CE - 170012333000201500483011SENTENCIA20230123111827

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y municipio de Manizales

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de abril de 20 18 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Gloria Inés Díaz Orozco , por conducto de2

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Contencioso Administrativo, la señora Gloria Inés Díaz Orozco , por conducto de2

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a que se declare la nulidad de los actos fictos o presuntos negativos que se configuraron ante la omisión de respuesta frente a la s peticiones formuladas el 10 de marzo de 201 5, en la s que reclamó la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías definitivas.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) condenar a las entidades demandadas a pagar la sanción por la mora en la cancelación total de sus cesantías definitivas, conforme a lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retraso ; (ii) disponer los ajustes de valor respecto de la condena; (iii) ordenar el pago de intereses moratorios; y (iv) exigir el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística y, en ella, se le asignó a aquél la competencia para pagar las cesantías de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

independencia patrimonial, contable y estadística y, en ella, se le asignó a aquél la competencia para pagar las cesantías de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

(ii) El 19 de enero de 2009 , la demandante, en su condición de docente, solicitó ante la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y ante el municipio de Manizales el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

(iii) El 26 de julio de 2013, la demandante, por intermedio de apoderado, formuló acción de tutela en contra del departamento de Caldas, el municipio de Manizales y la Fiduprevisora, con el propósito de que se expidieran los actos administrativos de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas y obtuvo fallo favorable por parte del Juzgado Quinto de Familia de M anizales, en el sentido de ordenar a la Unidad3

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco de Prestaciones Sociales de la Gobernación de Caldas, acreditar, ante la Fiduciaria, el tiempo de servicio prestado ante dicho ente territorial y, que posterior a ello, se informara lo pertinente a la Secretaría de Educación de Man izales para que se procediera al reconocimiento de las cesantías definitivas.

(iv) Debido al incumplimiento de lo dispuesto por el juez de tutela se formuló incidente de desacato.

(v) Las cesantías se reconocieron a través de la Resolución 970 del 23 de diciembre

(iv) Debido al incumplimiento de lo dispuesto por el juez de tutela se formuló incidente de desacato.

(v) Las cesantías se reconocieron a través de la Resolución 970 del 23 de diciembre de 2014 y se pagaron el 3 de febrero de 2015, por intermedio de la entidad bancaria.

(vi) En las consideraciones del acto administrativo enunciado con antelación se señala que la solicitud de cesantías se radicó el 05/09/2012; sin embargo, tal información «no corresponde a la realidad documental, soporte de las reclamaciones definitivas de mi poderdante, ello porque la solicitud de las mismas quedó bajo el radicado No. 00795 del 19 de enero de 2009», además, tampoco coincide el centro educativo para el cual laboró.

(vii) Al verificar la fecha de solicitud, reconocimiento y pago de las cesantías parciales —19 de enero de 2009 —, se advirtió que el término de 65 días para cancelarlas vencía el 24 de abril de 2009, pero tan solo se pagaron el 2 de febrero de 2015, es decir, q ue transcurrió un lapso superior al previsto en la ley, para proceder al pago; por tal razón, el 10 de marzo de 2015 formuló solicitud encaminada a obtener la sanción moratoria, pero no obtuvo respuesta por parte de la administración y, con ello, se configuró el silencio administrativo que dio origen al acto ficto negativo que se censura en esta litis.

(viii) Aunque hubo oficios remisorios de la petición anterior, de la Secretaría de Educación de Manizales a la Unidad de Prestaciones Sociales de la Gobern ación

acto ficto negativo que se censura en esta litis.

(viii) Aunque hubo oficios remisorios de la petición anterior, de la Secretaría de Educación de Manizales a la Unidad de Prestaciones Sociales de la Gobern ación de Caldas y de esta a la Coordinación de Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación de Manizales, los oficios que se emitieron en tal sentido no contienen la connotación de acto administrativo pues en ellos no se responde la petición, sino solo son remisorios, razón por la cual no se tuvieron como respuesta4

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco a lo solicitado, con fines de nulidad.

(ix) Los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 fija los términos para el reconocimiento de las cesantías definitivas y la sanción que se causa ante el incumplimiento del plazo fijado para su pago; además, el Consejo de Estado ha analizado la forma en que se debe entender tal normativa.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, 1 y 2 de la Ley 244 de 1995, 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó lo siguiente:

(i) La autoridad encargada del pago de las cesantías a los docentes ha estado desconociendo las normas que rigen lo relativo al pago oportuno de esa prestación.

siguiente:

(i) La autoridad encargada del pago de las cesantías a los docentes ha estado desconociendo las normas que rigen lo relativo al pago oportuno de esa prestación.

(ii) Ante tales circunstancias se expidieron las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que regularon lo relativo al pago de las cesantías parciales y definitivas de los empleados públicos y fijaron un término de 15 días contados a partir de la radicación de la solicitud y 45 días siguientes, para proceder a su pago; sin embargo, la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) ha desconocido tales términos, circunstancia que acarrea la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo.

(iii) La demandante, e n su condición de docente, c uya prestación fue reconocida con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es destinataria de la Ley 1071 de 2006, que determina los plazos para pagar oportunamente las cesan tías y establece una penalidad a cargo del empleador incumplido, en el equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta cuando se haga efectivo el pago, disposiciones que sirven de soporte a las pretensiones deprecadas en el sub lite.5

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco 1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El departamento de Caldas

El ente territorial demandado contestó la demanda1 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con sustento en los argumentos que se relacionan a continuación:

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El departamento de Caldas

El ente territorial demandado contestó la demanda1 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, con sustento en los argumentos que se relacionan a continuación:

(i) La entidad encargada del pago de las prestaciones sociales de los docentes es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la entidad territorial se limita al trámite de la prestación dentro de los términos legales.

(ii) En las anteriores condiciones debe prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; de igual manera deben declararse probadas las excepciones de pago de la obligación, en cuanto ya fueron canceladas las cesantías reconocidas a la demandante a través de acto administrativo; buena fe, porque el pago de las prestaciones a los docentes depende de un trámite especial, el cumplimiento de los requisitos legales y otros factores externos que llevan a concluir que aquel se realizó según el procedimiento fijado por la propia ley, y, finalmente, la genérica, según la cual e l juez debe declarar aquellas excepciones que encuentre probadas.

1.2.2. La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)

La entidad demandada contestó la demanda2 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, expuso los argumentos que se relacionan a continuación:

(i) Los docentes están excluidos de la aplicación de las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996, 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, para el reconocimiento de sus cesantías,

1 Folios 73 a 79.

(i) Los docentes están excluidos de la aplicación de las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996, 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues, para el reconocimiento de sus cesantías,

1 Folios 73 a 79. 2 Folios 86 a 102.6

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco se rigen por lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 que, además, es la que impone en cabeza del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio la obligación de pagar dicho auxilio.

(ii) Por otro lado, el reconocimiento de las prestaciones económicas por parte de ese fondo depende de las apropiaciones presupuestales, conforme a la ley y, por ende, cualquier gasto que afecte el presupuesto de la Fiduprevisora debe contar con la referida apropiación.

(iii) Aunado a lo expuesto, se deban declar ar probadas las excepciones de prescripción; cobro de lo no debido; buena fe y la genérica, según la cual el juez debe reconocer oficiosamente aquellas que resulten probadas.

1.2.3. El municipio de Manizales

La entidad territorial demandada, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda3 oponiéndose a sus pretensiones, con base en los siguientes argumentos:

(i) El Decreto 2831 de 2005 reglamentó el procedimiento que deben seguir los docentes, con el propósito de gestionar, ante la Fiduprevisora, el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales; en tal sentido, la accionante formuló el 19 de

(i) El Decreto 2831 de 2005 reglamentó el procedimiento que deben seguir los docentes, con el propósito de gestionar, ante la Fiduprevisora, el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales; en tal sentido, la accionante formuló el 19 de enero de 2009, l a solicitud de sus cesantías definitivas; sin embargo, esta reclamación se negó en el entendido de que la solicitante solo demostraba tiempos de servicio y aportes posteriores al año 2003; por lo tanto, los términos para reclamar la sanción moratoria no se generaron. (ii) Debido a la orden de tutela, el municipio de Manizales tuvo que radicar, nuevamente, ante la Fiduprevisora, la solicitud de cesantías definitivas de la docente, lo cual ocurrió el 5 de septiembre de 2012, y, finalmente, fue aprobada a través de la Resolución 970 del 23 de diciembre de 2014.

(iii) Bajo los anteriores supuestos, deben prosperar las excepciones de falta de

3 Folios 107 a 118.7

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco legitimación en la causa del municipio, porque no tiene a cargo el reconocimiento y pago de las cesantías de los docent es; inexistencia de l silencio administrativo atribuible a ese ente territorial pues a su cargo no está la obligación de reconocer administrativamente la sanción moratoria reclamada; inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006, pues dicha norma se dirige a la en tidad pagadora de la prestación y tal

atribuible a ese ente territorial pues a su cargo no está la obligación de reconocer administrativamente la sanción moratoria reclamada; inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006, pues dicha norma se dirige a la en tidad pagadora de la prestación y tal responsabilidad no radica en el ente territorial, y la genérica, según la cual el juez debe declarar cualquier otra excepción que encuentre demostrada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 24 de abril de 2018,4 declaró no probadas las excepciones de cobro de lo no debido, b uena fe y oposición a los medios de prueba emanados de terceros y probada , parcialmente, la de prescripción , propuestas por el Ministerio de Educación Nacional , declaró la nulidad del acto ficto negativo acusado y ordenó el reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas a favor de la demandante, con sustento en lo siguiente:

(i) Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí son beneficiarios de la Ley 1071 de 2006, en su condición de servidores del Estado y, de acuerdo con el procedimiento establecido para su pago, es dicho fondo el competente par a asumir la sanción moratoria en caso de incumplimiento en el pago de las cesantías.

(ii) En el caso concreto de la demandante está demostrado que el reconocimiento de la prestación ocurrió a través de la Resolución 970 del 23 de diciembre de 2014 y, según lo señalado en él, la reclamación orientada a obtenerla, se formuló el 5 de septiembre de 2012; sin embargo, ese es uno de los puntos de cuestionamiento,

y, según lo señalado en él, la reclamación orientada a obtenerla, se formuló el 5 de septiembre de 2012; sin embargo, ese es uno de los puntos de cuestionamiento, pues la señora Díaz Orozco asegura que deprecó el auxilio definitivo de cesantías a través de la solicitud del 19 de enero de 2009.

4 Folios 234 a 248.8

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco

(iii) En efecto, el municipio de Manizales, en la contestación de la demanda, corroboró la información anterior, en torno a la fecha inicial de reclamación de la prestación; sin embargo, refirió que aquella se resolvió e n forma adversa debido a una inconsistencia en el pago y afiliación al fondo con antelación al año 2003, lo anterior conlleva afirmar que, en efecto, la petición de la demandante orientada a que le fueran concedidas sus cesantías definitivas, se formuló el 19 de enero de 2009 y aunque hubo una nueva radicación, al respecto, de fecha 5 de septiembre de 2012, ella se originó ante la incongruencia de información antes advertida, pero dicha situación no puede ir en contra de los intereses sociales y laborales d e la reclamante y, por ende, el término para el pago oportuno del auxilio definitivo, se deberá contabilizar desde la petición inicial.

(iv) De lo anterior se infiere que el término para el pago oportuno de las cesantías definitivas de la accionante se cumplió el 21 de abril de 2009, pero como la

deberá contabilizar desde la petición inicial.

(iv) De lo anterior se infiere que el término para el pago oportuno de las cesantías definitivas de la accionante se cumplió el 21 de abril de 2009, pero como la consignación de dicha prestación tan solo se efectuó el 29 de enero de 2015, es evidente que se incurrió en mora, lo que conlleva pagar la sanción prevista en la ley ante ese evento ; sin embargo, como la reclamación en torno a tal penalidad se formuló el 10 de marzo de 2015, se debe declarar prescrita la sanción causada con 3 años de antelación a esta última fecha y no habrá lugar a su indexación.

1.4. El recurso de apelación

La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), por conducto de su apoderado , interpuso recurso de apelación ,5 con base en los argumentos que se enuncian a continuación:

(i) La entidad no incurrió en mora frente al reconocimiento y pago de las cesantías reclamadas por la demandante, en tanto que el trámite de estas, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es reglado y cuenta con unos términos distintos a aquellos delimitados en la Ley 244 de 1995, dentro de los cuales se exige que exista disponibilidad presupuestal para el pago.

5 Folios 251 a 258.9

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco

(ii) Además, dentro de tal gestión, el Ministerio de Educación Nacional no interviene,

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco

(ii) Además, dentro de tal gestión, el Ministerio de Educación Nacional no interviene, pues los entes territoriales son los que se encargan de realizar los trámites para tal efecto y, en cuanto al pago, corresponde a la fiduciaria encargada de la administración de los recursos correspondientes, todo ello, dentro del marco de las competencias previstas en el Decreto 2831 de 2005.

(iii) Ahora bien, en lo que tiene que ver con la indexación ordenada por el a quo frente a la sanción moratoria reconocida, no es procedente, como lo ha sostenido la Corte Constitucional,6 pues se trata de una sanción muy severa que, en ocasiones, puede superar el reajuste monetario; además, no se está ante la protección del valor adquisitivo de las cesantías, sino que el análisis se refiere a la aludida penalidad.

(iv) Las entidades territoriales certificadas son las nominadoras de los docentes y quienes reconocen los emolumentos derivados de la relación laboral, entre los cuales se encuentran las prestaciones sociales, las cuales, además, no se reconocen con recursos de l Ministerio ni administrados por este; por lo tanto, la competencia al respeto no le es atribuible.

(v) Los docentes no son destinatarios de las Leyes 244 de 1995 ni 1071 de 2006 y, por ende, no es viable exigir el cumplimiento de los términos allí esta blecidos para el reconocimiento de las cesantías de aquellos, comoquiera que el procedimiento , en esa materia, está previsto en el Decreto 2831 de 2005.

por ende, no es viable exigir el cumplimiento de los términos allí esta blecidos para el reconocimiento de las cesantías de aquellos, comoquiera que el procedimiento , en esa materia, está previsto en el Decreto 2831 de 2005.

(vi) El reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte del Fondo de Prestaciones Soci ales del Magisterio está sujeto a las apropiaciones presupuestales, de conformidad con la ley y esa razón hace necesario que se cuente con el certificado de disponibilidad correspondiente. En consecuencia, las pretensiones de la demanda debieron ser desestimadas.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6 Se cita la Sentencia C-448 del 19 de septiembre de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.10

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco

La demandante descorrió el término para alegar7 y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a sus pretensiones. La parte demanda da guardó silencio durante esta etapa procesal.8

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer (i) si los docentes pueden ser beneficiarios de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 ante el incumplimiento en el pago de sus cesantías definitivas; (ii) si la Nación (Ministerio de Educación —Fondo

sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 ante el incumplimiento en el pago de sus cesantías definitivas; (ii) si la Nación (Ministerio de Educación —Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) debe ser la destinataria de la condena y (iii) si procede el reconocimiento de la indexación de la s anción moratoria.

2.2. Marco normativo

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el a rtículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

7 Folios 284 a 287. 8 Según informe secretarial visible en el folio 296.11

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018)

Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo ser vido, si fuere menor a ese lapso.

hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo ser vido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a em pleados públicos y trabajadores oficiales»9, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;10 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerio s, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesant ías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de in tereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

año del retiro, así como el reconocimiento de in tereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 11, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la

9 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 10 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968. 11 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.12

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 12. Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la

dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestac ión, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción in dicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tram itología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen

públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tram itología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupci ón, porque ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina

12 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.13

Radicado: 17001 23 33 000 2015 00483 01 (3717-2018) Demandante: Gloria Inés Díaz Orozco además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador13.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de las cesantías definitivas y parciales14 de los servidores públicos, en sus artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

las cesantías definitivas y parciales14 de los servidores públicos, en sus artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, d eberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación

servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus p