largo de toda la actuación administrativa. De igual modo, reitera la Sala que, las diferencias que se observan entre el requerimiento especial y la liquidación oficial no son más que el reconocimiento parcial de elementos de defensa propuestos por la demandante. Por lo anterior, no prospera el cargo propuesto.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 712

RENTA GRAVABLE – No es procedente que se lleve a un renglón de ingresos / CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL – Requisitos para que obre

como prueba contable La Sala considera que no es acertada la afirmación de la parte actora, pues, de conformidad con el artículo 236 del E.T., la renta por comparación patrimonial es una renta gravable, es decir, una renta sobre la que se ha practicado la totalidad de las disminuciones que permite la legislación tributaria [artículo 26 E.T]. El renglón de “otros ingresos” por su parte, refleja, como su nombre lo indica, flujos de ingresos que se tienen en cuenta para el cálculo de la renta bruta, esto es, la renta previa a la disminución de las deducciones; de tal manera que sería incorrecto llevar una renta gravable a un renglón de ingresos. Sobre la suficiencia probatoria de los certificados expedidos por revisores fiscales y contadores públicos, esta corporación ha dicho que, conforme con el artículo 777 del E.T., cuando se trata de presentar a la DIAN pruebas contables, son suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales, sin perjuicio de la facultad que tiene la Administración para hacer las comprobaciones pertinentes. Que ha sido criterio de la Sala que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad. Además, deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos y si reflejan la situación financiera del ente económico. Se ha precisado también que tales certificados deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse y que no pueden versar sobre simples afirmaciones acerca de las operaciones

contables de que dichos funcionarios dan cuenta FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 236 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 777 COMPARACION PATRIMONIAL – eventos en los que procede / AJUSTES POR INFLACION - implican un mayor valor real de los activos. Debe probarse el efecto inflacionario sobre los activos Según el artículo 236 del E.T., cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. En seguida establece el artículo 237 del mismo estatuto que, para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. Luego la norma señala que, de esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año gravable. Adicionalmente, que en lo concerniente al patrimonio, se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales. Sobre el reconocimiento de ajustes por inflación para efectos del cálculo de la renta a través del sistema de comparación patrimonial, esta Sala ha señalado que estos ajustes implican un mayor valor real de los activos por efectos de la inflación y a su vez, un ingreso por el mismo concepto, por ello, no se consideran “nominales" ni están comprendidos dentro del

ajuste al patrimonio que se realiza previamente a la determinación la renta por comparación patrimonial, a que se refiere el inciso segundo del artículo 237 del E. T.. La Sala también consideró en la providencia citada, que como el ajuste por inflación implica un ingreso que debe reflejarse en la declaración de renta, no es procedente restarlo automáticamente, para realizar el ajuste al patrimonio de que trata el artículo 237 del E.T., como sí ocurre con los “ajustes nominales". Que a pesar de lo anterior, los ajustes integrales por inflación pueden justificar el incremento del patrimonio frente al del año anterior, porque es posible que el valor de los activos haya aumentado por efectos de la inflación, sin que necesariamente se refleje en la renta declarada del contribuyente. La Sala considera que en todo caso, para que proceda este reconocimiento excepcional del ajuste por inflación como partida deducible para el cálculo de la renta por comparación patrimonial, el contribuyente debe soportar mediante pruebas idóneas el efecto inflacionario sobre los activos objeto de ajuste, exigencia que en el caso bajo estudio no se advierte, pues la parte actora se limitó a enunciar la cuantía de dichos ajustes pero sin hacer referencia a ningún soporte que diera cuenta de ello.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 236 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 237

SANCION POR INEXACTITUD – Procedencia Sobre la sanción por inexactitud, es criterio reiterado de la Sala que su naturaleza es accesoria, pues deviene como consecuencia de la comprobación de los presupuestos que consagra el artículo 647 del E. T. o para su imposición y que se

relacionan directamente con los datos e información contenida en la declaración, vale decir, con los factores sobre los cuales se calcula el impuesto y del que se deriva el saldo a pagar o a favor, según corresponda. La Sala considera que la sanción por inexactitud es procedente por cuanto las disminuciones efectuadas por la parte actora para el cálculo de la renta por comparación de patrimonial eran improcedentes y de su exclusión se derivó un menor impuesto a pagar

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTICULO 647

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

Bogotá D.C., cinco (5) de Diciembre de Dos mil once (2011) Radicación numero: 17001-23-31-000-2001-00533-01(16332)

Actor: SOCIEDAD TEVECAFE LIMITADA.

Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES FALLO La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 14 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS - El 13 de mayo de 1998, la sociedad TEVECAFE LTDA. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 1997. - El 1° de diciembre de 1999, mediante Requerimiento Ordinario No. 8410076-AIA0181-00111, la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales del Manizales solicitó a la

parte actora, explicación sobre la diferencia patrimonial presentada en su denuncio privado de renta del periodo 1997. - El 9 de mayo de 2000, mediante Auto de Apertura No. 002024 la Administración inició proceso de investigación tributaria a la sociedad TEVECAFE LIMITADA. - El 10 de mayo de 2000, la División de Fiscalización Tributaria y Aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales profirió el Requerimiento Especial No. 100762000000020, en el que propuso la modificación de la liquidación privada del impuesto sobre la renta correspondiente periodo gravable 1997. - El 8 de febrero de 2001, previa respuesta al requerimiento especial, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 84 10 064 2001 900001, mediante la que modificó la declaración de renta presentada por TEVECAFE LIMITADA así: i) renglón 83 renta líquida gravable por comparación de patrimonios, se incrementó al valor de $224.611.000, ii) renglón 87 impuesto sobre la renta gravable, incrementó su valor a $78.614.000 y iii) se calculó la sanción por inexactitud en la suma de $26.708.000, para un total saldo a pagar, renglón 110, de $122.903.000. ANTECEDENTES PROCESALES LA DEMANDA La sociedad TEVECAFE LIMITADA, a través de apoderado judicial, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Se decrete la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 84100642001900001 de fecha 9 (sic) de febrero proferida por las Divisiones de

Liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales Local Manizales a la sociedad Tevecafe Limitada.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho que surta los efectos legales la liquidación privada correspondiente al impuesto de renta por el año de 1997 presentada por la sociedad Tevecafe Limitada dentro de la oportunidad legal establecida por el Gobierno Nacional.” Invocó como disposiciones violadas las siguientes: - Artículos 29 y 363 de la Constitución Política. - Artículos 26, 27,236, 237, 330 332, 333, 338, 340, 345, 647, 683, 708, 711, 742, 743, 745, 746 y 777 del Estatuto Tributario.

En síntesis, los cargos de violación propuestos por la parte actora son los siguientes. Violación al debido proceso. La parte actora indicó que en la liquidación oficial, la DIAN dijo que, “Esta división, en aras del espíritu de justicia consagrado en la constitución Nacional y en el artículo 683 del E.T., replantea la diferencia patrimonial establecida en el Requerimiento Especial”. Que si bien es cierto, agregó la demandante, la Administración invocó los principios de espíritu de justicia y equidad, estipulados en los artículos 683 del Estatuto Tributario y 363 de la Constitución Política, estas fórmulas no son suficientes para pretermitir las instancias procesales determinadas por la ley tributaria para el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente ante una situación nueva determinada en la vía gubernativa. Que, por lo anterior, la Administración se apartó del derecho

constitucional al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la C.P., en concordancia con los artículos 708, 711, 712, 742 y 743 del E.T. Señaló que la Administración decidió, con la expedición de la liquidación oficial, replantear unilateralmente los cargos del requerimiento especial, sin que éste previamente se hubiera ampliado. Que eso impidió que ejerciera el derecho de defensa. Dijo que, según el artículo 711 del E. T., la liquidación de revisión debe contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación, si la hubiere. Dijo que ese presupuesto no lo cumplió la Administración, toda vez que, en la liquidación oficial decidió replantear la diferencia patrimonial establecida en el requerimiento especial. Falta de motivación. La parte actora dijo que la Administración no le explicó en la liquidación oficial demandada, en qué consistió el replanteamiento de la diferencia patrimonial señalada inicialmente en el requerimiento especial finalmente plasmado en la liquidación oficial. Que tampoco explicó los motivos de hecho y de derecho que la llevaron a cambiar su decisión, ni cuáles fueron las pruebas en las que se soportó. Dijo que la actuación de la Administración violó los artículos 29 de la Constitución Política y 711, 712 y 742 del E.T. Luego de transcribir el artículo 712 del E.T., dijo que verificado el proceso de comparación patrimonial planteado por la Administración, se observa que ésta cometió dos errores. Explicó que el primer error era aritmético en la cuantificación

del tributo, toda vez que en la diferencia patrimonial no se incluyó la cuantía de $58.268.000, de tal manera que se violó directamente el literal e) del artículo 711 citado, porque la base para la cuantificación del tributo no es correcta. En cuanto al otro error, dijo que se cometió en la cuantificación del impuesto, tal como se aprecia al comparar el valor determinado respecto al adicionado a la renta líquida o renta líquida gravable producto de la diferencia patrimonial. Explicó que la DIAN adicionó $47.965.000 y no los $58.269.000 producto de la diferencia patrimonial determinada, sin explicar el tipo de depuración que realizó o cuales fueron las razones para depurar el valor inicialmente determinado. Indebida valoración de la prueba – Certificado de revisor fiscal. La parte actora manifestó que, con fundamento en el artículo 777 del Estatuto Tributario, hizo llegar a la Administración certificado de revisor fiscal para explicar la valorización técnica de la línea troncal en cuantía de $11.141.236. Que, sin embargo, la administración señaló que el certificado del revisor fiscal no era prueba idónea para probar el incremento de la red troncal, sin explicar las razones por las que desechaba la prueba. Que, además, la DIAN no ejerció la facultad comprobatoria que le asistía durante la vía gubernativa. Que, por tanto, valoró la prueba de manera caprichosa y arbitraria. Indebida depuración patrimonial. La parte actora dijo que la Administración incurrió en una imprecisión conceptual al señalar en la liquidación oficial que, “El patrimonio se depura solo con los ajustes por

inflación realizados al mismo patrimonio durante el año gravable y las valorizaciones o desvalorizaciones que haya sufrido durante 1997 porque son estas las sumas que aumentan o disminuyen el patrimonio sin que haya habido ingresos reales, sino que son el producto de ajustes”. Luego, la demandante procedió a mostrar la forma como determinó la renta por comparación patrimonial así: Patrimonio líquido a 31 de diciembre de de 1997. $ 254.002.000 Patrimonio líquido a 31 de diciembre de de 1996. $ 25.071.000 Diferencia patrimonial inicial $ 228.931.000 Menos ajustes por inflación del patrimonio $ 4.320.000 Menos ajustes otros activos no monetarios (Renglón AL) $ 13.657.000 Menos ajustes activos fijos (Renglón AJ) $ 41.739.000 Menos valorización técnica $ 115.141.268 Total diferencia patrimonial $ 54.073.732 Ajuste de rentas Renta líquida gravable $ 176.916.000 Mas Ing. no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional $ 1.260.000 Renta exenta 0 Ganancias ocasionales 0 Menos Impuesto de renta y complementarios efectivamente pagado $ 11.834.000 durante 1997 Total renta ajustada $ 166.342.000 Por lo tanto, agregó, Total diferencia patrimonial $ 54.073.000 Total renta ajustada $ 166.342.000 La demandante explicó que si se toma el último valor resultante planteado por la Administración, se obtiene el siguiente resultado:

Diferencia patrimonial planteada por la DIAN $ 47.695.000 Menos ajuste otros activos Art. 338 E.T. $ 13.657.000 Menos Ajuste activos fijos Art. 332 E.T. $ 41.793.000 Luego, dijo, el mayor valor obtenido por la Administración como diferencia patrimonial se explica contable, fiscal y jurídicamente en:

1. La aplicación de los ajustes integrales por inflación a los activos fijos y,

2. La no aplicación de los ajustes integrales por inflación a otros activos.

Concluyó que no existe diferencia patrimonial en el asunto en cuestión, mas, cuando el numeral 6 del artículo 332 del E. T. indica que las valorizaciones técnicas efectuadas a los activos, o cuando el avalúo catastral de los inmuebles, o el valor patrimonial de las acciones o aportes, difieren del costo del bien ajustado por el PAAG, la diferencia se llevará como superávit por valorizaciones. Tal diferencia, señaló, no será tomada como un ingreso ni hará parte de costo fiscal para determinar la utilidad en la enajenación del bien, ni tampoco formará parte de su valor para el cálculo de la depreciación. Dijo que explicaba la depuración antes realizada, para señalar que la Administración desconoció varios aspectos que la llevaron a expedir erróneamente el acto administrativo, así:

1. Omitió los conceptos de ajustes integrales por inflación a los activos fijos, otros activos no monetarios, con lo que desconoció el Título V. Capítulo II del Estatuto Tributario. (Art. 330 y 332).

Añadió que era forzoso concluir que los activos fijos y otros activos no monetarios generan un mayor valor de los mismos y como contrapartida un crédito en la cuenta “Corrección monetaria”, mayor valor que incide en el incremento de patrimonio, esto desde el punto de vista fiscal.

2. Omitió las valorizaciones técnicas efectuadas a los activos fijos.

Sanción por inexactitud. Reiteró que la diferencia patrimonial presentada obedeció a una valorización técnica realizada a los activos de la empresa; valorización que generó un mayor valor por concepto de ajustes integrales por inflación a los mismos activos y no a una omisión de ingresos. Señaló que no acertó la Administración al manifestar que la parte actora omitió ingresos y que en la declaración utilizó datos desfigurados; por tanto, adujo que mal podría predicarse inexactitud a sabiendas de que la aparente diferencia patrimonial nació solo en movimientos contables y no por la omisión de ingresos o cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 647 del E. T. Para concluir, indicó que la Administración, además de realizar una errónea interpretación del artículo 647 del Estatuto Tributario, desconoció la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANse opuso a las pretensiones de la parte actora y se pronunció frente a los cargos de nulidad en el orden en que fueron invocados. Violación al debido proceso La DIAN dijo que para la determinación de la renta por comparación patrimonial se

toma la totalidad de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta. Que si la suma de los referidos conceptos es inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, salvo que el contribuyente justifique dicho incremento. Luego dijo que si el patrimonio líquido del último periodo gravable, según los cálculos anteriores, se incrementa en el valor recibido por las rentas mencionadas, el contribuyente debe justificarla, de lo contrario, por presunción se entiende que tal diferencia constituye renta gravable especial por comparación patrimonial. Manifestó que conforme con el artículo 127 del E. T., para efectos del cálculo, de la suma resultante de la renta gravable, la ganancia ocasional neta y las rentas exentas, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios durante el año gravable. Adicionalmente, manifestó que, en lo concerniente al patrimonio, se deben hacer previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales, anotando que la legislación fiscal señala al contribuyente como el obligado a aportar la prueba para desvirtuar la comparación patrimonial, entre los que se encuentran los aumentos patrimoniales. En el caso particular, dijo la DIAN, solo con ocasión de la respuesta al requerimiento especial se hicieron explícitas las justificaciones sobre la valorización de los activos confrontados con el avalúo técnico en lo que respecta a la red troncal. De igual forma, señaló que, se recurrió a la depuración de los ajustes por inflación realizados acometiendo como motivo de justificación la

diferencia patrimonial. Que posteriormente, en la demanda “(…) invoca la falta de hilaridad (sic) de los actos preparatorios con el de definición en lo que atañe a la comparación patrimonial planteada elementos de juicio que en su oportunidad fueron evaluados y no tuvieron el alcance para desvirtuar la glosa.” Falta de motivación La DIAN dijo que la jurisprudencia colombiana ha denominado “falsa motivación”, la causal según la cual se anulan los actos fundados en hechos o actos que no son verdaderos. Que la motivación del acto constituye la exposición de las razones por las cuales se expide la decisión, y consisten en los fines que persigue el autor del acto. Señaló que la Administración puede demostrar exactamente los motivos expresados que justifican suficientemente el acto. Que es necesario concretar que los hechos aducidos existen, en tanto no se allegaron las pruebas idóneas en aras de desvirtuar los planteamientos de la Administración en las diferentes etapas del proceso. Sostuvo que no puede hablarse de falta de motivación cuando la Administración invocó las razones de hecho y de derecho como fundamento de la decisión. Dijo que la DIAN es una entidad del Estado que produce actos administrativos complejos supeditados a una coherencia que garantice, dentro de la investigación tributaria, el derecho de defensa. Que, en consecuencia, todas las actuaciones previas y posteriores a la determinación oficial deben versar sobre los mismos hechos y pruebas que soportan el acto definitivo. Finalmente, señaló que cuando las circunstancias planteadas en las etapas de la actuación administrativa no cambian y las pruebas que hace allegar el

contribuyente no logran desvirtuar las glosas propuestas, la DIAN produce el acto de determinación oficial, necesariamente con los mismos fundamentos de hecho y de derecho que lógicamente arriban a las mismas conclusiones. Que no encuentra prueba de la falta de motivación de los actos, y que, por el contrario, en todos los actos demandados se observan con claridad los argumentos y pruebas que llevaron a la Administración a proferir el acto. Indebida valoración de la prueba – certificado de revisor fiscal. Luego de transcribir doctrina judicial de esta Sala, relacionada con las exigencias legales para que los certificados del revisor fiscal puedan ser tenidos como prueba, la DIAN señaló que el certificado aportado por la parte actora no cumple con los requisitos que establecen la ley y la reiterada jurisprudencia. Indebida depuración de la comparación patrimonial. La DIAN dijo que se sostiene en lo planteado en la liquidación oficial así: Patrimonio liquido declarado 1997 $ 254.002.000 Menos patrimonio líquido declarado 1996 $ 25.071.000 Total diferencia patrimonios $ 228.931.000 Menos ajuste por inflación al patrimonio $ 4.320.000 Total diferencia patrimonial ajustada $ 224.611.000 Depuración de rentas Renta líquida declarada $ 176.916.000 Mas rentas exentas 0 Mas ganancia ocasional 0 Mas ingresos no constitutivos de renta $ 1.260.000 Menos impuesto a la renta y complementarios efectivamente pagado $ 11.834.000 de 1997 Total rentas depuradas $ 166.342.000 Señaló que la diferencia entre los patrimonios es mayor que las rentas declaradas.

Que, por lo tanto, de conformidad con el artículo 236 del E. T., tal diferencia es renta líquida gravada. Sanción por inexactitud. La Administración dijo que la sanción por inexactitud es aplicable, ya que los ajustes por inflación de activos fijos que fueron llevados por la parte actora a la cuenta de corrección monetaria, no es justificativa de la renta por comparación patrimonial y que, tampoco, obedece a diferencias de criterios en la aplicación de la renta. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.

Sostuvo lo siguiente: Planteó como problema jurídico a resolver, determinar si en el procedimiento seguido por la DIAN para proferir la liquidación oficial, se incurrió en la violación al debido proceso, falta de motivación, indebida valoración de la prueba e indebida depuración de la comparación patrimonial.

Violación al debido proceso. Luego de transcribir apartes del requerimiento especial y de la liquidación oficial demandada que consideró pertinentes, el Tribunal señaló que, para establecer si en verdad se ha materializado la causal de nulidad planteada, basta acudir a la motivación de la liquidación impugnada y a lo manifestado por la parte actora. De tal cotejo, señala el a quo, emerge como conclusión que la demandante no acierta en su ataque porque no queda demostrado que, efectivamente, la DIAN haya replanteado unilateralmente los argumentos formulados a la parte actora con ocasión del requerimiento especial. Señaló que la Administración, en la liquidación, recapituló el procedimiento adelantado y puso de presente que en la primera

solicitud de aclaración, la parte actora manifestó que el incremento obedeció a la valorización de activos fijos, avaluados en $115.141.268, justificación que no fue aceptada por la DIAN. Que, posteriormente, en la contestación al requerimiento especial, la parte actora, en lugar de argumentar nuevamente la ocurrencia de valorizaciones técnicas, planteó otra justificación. El a quo, señaló que es justamente a la revisión y definición de estos análisis planteados por la parte actora, que se circunscribe la liquidación oficial, sin que se perciba que haya sido la Administración quien replanteó los argumentos formulados tanto en la solicitud de aclaración como en el requerimiento especial. Finalmente, el Tribunal señaló que correspondía a la parte actora demostrar que la liquidación oficial no se contrajo a los hechos contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación. Que, sin embargo, revisado lo actuado en el proceso, constató que la DIAN no modificó el requerimiento especial. Falta de motivación. El Tribunal dijo que, el cargo tampoco estaba llamado a prosperar porque al revisar el requerimiento especial, se pudo constatar que la DIAN expresó con toda