CE-17001-33-31-004-2009-00196-02(AP)REV-2014

REVISION EVENTUAL DE ACCION POPULAR - No selecciona ante falta de argumentos sobre la necesidad de unificar la jurisprudencia El actor omite explicar o exponer las razones que la motivan, esto es, lo que justifica la selección con el propósito de unificar jurisprudencia; y se limita a aducir que, por no ser abogado no cuenta con el conocimiento para sustentar jurídicamente el recurso y sugiere que se delante de oficio, atendiendo la importancia de la acción; deviene en improcedente la solicitud. En consecuencia, se dispondrá no seleccionar por no cumplirse con los presupuestos para la procedencia del mecanismo eventual de revisión, consagrados en el artículo 273 del C.P.A.C.A.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTICULO 273 / LEY 1285 DE 2009ARTICULO 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 17001-33-31-004-2009-00196-02(AP)REV

Actor: JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS Y OTRO Decide la Sala la procedencia de la solicitud de revisión eventual presentada por el actor, de la sentencia de 21 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en la que se confirmó el fallo, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales, el veintitrés

(23) de septiembre de dos mil once (2011), dentro de la acción popular promovida por el señor JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA en contra de la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHECS.A. E.S.P. y el Municipio de Manizales, en la que se declaró probada de manera oficiosa la excepción de cosa juzgada. I.1. LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES El señor JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, obrando en nombre propio, promovió acción popular contra el Municipio de de Manizales y la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC-, con miras a lograr el amparo de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Lo anterior, debido a que la CHEC ubicó una de sus torres de conducción de energía en la calle 36 con 23 de ese municipio, lo que genera un daño contingente. El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Manizales. I.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Municipio de Manizales, actuando a través de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de los derechos reclamados, improcedencia para reconocer y ordenar el pago del incentivo y carencia actual de objeto.

Además, expresó que el poste de luz por el que reclama el accionante, en ningún momento impide el libre tránsito de las personas que recorren por el sector. La Central Hidroeléctrica de Caldas igualmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción. Indicó que a la fecha de la contestación de la demanda no existe la torre a la que se refiere el accionante. Adujo que el actor presentó dos acciones por el mismo hecho, la primera de ellas que se estaba tramitando ante el Juzgado Tercero Administrativo, y ya había pasado la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual había fracasado porque el actor popular no quiso aceptar que ya se había retirado la torre de dicho lugar porque se ponía en riesgo el incentivo. También, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y la existencia de otra acción por los mismos hechos y entre las mismas partes. I.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia de 23 de septiembre de 2011, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Manizales declaró probada de manera oficiosa la excepción de cosa juzgada, en virtud de que, de los hechos expuestos en esta acción popular y de las pretensiones basadas en ellos, ya se había resuelto en un proceso anterior. I.4. LA APELACIÓN El accionante apeló la sentencia de primera instancia aduciendo que debía darse aplicación del principio “iura novit curia” y el artículo 357 del CPC. De la misma manera, insta para que se le reconozca el incentivo de la acción popular.

I.5. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante proveído de 21 de marzo de 2013 ordenó confirmar la sentencia del a – quo y condenó en costas al actor popular. Realizó el análisis de la cosa juzgada y se encontró que, sobre el mismo asunto, esto es, la torre de energía ubicada en la misma dirección ya había sido interpuesta acción popular por el actor contra las mismas entidades, con lo que se da la figura mencionada. I.6. SOLICITUD DE REVISIÓN En escrito visible a folio 43 del expediente, el señor JAVIER ELÍAS ARÍAS IDARRIAGA solicita la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, para lo cual expresó lo siguiente: “[…] Aclaro que NO soy abogado y no tengo forma humana de sustentar jurídicamente mi Revisión, siendo así y frente a la majestuosidad e importancia de la acción, solicito revisión de oficio, sin olvidar que prima el derecho sustancial sobre el procesal. . […]”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1285 del 22 de enero de 20091 y lo consagrado en el Acuerdo No. 0117 del 12 de octubre de 2010, modificatorio del Acuerdo No. 55 del 2003 proferido por la Sala Plena de esta Corporación, le corresponde a la Sala de la Sección Primera, previo reparto entre todos los despachos, conocer y decidir la solicitud de revisión de la sentencia de acción popular de la referencia.

II.2. LA REVISIÓN EVENTUAL DE LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO

• FINALIDAD Y REQUISITOS DE PROCEDENCIA El artículo 272 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., respecto de la finalidad del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo decididas

por los Tribunales Administrativos, dispone: “ARTÍCULO 272. FINALIDAD DE LA REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO. La finalidad de la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es la de unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la aplicación de la ley en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica. Por su parte, los artículos 273 y 274 de la misma Ley determinaron los requisitos de procedencia y al trámite de dicho recurso, así: “ARTÍCULO 273. PROCEDENCIA. La revisión eventual procederá, a petición de parte o del Ministerio Público, contra las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos, que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, en los siguientes casos:

1. Cuando la providencia objeto de la solicitud de revisión presente

contradicciones o divergencias interpretativas, sobre el alcance de la ley aplicada entre tribunales.

2. Cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a que se refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a jurisprudencia reiterada de esta Corporación.” 1 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. “ARTÍCULO 274. COMPETENCIA Y TRÁMITE. De la revisión eventual conocerá la Sección que el reglamento determine según su especialidad y para su trámite se observarán las siguientes reglas:

1. La petición deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes al de la ejecutoria de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso.

2. En la petición deberá hacerse una exposición razonada sobre las circunstancias que imponen la revisión, y acompañarse a la misma copia de las providencias relacionadas con la solicitud

3. Los Tribunales Administrativos, dentro del término de ocho (8) días contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente sección que el reglamento determine, el expediente, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, esta resuelva, mediante auto motivado, sobre la petición de revisión.

4. Cuando se decida no seleccionar una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrá insistir en su petición, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de dicha

decisión. La decisión de selección o no selección y la resolución de la insistencia serán motivadas.

5. La sentencia sobre las providencias seleccionadas para revisión será proferida, con el carácter de Sentencia de Unificación por la sección que el reglamento determine según su especialidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su selección.

6. Si prospera la revisión, total o parcialmente, se invalidará, en lo pertinente, la sentencia o el auto, y se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las disposiciones que correspondan, según el caso. Si la sentencia impugnada se cumplió en forma total o parcial, la Sentencia de Unificación dejará sin efectos los actos procesales realizados y dispondrá que el juez inferior ejecute las órdenes sobre las restituciones y adopte las medidas a que haya lugar.

PARÁGRAFO. La presentación de la solicitud y el trámite de la revisión eventual, no suspende la ejecución de la providencia objeto del mismo.” De lo trascrito se desprende con claridad que la finalidad del mecanismo de la eventual revisión es la unificación de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo con miras a evitar la existencia de criterios contradictorios respecto de un mismo tema, derivados, por ejemplo y a título puramente enunciativo, de su complejidad, indeterminación, ausencia de claridad normativa, vacío legislativo, confusión y diversidad de interpretaciones, inexistencia de criterio consolidado respecto de determinados tópicos; entre otros aspectos significativos o propios de la tarea unificadora. En tal virtud, se tienen como requisitos para la prosperidad del aludido

mecanismo, los siguientes: A.- Petición de parte o del Ministerio Público Se necesita solicitud expresa de parte o del Ministerio Público, lo que descarta la decisión oficiosa de revisión por la autoridad judicial. Si bien la norma en cita guarda silencio respecto de la necesidad, o no, de sustentar la petición, se estima indispensable para su procedencia que el interesado exponga, de manera sencilla, las razones por las cuales considera que la providencia definitiva debe ser seleccionada para el cumplimiento del fin unificador previsto en la ley. Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en auto del 14 de julio de 2009, Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, precisa lo siguiente: “En efecto, como lo establece la ley y como se ha expuesto en la presente providencia, la finalidad del mecanismo de la revisión consiste única y exclusivamente en la unificación de la jurisprudencia, por consiguiente, quien pretenda solicitar la revisión deberá acreditar, en cumplimiento de los deberes de lealtad, buena fe y en el de obrar sin temeridad, que la providencia objeto de la petición reúne las condiciones y presupuestos previstos en la ley. En este sentido, si la ley de manera manifiesta define los propósitos y los requisitos de la procedencia de la figura de la revisión, está previendo implícitamente la necesidad, en cabeza de la parte interesada, de sustentar o expresar las razones por medio de las cuales considera que la providencia objeto de la solicitud pueda ser revisada con el fin de unificar la jurisprudencia.

Al respecto cabe agregar que constituye principio general en las actuaciones procesales, aquél según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, razón por la cual si la hipótesis fáctica que se requiere acreditar, tratándose del mecanismo de la revisión, es la finalidad que con dicha figura se persigue, le corresponde al interesado demostrar que la solicitud de seleccionar la providencia definitiva respectiva cumple con ese propósito; lo contrario esto es, la sola presentación de la petición sin sustentación alguna, comportaría el traslado, al operador judicial, de la carga de la diligencia que le corresponde a las partes, lo cual desnaturalizaría por completo el principio dispositivo que fundamenta y rige, entre otros, las estructura procesal prevista en el ordenamiento. Claro está, conviene precisar que habida cuenta que el mecanismo de revisión no comporta un recurso, la sustentación a la cual se ha hecho referencia no se sujeta a las formalidades y exigencias propias que se requieren tratándose de las impugnaciones” B.- Petición presentada en oportunidad La solicitud debe presentarse dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia que ponga fin al proceso. C.- La providencia cuya revisión se solicita debe haberse dictado por un Tribunal Administrativo y determinar la finalización o archivo del proceso La revisión recae únicamente sobre las sentencias o demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos. No se revisan las dictadas por los jueces administrativos bajo el entendido de que

ellos acatan el precedente jurisprudencial vertical fijado por el respectivo Tribunal que funge como su superior funcional y, en esa medida, se encuentra salvaguardada la coherencia sistémica de la jurisprudencia. Así las cosas, las particularidades de cada asunto, el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la solicitud de revisión, la configuración de uno o varios de los eventos que determinen la necesidad de unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la importancia o trascendencia de los temas que se debaten en la providencia, serán los parámetros que esta Corporación tendrá en cuenta para efectos de definir la selección, o no, de la providencia respectiva. II.3. EL CASO CONCRETO El actor popular presentó, mediante escrito de 16 de abril de 2013, la solicitud revisión eventual de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 21 de marzo de 2013, notificada mediante edicto fijado el 05 de abril de 2013 y desfijado el 09 del mismo mes y año; lo que quiere decir que ésta fue oportuna. No obstante lo anterior, en razón a que el actor omite explicar o exponer las razones que la motivan, esto es, lo que justifica la selección con el propósito de unificar jurisprudencia; y se limita a aducir que, por no ser abogado no cuenta con el conocimiento para sustentar jurídicamente el recurso y sugiere que se delante de oficio, atendiendo la importancia de la acción; deviene en improcedente la solicitud. En consecuencia, se dispondrá no seleccionar por no cumplirse con los presupuestos para la procedencia del mecanismo eventual de revisión,

consagrados en el artículo 273 del C.P.A.C.A. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, R E S U E L V E : PRIMERO. NO SELECCIONAR PARA REVISIÓN la sentencia de 21 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro de la acción popular de la referencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al

Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión de Manizales. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO