CE - 17001233100020050091701120230815163555

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-31-000-2005-00917-01 (40520)

Actor: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES-CAPRECOM

Demandado: MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y OTRO Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-Se puede demandar ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, a la entidad, al funcionario o a ambos, art. 78 CCA. RESPONSABILIDAD CONEXA-Se puede demandar a la entidad, al funcionario o ambos. APELANTE ÚNICO-Limites de la apelación. COPIAS SIMPLES­ Valor probatorio. RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD-Régimen de derecho privado del contrato de aseguramiento. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA-El juez puede readecuar la demanda, sin alterar los hechos en que se funda. PRÓRROGA AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO-Régimen de transición. RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD-Las entidades tienen que contratar con las administradoras del Régimen Subsidiado cuando cumplan las normas para administrar subsidios y los

afiliados las hubieren elegido. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO­ Valor probatorio. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA-lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO La Caja de Previsión Social de Comunicaciones-Caprecom y el Municipio de Riosucio celebraron los contratos n.º 193 del 1 de junio de 2002 y n.º 317 del 1 de octubre de 2002 para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado, que vencían el 31 de marzo de 2003. El 21 de marzo de 2003, el Municipio de Riosucio comunicó al demandante que se abstendría de celebrar nuevos contratos, dado que Caprecom había incurrido en mora con la IPS Hospital San Juan de Dios. El 31 de marzo de 2003, confirmó la decisión. El demandante demandó la nulidad del acto del 27 de marzo de 2003, pore Expediente n. º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones infracción a normas legales. Alegó que se reunieron las condiciones para renovar los contratos y que la entidad infringió la libre escogencia de los afiliados.

ANTECEDENTES El 28 de marzo de 2005, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (en

los contratos y que la entidad infringió la libre escogencia de los afiliados. ANTECEDENTES El 28 de marzo de 2005, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (en adelante «Caprecom» ), a través de apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra el Municipio de Riosucio y Cruz Ociel Gartner Restrepo. Solicitó la nulidad del acto que le comunicó la decisión de la entidad de abstenerse de celebrar nuevos contratos para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el pago de los perjuicios ocasionados por esa circunstancia. En apoyo de las pretensiones, afirmó que los actos que le comunicaron la decisión de la entidad de abstenerse de celebrar nuevos contratos eran nulos por violación a normas legales, al haberse infringido la libre escogencia de los afiliados y al haberse reunido las condiciones para renovar los contratos. El 1 O de mayo de 2005, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El Municipio de Riosucio formuló las excepciones de falta de jurisdicción y caducidad y adujo que su decisión fue legal. Cruz Ociel Gartner Restrepo no contestó. El 11 de noviembre de 2008, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante reiteró lo expuesto. Las demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio. El 18 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia negó las pretensiones, porque no se probaron los cargos de nulidad. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 24 de marzo de

El 18 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia negó las pretensiones, porque no se probaron los cargos de nulidad. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 24 de marzo de 2011 y admitido el 14 de abril siguiente. Esgrimió que el acto infringió el derecho de defensa y debido proceso, al no notificarse en debida forma la decisión demandada y porque se violaron las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud. El 14 de abril de 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesalese Jurisdicción y competencia 3 Expediente n º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $190.750.000 1.

Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para

supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $190.750.000 1. Acción procedente

2. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alega el incumplimiento de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA).

Demanda en tiempo

3. El término para formular las pretensiones de naturaleza contractual, en la acción de controversias contractuales, de conformidad con el inciso primero del numeral 1 O del artículo 136.1 O CCA, por regla general, es de dos años a partir del día siguiente de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento.

Como la demandante solicitó la nulidad del acto que le comunicó que la entidad se abstendría de celebrar nuevos contratos para la administración de los recursos del régimen subsidiado, decisión que fue confirmada mediante documento del 31 de marzo de 2003 [hecho probado 7.4], y la demanda fue presentada el 28 de marzo de 2005, el medio de control se intentó en tiempo. Legitimación en la causa

4. Caprecom está legitimada en la causa por activa para interponer la demanda contra el Municipio de Riosucio para reclamar los perjuicios ocasionados por el 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2005, $381.500, por 500.e Expediente n.• 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones incumplimiento contractual, pues la demandada se abstuvo de celebrar nuevos contratos con ella para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud [hechos probados 7.3 y 7.4]. No obstante, no está legitimada para solicitar los

incumplimiento contractual, pues la demandada se abstuvo de celebrar nuevos contratos con ella para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud [hechos probados 7.3 y 7.4]. No obstante, no está legitimada para solicitar los perjuicios ocasionados por el presunto daño sufrido por la infracción a la libre escogencia de los afiliados, pues no es la titular de ese derecho. El Municipio de Riosucio está legitimado en la causa por pasiva, pues fue la entidad que tomó la decisión de abstenerse de celebrar los contratos para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud con Caprecom [hechos probados 7.3 y 7.4]. Cruz Ociel Gartner Restrepo, alcalde del Municipio de Riosucio al momento de los hechos (f.32-33 c. 3), puede ser demandado en este proceso conforme al artículo 78 CCA, declarado exequible por la Corte Constitucional2 . La Sala precisa, no obstante, que la eventual responsabilidad patrimonial frente a Caprecom por los hechos demandados recaería exclusivamente en el Municipio de Riosucio, a quien le correspondería promover la acción de repetición contra Cruz Ociel Gartner Restrepo (art. 90 CN, arts. 77, 78 y 86 CCA, inciso 1 º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si una entidad incumplió sus obligaciones al abstenerse de celebrar nuevos contratos con la demandante para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud.

Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto

abstenerse de celebrar nuevos contratos con la demandante para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3. 2 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-430 del 2000 [fundamento jurídico 3]. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estadoe 5

Expediente n. º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente, se demostraron los siguientes hechos: 7.1. El 1 de junio de 2002, Caprecom y el Municipio de Riosucio celebraron el contrato n. º 193 para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado hasta el 31 de marzo de 2003, según da cuenta copia simple del contrato (f. 60 c. 1 ).

salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado hasta el 31 de marzo de 2003, según da cuenta copia simple del contrato (f. 60 c. 1 ). 7.2. El 1 de octubre de 2002, Caprecom y el Municipio de Riosucio celebraron el contrato n.º 317 para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado hasta el 31 de marzo de 2003, según da cuenta copia simple del contrato (f. 7 c. 2). 7.3. El 21 de marzo de 2003, el Municipio de Riosucio -en oficio a Caprecomse abstuvo de celebrar nuevos contratos para la administración del régimen subsidiado, dado que esa entidad había incurrido en mora con la IPS Hospital San Juan de Dios, según da cuenta copia simple del documento (f. 5 c. 1). 7.4. El 31 de marzo de 2003, el Municipio de Riosucio -en oficio a Caprecom­ confirmó la decisión de abstenerse celebrar nuevos contratos con Caprecom, dado que se había acreditado la mora con la red de prestadores de servicios, según da cuenta copia simple del documento (f. 7-11 c. 1 ). El régimen jurídico del contrato

8. Según el artículo 216.2 de la Ley 100 de 1993, los contratos que se celebren para la administración del régimen de subsidios en salud se rigen por el derecho privado, no obstante, se pueden pactar cláusulas excepcionales. En concordancia, el artículo 29 del Acuerdo 77 del 20 de noviembre de 1997, proferido por el Consejo Nacional

la administración del régimen de subsidios en salud se rigen por el derecho privado, no obstante, se pueden pactar cláusulas excepcionales. En concordancia, el artículo 29 del Acuerdo 77 del 20 de noviembre de 1997, proferido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud --entidad encargada de determinar la forma y las condiciones de operación del régimen subsidiado (art. 212 de la Ley 100 de 1993)- 1817-2017 Sección Tercera Tomo B. Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.e Expediente n.° 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones vigente para la época en que se celebró el contrato (art. 38 de la Ley 153 de 1887), previó que estos contratos se regirían por el derecho privado, con la posibilidad de incluir en ellos cláusulas excepcionales. Los contratos de administración de recursos del Régimen Subsidiado de Salud o contratos de aseguramiento, pues tienen un régimen de derecho privado, incluso cuando las partes sean, ambas, como en este caso, entidades públicas. Solo son aplicables las disposiciones del Estatuto de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993) relativas al ejercicio de las cláusulas excepcionales4.

Como el Municipio de Riosucio celebró con Caprecom los contratos n.º 193 y 317, cuyo objeto fue la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud al régimen subsidiado [hechos probados 7 .1 y 7 .2], su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado.

el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud al régimen subsidiado [hechos probados 7 .1 y 7 .2], su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado.

9. Las decisiones que son expresión de función administrativa (actos de poder), de conformidad con la ley, tienen como instrumento principal el acto administrativo. En cambio, frente a una manifestación de actividades propias de los particularesindustriales y comerciales, por ejemplo- (actos de gestión), no podría predicarse su existencia.

El 21 de marzo de 2003, el Municipio de Riosucio consignó su decisión de abstenerse de celebrar nuevos contratos con Caprecom para la administración del régimen subsidiado [hecho probado 7.3]. El 31 de marzo de 2003, fecha en la que vencían los contratos n.º 193 y 31 7 [hechos probados 7.1 y 7.2], confirmó la decisión [hecho probado 7.4]. La decisión del Municipio de Riosucio, que fue tomada al finalizar la vigencia de los contratos de aseguramiento, fue proferida en el marco de una relación contractual regida por el derecho privado y no corresponde a una expresión de «función administrativa». Por ello, la Sala se abstendrá de estudiar los cargos de nulidad formulados por el demandante, dado que las decisiones no constituyen acto administrativo alguno. En su lugar, determinará si el Municipio de Riosucio incumplió sus obligaciones frente a Caprecom. Contrato de aseguramiento del régimen subsidiado 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29

Riosucio incumplió sus obligaciones frente a Caprecom. Contrato de aseguramiento del régimen subsidiado 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de julio de 2019, Rad. 43974 [fundamento jurídico 3.4.1].e 7 Expediente n.º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones 1 O. Según la demanda, Caprecom tenía derecho a la renovación de los contratos de aseguramiento con el Municipio de Riosucio, según a la normatividad del

Sistema General de Seguridad Social en Salud. El artículo 29 del Acuerdo 077 de 1999 -expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y otras entidadesdispuso que cuando la administradora del Régimen Subsidiado cumpliera con los requisitos exigidos en las normas para administrar los subsidios y los afiliados la hubieren elegido, la entidad territorial debería contratar con ella. Según lo dispuesto el Acuerdo 244 de 2003 -expedido por las mismas entidades para integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que regulaban el régimen subsidiado-, las entidades territoriales se encontraban obligadas a contratar siempre que las ARS acreditaran: (i) que se encontraban habilitadas por la Superintendencia Nacional de Salud (art. 38); (ii) que hubieran sido seleccionadas por el Ministerio de Protección Social para operar la región determinada (art. 38); (iii) que hubieran sido elegidas libremente durante el proceso de afiliación o traslado por los beneficiarios del subsidio (art. 46); (iv) que cumplieran con el porcentaje mínimo de participación en cada municipio para la sección de las ARS dentro del correspondiente concurso según lo

durante el proceso de afiliación o traslado por los beneficiarios del subsidio (art. 46); (iv) que cumplieran con el porcentaje mínimo de participación en cada municipio para la sección de las ARS dentro del correspondiente concurso según lo establecido en el artículo 39 del acuerdo (art. 46); (v) que cumplieran con el régimen de solvencia a 31 de diciembre de 2002 previsto en el Decreto 882 de 1998 (art. 58) y; (vi) no estuvieran incursas en la situación prevista en el artículo 36 del Decreto 050 de 2003 (art. 58).

11. En consonancia, el artículo 58 del citado Acuerdo 244 de 2003, previó un régimen de transición para los contratos de aseguramiento suscritos el 1 de abril de 2003 y previó que, si a 30 de septiembre de 2003 los actos administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud que decidieran sobre la habilitación de la Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado no se encontraban en firme, esos contratos se entenderían prorrogados de manera automática por seis meses, con las mismas condiciones pactadas, incluyendo los recursos de financiamiento, previo el trámite presupuesta! correspondiente.

12. El artículo 36 del Decreto 050 de 2003 prescribe, a su vez, que en los eventos en los que las Administradoras del Régimen Subsidiado hubieran incurrido en mora superior a siete (7) días calendario respecto de las cuentas debidamente aceptadas,e 8

Expediente n.° 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, la entidad territorial podría abstenerse de celebrar nuevos

Expediente n.° 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones habiendo recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada, la entidad territorial podría abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes en el siguiente periodo de contratación. Aunque esta disposición permitió a las entidades territoriales abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes al cumplirse ciertas condiciones, la autonomía negocia! propia del derecho privado, que es el régimen del contrato de aseguramiento, permite a las partes de un contrato elegir con quién y cómo contratan, con excepción de las disposiciones imperativas que deben ser respetadas por las partes. Las entidades territoriales tendrían, pues, la facultad de abstenerse de celebrar nuevos contratos de aseguramiento o de renovar los ya existentes al margen del cumplimiento de las condiciones establecidas en esa disposición.

De ahí que las entidades territoriales, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2002 al 31 de marzo de 2003-la época de los hechos-, podían elegir no contratar con las Administradoras del Régimen Subsidiado cuando no se cumplieran las condiciones para que se debieran celebrar nuevos contratos de aseguramiento conforme al Acuerdo 244 de 2003 o cuando estos contratos no se encontraran cobijados por las prórrogas automáticas establecidas en el régimen de transición dispuesta en ese acuerdo.

13. Está acreditado que el 1 de junio de 2002, Caprecom y el Municipio de Riosucio celebraron el contrato n.º 193 para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General

13. Está acreditado que el 1 de junio de 2002, Caprecom y el Municipio de Riosucio celebraron el contrato n.º 193 para la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado, cuyo plazo vencía el 31 de marzo de 2003 [hecho probado 7.1]. El 1 de octubre de 2002, Caprecom y el Municipio de Riosucio celebraron el contrato n.º 317 con el mismo objeto, cuyo plazo también vencía el 31 de marzo de 2003 [hecho probado 7.2]. El 21 de marzo de 2003, el Municipio de Riosucio tomó la decisión de abstenerse celebrar nuevos contratos con Caprecom para la administración del régimen subsidiado, dado que esa entidad había incurrido en mora con la IPS Hospital San Juan de Dios [hecho probado 7.3]. El 31 de marzo de 2003, confirmó la decisión [hecho probado 7.4].

14. El 21 de marzo de 2003, 10 días antes de que venciera el plazo pactado en los contratos n.º 193 y 317, el Municipio de Riosucio tomó la decisión abstenerse dee Expediente n. º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones celebrar nuevos contratos con Caprecom. El Municipio de Riosucio justificó la medida en el incumplimiento de las obligaciones de Caprecom con la red de prestadores de servicios IPS Hospital San Juan de Dios.

Obra en el expediente una certificación del hospital departamental San Juan de Dios. Según el documento, el hospital tenía un saldo por cobrar a Caprecom de

prestadores de servicios IPS Hospital San Juan de Dios. Obra en el expediente una certificación del hospital departamental San Juan de Dios. Según el documento, el hospital tenía un saldo por cobrar a Caprecom de $15.075.514 por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003 (f. 1 c. 2). Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. La certificación del hospital departamental San Juan de Dios es un documento público que se presume auténtico, porque no se tachó de falso (art. 252 CPC), y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. De modo que acredita que el hospital San Juan de Dios tenía un saldo por cobrar a Caprecom por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003. La justificación del Municipio de Riosucio para no renovar el contrato, pues, se encuentra demostrada en el proceso.

15. El contrato n. º 193 fue celebrado por Caprecom y el Municipio de Riosucio el 1 de junio de 2002 [hecho probado 7.1] y el contrato n.º 317 fue suscrito el 1 de

demostrada en el proceso.

15. El contrato n. º 193 fue celebrado por Caprecom y el Municipio de Riosucio el 1 de junio de 2002 [hecho probado 7.1] y el contrato n.º 317 fue suscrito el 1 de octubre de 2002 [hecho probado 7.2]. Las partes no pactaron una cláusula de prórroga automática y como los contratos no fueron celebrados el 1 de abril de 2003, no les eran aplicables las prórrogas automáticas establecidas en el régimen de transición dispuesto en el artículo 58 del Acuerdo 244 de 2003. El demandante tampoco acreditó que el Municipio de Riosucio estuviera obligado a contratar con ella en los términos del artículo 29 del Acuerdo 077 de 1999, pues no probó el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para ese fin señalados en el Acuerdo 244 de 2003.e 10

Expediente n.º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones Caprecom adujo en la demanda que, según el artículo 36 del Decreto 050 de 2003, para no renovar el contrato se requería, además de la mora de la entidad, que las cuentas hubieran sido debidamente aceptadas, y que se hubieren recibido oportunamente los recursos correspondientes a las UPC de su población afiliada.

Se reitera que la entidad, en ejercicio de la autonomía negocia! propia del derecho privado, que es el régimen aplicable a los contratos de aseguramiento, podía abstenerse de celebrar nuevos contratos o de renovar los ya existentes sin necesidad del cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado decreto. Caprecom, además, no afirmó en la demanda que estas condiciones se hubieran

abstenerse de celebrar nuevos contratos o de renovar los ya existentes sin necesidad del cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado decreto. Caprecom, además, no afirmó en la demanda que estas condiciones se hubieran incumplido ni obra prueba que demuestre que las cuentas no fueron debidamente aceptadas ni que los recursos correspondientes a las UPC fueron sido recibidos tardíamente. El Municipio de Riosucio, al no haberse acreditado que estuviera obligado a contratar en los términos del artículo 29 del Acuerdo 077 de 1999 ni al serle aplicable el régimen de transición establecido en el Acuerdo 244 de 2003, podía definir si continuaba su relación contractual al vencimiento del plazo extintivo estipulado en los contratos en el marco de su autonomía negocia!. El Municipio de Riosucio estaba habilitado, pues, para no continuar con su relación contractual con Caprecom, dado el incumplimiento de sus obligaciones con la red de prestadores de servicios IPS Hospital San Juan de Dios, según las normas del derecho privado. No infringió disposición o pacto alguno al tomar esa determinación. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, .el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudorsi excepcionadebe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones5. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de

es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones5. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico párr. 10 ] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII nº. 19 07 - 19 08, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 19 71 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial, Tomo CXXXV/11, nº. 2340 a 2345, p. 24.e 11 Expediente n. º 40.520

Demandante: Caprecom Niega pretensiones Como la demandante no acreditó que la entidad estuviera obligada a contratar con ella ni tenía derecho a la prórroga automática de los contratos de aseguramiento celebrados con el Municipio de Riosucio, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.

16. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 18 de noviembre de 201 O proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 18 de noviembre de 201 O proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE C} (ES Presidente de la elt ll Aclaro voto

UL JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Aclaro voto JFB/PT