CE-17001-23-33-000-2016-00879-01(2643-19)-2020

HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DOCENTE / INTERESES DE MORA POR PAGO DE RETROACTIVO DE LA NIVELACIÓN SALARIAL – Improcedencia El actor no tiene derecho al reconocimiento de los intereses moratorios por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del municipio de Manizales, en la medida que no hubo incumplimiento en el pago, toda vez que se llevó a cabo, luego de cumplir con las diversas etapas señaladas en la Ley, e igualmente, no estaban incluidos en el documento que reconoció el derecho ni existe norma que los consagre expresamente.

FUENTE FORMAL: LEY 43 DE 1975 / LEY 60 DE 1993 / LEY 715 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1617 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 884 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 192 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 195

CONDENA EN COSTAS – Criterio objetivo valorativo / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de su causación En atención al criterio objetivo valorativo de causación de costas procesales, previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 8º, aplicable por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, no habrá condena en costas, toda vez que no se demostró su causación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el criterio objetivo valorativo en la condena en costas a partir de la Ley 1437 de 2011,

ver: C. de E., Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14, C.P.: William Hernández Gómez.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00879-01(2643-19)

Actor: FRANCISCO JAVIER GIRALDO

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓNMUNICIPIO DE MANIZALES.

Tema: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

ASUNTO Conoce la Sala de Subsección los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la Nación – Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia del 11 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, y reconoció por «razones de equidad y de justicia» un periodo de indexación.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA1

El señor Francisco Javier Giraldo, a través de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instauró demanda contra la NaciónMinisterio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales, en

procura de obtener el reconocimiento y pago de las siguientes declaraciones y condenas: 1.1. Pretensiones: Solicitó la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de 2016, notificado el 25 de julio de 2016, y subsidiariamente, del acto administrativo ficto o presunto negativo, respecto de la petición del demandante Francisco Javier Giraldo, que negaron los intereses moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó las siguientes condenas: a. el reconocimiento y pago de los intereses moratorios con efectividad a partir del vencimiento de los 30 días siguientes a su causación – 1º de enero de 2003 al año 2011y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, el mes de mayo de 2014; 1 Folios 2 a 11. b. el pago de los intereses liquidados a la tasa del interés bancario corriente desde la fecha de su causación hasta la fecha de pago efectivo; se ordene liquidar y pagar los intereses reclamados con base en el capital neto cancelado, sin incluir las sumas pagadas por concepto de indexación; c. el cumplimiento al fallo conforme a lo previsto los incisos 2° y 3° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y d. condenar en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas. Como pretensión subsidiaria solicitó que si de la situación fáctica se desprende que hubo un silencio administrativo negativo se declare su ocurrencia por falta de

respuesta por parte del Municipio de Manizales – Secretaría de Educación y la Nación-Ministerio de Educación Nacional, frente a la petición presentada el 27 de julio de 2015 con radicado SAC 7270, con el cual se negaron los intereses moratorios generados por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial, y se declare la nulidad del acto ficto o presunto a que se refiere la petición anterior. 1.2. Fundamentos fácticos Como fundamentos fácticos expuso los siguientes:

1. El señor Francisco Javier Giraldo integró la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales. ii. El Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 2451 del 29 de octubre de 2002 en cumplimiento de lo previsto por la Ley 715 de 20012, certificó al ente territorial para la prestación del servicio educativo. iii. El municipio de Manizales por medio del Decreto 011 del 20 de enero de 2004 homologó y niveló los cargos administrativos del departamento de Caldas a la planta de la administración municipal a partir del 1 de enero de 2003, los cuales fueron pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.

2Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros». iv. Mediante Decreto 083 del 11 de marzo de 2008, se modificó el Decreto 011 del 20 de enero de 2004, en virtud de la solicitud3 realizada por la Secretaría

de Educación Municipal al Ministerio de Educación Nacional con el objeto de salvaguardar el principio de igualdad de la planta personal.

1. El Ministerio de Educación Nacional a través del Oficio 2012EE50479 del 28 de agosto de 2012, aprobó la liquidación de la deuda correspondiente al retroactivo generado por el ajuste realizado al proceso de homologación del personal administrativo del municipio de Manizales, como quiera que mediante el Decreto 083 del 11 de marzo de 2008, modificado por el Decreto 0388 del 12 de octubre de 2012 se asignó la correspondiente denominación de código, grado y asignación mensual con aplicación de los respectivos incrementos salariales efectuados por el municipio de Manizales desde el año 2003 hasta el año 2012. vi. A través de la Resolución 497 de 11 de abril de 2014, el Ministerio de Educación Nacional por conducto de la Secretaría de Educación Municipal, reconoció y ordenó pagar a favor del señor Francisco Javier Giraldo el retroactivo por concepto de la homologación y nivelación salarial del interregno comprendido entre 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, los valores adeudados fueron sufragados hasta mayo de 2014, es decir, después de los 30 días que la ley otorga para ello, de tal forma que se causaron intereses moratorios. vii. El 27 de julio de 2015, mediante radicación SAC 7270, el señor Francisco Javier Giraldo, presentó ante la Secretaría de Educación del municipio de Manizales petición de reconocimiento y pago de los intereses moratorios por la

no cancelación oportuna del retroactivo de homologación y nivelación salarial. viii. Mediante el Oficio SE-UAF-2040 del 31 de julio de 2015, la Secretaría de Educación dio respuesta al radicado SAC 7270 informando que se realizaría consulta ante el Ministerio de Educación respecto a la petición. ix. El 21 de octubre de 2015 mediante radicación SAC 10035 el demandante presentó una nueva petición de reconocimiento y pago de los intereses 3 La presentación de esa petición se aprobó mediante el Concepto Jurídico 2007EE6185 del 21 de diciembre de 2007. moratorios por la no cancelación oportuna del retroactivo de homologación y nivelación salarial.

1. Mediante el Oficio SE-UAF-3067 del 04 de diciembre de 2015 la Secretaría de Educación Municipal dio respuesta al radicado SAC 10035 negando el reconocimiento y puso en conocimiento la comunicación 2015-EE-137289 del 24 de noviembre de 2015 mediante la cual, el Ministerio de Educación consideró que no resultaba razonable la petición ya que no existía mora en el pago de obligaciones laborales. xi. El 15 de febrero de 2016 mediante radicado SAC 1643, el demandante solicitó pronunciamiento respecto a las peticiones 7242 y 7270, solicitud que reiteró posteriormente mediante correo electrónico el 19 de mayo de 2016. xii. Mediante Oficio SEM-UAF 2063 de 18 de julio de 2016, la Secretaría de Educación Municipal negó el reconocimiento al peticionario y a otros 126 funcionarios. 1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Como normas transgredidas se invocaron las siguientes disposiciones:

De orden constitucional: artículos 1°, 2°, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350.

De orden legal: artículos 1649, 1617, numerales 1° y 2° del artículo 1608 del Código Civil y 177 del Decreto 01 de 1984.

Sentencia C-367 del 16 de agosto de 1995.

Al exponer el concepto de violación, el demandante argumentó que con la decisión de negar el reconocimiento de los intereses por el pago tardío del retroactivo, la administración desconoció el ordenamiento jurídico superior. Reprocha la postura de la entidad demandada al considerar que tales actos administrativos son incontrovertibles, si no se manifestó la totalidad de inconformidades en los recursos, por lo que se atenta contra el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo que considera aplicable a los empleados públicos en lo que tiene que ver con la prescripción trienal sobre obligaciones que han sido reconocidas y sobre las cuales se puede reclamar dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad como se hizo con la reclamación de los intereses objeto de la presente acción. Por otra parte, aseguró que el proceso de homologación de los empleados de las plantas de personal de la Nación a las entidades territoriales, configuraba un deber en cabeza de la administración, consagrado en el artículo 148 de la Ley 1450 de 20114, consistente en pagar las deudas que fueran producto del reconocimiento de los costos del servicio educativo conforme a la Constitución Política y la ley dejados de pagar o reconocer por el Sistema General de Participaciones, en tal sentido, el Ministerio de Educación Nacional no puede exonerarse de

responsabilidad, en consideración a que se trató de un procedimiento administrativo en el cual tuvo participación. Finalmente, adujo que al haberse demorado la administración algunos años en el pago efectivo de las sumas causadas por concepto de homologación, tal evento es demostrativo de la legítima causación de intereses de mora, debiendo asumir las cargas que la ley impone al deudor moroso salvaguardando los principios de equidad y de igualdad laboral.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. El Municipio de Manizales5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.

Tras relatar los procedimientos que originaron la homologación, concluyó que el municipio de Manizales como entidad territorial certificada por el Ministerio de Educación Nacional para administrar la prestación del servicio educativo no es la responsable del reconocimiento y pago de los intereses reclamados por el demandante. Afirmó que la prestación demandada no tiene asidero legal al no presentarse mora en la forma en que se sustenta en la demanda, manifestando que, si bien expidieron los actos demandados, lo cierto es que estos se realizaron conforme a 4 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014» 5 Folios 90 a 105. los lineamientos, directrices y en representación del Ministerio de Educación Nacional. Afirmó que la entidad territorial no es la responsable del reconocimiento de intereses ya que la obligación que se reclama no es de aquellas de tracto sucesivo, ni un canon o renta, así como tampoco una prestación periódica, razón por la cual, no se pueden reclamar los intereses de mora previstos en los artículos

1608, 1617 y 1649 del Código Civil como reclama la parte demandante. Con base en las mencionadas razones presentó las excepciones de: i) Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley e inaplicabilidad de intereses moratorios, pues el demandante no demostró la existencia de un término para pagar los dineros provenientes de la homologación y nivelación salarial, ni para el pago de un ajuste de dicho valor, además de haber sido ya indexada; ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, al encontrarse probado que el marco jurídico que contiene el proceso de descentralización de la educación y consecuente pago de los dineros fruto de la homologación y nivelación salarial, amén del estudio técnico que llevó a la definición de valores, está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional exclusivamente y que cualquier intervención del ente territorial es a nombre del citado ministerio; iii) Caducidad, prescripción extintiva del derecho e inepta demanda, pues el acto que dio respuesta a la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios está contenido en el oficio SEM-UAF 3067 del 4 de diciembre de 2015, con radicación SAC 7242, 7210 y 10035, sin embargo, ante la reiteración de solicitudes se emitió el oficio SEM UAF 575 de 25 de febrero de 2016 y SEM UAF 2063 del 18 de julio de 2016, siendo este último el que reitera y remite al demandante a la respuesta de fondo en el oficio SEM UAF 3067 de 4 de diciembre de 2015, por lo que debió haber demandado este último. Por lo anterior, dado que el derecho a la homologación y nivelación salarial se

causó el 1 de enero de 2003 fecha en la que fue incorporado a la planta del Municipio de Manizales, cualquier reconocimiento y pago de intereses se encuentra prescrito. 2.2. El Ministerio de Educación Nacional6, por conducto de apoderado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con el argumento de que dicho 6 Folios 120 a 138. Ministerio no es el titular de las obligaciones pretendidas a título de restablecimiento del derecho, en la medida que los pagos por homologaciones deberían estar a cargo del respectivo ente territorial que recibe el personal en las condiciones diseñadas por la ley, en el marco de la municipalización de la educación. Así, cualquier pretensión de intereses supondría un doble pago a título de sanción por la misma causa. Adicionalmente alegó que no fue quien expidió los actos administrativos demandados y que por ello no tiene legitimación en la causa por pasiva Propuso como excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva por haber perdido la competencia para nombrar docentes y porque la Secretaría de Educación es la única responsable de la administración, distribución y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y las incidencias del proceso de homologación y nivelación salarial como consecuencia de la descentralización de la educación; (ii) prescripción, al encontrar que las mesadas causadas con sus correspondientes intereses en un término de 3 años antes de la presentación de la demanda se encuentran prescritas; (iii) inepta demanda, pues se demanda a esa entidad que nada tuvo que ver con lo que se pretende y no expidió el acto administrativo; y (iv) la genérica.

3. AUDIENCIA INICIAL7.

En audiencia inicial conjunta (caso 8) adelantada el 18 de septiembre de 2018, el a quo advirtió que no se encontraban irregularidades en el proceso. Respecto a las excepciones previas consideró que la de “falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por el Ministerio de Educación y por el Municipio de Manizales no fue planteada como excepción previa sino que se refiere a falta de legitimación material y así se decidirá en la sentencia. Frente a las excepciones de caducidad, inepta demanda y prescripción, propuestas por ambas demandadas, estimó que sobre la prescripción se pronunciará al momento de dictar sentencia una vez se defina la procedencia de reconocer el derecho reclamado. 7 Folios 169 a 177. CD a folio 182. En lo concerniente a la inepta demanda, la declaró no probada, no solo porque consideró que no le asistía la razón al manifestar que no se le brindó la oportunidad de pronunciarse ya que se constata que las peticiones se dirigieron tanto a la Secretaría de Educación Municipal como al Ministerio de Educación, sino porque el acto enjuiciado, contenido en el oficio SEM UAF 2063 del 18 de julio de 2016, dio respuesta a la petición elevada el 27 de julio de 2015 conforme a la respuesta dada por parte de la entidad territorial a través del oficio SEM UAF 935 del 23 de marzo de 2017, SAC 2178, por lo que no le asiste razón al ente territorial al indicar que se debió demandar el acto contenido en el oficio SEM UAF 3067 del 4 de diciembre de 2015, ya que ese acto refiere a la respuesta dada a los

derechos de petición radicados con SAC 10035 de 21 de octubre de 2015. Frente a la caducidad, consideró que no ha operado ya que en el presente caso, el oficio SEM-UAF 2063 de 18 de julio de 2016 fue notificado el 25 de julio de 2016, la solicitud de conciliación se presentó el 13 de octubre de 2016 y radicó la demanda el 6 de diciembre de 2016, por lo que constató que no ha transcurrido el tiempo indicado en el numeral 2, literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Luego de fijar el litigio, definió el problema jurídico en los siguientes términos: «¿Se causó interés por mora en el pago de los valores por homologación y nivelación salarial? ¿Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios y el ajuste de indexación sobre las pretensiones de la parte actora? En caso afirmativo, ¿Cuál de las entidades demandadas es la llamada a responder sobre las pretensiones de la parte actora?»8 Las partes procesales manifestaron estar conformes con la fijación del litigio y el problema jurídico planteado.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA9

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 11 de marzo de 2019 resolvió: 8 Folio 173. 9 Folios 204 a 211. «PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADA la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, formulada por el MUNICIPIO DE MANIZALES, en el proceso relacionado en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y genérica propuesta por el

Ministerio de Educación Nacional.

TERCERO: RECONOCER POR RAZONES DE EQUIDAD Y JUSTICIA, que por parte de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, se le reconozca a la parte actora una indexación teniendo como base la suma de $48.725.980, y como límites temporales para la liquidación el 1 de enero de 2012 al 5 de mayo del 2014.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS…» Como razones de la decisión, consideró lo siguiente:

(i). Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la entidad territorial, por considerar que el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo de los establecimientos educativos se realizó de manera concertada entre la NACIÓN y el MUNICIPIO DE MANIZALES, razón por la cual, en caso de prosperar las pretensiones de la demanda, la llamada a responder sería la Nación, ello con base en el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005. (ii). Dada la naturaleza indemnizatoria de los intereses y teniendo en cuenta que estos y la indexación no son acumulables ya que los primeros inician con la mora en el crédito u obligación, y la segunda se da entre la fecha del crédito, capital u obligación y la fecha en que se quiere actualizar, sin que sea relevante la existencia de la mora, concluyó que el demandante no tiene derecho al pago de

los intereses que reclama, toda vez que no existe norma expresa y concreta que reglamente el derecho a reclamar intereses moratorios por el pago tardío de homologación o nivelación salarial. (iii). Dentro del proceso se encuentra demostrado que al demandante le fueron indexadas las sumas reconocidas a título de nivelación salarial por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011, por lo que resulta improcedente ordenar el reconocimiento de intereses moratorios sobre valores que ya han sido indexados. (iv). No obstante, atendiendo lo dispuesto por el artículo 53 constitucional, en concordancia con el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, consideró que hay lugar a que al demandante se le liquide la indexación del periodo comprendido entre 1 de enero de 2012 hasta el 5 de mayo de 2014, dado que el pago se efectuó el 6 de mayo de 2014, toda vez que, a través de la Resolución 497 de 11 de abril de 2014 le fue liquidado y reconocido el pago por homologación y nivelación salarial al demandante del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011, por un valor de $17.943.081, pero si se le pagó la suma de $66.669.061, el capital base para la indexación será de $48.725.980 (v). Se abstuvo de condenar en costas al estimar que no se demostró su causación.

5. LOS RECURSOS DE APELACIÓN 5.1. La parte demandante10 presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia con base en los siguientes argumentos:

a). Presentó su inconformidad en relación con la obligación que tenía la parte demandada de pagar, de forma oportuna, las diferencias salariales debidamente homologadas y niveladas y que dependía exclusivamente de la administración quien retuvo el referido valor y lo canceló finalmente, reconociendo solo la indexación, dejando de lado el componente sancionatorio, indemnización a que tiene pleno derecho por no haberse podido beneficiar de esas sumas de dinero adeudadas. b). El Tribunal descartó el reconocimiento de intereses moratorios sobre los valores indexados pues en su criterio son conceptos incompatibles porque se estaría condenando a la entidad demandada a un doble pago, sin embargo, sostuvo que dicha razón se contradice con la definición que indicó el a quo en la sentencia sobre cada uno de esos conceptos y que, en aplicación del principio de favorabilidad, debió ordenar su pago descontando la indexación pagada en tanto 10 Folios 214 a 224. lo que pretende en forma preferente es el reconocimiento y pago de éstos, liquidados con base en el interés bancario corriente. c). Sí es procedente el pago de los intereses moratorios toda vez que la obligación de los cuales se derivan no surgió del cumplimiento de una sentencia judicial sino de la tardanza en el pago del retroactivo. d). No es necesario que exista una norma especial y expresa que regule el tema de la homologación puesto que por analogía y equidad se puede cumplir con ese deber constitucional que surge de la responsabilidad del Estado. 5.2. La Nación – Ministerio de Educación11, por medio de apoderado, presentó recurso de apelación solicitando lo siguiente: «Que se revoque el fallo fechado el 14 (sic) de marzo (…) por el cual se

niegan los argumentos, excepciones y peticiones propuestas en la contestación de la demanda (…), y por el cual se condena a mi representada a pagar una indexación teniendo como base la suma de $48.725.980, y como límites temporales para la liquidación el 1 de enero de 2012 hasta el 5 de mayo de 2014. En consecuencia, que se exonere al Ministerio de Educación la (sic) pago de una indexación monetaria por la tardanza en la cancelación del retroactivo por parte de la administración de Caldas (sic). Que se declaren en su totalidad las peticiones de la contestación de la demanda (…)»12 Argumentó que en el presente caso y respecto a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN se predica falta de legitimación en la causa por pasiva por no haber expedido los actos administrativos demandados sino que lo fue el Municipio de Manizales, ya que las homologaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, debían hacerse respetando el criterio de igualdad o de equivalencia y las que tenían un mayor valor, debían estar a cargo de la respectiva entidad territorial que tomó la decisión de recibir dicho personal, y el Ministerio de Educación Nacional solo impartió directrices para el procedimiento, su función no fue más allá de eso, razón por la cual carece de soportes documentales e históricos laborales.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 11 Folio 224 a 235. 12 Folio 235 6.1. La parte demandante13 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La parte demandada no se pronunció en esta etapa procesal.

7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El representante del Ministerio Público ante esta Corporación guardó silencio según consta en el informe secretaria obrante a folio 279.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32814 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el presente caso, la parte demandante y la NaciónMinisterio de Educación Nacional presentaron recurso de apelación, por lo que se resolverá sin limitación.

2. Problema jurídico.

Acorde con los planteamientos del recurso de apelación presentado por las partes, le corresponde a la Sala resolver lo siguiente: 13 Folios 260 a 278. 14 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las

nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» ¿El señor Francisco Javier Giraldo tiene derecho al reconocimiento y pago de intereses moratorios por el no pago inmediato del retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales? ¿Resulta procedente la indexación de valores entre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 5 de mayo de 2014 tal y como fueron reconocidos por el a quo por razones de equidad y justicia? En caso de que el anterior problema jurídico se resuelva favorablemente, se procederá a estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación - Ministerio de Educación Nacional. Para resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; (ii) el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos en el Municipio de Manizales y (iii) caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial. 3.1. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos15.

La Ley 43 de 197516 nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980. 15 Se apoya la Sala en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Radicación: 1607. 9 de diciembre de 2014. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

16«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias». Posteriormente, la Ley 60 de 199317 ordenó la descentralización del servicio educativo, desmontando así la nacionalización ordenada por la ley anterior. La norma ut supra dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal y los establecimientos educativos a los departamentos y distritos. De esta forma, quedó claramente establecido que el personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía pagarse al respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entraban a formar parte de las plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente. El traspaso o entrega de las plantas de tales servidores, conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un proceso de incorporación que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, previstos en la planta de la Nación, con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo, revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial. Luego, la Ley 715 de 200118 pretendió municipalizar el servicio educativo que se había departamentalizado previamente. En aquella se preceptúo que los departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados requisitos, de manera que la asunción de la administración autónoma de los

recursos del Sistema General de Participaciones - artículos 5° y 6° -, aparejaba la obligación de los municipios de recibir el respecti