CE - 170012333000201500164011SENTENCIA20230928145655

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)

Demandante: Inés Otilia García Noreña Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de abril de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Inés Otilia García Noreña , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 002532 del 11 de febrero del 2000, por medio de la cual la UGPP le

conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 002532 del 11 de febrero del 2000, por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

1 Folios 61 al 76.2

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia, en cuantía del 75% de todo lo devengado en el último año de servicios, anterior a aquel en que cumplió el estatus de pensionada; ii) reconocer y pagar el retroactivo a que haya lugar, debidamente indexado; iii) cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA; y iv) pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

1. La señora Inés Otilia García Noreña nació el 5 de junio de 1949 y prestó sus servicios al Magisterio desde el 22 de febrero de 1967.

1. Por medio de la Resolución 2532 del 11 de febrero del 2000, la Caja Nacional de Previsión Social EICE, le negó la pensión gracia. Contra esta decisión interpuso los recursos de reposición y , en subsidio, apelación, los cuales , en principio, fueron rechazados a través del A uto 4516 del 27 de julio de 2000 . Luego, al resolver el recurso de queja interpuesto contra este último, mediante la Resolución 1842 del 11

rechazados a través del A uto 4516 del 27 de julio de 2000 . Luego, al resolver el recurso de queja interpuesto contra este último, mediante la Resolución 1842 del 11 de abril de 2001, se confirmó la Resolución 2532 del 11 de febrero del 2000.

1. Mediante Resolución 8391 del 18 de diciembre de 2002, al decidir el recurso de apelación, se declaró la existencia del acto ficto presunto y se confirmó la decisión negativa.

1. La señora García Noreña interpuso acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE, la cual le correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima), el cual, e n fallo del 17 de agosto de 2006, decidió amparar, como mecanismo transitorio , los derechos invocados y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia.3

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña v) Mediante Resolución 60283 del 22 de noviembre de 2006 , Cajanal, en cumplimiento al referido fallo de tutela, reconoció y ordenó pagar a la señora García Noreña la pensión gracia, en cuantía de $980.940,23.

1. La actora, el 3 de diciembre de 2007 interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; la demanda fue remitida por competencia a los Juzgados Administrativos de Manizales ; el Juzgado Segundo Administrativo

restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; la demanda fue remitida por competencia a los Juzgados Administrativos de Manizales ; el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales a través de providencia del 21 de enero de 2008 orden ó corregir la demanda. Comoquiera que dentro del término concedido la demanda no fue subsanada, mediante providencia del 5 de febrero de 2008, se dispuso su rechazo.

1. a través de la Resolución UGM 059206 del 26 de noviembre de 2012, se declaró el decaimiento del acto administrativo y, en consecuencia, se revocó la Resolución 60283 del 22 de noviembre de 2006, por no haberse iniciado la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, tal como lo dispuso la sentencia de tutela.

1. La parte actora interpuso recurso de reposición contra la Resolución UGM 059206 del 26 de noviembre de 2012, siendo resuelto de forma desfavorable mediante la Resolución RDP 003194 del 25 de enero de 2013.

1. Por medio de la Resolución RDP 003194 del 25 de enero de 2013 se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de

1989. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo

siguiente:

El acto acusado fue expedido con infracción de las normas en que debería fundarse,4

1989. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo

siguiente:

El acto acusado fue expedido con infracción de las normas en que debería fundarse,4

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña toda vez que la señora García Noreña se desemp eñó durante toda su vida laboral como maestra de educación pública, así: desde el 22 de febrero de 1967 hasta el 31 de julio de 1974 en el Colegio San Lorenzo del Municipio de Riosucio; desde 1 de agosto de 1974 hasta el 9 de junio de 1992 en el Seminario Seráfico San Antonio de Padua del Municipio de Manizales, fecha en la que fue trasladada a la Normal Superior de Caldas hasta el 14 de enero de 2008, cuando se retiró definitivamente del servicio.

En consecuencia, la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca, liquide y pague la pensión de jubilación gracia , incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios docentes anterior a la causación del derecho pensional o fecha en que adquirió el estatus de pensionada.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes traspones de defensa:2

1. Mediante la Resolución 60283 del 22 de noviembre de 2006, se reconoció la pensión gracia a la actora, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima), como mecanismo transitorio para la

pensión gracia a la actora, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida (Tolima), como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales aparentemente violados por la negativa de CAJANAL E.I.C.E.; sin embargo, la accionante no allegó la constancia de haber cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 en el término concedido para el efecto. Así las cosas, la entidad decidió declarar el decaimiento o pérdida de ejecutoria del acto administrativo que dio cumplimiento al mencionado fallo de tutela y, en consecuencia, procedió a revocar la citada resolución.

2 Folios 139 al 1445

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña ii) En todo caso, los tiempos de servicio de la accionante fueron prestados con nombramiento del orden nacional; en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión solicitada, por cuanto su vinculación a la docencia fue de carácter nacional.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 20 de abril de 2017, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, con sustento en las siguientes consideraciones:3

1. La pensión gracia tuvo su origen con la expedición de la Ley 114 de 1913 que

denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, con sustento en las siguientes consideraciones:3

1. La pensión gracia tuvo su origen con la expedición de la Ley 114 de 1913 que dispuso reconocer a los maestros de escuelas primarias oficiales que h ubieran servido en el magisterio por un término no inferior a 20 años, el derecho a un a pensión de jubilación vitalicia . Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el aludido beneficio a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, al tiempo que con el artículo 6 se autorizó a los docentes completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, asimilando para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

La Ley 37 de 1933 , en su artículo 3, hizo extensiva las pensiones de jubilación de los maestros de escuela a aquellos que hubieran completado el tiempo de servicios señalado por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. Por su parte, la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal a), reiteró la vigencia del derecho a la pensión gracia solo para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980,

3 Folios 195 al 203.6

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña y siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales.

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña y siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales.

1. Si bien la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio pensional aludido a los maestros de las escuelas normales, lo cierto es que deben cumplirse los demás requisitos establecidos en las normas legales para acceder a dicha prestación, uno de los cuales se traduce en acreditar 20 año s de servicios en plazas docentes nacionalizadas o territoriales Así, las personas que se desempeñen en escuelas normales también tienen derecho a la pensión gracia, siempre y cuando acrediten los requisitos de ley, entre ellos, haber tenido un nombramiento territorial.

1. En el caso sub lite la señora García Noreña solo acreditó 6 años de vinculación territorial, pues sus posteriores nombramientos son nacionales, incluso el referido por esta en la Normal Nacional de Señoritas, el cual se originó en un traslado efectuado por el alcalde de Manizales, en uso de las atribuciones legales conferidas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, el cual también está signado por un delegado del Ministerio de Educación.

En este orden de ideas, al no haber prestado la señora Inés Otilia García Noreña sus servicios como docente plaza territorial o nacionalizada por 20 años, no es procedente reconocerle la pensión gracia.

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:4

1. La entidad demandada argumenta que los servicios prestados por la demandante

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los siguientes argumentos:4

1. La entidad demandada argumenta que los servicios prestados por la demandante en la Normal Superior de Manizales fueron como docente con plaza nacional, por lo que dicho tiempo no debe ser tenido en cuenta. Sin embargo, se debe precisar que la L ey 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados

4 Folios 207 al 211.7

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de Instrucción Pública, autorizando a los docentes a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, con los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista.

1. Si bien existe un precedente jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,5 lo cierto es que dicho pronunciamiento no trató de forma específica el derecho de los docentes normalistas y los inspectores de instrucción pública. En ese sentido, no puede la entidad demandada desconocer de contera el carácter de normalista de la demandante, toda vez que el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los docentes normalistas sin importar que los nombramientos se hubieran realizado de carácter territorial o nacional.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.6 Por su parte, la UGPP reiteró los argumentos planteados a lo largo del proceso.7

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.6 Por su parte, la UGPP reiteró los argumentos planteados a lo largo del proceso.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la

5 Citó la sentencia del 29 de agosto de 1997, expediente S-699, consejero ponente: Nicolas Pájaro Peñaranda. 6 Según constancia secretarial obrante en el folio 279. 7 Folios 275 al 278 8 Según constancia secretarial obrante en el folio 279.8

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

2.2.1. La pensión gracia

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 9 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de

años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 1928 9 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública, siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4 ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión o recompensa de carácter nacional».12

9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección. 10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas p or decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. 11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699. 12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.9

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S -699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que « la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado

gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».13

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación, en la referida Sentencia S -699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S -699. T ambién pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001 -23-33-0002013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de mar zo de 2018, radicado: 25000-23-42-0002013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001 -23-33000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C -085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.10

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será

regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

regido por las siguientes disposiciones: […]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita, bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989

si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1. 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

1. 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).11

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del

siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, p ues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada. […]

1. La Sentencia C -506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista

nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

1. Mediante la Sentencia SU -014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, r adicado 1500123-33-000-2016-00278-01 (3018-2017). 17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001 -03-15-0002019-02219-01 (AC).12

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017) Demandante: Inés Otilia García Noreña esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de

inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley ». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia del 21 de junio de 2018, 18 esta corporación fijó l as siguientes reglas de unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos e ducativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando e n el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando e n el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en co nsecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o de las del -situado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores naci onalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-2342-000-2013-04683-01 (3805-2014). 19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.13

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00164 01 (2870-2017)

Demandante: Inés Otilia García Noreña

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste e l vínculo, en los que además se pueda establecer

Demandante: Inés Otilia García Noreña

(iv) para acr