CE - 170012333000201800194011SENTENCIA20231204093543

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 17001-23-33-000-2018-00194-01

Nº Interno : 5297-2022

Demandante : Diana Carolina Santa López1

Demandada : NaciónMinisterio de Defensa Nacional-Policía Nacional Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de

2011

Tema : Contrato realidad

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora Diana Carolina Santa López, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del oficio s -217-028594/ARSAN-JEFAT-3-1 de 18 de julio de 2017 , mediante el cual la Nación - Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional negó la existencia de una relación laboral entre las partes.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) se condene a la

julio de 2017 , mediante el cual la Nación - Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional negó la existencia de una relación laboral entre las partes.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) se condene a la accionada a pagar los salarios, primas, aumentos o reajustes de sueldo, sanciones y demás emolumentos que dejó de recibir hasta la fecha de su retiro de la entidad demandada; y (ii) se declare que no hubo solución de continuidad

1 Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai. 2 Índice 2 del Samai.2 Número interno: 5297 - 2022

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en la prest ación del servicio. Todo lo anterior, indexado con intereses moratorios y las costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La señora Diana Carolina Santa López laboró de manera constante, ininterrumpida y presencial para la Clínica La Toscana de la Policía Nacional, seccional Caldas, como auxiliar de enfermería, desde el 1º. de mayo de 2008 hasta el 17 de abril de 2017 , por medio de la suscripción de contratos de prestación de servicios.

Cumplió un horario impuesto por la accionada, de lunes a viernes entre 7:00 a. m. y 7:00 p. m. y se le asignaban turnos los sábados, los domingos y los festivos, además de horas nocturnas. En la ejecución de las labores no tenía autonomía o independencia para determinar los horarios de trabajo o para la

a. m. y 7:00 p. m. y se le asignaban turnos los sábados, los domingos y los festivos, además de horas nocturnas. En la ejecución de las labores no tenía autonomía o independencia para determinar los horarios de trabajo o para la realización de las tareas encomendadas.

La prestación del servicio estuvo sujeta a subordinación y dependencia, por cuanto recibía órdenes, rendía informes sobre sus actividades en forma permanente y se ceñía a las instrucciones que le impartían sus superiores.

Por medio de escrito de 11 de julio de 2017, solicitó de la parte accionada el reconocimiento de la relación laboral y el consecuente pago de prestaciones sociales, negado con el acto acusado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 13 y 53. De la Ley 80 de 1993, el artículo 32. De la Ley 100 de 1993, los artículos 15, 17, 18, 20, 22, 23, 128, 157, 161 y 204. De la Ley 489 de 1998, los artículos 110 y 111. Del Decreto 1045 de 1968, el artículo 25. Del Decreto 1848 de 1968, el artículo 51. Del Decreto 3135 de 1968, el artículo 8. Las Leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996.

La parte demandante sostuvo que con la expedición del acto administrativo censurado se desconoció la naturaleza real de su vinculación, amparándose3 Número interno: 5297 - 2022

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censurado se desconoció la naturaleza real de su vinculación, amparándose3 Número interno: 5297 - 2022

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en la figura de prestación de servicios prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sumado a que la entidad demandada incurre en un abuso de poder al utilizar las facultades que le otorgan los artículos 110 y 11 1 de la Ley 489 de 1998 para eludir derechos laborales de rango constitucional.

Que se encontraba en una relación de subordinación y dependencia laboral con respecto a la Clínica La Toscana, a cargo del departamento de Policía de Caldas, donde realizaba una labor de atención y cuidado de pacientes, consulta externa, hospitalización y consulta prioritaria, todo ello sin ningún tipo de autonomía administrativa o disciplinaria.

Concluyó que s e configuraron los elementos de una relación laboral, por cuanto prestó sus servicios como auxiliar de enfermería de manera personal, para lo cual recibió una remuneración y laboró bajo subordinación y dependencia de la accionada, por lo que le asiste el derecho al reconocimiento de dicha relación y el consecuente pago de prestaciones sociales.

2. Contestación de la demanda3.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que no existió relación laboral, por cuanto la actora trabajó a través de contratos de prestación de servicios bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, por lo que no están presentes los elementos propios de un vínculo de aquella naturaleza.

Afirmó que el vínculo de la demandante, por estar regido por la Ley 80 de 1993,

de servicios bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, por lo que no están presentes los elementos propios de un vínculo de aquella naturaleza.

Afirmó que el vínculo de la demandante, por estar regido por la Ley 80 de 1993, solo implicaba que prestara su concurso como auxiliar de enfermería , desarrollando tareas propias de esta área, sin que ello significara que existiera subordinación.

Como excepciones propuso las que denominó: legalidad del acto acusado , inexistencia del derecho reclamado e inexistencia de causales de anulación del acto administrativo censurado.

3. La sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 6 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda ( con

3 Ibidem. 4 Ib.4 Número interno: 5297 - 2022

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condena en costas). En consecuencia, condenó a la demandada a cancelarle a la actora (i) todas las prestaciones sociales y salariales ordinarias a que tengan derecho las auxiliares de enfermería vinculadas a la Clínica La Toscana de la Policía Nacional, mediante vinculación legal y reglamentaria, las que deben ser liquidadas con base en los honorarios recibidos por aquella; (ii) los mayores valores que resulten entre los aportes en salud y pensiones que hub iese debido efectuar como empleada; y (iii) las sumas que como contratista sufragó por concepto de riesgos laborales (en caso de que los

(ii) los mayores valores que resulten entre los aportes en salud y pensiones que hub iese debido efectuar como empleada; y (iii) las sumas que como contratista sufragó por concepto de riesgos laborales (en caso de que los hubiese efectuado), según comprobación de la entidad. De igual modo, ordenó la liquidación con fundamento en un ingreso base de cotización ( IBC) pensional equivalente a los honorarios pactados durante los períodos en que la demandante prestó sus servicios, para cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión que cubran el porcentaje que debía pagarse si hubiese gozado de una relación legal y reglamentaria, previa comprobación de la accionada.

Consideró que se encuentra demostrada de manera plena y suficiente el elemento de la subordinación y dependencia en el desarrollo de los vínculos contractuales de la actora con la entidad demandada. En tal sentido , un aspecto relevante es la asignación de turnos para la prestación de los servicios a cargo de las auxiliares de enfermería, los cuales eran establecidos por las enfermeras jefes, según los cuadros ap ortados al expediente , de cuyo contenido emerge con claridad que ella no tenía autonomía o libertad para elegir los horarios en los que desarrolla ría el objeto contractual; por el contrario, se hallaba sujeta a la decisión que las enfermeras superiores adoptaran sobre los turnos y su modalidad , si era corrido, nocturno, medio tiempo, diurno o de ambulancia.

Precisó que l os testimonios rendidos fueron coincidentes en afirmar que los horarios de trabajo eran asignados en los cuadros de turnos que las jefes de

tiempo, diurno o de ambulancia.

Precisó que l os testimonios rendidos fueron coincidentes en afirmar que los horarios de trabajo eran asignados en los cuadros de turnos que las jefes de enfermería entregaban al inicio de cada mes, lo que se extendía al personal uniformado, sumado a que impartían instrucciones sobre la atención en el servicio de salud, el cumplimiento de horario , la apariencia física y forma de vestir que debían conservar durante su estancia en los turnos.

Concluyó que las pruebas recaudadas permiten desvirtuar la presunción que existe frente al elemento distintivo de las relaciones contractuales de5 Número interno: 5297 - 2022

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prestación de servicios, como lo es la inexistencia de subordinación, sujeción, mando o dependencia entre las partes. En el caso concreto, lo probado conduce a colegir que la actora no gozaba de la autonomía propia de cualquier contratista de prestación de servicios y en los acuerdos contractuales suscritos subyacía una verdadera relación de orden laboral, lo que conduce a anular el acto administrativo censurado y acceder de manera parcial a las súplicas de la demanda.

4. El recurso de apelación5.

La parte demandada pidió revocar la sentencia de primera instancia. Alegó que la accionante no estuvo bajo órdenes laborales ni en cumplimiento de horarios, por lo que el a quo erró en la valoración de las pruebas recaudadas, habida cuenta de que la imposición de turnos rotativos resulta ser un requerimiento plenamente legal y propio de la necesaria coordinación que

horarios, por lo que el a quo erró en la valoración de las pruebas recaudadas, habida cuenta de que la imposición de turnos rotativos resulta ser un requerimiento plenamente legal y propio de la necesaria coordinación que debe existir entre las partes para desarrollar el objeto contractual, lo que se encuentra previamente acordado en las cláusulas que integran los contratos de prestación de servicios suscritos.

Aseveró que en la providencia apelada el Tribunal de instancia señala que se encuentra probado el elemento de la subordinación con las pruebas testimoniales; sin embargo, este debe entenderse como aquella situación en virtud de la cual se exige por parte del servidor público el cumplimiento de órdenes a través de las cuales no s olo se refleja el poder de dirección del empleador, sino también el poder disciplinario de este para asegurar un comportamiento acorde a sus propósitos, lo que no se satisface en el caso sub judice.

Que en el presente asunto no se configuraron los elementos de la relación laboral, en la medida en que no existió una subordinación o dependencia de la demandante en relación con la Policía Nacional, a pesar de que en el libelo introductorio se diga que ella recibía órdenes sobre sus actividades contratadas, lo cierto es que no aparecen los medios probatorios que así lo demuestren, quedando simplemente como una aseveración no acreditada.

5 Ib.6 Número interno: 5297 - 2022

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En lo atinente a la condena en costas, arguyó que no es procedente, debido a

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En lo atinente a la condena en costas, arguyó que no es procedente, debido a que ha actuado en forma diligente y oportuna, en aplicación de los principios constitucionales y legales de buena fe, lealtad, celeridad, economía procesal y transparencia.

5. Alegatos de conclusión.

En auto del 6 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar6.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, la Sala determinará si procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda. Para el efecto, se analizará si se configuró una verdadera relación laboral entre las partes, habida cuenta de que no se probó la existencia del elemento de la subordinación y dependencia.

Para resolver el anterior problema jurídico la Sala desarrollará los siguientes

el efecto, se analizará si se configuró una verdadera relación laboral entre las partes, habida cuenta de que no se probó la existencia del elemento de la subordinación y dependencia.

Para resolver el anterior problema jurídico la Sala desarrollará los siguientes temas: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad; 2.2.2.

6 Ib. 7 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».7 Número interno: 5297 - 2022

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Hechos relevantes probados; 2.2.3. Caso concreto y 2.2.4 . Alcance del restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

Hechos relevantes probados; 2.2.3. Caso concreto y 2.2.4 . Alcance del restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.

En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a u na persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación p or parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o » y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales », contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C -154

expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o » y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales », contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C -154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la8 Número interno: 5297 - 2022

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ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractualescontrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la

determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo .

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 8, «[p] or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

competente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República. Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones .

8 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.9 Número interno: 5297 - 2022

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La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C -614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibi ción a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación

de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender fu nciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establ ecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado « contrato realidad » aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para

preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado « contrato realidad » aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia10 Número interno: 5297 - 2022

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de las relaciones laborales 9.

De igual manera, la subsección B de esta sección segunda 10 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud , que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y pu edan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le

declare la existencia de la relación laboral y pu edan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público , dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

2.2.2. Hechos probados

1. La accionante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la Clínica La Toscana a cargo de l departamento de Policía de Caldas de la Policía Nacional, de manera personal e ininterrumpida, desde el 1º. de mayo de 2008 hasta el 17 de abril de 2017, en virtud de los siguientes contratos de prestación

de servicios11:

Contratos de prestación de servicios Inicio Finalización 19-720-044-2008 01/05/2008 30/10/2008 Interrupción de 5 días hábiles 19-7-201198-2008 10/11/2008 09/07/2009 Interrupción de 15 días hábiles 19-720-0153-2009 03/08/2009 30/03/2010

9 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).

10 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-0002012-00020-01 (316-2014). 11 Índice 2 del Samai, contentivo del expediente digital en primera instancia.11 Número interno: 5297 - 2022

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Interrupción de 13 días hábiles 19-7-20078-2010 21/04/2010 18/03/2011 Interrupción de 27 días hábiles 19-7-20058-2011 01/05/2011 30/04/2012 Interrupción de 15 días hábiles 19-7-20058-2012 24/05/2012 24/05/2013 Interrupción de 10 días hábiles 19-7-20096-2013 12/06/2013 12/06/2014 Interrupción de 14 días hábiles 19-7-20085-2014 07/07/2014 09/02/2015 Interrupción de 29 días hábiles 91-7-20011-2015 24/03/2015 25/04/2016 Interrupción de 5 días hábiles 91-7-20040-2016 03/05/2016 17/04/2017

Los anteriores tiempos se encuentran ratificados en la certificación de 18 de julio de 2017, suscrita por el jefe del área de sanidad Caldas de la Policía Nacional12.

1. La actora cumplió con los turnos para la prestación de los servicios a cargo

julio de 2017, suscrita por el jefe del área de sanidad Caldas de la Policía Nacional12.

1. La actora cumplió con los turnos para la prestación de los servicios a cargo de las auxiliares de enfermería de la Clínica La Toscana , asignados por las enfermeras jefes que fungían como sus superiores13.

1. De conformidad con lo pactado en los contratos de prestación de servicios, la demandante recibió una remuneración mensual por su trabajo como auxiliar de enfermería de la Clínica La Toscana14.

1. Declaración rendida por las señoras Lucía Yamiled Betancourth Velásquez, Paula Andrea Díaz López y Diana Janeth Quintero Cardona sobre los hechos objeto de controversia15.

Actuación administrativa

Escrito de 11 de julio de 2017, por medio del cual la demandante solicitó de la dirección de la Policía Nacional el reconocimiento de una relación laboral por

12 Ibidem. 13 Ib. 14 Ib. 15 Ib.12 Número interno: 5297 - 2022

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su desempeño como auxiliar de enfermería y el consecuente pago de prestaciones sociales 16, negado a través de oficio s-217-028594/ARSANJEFAT-3-1 de 18 siguiente17.

2.2.3. Caso concreto

De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que la señora Diana Carolina Santa López se vinculó con la Clínica La Toscana a cargo del departamento de Policía de Caldas de la Policía Nacional desde el

De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que la señora Diana Carolina Santa López se vinculó con la Clínica La Toscana a cargo del departamento de Policía de Caldas de la Policía Nacional des