CE - 170012333000201600209011SENTENCIA20220326203226

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente : 17001-23-33-000-2016-00209-01 (1337-2020) Demandante : Germán Bonilla Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional y departamento de Caldas – secretaría de educación Tema : Reconocimiento de intereses moratorios respecto de homologación y nivelación salarial

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia de 20 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 4 a 10 vuelto y 67 a 69 ). El señor Germán Bonilla, mediante apoderado , ocurre ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas – secretaría de educación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 8254-6 de 8 de

Educación Nacional y el departamento de Caldas – secretaría de educación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 8254-6 de 8 de septiembre de 2015, a través de la cual se le negó al demandante los intereses moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo de la homologación y la nivelación salarial , en su condición de servidor administrativo de la secretaría de educación del referido ente territorial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada reconocer y sufragar «[…] los intereses moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación (10 de Febrero de 1997) hasta el día en que fue efectivo el pago total […], esto es, el día 15 de Abril de 2013» (sic), liquidados con base en el capital neto, sin incluir el concepto de la indexación salarial ; por último, se condene en costas procesales.2

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00209-01 (1337-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Germán Bonilla contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que el Ministerio de Educación Nacional, por medio de Resolución 3500 de 12 de agosto de 1996, certificó al departamento de Caldas para la administración del servicio educativo, motivo por el cual la Nación transfirió al personal administrativo que tenía a su cargo a ese ente territorial, incluido él, lo que implicaba la homologación de empleos y

departamento de Caldas para la administración del servicio educativo, motivo por el cual la Nación transfirió al personal administrativo que tenía a su cargo a ese ente territorial, incluido él, lo que implicaba la homologación de empleos y nivelación de salarios, dado que «[…] en la mayoría de casos el personal de carácter Departamental o Municipal contaba con un nivel salarial superior al del personal administrativo de orden Nacional» (sic).

Que, mediante Decreto 399 de 20 de abril de 2007, modificado con el 337 de 2 de diciembre de 2010, el departamento de Caldas homologó y niveló los cargos administrativos de la secretaría de educación financiados con recursos del sistema general de participaciones, previa aprobación por parte de la mencionada cartera, con concepto jurídico 2009EE29765 de 1°. de junio de 2009.

Afirma que, con Resoluciones 1737-6 de 22 de marzo y 4027-6 de 19 de junio, ambas de 2013 , y 8834 -6 de 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de la referida secretaría de educación, reconoció y ordenó pagar a su favor el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial, «[…] indicando de forma expresa en su artículo primero la fecha de constitución de la obligación, esto es, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de Diciembre de 2009 » (sic), sin embargo, el pago «[…] fue efectuado solo hasta el 15 de Abril de 2013» (sic), lo que genera la obligación de sufragar intereses moratorios.

Agrega que el 10 de agosto de 2015 solicitó de la secretaría de educación de

pago «[…] fue efectuado solo hasta el 15 de Abril de 2013» (sic), lo que genera la obligación de sufragar intereses moratorios.

Agrega que el 10 de agosto de 2015 solicitó de la secretaría de educación de Caldas el reconocimiento de los citados intereses moratorios, negado con la Resolución acusada.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608 (numerales 1 y 2), 1617 y 1649 del Código Civil; 16 de la Ley 446 de 1998; 177 del Código Contencioso Administrativo y 12 del Convenio 95 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Arguye que el procedimiento de homologación «[…] se configuraba en una tarea y un deber por parte de la Nación y sus Entes Territoriales, quiénes dentro del proceso de descentralización, debían efectuar previamente [a] la3

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homologación de cargos antes de efectuarse la incorporación de los empleados a las plantas de cargos territoriales y con ello salvaguardar los principios de equidad e igualdad en materia laboral» (sic).

Que, «[m]ediante Resolución No. 1737-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por

a las plantas de cargos territoriales y con ello salvaguardar los principios de equidad e igualdad en materia laboral» (sic).

Que, «[m]ediante Resolución No. 1737-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4412-6 [de 19 de junio de 2013], se ordenó el reconocimiento y pago de un retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial a [su] favor […] desde el momento en que se generó su transferencia a la Entidad Territorial (10 de Febrero de 1997), No obstante, dicha obligación solamente fue cancelada el 15 de Abril de 2013, situación que a todas luces demuestra la mora en que incurrieron las Entidades demandas, en el pago de las acreencias laborales producto del proceso de descentralización educacional […]» (sic).

1.5 Contestaciones de la demanda:

1.5.1. Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 79 a 97 y 102 a 118). La cartera accionada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, se refirió a cada uno de los hechos de la demanda , en el sentido de que algunos son ciertos, otros no, unos no le constan y los demás no comportan situaciones fácticas; y propuso la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no emitió el acto administrativo acusado y «[…] tampoco tuvo injerencia en los hechos que han generado las demandas ni en los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de obligaciones, ni en la atención de las reclamaciones posteriores a los reconocimientos, razón por la cual se carece de los soportes documentales e

demandas ni en los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de obligaciones, ni en la atención de las reclamaciones posteriores a los reconocimientos, razón por la cual se carece de los soportes documentales e históricos labo[rales], las que si reposan en las Secretarias de las entidades territoriales correspondientes […]» (sic) . De igual forma, planteó las excepciones de falta de integración del litisconsorcio necesario, caducidad, prescripción e ineptitud de la demanda.

1.5.2 Departamento de Caldas (ff. 136 a 138 ). El departamento de Caldas, por intermedio de apoderada , se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones denominadas falta de legit imación en la causa por pasiva, buena fe, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley , inaplicabilidad de los intereses moratorios y prescripción. Asevera que no es dable aplicar doble sanción por un mismo hecho.

1.6 La providencia apelada (ff. 217 a 233 vuelto). El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2019, negó las súplicas4

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de la demanda (con condena en costas), al estimar que «[…] el pago fue efectuado el 15 de abril de 2013 y la Resolución No. 1737-6 fue expedida el 22 de marzo de 2013, es decir, que no transcurrió más de un mes, entre la fecha

efectuado el 15 de abril de 2013 y la Resolución No. 1737-6 fue expedida el 22 de marzo de 2013, es decir, que no transcurrió más de un mes, entre la fecha del reconocimiento y la fecha de pago, tiempo que resulta prudencial, proporcionado y necesario para la administración culminar el proceso de homologación y nivelación salarial y realizar las gestiones para el pago, situación que impide la indexación de dichas sumas».

1.7 El recurso de apelación (ff. 243 a 257 vuelto). Inconforme con el anterior fallo, el demandante interpuso recurso de apelación, puesto que «[e]n el presente caso, se reclama el pago de intereses de mora, por el cumplimiento tardío de obligaciones de carácter laboral, sin embargo el juzgador, considera que para que [ello] proceda […] debe existir una norma que expresamente [los] regule […] en lo q ue concierne al tema de la homologación y nivelación salarial, omitiendo su deber legal y constitucional de hacer uso de la analogía […], pero además, deja de lado, que aparte de contar con dicha herramienta, la Constitución le ha dado la posibilidad de ap licar criterios auxiliares, entre los que se encuentran la equidad, la doctrina y los principios generales del derecho […]» (sic). Además, solicita revocar la condena en costas que le fue impuesta.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 12 de noviembre de 2019 (f. 2 59) y admitido por esta Corporación a través de auto de 15 de septiembre de 2020 (f. 265), en el que se dispuso la notificación personal al

de 2019 (f. 2 59) y admitido por esta Corporación a través de auto de 15 de septiembre de 2020 (f. 265), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión . Admitida la alzada , se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 8 de septiembre de 202 1 (f. 267), para que aque llas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovecha por el actor, la cartera demandada y el último1.

2.1.1 Parte demandante. Por intermedio de apoderado, reitera lo expuesto en el escrito de alzada y expresa « El juzgador reconoce en el fallo de primera instancia que, las sumas pagadas fueron indexadas y por tanto, concluye que

1 Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.5

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no es válido reconocer los intereses de mora, pero pierde de vista que la condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del tiempo, sería los intereses de mora, los cuales comportan tanto un componente inflacionario como indemnizatorio; emolumentos que durante los alegatos de conclusión de primera instancia, se solicitaron se pagaran de forma preferente

tiempo, sería los intereses de mora, los cuales comportan tanto un componente inflacionario como indemnizatorio; emolumentos que durante los alegatos de conclusión de primera instancia, se solicitaron se pagaran de forma preferente y favorable, en lugar de la indexación, debido a la injustificada demora en el pago de dichas acreencias laborales».

2.1.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional. La cartera demandada, por medio de apoderado, sostiene que no pasó «[…] más de un mes entre el reconocimiento y el pago efectivo a su beneficiario, siendo así, inexistente la pérdida de poder adquisitivo del dinero reconocido en perjuicio del interesada, y mucho menos susceptible de imponer sanción moratoria alguna en perjuicio de mi representada» (sic); e insiste en su falta de legitimación en la causa.

2.1.3 Ministerio Público. El señor procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado, quien funge como representante del Ministerio Público dentro del presente proceso, es del criterio que se debe confirmar el fallo de primera instancia, por cuanto «[…] no es jurídicamente procedente el reclamo por los intereses de mora, no solo porque no existe una disposición jurídica que así lo consagre frente a situaciones como la anal izada en el caso, sino porque con anterioridad a la fecha en que se homologaron y nivelaron los empleos no existía una obligación vencida o incumplida. El derecho al reconocimiento y pago del respectivo retroactivo surgió a partir del proceso y con el marc o jurídico que lo reguló. Además, los efectos del paso del tiempo y de la pérdida del valor adquisitivo del dinero se compensó con la indexación, lo cual, como

pago del respectivo retroactivo surgió a partir del proceso y con el marc o jurídico que lo reguló. Además, los efectos del paso del tiempo y de la pérdida del valor adquisitivo del dinero se compensó con la indexación, lo cual, como se anotó, excluye la aplicación simultánea de los intereses de mora».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la6

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situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Constancia expedida por la aludida dependencia el 25 de febrero de 2016 (f. 70), de acuerdo con la cual el accionante recibió, el 15 de abril de 2013, la suma de $ 89.418.900 generada con el procedimiento de homologación salarial de 1997 a 2002.

70), de acuerdo con la cual el accionante recibió, el 15 de abril de 2013, la suma de $ 89.418.900 generada con el procedimiento de homologación salarial de 1997 a 2002.

b) Por medio de las Resoluciones 1737-6 de 22 de marzo y 4027-6 de 19 de junio, ambas de 2013 (ff. 15 a 17 y 18 a 21), y 8834-6 de 11 de diciembre de 2014 (ff. 71 y 72), la secretaría de educación de Caldas reconoció y liquidó el pago a favor del actor, por concepto de homologación y nivelación salarial que se generó durante el período del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009, sumas que fueron indexadas desde la fecha inicial h asta el 31 de diciembre de 2012, para un monto total de $67.051.066.

c) El 10 de agosto de 2015 el demandante pide de la secretaría de educación de Caldas el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados entre el 11 de febrero de 1997 y el 2002, por cuenta de la cancelación tardía de la nivelación salarial (ff. 23 a 26).

d) Mediante Resolución 8254-6 de 8 de septiembre de 2015 (ff. 11 a 14), la secretaría de educación de Caldas negó al accionante el pago de los intereses moratorios reclamados, por cuanto las sumas sufragadas por concepto del retroactivo del procedimiento de homologación y nivelación salarial, «[…] fueron en su momento index adas de tal manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su pago efectivo, lo cual hacia que fuera la

retroactivo del procedimiento de homologación y nivelación salarial, «[…] fueron en su momento index adas de tal manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su pago efectivo, lo cual hacia que fuera la forma idónea de impedir el deterioro inflacionario de los conceptos salariales adeudados, garantizando de esta manera la aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente del mandato constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta Política […]».

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor hizo parte del personal administrativo del se rvicio educativo oficial que, como consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y nivelado salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas; (ii) con las Resoluciones 1737-6 de 22 de marzo y 4027-6 de 19 de junio, ambas de 2013, y 8834-6 de 11 de diciembre de 2014, tal ente territorial reconoció al accionante el retroactivo resultante de la nivelación salarial por el período7

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comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 2002, sumas que fueron indexadas desde la fecha inicial hasta el 31 de diciembre de 2012; (iii) un valor superior al reconocido en tales actos administrativos fue cancelado el 15 de abril de 20132; y (iv) mediante Resolución 8254-6 de 8 de septiembre de 2015 , la

superior al reconocido en tales actos administrativos fue cancelado el 15 de abril de 20132; y (iv) mediante Resolución 8254-6 de 8 de septiembre de 2015 , la secretaría de educación de Caldas negó el reconocimiento y pago de intereses moratorios, solicitado por el demandante, al estimar que la mencionada obligación fue satisfecha de manera oportuna, en los términos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y debidamente indexada.

Al respecto, cabe precisar que la homologación y nivelación salarial para el personal administrativo de la secretaría de educación de Caldas se dio como resultado de la descentralización del servicio educativo ordenada por las Leyes 60 de 19933 y 715 de 20014. En este sentido, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación, en concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004 5, expresó: «Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización del servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las plantas de personal nacional y departamentales en lo relacionado con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos, incorporan en igual es o equivalentes condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la certificación».

Con fundamento en dicha consulta, el Ministerio de Educación Nacional mediante la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de 20066, fijó el procedimiento que debían seguir las entidades territoriales para la homologación de la planta de personal administrativo, adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de participaciones.

de 17 de mayo de 20066, fijó el procedimiento que debían seguir las entidades territoriales para la homologación de la planta de personal administrativo, adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de participaciones.

Por medio de oficio 2007EE13671 de 30 de marzo de 2007, la referida cartera

2 Obra en el expediente constancia expedida por la secretaría de educación de Caldas que da cuenta de que el pago se efectuó en dicha fecha y, además, fue un hec ho aceptado por la s partes en la demanda y en la contestación a esta. 3 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 4 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Cons titución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros ». 5 Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor: Ministro de Educación Nacional. 6 «Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y pre staciones y las deudas por concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial ».8

territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y pre staciones y las deudas por concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial ».8

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aprobó el estudio técnico de homologación y nivelación salarial efectuado por el departamento de Caldas. Luego, el referido ente estatal presentó al Ministerio de Educación Nacional propues ta de modificación del aludido estudio, autorizada con oficio 2009EE29765 de 1°. de junio de 2009, en el cual se ordenó al ente territorial adelantar los trámites respectivos para hacer efectiva la homologación de los cargos de la planta de personal admini strativo, con la expedición de los decretos de homologación general de cargos y de incorporación a los servidores.

Así las cosas, el departamento de Caldas dictó el Decreto 337 de 2 de diciembre de 2010, que modificó el 399 de 20 de abril de 2007, en el que se homologan y nivelan salarialmente los cargos administrativos de la secretaría de educación de Caldas, financiados con recursos del sistema general de participaciones y la unidad de presupuesto de la secretaría de hacienda de tal ente territorial expidió certificado de disponibilidad presupuestal 3500003137 de 7 de marzo de 2013, para sufragar el procedimiento, por la suma de $57.341.662.202.

Posteriormente, la secretaría de educación de Caldas, a través de Resoluciones

certificado de disponibilidad presupuestal 3500003137 de 7 de marzo de 2013, para sufragar el procedimiento, por la suma de $57.341.662.202.

Posteriormente, la secretaría de educación de Caldas, a través de Resoluciones 1737-6 de 22 de marzo y 4027-6 de 19 de junio, ambas de 2013 , reconoció el retroactivo, causado entre el 10 de febrero de 1997 y el 2002, por un monto de $61.702.168, pero pagó la suma de $89.418.900 el 15 de a bril de 2013, por dicho concepto; contra tales actos administrativos el accionante formuló una petición por aparentes inconsistencias en los valores resultantes.

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, por oficio 2014EE21121 de 20 de marzo de 2014, solicitó de la secretaría de educación de Caldas efectuar el cá lculo de la liquidación hasta la fecha en que se realizó el giro de los recursos por parte de la Nación y, con oficio 2014EE61673 de agosto de 2014, autorizó realizar los pagos de la indexación de las diferencias dejadas de recibir.

Por último, la secretaría de educación de Caldas dictó la Resolución 8834-6 de 11 de diciembre de 2014 , que modificó la 4027-6 de 19 de junio de 2013, y ordenó sufragar a favor de l actor las diferencias resultantes de la nivelación salarial desde el 10 de febrero de 1997 y la actualización de los valores que había dejado de recibir, del «10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2012», para un total de $67.051.066.

salarial desde el 10 de febrero de 1997 y la actualización de los valores que había dejado de recibir, del «10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2012», para un total de $67.051.066.

Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos al actor el9

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22 de marzo de 2013 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó el 15 de abril del mismo año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa « tardanza» implica que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en n inguno de los actos administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y, además, ello debe tener su previsión legal al respecto.

Sobre el particular, esta subsección, en provi dencia de 25 de abril de 20197, al analizar un caso análogo al que ahora nos ocupa, precisó:

Siendo este el contexto fáctico y jurídico en el que se dio la nivelación salarial del actor, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses moratorios presuntamente causados en razón de la nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de los cargos del sector educativo que dependían de la Nación y pasaron a las entidades territorial es, en desarrollo del proceso de descentralización del referido sector ordenado

presuntamente causados en razón de la nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de los cargos del sector educativo que dependían de la Nación y pasaron a las entidades territorial es, en desarrollo del proceso de descentralización del referido sector ordenado por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de 2017 se partió de la fecha de los actos administrativos de reconocimiento de la nivelación salarial respec to del pago efectivo, indicando que “trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y nivelación salarial”8.

En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se señaló que no es procedente acceder al pago de los intereses moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago, así:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este e ntendido si no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sa ncionatorio, los intereses

retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.

Recordemos que por su carácter sa ncionatorio, los intereses

7 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente: César Palomino Cortés, expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18). 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).10

Expediente: 17001-23-33-000-2016-00209-01 (1337-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Germán Bonilla contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

moratorios deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el do cumento que reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto”9.

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe una norma que autorice dicho reconocimiento10.

Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante,

contenido de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe una norma que autorice dicho reconocimiento10.

Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante, empleado administrativo al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la descentralización de ese sector fue homologad o y nivelado salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas, no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío a su favor de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo exigible el 22 de marzo de 2013 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los valores causados entre el 10 de febrero de 1997 y el 2002), fue pagada el 15 de abril siguiente, plazo que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben surtirse,