CE-17001-33-31-003-2011-00414-01(AP)REV-2014

REVISION EVENTUAL - Su finalidad es la unificación de jurisprudencia. No es una tercera instancia / REVISION EVENTUAL DE ACCION POPULAR - No selecciona ante falta de argumentos sobre la necesidad de unificar la jurisprudencia Observa la Sala que la petición lejos de pretender la unificación de jurisprudencia en la materia bajo examen, se ejerce como un recurso frente a la decisión de confirmar la negativa de las pretensiones, lo que difiere ostensiblemente de la finalidad para la cual fue instituido el mecanismo eventual de revisión. En efecto, lo que pretende el coadyuvante al activar el mecanismo es obtener un nuevo pronunciamiento por parte de ésta Corporación donde se deje sin efectos el proveído que confirmó la sentencia del Juzgado Octavo de Descongestión del Circuito de Manizales. Así las cosas, como en el sub judice no se configuran los presupuestos señalados para avalar la procedencia del mecanismo eventual, la revisión se torna en improcedente.

FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 11 / LEY 472 DE 1998ARTICULO 18

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 17001-33-31-003-2011-00414-01(AP)REV

Actor: ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS

Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALEZ - FERNANDO GOMEZ CHICA Y

SOCIEDAD GOMEZ HOYOS Y CIA S.C.A Resuelve la Sala, la procedencia del mecanismo de revisión eventual consagrado en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, interpuesto por el coadyuvante Javier Elías Arias Idárraga1, contra la sentencia de 14 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala de Descongestión, dentro de la acción popular de la referencia. En ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución, el ciudadano Enrique Arbeláez Mutis invocó la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 1 Mediante auto de 23 de abril de 2012, obrante a folio125 del cuaderno segundo, se aceptó la coadyuvancia del señor Javier Elías Arias Idárraga, conforme a lo señalado por el artículo 24 de la Ley 472 de 1998. técnicamente y el cumplimiento a las normas de construcción del derecho urbanístico, consagrados en el artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

1. HECHOS

Relató, el demandante que la calle comprendida entre la carrera 21 con calle 67 A de esa ciudad, se encontraba adoquinada y era utilizada por los miembros de la comunidad, pero por efectos de la construcción del conjunto residencial denominado “Alcázares de San Rafael” fue deteriorada y cerrada quedando solamente un callejón, cuando en realidad, la vía contaba con salida a la avenida principal.

2. PROVIDENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales, a

través de providencia de 8 de marzo de 2013 (fls. 176 y s.s. del cuaderno segundo), decidió negar las pretensiones de la demanda ante la carencia de objeto. También consideró que debía desvincularse al señor Fernando Gómez Chica y Sociedad Gómez Hoyos y CIA S.C.A. y abstenerse de condenar en costas. Lo anterior, al concluir que se adelantaron las obras perseguidas con la acción popular, consistentes en el cambio de redes y mantenimiento del acueducto, además de la pavimentación de la mencionada calle, por parte del Municipio de Manizales y la Empresa Aguas de Manizales.

3. PROVIDENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Impugnada la decisión, el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión, mediante providencia de 14 de noviembre de 2013, confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 8° Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales, al verificar que en el sub lite se presentó el fenómeno de la carencia de objeto, debido a la construcción de las obras públicas perseguidas a través de la acción popular.

4. PETICIÓN DE REVISIÓN Inconforme con la decisión adoptada, el coadyuvante elevó solicitud de revisión, en los siguientes términos: “Solicito REVISIÓN ante C de Estado..” (fl. 34 Cdno. Ppal. ).

Javier Arias, obrando Ap # 2011-414-02 solicito REVISIÓN.” (fl. 35 Cdno ppal). Para resolver se,

5. CONSIDERA Procede la Sala a resolver la solicitud de revisión de la providencia proferida por el

Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Descongestión, el 14 de noviembre de 2013 presentada por el accionante, con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. En virtud de la citada norma, la Sala procederá a analizar si hay lugar a acceder a la revisión eventual de la providencia puesta en consideración, para este efecto, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: a) competencia, b) presupuestos para la procedencia de la revisión y c) el caso concreto. a) Competencia De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 0117 del 12 de octubre de 2010, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, “Por medio del cual se adiciona al artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999 un parágrafo”, corresponde a la Sección Segunda, decidir sobre la selección o no para revisión eventual de los fallos proferidos por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dentro de las acciones populares o de grupo instauradas por los ciudadanos contra las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, por violación de los derechos colectivos. Aclarada la competencia para el conocimiento del presente asunto, se tiene que esta Corporación definió los criterios bajo los cuales debe analizarse la eventual revisión de las sentencias y demás providencias que conllevan a la terminación o finalización del proceso en las acciones populares y de grupo, los cuales se exponen a continuación: b) Presupuestos para la procedencia del mecanismo de revisión eventual de las providencias dictadas en las acciones populares.

El artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, establece los presupuestos que habilitan la presentación del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo, que para efectos pedagógicos se desglosan a continuación:

1. La revisión debe ser solicitada a petición de parte o del Ministerio Público dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la providencia, de contera que, la revisión no procede de manera oficiosa.

2. La providencia cuya revisión se pretende, debe ser de aquellas que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso. En tal sentido, es improcedente solicitar la revisión de providencias que impulsen el proceso de la acción popular o de grupo.

3. Que la providencia hubiere sido dictada por el Tribunal Administrativo, lo cual descarta la revisión de sentencias emitidas por los jueces en primera instancia, así finalicen o dispongan el archivo del proceso.

4. El propósito del mecanismo de revisión lo constituye la unificación de jurisprudencia y no una tercera instancia. La tarea de unificación debe hacerse desde la ratio decidendi, -entendida como la extracción del verdadero principio decisional2de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, porque es allí donde se identifica el conflicto materialmente, de manera que, (i) si uno o varios temas han merecido un tratamiento diverso, se hace necesario fijar una posición unificadora; (ii) si dada su complejidad, indefinición o indeterminación es indispensable señalar la directriz interpretativa; (iii) cuando no existe una posición consolidada; y (iv) cuando no se ha desarrollado jurisprudencialmente.

2 SU-047/99.

5. La carga de la prueba la asume la parte que activa el mecanismo de la revisión.

Si se trata por ejemplo de demostrar la contradicción en la jurisprudencia, debe hacer referencia a los precedentes jurisprudenciales que existen sobre la materia y evidenciar su contradicción para que el ejercicio del mecanismo eventual de revisión pueda cumplir con el fin establecido.

6. La sustentación de la solicitud respectiva, en donde se precisen sucintamente los aspectos o materias que, según el interesado, ameritan la revisión de la providencia correspondiente, con la finalidad de unificar la jurisprudencia y no convertir el mecanismo en una tercera instancia que revise nuevamente el aspecto fáctico y probatorio.

Respecto de la imposibilidad de utilizar el mecanismo aludido para ejercer un control de legalidad de las providencias correspondientes, la Sala Plena puntualizó: “Lo anterior en cuanto que la finalidad de la revisión es la unificación de jurisprudencia –tal como se verá más adelante– lo cual comporta la labor de armonización y de unificación, precisamente, de los diferentes pronunciamientos expuestos por los distintos operadores judiciales; además, el mecanismo de revisión no tiene como propósito ejercer un control de legalidad sobre los fallos correspondientes3, de tal manera que la configuración de un yerro o irregularidad en el trámite del proceso respectivo o incluso en la misma providencia no será suficiente para que opere como fundamento de la solicitud de revisión.”4 Al margen de lo anterior, para la selección o no de una providencia para su revisión eventual, se requiere del estudio de los siguientes aspectos: “(…) a) las particularidades de cada asunto; b) el cumplimiento de los

requisitos legales para la procedencia de la solicitud de revisión; c) la configuración de uno o varios de los eventos que determinen la necesidad de unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado y d) la importancia y trascendencia de los temas que se debatan en la providencia objeto de la solicitud correspondiente, serán los parámetros que esta Corporación tendrá en cuenta para efectos de definir la selección, o no, de la providencia respectiva, lo cual, por su puesto, deberá estar contenido en la motivación a que haya lugar.”5 3 Aún cuando el proyecto inicial aprobado por el Congreso de la República sí contemplaba dicha posibilidad, la Corte Constitucionalidad lo declaró inexequible mediante sentencia C – 713 de 2008. MP: Clara Inés Vargas Hernández. 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 14 de julio de 2009.

Expediente: (AG) 20001233100020070024401. 5 Ibídem. c) El caso concreto Dentro de este marco, procede la Sala a revisar si en el sub lite se cumplen los presupuestos relacionados en el aserto anterior para seleccionar el presente asunto y así, si es del caso, revisar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.  Legitimación para elevar solicitud de revisión eventual.

El artículo 24 de la Ley 472 de 1998 autoriza a toda persona natural o jurídica a “coadyuvar” estas acciones populares antes de que se profiera fallo de primera instancia. Esta figura admite diferencias con la señalada en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que la acción popular se trata de una acción pública,

en la medida en que el interés jurídico tutelado es de carácter colectivo y no individual. Por ello, la suerte del proceso no sólo puede afectar a quien ostenta formalmente la condición de parte demandante, sino a todo miembro de la comunidad, sin que sea menester que medie una relación con quien comparece en el proceso, puesto que aún de haberla por tratarse de un asunto subjetivo no puede ser materia del proceso. En este sentido, esta Corporación6 ha señalado que las facultades del coadyuvante en estas acciones constitucionales se contraen, entonces, a efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, sin que se trate de un sustituto procesal que actúa a nombre propio, sino un interviniente secundario, por ello, como parte accesoria, no puede hacer valer una pretensión diversa en el juicio: “De ahí que tratándose del coadyuvante en lo activo, éste pueda en su escrito reforzar los argumentos presentados en la demanda, para lo cual -por supuestopodrá pedir la práctica de pruebas, participar en su recepción, proponer recusaciones, interponer recursos, discutir los alegatos de la parte contraria etc.” 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de trece de agosto de dos mil ocho (2008), Radicación

número: 25000-23-27-000-2004-00888-01(AP), Actor: GABRIEL CAMILO FRAIJA MASSY.

Corolario de lo anterior, aprecia la Sala que le asiste capacidad procesal al señor Arias Idárraga para presentar la solicitud de revisión eventual de la sentencia

proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.  Oportunidad Legal. La petición de revisión eventual fue presentada por el coadyuvante el 22 de noviembre y 6 de diciembre de 2013 (fl. 34 y 35 cuaderno principal), contra la sentencia de 14 de noviembre del mismo año, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas en segunda instancia, la cual fue notificada por edicto de 22 de noviembre de 2013 (fl. 32 Cdno. ppal), es decir, la solicitud se presentó dentro del término legal.  Sustentación de la petición. Aprecia, la Sala que del texto de la solicitud de revisión citado en líneas anteriores no puede admitirse que el coadyuvante cumplió con la obligación de señalar las razones que ameritan la revisión de la providencia en cuestión para cumplir la finalidad de unificar la jurisprudencia. Es necesario que quien haga uso del mecanismo legal, indique los motivos por los cuales debe revisarse la providencia que puso fin al proceso, atendiendo a que la concepción del mecanismo excepcional no fue el de consagrar una tercera instancia que efectuara un control de legalidad sobre los fallos o autos correspondientes. Además, a partir de la trascripción anterior, observa la Sala que la petición elevada por el señor Javier Elías Arias Idárraga, lejos de pretender la unificación de jurisprudencia en la materia bajo examen, se ejerce como un recurso frente a la decisión de confirmar la negativa de las pretensiones, lo que difiere ostensiblemente de la finalidad para la cual fue instituido el mecanismo eventual de revisión.

En efecto, lo que pretende el coadyuvante al activar el mecanismo es obtener un nuevo pronunciamiento por parte de ésta Corporación donde se deje sin efectos el proveído que confirmó la sentencia del Juzgado Octavo de Descongestión del Circuito de Manizales. Así las cosas, como en el sub judice no se configuran los presupuestos señalados para avalar la procedencia del mecanismo eventual, la revisión se torna en improcedente. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6. RESUELVE Primero. NO SELECCIONAR para su revisión, la providencia del 14 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

GERARDO ARENAS MONSALVE

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

ALFONSO VARGAS RINCÓN

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO