CE - 170012333000201700874021SENTENCIA20230705073239

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196)

Actor: JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA

Demandado: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS

Temas: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLE CTIVOS – carga de la prueba e n materia de acciones populares / DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA - no se probó su vulneración, cuya protección se reclamó con esta demanda.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias Idárraga, en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 20 22, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró probadas las excepciones denominadas “Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales” y “ausencia de transg resión de los derechos reclamados y cumplimiento in tegral y diligente de las funciones asignadas por la ley” y negó las pretensiones de la demanda1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Javier Elías Arias Idárraga demandó al municipio de San José y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas por la supuesta vulneración d el derecho e interés

I. SÍNTESIS DEL CASO

Javier Elías Arias Idárraga demandó al municipio de San José y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas por la supuesta vulneración d el derecho e interés colectivo relacionado con la moralidad administrativa . Aseguró que estas entidades incumplieron su obligación legal de dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus

1 A continuación, se transcribe, de forma literal, la parte resolutiva d e la sentencia del 26 de septiembre de 2022: PRIMERO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de “ errónea fund amentación jurídica de la demanda”, “ falta de Le gitimación en la Causa por Pasiva” propuestas por C orpocaldas y probadas las excepciones que “Corpoc aldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales”, “ausencia de transgresión de los der echos reclamados y cumplimiento integral y dilig ente de las funciones asignadas por la ley a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, en atención a su órbita de competencia”, propuestas por Corpocaldas.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: SIN COSTAS.

CUARTO: Remítase copia de la demanda del auto admisorio de la demanda y de la sentencia definitiva al Registro Público de Acciones Populares y de Grupo.

QUINTO: Una vez ejecutoriada este acto judicial, háganse las anotaci ones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos

Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

2 ingresos corrientes para la adquisición de las áreas d e importancia e stratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda2

El 6 de diciembre de 2017, Javier Elías Arias Idárraga, en ejercicio del medio de control para la protección de los derechos e intereses colectivos, interpuso demanda en contra del municipio de San José y la Corporación Autónoma Regional de Caldas -en adelante Corpocaldas-.

Como fundamento de sus pretensione s, transcritas a pie de página 3, el actor popular indicó que las entidades demandadas habían desatendido la obligación legal conjunta establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 , según el cual, tratándose de áreas de importancia est ratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales, “los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dicha s zonas o p ara financiar esquemas de pago por servicios ambientales”.

Lo anterior teniendo en cuenta que , desde la promulgación de la Ley 99 de 1993 , las entidades demandadas no habían adquirido los predios para la conservación de las cuencas de los ríos que surten los acueductos a su cargo, desconociendo, además, que

entidades demandadas no habían adquirido los predios para la conservación de las cuencas de los ríos que surten los acueductos a su cargo, desconociendo, además, que dicha normativa obedeció a la grave incidencia del fenómeno del niño en los embalses y acueductos del país y a la deforestación de las cuencas hidrográ ficas causada por los asentamientos subnormales.

2 Documento denominado “ ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2 ”, visible en el í ndice 2 de Samai. 3 Estas fueron las pretensiones consignadas en la demanda ( se transcriben de forma textual, incluso con posibles errores):

A. Se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, literal b, art. 4 ley 472 de 1998.

B. Se ordene a los accionados a realizar la inversión del 1% de las rentas corrientes de cada periodo fiscal, desde el año 1993 hasta la fecha que se profiera sentencia.

C. Se ordene a pagar a mi bien el 15% del valor que se recupere para la adquisición de los predios aledaños al recurso hídri co, art. 40 ley 472 de 1998, se concedan costas y agencias en derecho a mi bien.

D. Se ordene por parte del juez en el auto admisor io aplicar, los art. 86 y 96 CGP, a fin de que los demandados aporten en la contestación de la deman da las pruebas que preten dan hacer valer y de consignar situaciones falsas o que dilaten la acción, sean con denados por temeridad y mala fe, además de aplicar art. 38 ley 472 de 1998. Igualmente se aplique art. 145 CPACA.

consignar situaciones falsas o que dilaten la acción, sean con denados por temeridad y mala fe, además de aplicar art. 38 ley 472 de 1998. Igualmente se aplique art. 145 CPACA.

E. Se ordene informar a la comuni dad sobre esta demanda, p or la página web de la rama judicial, link avisos a la comunidad y desde ya solicit o se conceda amparo de pobre a fin de que las pr uebas que se requieran las paguen las partes o el fondo para acciones populares de la defensoría del pueblo y se invierta la carga de la prueba, pues no tengo vínculo laboral actualmente.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

3

En definitiva , el actor alegó la supuesta vulneración de la moralidad administrativa, derecho colectivo consagrado en el literal b del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, en procura “del recto manejo de la a dministración pública, ya que los recurs os que ordena la Ley 99 de 1993, desde el año 93 a la fecha de fallar esta acción, no se han invertido como manda la ley”.

2. Contestaciones de la demanda

2.1. Corpocaldas4 indicó que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1 450 de 2011, dispone que la inversión del 1% para la adquisición y mantenimiento de las zonas destinadas para la conservación de los recursos hídricos le competía única y exclusivamente a los entes territoriales.

artículo 210 de la Ley 1 450 de 2011, dispone que la inversión del 1% para la adquisición y mantenimiento de las zonas destinadas para la conservación de los recursos hídricos le competía única y exclusivamente a los entes territoriales.

Además de su falta de legitima ción en la causa por pasiva, propuso las excepciones que denominó “errónea fundamentación de la demanda ”, “Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales” y “ausencia de transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley” ; acápites en los que resaltó que el artículo 1 11 de la Ley 99 de 1993 fue interpretado de forma errónea por el actor popular, en la medida en que en ninguno d e sus apartes se les atribuyó a las corp oraciones autónomas regionales la obligación de destinar parte de sus ingresos a la adquisición de áreas de interés para acueductos municipales.

2.2. El m unicipio de San José 5 aseguró que las afirmaciones del actor popular no estaban soportadas en ninguna prueba.

Explicó que ese ente territorial nació “jurídicamente a la vida administrativa ” en 1998; que las administraciones precedentes adquirieron tres predios en cumplimiento de la obligación prevista en el artícu lo 1 11 de la Ley 99 de 1993 y que la res erva presupuestal de esos recursos venía siendo apropiada por la administración municipal , que inició su período constitucional el 1° de enero de 2016.

3. En la audiencia de pacto de cumplimiento, que se realizó el 6 de julio de 2018 6, se

que inició su período constitucional el 1° de enero de 2016.

3. En la audiencia de pacto de cumplimiento, que se realizó el 6 de julio de 2018 6, se logró un acuerd o entre las entidades demandadas, con la anuencia del Ministerio Público, lo que dio lugar a que el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 24

4 Folios 30 a 33 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroAct ua 2”, visible en el índice 2 de Samai. 5 Folios 42 a 46 del documento “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai. 6 Folios 108 y 109 del documento “ ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2 ”, visible en el índice 2 de Samai.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

4 de septiembre de 2018 7, aprobara el pacto celebrado y designa ra a un comité para la verificación de su cumplimiento.

La parte actora interpuso recurso de apelación 8, en el que solicitó dejar sin efecto la sentencia de primera instancia, por cuanto el convenio celebrado se acordó y aprobó sin su presencia y aquiesce ncia, en violación directa de lo dispues to por el a rtículo 27 de la Ley 472 de 1998.

sentencia de primera instancia, por cuanto el convenio celebrado se acordó y aprobó sin su presencia y aquiesce ncia, en violación directa de lo dispues to por el a rtículo 27 de la Ley 472 de 1998.

A través de providencia del 3 de julio de 2020, esta Subsección9 declaró: (i) la nulidad de la sentencia de 24 de septiembre de 2018; (ii) la nulidad parcial del auto de 6 de julio del mismo año y (iii) fallida la audiencia de pacto de cumplimiento realizada el 6 de julio de 2018.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 26 de septiembre de 202210, declaró probadas las excepc iones denominadas “Corpocaldas ha actuad o conforme a los postulados legales y constitucionales” y “ausencia de transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley” y negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, a partir de las pruebas allegadas al proceso , se comprobó que el municipio de San José destinó más del 1% de sus ingresos corrientes municipales para la protección de fuentes hídricas.

El fundamento de esta decisión será p lasmado en la parte considerativa de la presente providencia.

5. La apelación

El actor popular solicitó la nulidad y formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 11. La petición de nulidad fue rechazada , de plano, por el Tribunal Administrativo, a través del auto de 10 de febrero de 202012.

La impugnación se fundamentó en que, a juicio del actor popular, no se acreditó que se

Administrativo, a través del auto de 10 de febrero de 202012.

La impugnación se fundamentó en que, a juicio del actor popular, no se acreditó que se hubiesen realizado inversiones en protección de fuentes hídricas, por un valor superior al 1% del presupuesto público del municipio de San José.

7 Folios 129 a 134 del documento “ ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2 ”, visible en el índice 2 de Samai. 8 Folio 137 del documento “ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2 ”, visible en el índice 2 de Samai. 9 Folios 191 a 196 del documento “ ED_02DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2 ”, visible en el índice 2 de Samai. 10 Documento “ED_18SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai. 11 Documento “ED_22CORREORDONULIDRECU(.msg) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai. 12 Documento “ED_24AUTOCONCEDERECURSO(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

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A continuación, se cita el recurso de apelación que presentó el actor popular (transcripción literal, con errores):

(…) DE no dar nulidad pedida justificando en derecho el por que la niegan, entonces

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A continuación, se cita el recurso de apelación que presentó el actor popular (transcripción literal, con errores):

(…) DE no dar nulidad pedida justificando en derecho el por que la niegan, entonces apelomi inconfo rmidad con el curioso fallo, radica en que nunca los accionados probaron en derecho haber realizado las inversiones pedidas desde los años 1994 a lo corrido del año 2022, y el juzgador pese a encontrar años sin compras algunas, pues solo adquirieron predios años 2010, 2012 y 2018 el resto de años nada cumplieron de lo que la ley 99 de 1993 les impone , tal como lo pedi en la RENUENET ACCION POPULAR DONDE PIDO SE DE APLICASION ART 84 LEY 472 DE 1998 POR QUIEN CORRESPONDA, YA QUE NO SE QUIEN LE CO RRESPONDE APLICAR ART 84 LEY 472 DE 199 8, PUES SOY UN CIUDADANO LEGO EN DERECHO Y POR ELLO PIDO REMITA A QUIEN SEA COMPETENTE A FIN QUE APLIQUE ART 84 LEY 472 DE 1998.

El juzgador de manera especial en derecho se niega ampaarr mi accion, OLVIDANDO DE TAJO A RAJATABLAS, QUE no me correspond e probar n ada, PUES PARA QUE UNA ACCION POPULAR S EAMPARE, solo basta que exista la amenaza o la posibilidad que esta ocurra, segun lo ha dicho la H CC y lo manda el art 5 ley 472 de

1998. ADEMAS por su puestísimo que probe la amenaza, solo que el juz gador no

posibilidad que esta ocurra, segun lo ha dicho la H CC y lo manda el art 5 ley 472 de

1998. ADEMAS por su puestísimo que probe la amenaza, solo que el juz gador no requirió y menos exigió que el tutelado y los vinculados demostraran TODAS las inversiones desde el año 1994 al año 2022 y se conformo con unos solos años, además de conformarse que no adjuntaran escritura s publicas d e compras de predios, CDP Y RP TAL COM O LO SOLICITE EN MI ACCION DE LINAJE CONSTITUCIONAL,

AMPARADO EN DERECHO.

ES ALMENTABLE QUE EL JUZGADOR HAYA CREIDO QUE PUDO REALIZAR PACTO SIN MI PRESENCIA, COMO LO HA HECHO EN ACCIONE SPOPULARES, y desconozca la ley 472 de 1998 y lo peor es que profiera sentencia inhibitoria cuando la ley 472 de 1998 le impone y manda sentencia de merito negando o amparando lo pedido, y sin embargo no acta tal pedimento y exigencia de la ley 472 de 1998.

Manifietso que el juzgador desconoce lo QUE P EDI EN LA R ENUENET ACCION POPULAR DONDE NUNCA CUMPLIO TERMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO PARA SU FALLO, Y OLVIDA que solcite demostar por el accionado, vinculado todas las invesriones realizaas desde el año 1993 al año de fallar la acción, es decir al año 2022, pues la accioncita constitucional solo ha tardado en 1 instancia casi 5 añitos, pues fallo violando la ley 472 de 1998 y el C DE ESATDO LE ORDENO FALLAR EN DERECHO.

pues la accioncita constitucional solo ha tardado en 1 instancia casi 5 añitos, pues fallo violando la ley 472 de 1998 y el C DE ESATDO LE ORDENO FALLAR EN DERECHO. MI APELACION consiste en revocar la sente ncia de 1 instancia y ordenar amparar lo pedido por mi , AMPARANDO LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA DESDE EL AÑO 1994 A LA FECHA DE RESOLVER LA SEGUNDA INSTANCIA, QUE C OMO LO ORDENA ART 37 LEY 472 DE 1998, SERA EN EL AÑO 2022. COMO PRUEBA TRASLADA PIDO QUE EL JUZGADOR DE INSTANCIA, APORTE COPIA DE LA ACCION POPULAR QUE FALLO EL H CONSEJO DE ESATDO ,MP DRA SRA STELLA CONTO DIAS DEL CASTILLO , RAD ACCION POPULAR 66001 23 31 000 2010 00343 01,ACTORA maria ximena pereira acostas, accionado departamento d e Risaralda y otros, DONDE SE AMPARO I GUALPRETENCION A LA PEDIDA HOY Y me concedieron agencias en derecho a mi favor a la fecha por suma de $ 2 7 57 000 esa es una prueba suficiente paar dar clariddad de lo contrario del fallo del juzgador de 1 instancia, quien nunca cumplio terminos peren torios de t iempo que le impone la ley 472 de 1998 y por ello pidos e remita a quien corresponda a fin q de aplicasion art 84 ley 472 de 1998

APELO y pido revocar para en su lugar amparar mi accion, pido AGENCIAS E N

472 de 1998 y por ello pidos e remita a quien corresponda a fin q de aplicasion art 84 ley 472 de 1998

APELO y pido revocar para en su lugar amparar mi accion, pido AGENCIAS E N DERECHO A MI FAVOR EN SUMA MAXIMA PERM ITIDA POR L A LEY EN AMBAS INSTANCIAS, AMPARADO ART 365-1 CGP.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

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III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado -frente a lo cual se hará una precisión en el siguiente acápite-, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor popular contra la sentencia de primera instancia, no sin antes realizar unas consideraciones previas.

El señor Arias Idárraga, como sustento de este medio de control, alegó la vulneración de la moralidad admi nistrativa en procura “ del recto manejo de la administración pública, ya que los recursos que ordena la Ley 99 de 1993, desde el año 93 a la fecha de fallar esta acción, no se han invertido como manda la ley”13.

El hecho de que en la demanda se invoque el cumplimiento de una norma que atañe a la apropiación de recu rsos públicos no desdibuja la procedencia del medio de control para la prote cción de los derechos e intereses colectivos , si se tiene en cuent a que la

El hecho de que en la demanda se invoque el cumplimiento de una norma que atañe a la apropiación de recu rsos públicos no desdibuja la procedencia del medio de control para la prote cción de los derechos e intereses colectivos , si se tiene en cuent a que la acción se orienta, precisamente, a que se adelante el juicio de moralidad en lo relativo a la defensa del patrimonio público, el ejercicio de las funciones de apropiación y ejecución de los recursos que la ley destina a la protección del medio amb iente para la conservación de recursos hídricos 14.. Para finalizar , se debe agregar que no p uede hablarse de la procedencia de otra acción, como la de cumplimiento, en la medida que esta no opera cuando se pretende el cumplimiento de normas legales que establezcan gastos, tal y como sucede con el artículo 210 de la Ley 1450 de 201115.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, e sta Sala es competente para el conocimiento de este medio de con trol, por tratarse de un asunto relativo a la protección de d erechos e intereses colectivos en el que la primera instancia fue decidida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de

2011. Además, por virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019compilatorio del reglamento del Consejo de Estado - que distribuyó el reparto de los distintos asuntos con base en criterios de especialización y volumen de trabajo, y que determinó que a la Sección Tercera le corresponde el conocimiento, entre otras, de las

13 Documento denominado “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai.

determinó que a la Sección Tercera le corresponde el conocimiento, entre otras, de las

13 Documento denominado “ED_01DEMANDAACCIONPOPUL(.pdf) NroActua 2”, visible en el índice 2 de Samai. 14 Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, radicación 66001233100020100034301, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 15 Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Q uinta, sentencia del 5 de julio de 2018, expediente 25000-23-41-000-2018-00376-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

7 acciones populares relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa, derecho que fue el único invocado en la demanda.

1. Cuestiones previas

La Sala advierte tres aspectos en el escrito d e apelación del actor popular que considera necesario analizar en forma previa al estudio de fondo.

1.1. En uno de los apartes de la apelación , el actor popular insistió en que el pacto de cumplimiento celebrado en la audiencia que se realizó el 6 de julio de 2018, se acordó y aprobó sin su presencia, con desconocimiento de la Ley 472 de 1998.

Este aspecto, tal y como se precisó en los “ antecedentes”, ya fue estudiado por esta

aprobó sin su presencia, con desconocimiento de la Ley 472 de 1998.

Este aspecto, tal y como se precisó en los “ antecedentes”, ya fue estudiado por esta Sala, en providencia del 3 de julio de 2020, en la que, no sobra aclarar, se le dio la razón al actor popular, al declarar la nu lidad parcial del auto de 6 de julio de 2018, en el aparte que estableció un pacto de cumplimiento aceptado por el municipio, Corpocaldas y el Ministerio Público y que, además, declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento que se mencionó en el recurso de apelación.

1.2. El señor Javier Elías Arias Idárraga alegó asimismo que el trámite de primera instancia duró cinco años, con lo cual se desconocieron los “términos perentorios ” establecidos en la Ley 472 de 1998; a la par que solicitó que el proceso se “remit[iera] a quien correspond[iera]” para que se diera aplicación al artículo 84 Ibidem16.

Del contenido de la norma que se mencionó en la impugnación -que dispone que la inobservancia d e los térm inos procesales establecidos en la Ley 472 de 1998 hará incurrir al juez en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo -, en concordancia con el artículo 34 Ibidem -según el cual, vencido el término para alegar, el juez dispone de veinte días para proferir sentencia -, lo que evidencia la Sala es que el actor popular pretende que se estudie si, de conformidad con las normas mencionadas, el Tribunal Administrativo incurrió en una mala conducta , por inobservar un término procesal.

actor popular pretende que se estudie si, de conformidad con las normas mencionadas, el Tribunal Administrativo incurrió en una mala conducta , por inobservar un término procesal.

En virtud del principio de congruencia, contenido en el art ículo 281 del Código General del Proceso 17, l a competencia de la Subsección para pronunciarse en e ste asunto,

16 Artículo 84. La inobservancia de los términos procesales establecidos en esta ley, hará incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo. 17 Artículo 281. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las d emás oportunidades que es te código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenar se al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

8 como juez de segunda instancia no es plena, sino que está sujeta a los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la que esta Corporación, como superior funcional, lo que debe hacer es confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por el actor popular.

Bajo esa óptica, e l tiempo qu e tardó el Tribunal para dictar su decisión de prim era

superior funcional, lo que debe hacer es confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por el actor popular.

Bajo esa óptica, e l tiempo qu e tardó el Tribunal para dictar su decisión de prim era instancia no constituye un motivo que conduzca a considerar que lo decidido no fue acertado y que debe ser revocado, que es el interés que le asiste al actor popular. No sobra decir que , en todo caso, esta Sala carece de competencia para calificar la conducta de lo s magistrados que profirieron la decisión de primera instancia y/o para imponerles una eventual sanción.

En definitiva, la Sala se limita rá a estudiar , en el siguiente acápite, los cargos de inconformidad que Javier Elías Arias Idárraga expu so frente a los fundamentos de hecho y /o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia del Tribunal Administrativo.

1.3. La Sala no desconoce que el actor popular inició su escrito de apelación solicitando la nulidad de la sentencia de primera instancia, en la medida que “exist[ían] magistrados que [lo] denunciaron penalmente y que “ esta[ban] impedidos para conocer y tramitar acciones a [su] nombre”.

Sobre la posible configuración de u na nulidad de naturaleza procesal, conviene aclarar que, el 2 0 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó de plano esta solicitud, ante la “evidencia que el actor popular solicitó la nulidad después de dictada la sentencia de primera instancia; además [porque] de los fundamentos alegados en la misma, no se evidencia que hayan (sic) existido con la misma”.

Esa determinación además de que no fue objeto de inconformidad por parte del actor

dictada la sentencia de primera instancia; además [porque] de los fundamentos alegados en la misma, no se evidencia que hayan (sic) existido con la misma”.

Esa determinación además de que no fue objeto de inconformidad por parte del actor popular, está en línea con la postura de la Sal a, según la cual resulta improcedente acudir al recurso de ap elación para revivir las oportunidades precluidas, en las que el actor tenía la carga de alegar las nulidades procesales, de forma oportuna y ante las instancias correspondientes18.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cu enta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de habe rse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido a legado por la parte interesada a más tardar en su alegato d e conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. 18 Sala Plena de lo Contencioso Administrat ivo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia de 3 de abril de 2018, C.P. Rocío Araújo Oñate. En este mismo sentido ver la sentencia de l 1° de diciembre de 2016, con radicado 11001-03-15-000-2016-02844-00, proferida por la Sección Primera de esta Corporació n judicial, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00874-02 (69.196) Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

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Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de San José y otro Referencia: Medio de Control para la protección de los derechos e intereses colectivos

9 Se agrega, para finalizar, que la situación expuesta por el actor popular no en cuadra en ninguno de los supuestos que dispone el artículo 133 del C ódigo General del Proceso19.

2. Alcance de la segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas negó las súplicas de la demanda ante la inexistencia de una vulneración de la m oralidad admi nistrativa, derecho colectivo invocado en la demanda.

El actor popular cuestionó el fallo de primera instancia porque, a su juicio, no se acreditó que el municipio de San José y Corpocaldas hubiesen realizado inversiones del 1% del presupuesto pú blico en protección de fuentes hídricas . Como respaldo de esa tesis alegó que: (i) sobre las accionadas recaía la carga de probar que realizaron las inversiones en ese porcentaje, deber pro cesal que no se cumplió; y (ii) el Tribunal Administrativo incurrió en sendas falencias en el recaudo de los medios probatorios que resultaban necesarios para resolver este asunto.

3. Análisis del caso concreto

3.1. Primer cargo de la apelación: de la carga de la prueba en materia de acciones populares

En la sent encia de prim era instancia, el Tribunal Administrativo relacionó las prue bas obrantes en el proceso, e hizo especial énfasis en tres escrituras públicas,

19 Artículo 133. C ausales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

obrantes en el proceso, e hizo especial énfasis en tres escrituras públicas,

19 Artículo 133. C ausales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de compet encia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interru pción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes