CE - 170012333000201500217011SENTENCIASENTENCIA20231031193309

Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959)

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959) Demandante: John Fredy Ramírez y otros Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial – Referencia: Medio de control de reparación directa

Tema 1: Privación in justa de la libertad – Ley 906 de 2004. Subtema 1 .1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Falta de acreditación del daño antijurídico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_________________________________

La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013, resuelve los recursos d e apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la parte actora , contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 14 de septiembre de 2018, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Gaula1 de la Policía Nacional, Seccional Caldas, capturó en flagrancia a John

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Gaula1 de la Policía Nacional, Seccional Caldas, capturó en flagrancia a John Fredy Ramírez en el curso de una operación antiextorsión desarrollada en la ciudad de Manizales el 18 de febrero de 2013 , aprehensión que se dio porque en ese instante acompañaba a José Leonardo Llanos Loaiza, sujeto al que se le estaba entregando un paquete con dinero por parte de un Presbítero que, previamente, había denunciado ser víctima de extorsión, y que por tal motivo, ese día desembolsaría $150’000.000 producto de la comisión del citado punible . Al día siguiente de las aprehensiones, el Juzgado Primero Penal de Manizales con función de control de garantías, llevó a cabo las audiencias preliminares de le galización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, esta última, en la que ordenó la detención preventiv a en establecimiento carcelario de los señores Ramírez –aquí demandante - y Llanos Loaiza . Finalmente, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales , en audiencia pública celebrada el 17 de mayo de 2013, decretó la preclusión de la investigación seguida contra John Fredy Ramírez, al concluir que su comportamiento fue únicamente de acompañamiento, pues del materia l allegado no podía colegirse que participó activamente en los hechos materia de denuncia.

Por lo expuesto, la parte actora depreca en este escenario contencioso administrativo, el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por la privación de

pues del materia l allegado no podía colegirse que participó activamente en los hechos materia de denuncia.

Por lo expuesto, la parte actora depreca en este escenario contencioso administrativo, el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad padecida, como colofón de la investigación seguida en su contra por el delito de Extorsión.

II. ANTECEDENTES

1 Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal.Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

2 2.1. La demanda

El 13 de mayo de 2015 2, John Fredy Ramírez, así como varios de sus familiares más próximos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con la pretensión de que se la s declare administrativamente responsable s por “los perjuicios materiales, morales, perjuicios a la vida de relación o alteraciones a las condiciones de existencia –daños a la salud; daño al buen nombre y daño a la “afectación a los derechos convencional y constitucionalmente protegidos – Derecho a la libertad, a la familia y libre desarrollo de la personalidad, sobrevenidos con la “PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD” del señor JOHN FREDY RAMÍREZ adelantado dentro del proceso penal por el delito de “EXTORSIÓN {…} de la cual se precluyó la investigación””3-4.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas a través de auto

de la cual se precluyó la investigación””3-4.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas a través de auto del 7 de septiembre de 2015 5, proveído notificado en debida forma6. La Nación – Fiscalía General de la Nación 7 presentó oportunamente escrito de contestación con el que se opuso a las pretensiones ; como razones de defensa, arguyó que las actuaciones de investigación e instrucción a su cargo se desarrollaron dentro de los límites fijados por la Constitución (art. 250) y la ley (L.906/2004), razón por la cual, alegó que si bien le correspondía la función de investigar la posible consumación de la conducta denunciada, lo cierto era que el Juez con Función de Control de Garantías, fue quien privó de la libertad a John Fredy Ramírez, máxime que para ese estadio procesal no se requería la certeza sobre la responsabilidad del sindicado, sino la existencia de una inferencia razonable de participación en la conducta delictiva auscultada, condición que efectivamente se acreditó en el estadio que se hallaba la actuación; formuló la s excepciones intituladas “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “culpa excluyente de un tercero.” Por su parte, la Nación – Rama Judicial 8, también se opuso al petitum de la demanda en consideración a que –en su sentir - el sumario penal se tramitó en estricto acatamiento del debido proceso y las garantías constitucionales asociadas al derecho de defensa y al principio de igualdad de armas, de ahí que la medida de aseguramiento dictada se constituyera en necesaria, proporcional, legal y razonada,

acatamiento del debido proceso y las garantías constitucionales asociadas al derecho de defensa y al principio de igualdad de armas, de ahí que la medida de aseguramiento dictada se constituyera en necesaria, proporcional, legal y razonada, comoquiera que los elementos materiales probatorios recaudados permitían inferir la posible participación del sindicado en la conducta punible, de modo que, mientras se adelantaban las pesquisas era procedente el decreto de la orden de detención , en consecuencia, propuso las excepciones que denominó: y “falta de configuración de los elementos que configuran responsabilidad extracontractual del Estado” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

El Tribunal, a través de proveído del 17 de junio de 20169 dispuso fecha y hora para celebrar audiencia inicial, diligencia celebrada el 13 de julio siguiente10 en la que se fijó el litigio en los siguientes términos (Núm. Art. 180 íd.): “[…] Existe responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, con ocasión de la

2 De conformidad con el sello de recibido de la Oficina de Coordinación y Apoyo de la Rama Judicial de Manizales, Caldas, visible a folio 48 del cuaderno 1, así como el acta individual de reparto de infolio 1 íd. 3 Sumario identificado con el radicado No. 170016106940201380006. 4 Pretensiones vistas a folios 20 a 36 C.1. 5 Folio 148 C 1. 6 Folios 154 a 161 del cuaderno 1. 7 Folios 164 a 178 C.1 8 Folios 182 a 185 C.1 9 Auto de folio 213 C.1.

5 Folio 148 C 1. 6 Folios 154 a 161 del cuaderno 1. 7 Folios 164 a 178 C.1 8 Folios 182 a 185 C.1 9 Auto de folio 213 C.1. 10 Acta de folios 224 a 231 C.1. y CD de folio 217 íd.Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

3 privación de la libertad del señor John Fredy Ramírez, teniendo en cuenta que la investigación que se le adelantaba por el delito de Extorsión fue precluida {…} Qué perjuicios sufrieron el demandante y su núcleo familiar {…} A cuál de las entidades demandadas les asiste la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados {…}”. Delimitación que contó con expreso beneplácito de las partes.

Una vez agotada la etapa probatoria, sin reparo alguno de las partes, el Tribunal Administrativo de Caldas, en auto del 29 de noviembre de 201611, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo . Así lo hicieron la parte actora 12 , la Fiscalía General de la Nación 13 y la Rama Judicial 14; en tanto que el Ministerio Público guardó silencio.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia proferida el 14 de septiembre de 201815 y en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado 16, declaró administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia proferida el 14 de septiembre de 201815 y en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado 16, declaró administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial –, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor John Fredy Ramírez, y, como consecuencia de esta declaración, condenó a los órganos demandados al pago de los perjuicios morales, materiales y a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos causados a los accionantes.

2.4. Los recursos de apelación

2.4.1. La Rama Judicial 17 formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes cargos:

2.4.1.1. La medida de aseguramiento de reclusión que le fue impuesta al señor John Fredy Ramírez cumplía con todos los requisitos legales previstos para su procedencia, por lo que el demandante tenía la carga de soportar la privación de su libertad.

2.4.1.2. En el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de 2004, e l órgano responsable de la privación de la libertad y, por ende, aquel que debe indemnizar a la víctima, es la Fiscalía General de la Nación, dado que este organismo es el titular de la acción penal, es quien recolecta las pruebas necesarias para la imposición de la medida de aseguramiento y, además, es quien eleva dicha solicitud ante el juez de control de garantías. Este último se limita a la verificación del cumplimiento de unos requisitos que, a juicio de la Rama Judicial, son de carácter formal.

quien eleva dicha solicitud ante el juez de control de garantías. Este último se limita a la verificación del cumplimiento de unos requisitos que, a juicio de la Rama Judicial, son de carácter formal.

2.4.1.3. El Tribunal de primera instancia debió resolver el asunto valiéndose para ello de los presupuestos del régimen subjetivo de responsabilidad

11 Folio 234 C.1. 12 Por escrito visible a folios 249 a 262 del cuaderno 1. 13 Con escrito que obra a folios 244 a 248 del cuaderno 1. 14 Con escrito que milita a folios 263 a 266 del cuaderno 1. 15 Folios 269 a 283 del C. ppal. 16 Al punto, el Tribunal Administrativo de Caldas, sobre el régimen a aplicar para el caso en concreto, consideró: “Bajo el marco hermenéutico introducido por las providencias de unificación en cita, corresponde al operador judicial determinar de manera razonada el régimen de imputación que resulte menester aplicar en cada caso, cuyo sustrato fáctico se base en la privación de la libertad de una persona, presuntamente injusta. En ese sentido, conservando la línea de interpretación que ha venido observando este tribunal en casos con similares ribetes de hecho y atendiendo a la postura vigente da un margen de apreciación al operador judicial en este sentido, se mantendrá para este caso el régimen objetivo como parámetro de análisis”. 17 Folios 285 a 289 del C. ppal.Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

4 Estatal, caso en el cual, no procedería la condena por cuanto la privación de

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

4 Estatal, caso en el cual, no procedería la condena por cuanto la privación de la libertad padecida por John Fredy Ramírez lució legal y razonable.

2.4.2. La Fiscalía General de la Nación lo hizo con base en los siguientes cargos18:

2.4.2.1. La medida de aseguramiento de reclusión impuesta a John Fredy Ramírez cumplía con todos los requisitos legales previstos para su procedencia, por lo que el demandante tenía la carga de soportar la privación de su libertad.

2.4.2.2. En el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de 2004, el órgano responsable de la privación de la libertad y, por ende, aquel que debe indemnizar a la víctima, es la Rama Judicial, dado que este organismo es quien, una vez ha escuchado los argumentos del ente investigador, la defensa y el Ministerio Público, decide sobre la imposición o no de la medida de aseguramiento. Por ende, es la única entidad que tiene la facultad de privar de la libertad a una persona.

2.4.2.3. La detención preventiva impuesta al señor Ramírez estuvo antecedida del trámite procesal previsto en la legislación adjeti va para los efectos, y a su vez , de la incorporación y valoración de los elementos materiales probatorios con los que se edificó la inferencia razonable de participación del sindicado en la conducta punible investigada, por tal motivo la medida no resultó inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, por el contrario, se ajustó a la normativa que avala la restricción de la libertad.

participación del sindicado en la conducta punible investigada, por tal motivo la medida no resultó inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, por el contrario, se ajustó a la normativa que avala la restricción de la libertad.

2.4.3. La Parte Actora 19 presentó apelación adhesiva con el cometido que se revisara el reconocimiento de los perjuicios, concretamente para que se reconociera el daño emergente por concepto de lucro cesante y el daño a la salud causado s a John Fredy Ramírez, así como el incremento de los morales concedidos a Jesús Evelio Gálvez Torres, padrastro de la víctima directa.

2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 , el Tribunal Administrativo de Caldas convocó a las partes a audiencia de conciliación20, la cual fue evacuada el 15 de noviembre de 2018 21, y hubo de declararse fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las partes. En consecuencia, el Tribunal concedió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, mediante auto del 23 de abril de 201922 admitió los recursos de apelación interpuestos por las partes. Luego, p or auto del 8 de julio de 2019 23, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclus ión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, así lo hicieron la Fiscalía

18 Por escrito de folios 293 a 304 del C. ppal. 19 Recurso de folios 308 a 312 C. ppal.

Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, así lo hicieron la Fiscalía

18 Por escrito de folios 293 a 304 del C. ppal. 19 Recurso de folios 308 a 312 C. ppal. 20 Esto, a través de auto del 6 de noviembre de 2018, que obra a folio 306 del C. ppal. 21 El acta de la audiencia de conciliación obra a folio 316 del C. ppal. 22 Folio 320 del C. ppal. 23 Folio 323 del C. ppal.Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

5 General de la Nación 24 y la Rama Judicial 25, quienes reiteración los argumentos expuestos en las alzadas; los demás sujetos procesales guardaron silencio.26

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 27-28, el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisió n”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”29.

3.2. En este orden de ideas, en asocio a los cargos de los recursos de apelación da lugar al siguiente problema jurídico:

¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto el señor John Fredy Ramírez , con ocasión de la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario , por no observar l os principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición?

Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer: (i) si la privación de la libertad de la que fue objeto John Fredy Ramírez es imputable a la Fiscalía General de la Nación o a la Rama Judicial; (ii) el mérito de la prueba de los perjuicios

de la libertad de la que fue objeto John Fredy Ramírez es imputable a la Fiscalía General de la Nación o a la Rama Judicial; (ii) el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores y (iii) decidir sobre la condena a que haya lugar.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

24 Folios 329 a 337 del C. ppal. 25 Folios 356 a 360 del C. ppal. 26 Según constancia secretarial de folio 361 C. ppal. 27 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos , la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos , se decretaron las pruebas, s e iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original). 28 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).

29 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

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4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199630 y a la naturaleza del asunto31, así como al oportuno ejercicio que, del medio de control de reparación directa, hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el 13 de mayo de 2015 32, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores al día siguiente a la ejecutoria de la providencia con la que se declaró la preclusión de la investigación seguida contra John Fredy Ramírez 33, lo que sucedió a partir del 17 de mayo de 2013 34, lo expuesto, máxime que el término de caducidad se suspendió por lapso de un (1) mes y diecisiete (17) días, con ocasión al trámite de conciliación extrajudicial surtido ante la Procuraduría 29 Judicial II Para Asuntos Administrativos35.

4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: John Fredy Ramírez, en su condición de víctima directa 36; María Nubia Ramírez , su madre 37; Jesús David Gálvez Ramírez y Daniel Steven Gálvez Ramírez, sus hermanos38; Eliana María Correa Agudelo, su compañera permanente 39; Emily Ramírez Correa , su hija40,

Gálvez Ramírez y Daniel Steven Gálvez Ramírez, sus hermanos38; Eliana María Correa Agudelo, su compañera permanente 39; Emily Ramírez Correa , su hija40, Melany Correa Agudelo , hija de crianza 41; y Jesús Evelio Gálvez Torres, padrastro42.

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, l a Sala encuentra que está legitimada en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de

30 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”. 31 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 32 De conformidad con el sello de recibido de la Oficina de Coordin ación y Apoyo de la Rama Judicial de Manizales, Caldas, visible a folio 48 del cuaderno 1, así como el acta individual de reparto de infolio 1 íd. 33 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…)

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (…)”

del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (…)” 34 La decisión con la que se declaró la preclusión de la investigación seguida contra John Fredy Ramírez fue proferida en audiencia pública, por ende, cobró ejecutoria en la misma fecha en la que fue dictada por el juzgado penal de conocimiento comoquiera que contra ella no se interpusieron recursos /constancia de folio 71 C.1./. 35 Constancia de folio 134 C.1. 36 Tal como así lo recuentan las piezas procesales del sumario penal seguido en su contra y el registro civil de nacimiento No. 0689357 de folio 58 C.1. 37 Registro civil de nacimiento No. 0689357 de folio 58 y 62 C.1. 38 Registros civiles de nacimiento No. 28414868 y 13097686 de folios 60 y 61 58 C.1. 39 La parte interesada pretendió acreditar el vínculo marital con la declaración extra juicio No. 716 rendida ante la Notaría Quinta del Circuito de Pereira (fls. 78 a 79 C.1), acto aquel que, como no fue objeto de ratificación en el presente asunto no podrá ser tenido en cuenta para la respectiva constatación; sin embargo, en el plenario militan otros medi os de convicción que permiten corroborar la existencia de la unión conformada entre John Fredy Ramírez y la aquí demandante, tales como: (i) la descripción de los generales de ley realizada por la Fiscalía en la audiencia de legalización de captura, oportu nidad en la que puntualmente, frente al estado civil del aprehendido l ente investigador puso de presente la convivencia en unión libre (fl. 109 C.1 ); (ii) las

Fiscalía en la audiencia de legalización de captura, oportu nidad en la que puntualmente, frente al estado civil del aprehendido l ente investigador puso de presente la convivencia en unión libre (fl. 109 C.1 ); (ii) las atestaciones rendidas en el presente contencioso por Carlos Arturo Duque, Amparo Henao y Yesica Duque Henao, quienes al unísono dieron cuenta de la conformación del grupo familiar compuesto entre el aprehendido y Eliana María, así como los padecimientos de los parientes producto de la privación de la libertad del señor Ramírez (fls. 100 a 102 C.2); y (iii) el reconocimiento de la hija biológica Emil Ramírez Correa, que da cuenta de la vida marital entre ambos, tal como así consta el Registro Civil de Nacimiento 1089606345 (fl. 63 C.1) 40 Registro civil de nacimiento No. 1089606345 de folio 63 C.1. 41 Parentesco acreditado con las atestaciones de Carlos Arturo Duque y Amparo Henao, quienes al unísono confirmaron el vínculo afectivo entre ambos, así como la existencia del grupo familiar al que pertenecía la demandante (fls. 100 a 102 C.2), también se allegó registro civil de nacimiento No. 1090096257 (fl. 59 C.1) 42 Vinculo acreditado con las atestaciones de Carlos Arturo Duque y Amparo Henao, testigos que constataron el padrinazgo y la relación familiar entre ambos (fls. 100 a 102 C.2), también se acred itó la identidad del demandante con su número de documento de identificación (fl. 53 C.1)Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

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demandante con su número de documento de identificación (fl. 53 C.1)Radicación número: 17001-23-33-000-2015-00217-01 (62959).

Demandante: John Fredy Ramírez y otros

7 la Nación quien solicitó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva ante el juez de control de garantías 43; y por el Director Ejecutivo de Administración Judicial o su delegado , dado que fue el juez de control de garantías quien impuso la medida d e aseguramiento de detención preventiva en contra del señor John Fredy Ramírez.

4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada

4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

4.2.2. L a Ley 906 de 2004 , vigente para el momento de los hechos, prescribe medidas de aseguramiento privativas de la libertad 44, cuando el juez de control de garantías, a petición de fiscal, infiera razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no comparezca al proceso o cumpla la sentencia 45. El análisis de la necesidad, a su

resulte necesaria para evitar que el imputado obstruya la administración de justicia, constituya un peligro para la sociedad o la víctima, o sea probable que no comparezca al proceso o cumpla la sentencia 45. El análisis de la necesidad, a su vez, no debe basarse en fórmulas generales o abstractas 46, sino con arreglo a las circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el pro ceso y las que rodearon la comisión del delito en el caso concreto47.

Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pueden ser de detención preventiva en establecimiento carcelario o en la residencia del imputado. La primera procede cuando se trat e de delitos cuya competencia corresponda a los jueces penales de circuitos especializados o el delito investigado tenga pena de cuatro (4) años o más48. Dicha medida, puede ser sustituida por la de detención en el lugar de residencia, cuando sea suficiente para el cumplimiento de los fines, conforme a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado 49. La definición del tipo de

43 “Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando l a persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión (…)” 44 “Artículo 307. Son medidas de aseguramiento: || A. Privativas de la libertad || 1. Detención preventiva en

emitirá su decisión (…)” 44 “Artículo 307. Son medidas de aseguramiento: || A. Privativas de la libertad || 1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. || 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; […]”. 45 “Artículo 308. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los element os materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: || 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. || 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de l a víctima. || 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. […]”. 46 Corte Suprema de Justicia, 47 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-469 de 2016, fundamento jurídico 20; y sentencia C -123 de 2004, fundamento jurídico 5. 48 “Artículo 313. Satisfechos los requisitos