CE - 170012333000201900256011SENTENCIAMODIFICA20220315053854

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación número: 17001-23-33-000-2019-00256-01

Demandantes: LUZ ELENA TORRES AMAYA y MARÍA LUZ DARY OSORIO CASTRILLÓN

Demandados: MUNICIPIO DE MANIZALES , CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CALDAS -CORPORCALDASy AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

Referencia: ACCIÓN POPULAR – RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA Derechos colectivos presuntamente conculcados: SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS ,

ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD

PÚBLICA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, y

REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Tema: Le es atribuible a la alcaldía municipal de Manizales la afectación del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente , en consideración a que no ha ejercido de manera oportuna y diligente sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres en la zona del barrio Bajo Cervantes declarada como de riesgo alto no mitigable

Sentencia de segunda instancia

consideración a que no ha ejercido de manera oportuna y diligente sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres en la zona del barrio Bajo Cervantes declarada como de riesgo alto no mitigable

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Manizales, en contra de la sentencia de 10 de junio de 20 21, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

I. SOLICITUD

1. Las ciudadanas Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón , en ejercicio de la acción popular -medio de protección de los derechos e intereses colectivosestablecida en el artículo 88 de la Constitución Polít ica y desarrollada por las leyes 472 de 1998 1 y 1437 de 2011 2, present aron demanda3 en contra de l municipio de Manizales (Caldas) y la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas, con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y con la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Consti tución Política de C olombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Folios 1 y ss. del expediente de la referencia. Demanda presentada el 30 de mayo de 2019.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

2 jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

2. Las demandantes consideraron vulnerados tales derechos en virtud del riesgo de desastre de deslizamiento y remoción en masa que se presenta en un sector del barrio Bajo Cervantes del municipio de Manizales.

II. HECHOS

3. Los hechos que fundamentaron la demanda de la acción popular , en síntesis, fueron

los siguientes:

3.1. Distintas viviendas ubicadas en la Calle 31 C N.° 33 del barrio Bajo Cervantes del municipio de Manizales resultaron seriamente afectadas por cuenta de un fenómeno de remoción en masa que se presentó el 19 de abril de 2017 y que fue activado por una ola invernal. Dicho fenómeno generó la inestabilidad del terreno sobre el cual se edificaron tales viviendas.

3.2. Con ocasión de dicha emergencia, la administración municipal construyó algunos anclajes pasivos . Sin embargo, estos se encuentran sumamente deteriorad os, al extremo de presentar filtraciones de agua que afectan las casas aledañas.

3.3. El sector, actualmente, se encuentra en una situación de riesgo de desastre, la cual no ha sido conjurada pese a las recomendaciones formuladas por l a Personería

extremo de presentar filtraciones de agua que afectan las casas aledañas.

3.3. El sector, actualmente, se encuentra en una situación de riesgo de desastre, la cual no ha sido conjurada pese a las recomendaciones formuladas por l a Personería Municipal de Manizales en el informe de visita del 1.º de febrero de 2019.

III. PRETENSIONES

4. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

«declarar que se encuentran expuestos, vulnerados y en alto riesgo los derechos colectivos y del medio ambiente, en cuanto tienen que ver con la prevención de desastres técnicamente previsibles, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a construcciones técnicas en que se de prevalencia a la calidad de vida de los ciudadanos, el goce del espacio público y la utilización de defensa de los bienes de uso público, por lo cual se servirá ordenar a los accionados:

Adoptar las medidas administrativas, jurídicas, presupuestales, técnicas e institucionales necesarias a fin que:

1. Efectuar una inspección completa del terreno para encontrar una solución técnica y concreta sobre el problema, no solo del talud, sino de los riesgos que posee actualmente la casa y las de los vecinos.

2. Realizar un trabajo de estabilidad sobre el talud que amenaza riesgo.

3. Intervenir con trabajo de arreglo y mantenimient o sobre las canales que transportan el agua que llegan del talud y de esta manera contrarrestar el Fenómeno de Remoción en Masa (FRM).Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

3

en Masa (FRM).Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

3

4. Efectuar monitoreos constantes y permanentes con el fin de conjurar posibles deslizamientos que pongan en riesgo nuestra integridad.

5. Las demás acciones que sean necesarias y prioritarias para garantizar a nuestro grupo humano y la protección y garantía de sus derechos.

6. Por tratarse de una acción en nombre de nuestra comunidad donde no se persigue ningún tipo de i ndemnización o compensación, solicitamos que los gastos que ocasione el trámite del presente juicio se atiendan con cargo al Fondo de Acciones populares y de Grupo manejado por la Defensoría del Pueblo».

IV. ACTUACIÓN PROCESAL

5. El magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 3 de julio de 201 94, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la s autoridades accionadas para que contestaran, propusiera n excepciones y apor taran y/o solicitara n la práctica de las pruebas que considere n pertinentes. Igualmente , notificó al agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado . Además, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

6. Posteriormente, mediante providencia de 21 de octubre del mismo año 5, el mismo magistrado vinculó a la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. al trámite de la referencia.

7. Finalmente, mediante auto de 5 de mayo de 2021 6, el magistrado n egó la medida

magistrado vinculó a la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. al trámite de la referencia.

7. Finalmente, mediante auto de 5 de mayo de 2021 6, el magistrado n egó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en adoptar medidas de control sobre nuevas construcciones que están empeorando la situación del sector 7. Esa decisión tuvo fundamento en que « la entidad territorial ya está desarrolland o las gestiones administrativas pertinentes para dar solución a esta problemática».

V. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

V.1. El apoderado judicial de l municipio de Manizales (Caldas), mediante escrito allegado el 22 de julio de 201 98, se opuso a las pretensione s de la demanda tras afirmar que la zona en donde habitan las demandantes se encuentra en buen estado.

8. Igualmente explicó que el fenómeno de remoción en masa de 19 de abril de 2017 se generó no solo por la inestabilidad del terreno, sino también por el factor invernal.

Sin embargo, ese riesgo se encuentra controlado y, además, las obras realizadas por el municipio para tal efecto se encuentran en buen estado y no presentan deterioro.

4 Ibid., folio 18. 5 Ibid., folios 76 y ss. 6 Ibid., folios 247 y ss. 7 Ibid., folio 233. 8 Ibid., folios 24 y ss.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

4

9. Explicó que el riesgo del sector no tiene las dimensiones que menciona n las demandantes. También anotó que, debido a la inclinación de la ladera, las obras que

4

9. Explicó que el riesgo del sector no tiene las dimensiones que menciona n las demandantes. También anotó que, debido a la inclinación de la ladera, las obras que se desarrollen serán aún más inclinadas y tendientes a acumular un mayor desgaste.

10. Agregó que la Alcaldía municipal y Corpocaldas han realizado diferentes inspecciones y acciones de vigilancia y monitoreo con miras a mitigar el riesgo de desastre de la zona objeto de la contr oversia. Según esos estudios las obras indicadas en las pretensiones de la demanda no son necesarias.

11. Respecto de la situación particular de la accionante Luz Elena Torres Amaya, indicó que esa ciudadana, debido a la ola invernal de 2017, fue seleccionada para una solución de vivienda . Sin embargo, no ha acreditado los requisitos solicitados para otorgarle la asistencia y ha mostrado una actitud de indiferencia.

12. En consideración a lo anterior , propuso la s excepciones que denominó: «inexistencia de violación de derechos colectivos» y «genérica».

V.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), mediante esc rito presentado el 29 de agosto de 201 99, solicitó que dicha entidad fuera absuelta de todo cargo pues las pretensiones de la demanda no son de su resorte.

13. Afirmó que «Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales», puesto que ha asistido a la comunidad atendiendo sus solicitudes y además ha rendido los conceptos técnicos necesarios para evaluar los riesgos del sector objeto de la demanda.

14. Propuso la excepción de f alta de legitimación en la causa por pasiva , debido a que

además ha rendido los conceptos técnicos necesarios para evaluar los riesgos del sector objeto de la demanda.

14. Propuso la excepción de f alta de legitimación en la causa por pasiva , debido a que las funciones de Corpocaldas no están directamente relacionadas con la problemática traída a colación por las demandantes. Explicó que «la competencia para la atención y prevención de desastres corresponde a la autoridad municipal », según lo dispuesto en La Ley 1523 de 201 2. Ese estatuto aclara que el rol de las corporaciones autónomas en la materia es complementario y subsidiario . Además, «corresponde

(exclusivamente) a la entidad municipal el proceso de reubicación cuando las viviendas no cumplen con los requisitos de habitabilidad».

15. Por todo ello, concluyó que no vulneró los derechos reclamados y que cumplió con las funciones asignadas por la ley, si se tiene en cuenta que realizó visitas de asesoría técnica al sitio, y present ó los respectivos informes co n las recomendaciones necesarias para tratar la problemática existente.

V.3. La apoderada judicial de la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. , mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 201 910, solicitó que dicha empresa fuera

9 Ibid., folios 51 y ss. 10 Ibid., folios 119 y ss.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

5 exonerada de toda responsabilidad, en atención a que : i) las redes que opera están funcionando adecuadamente y no aportan aguas al talud asociado a la problemática existente; ii) el sector se encuentra rodeado por viviendas que corresponden a un

exonerada de toda responsabilidad, en atención a que : i) las redes que opera están funcionando adecuadamente y no aportan aguas al talud asociado a la problemática existente; ii) el sector se encuentra rodeado por viviendas que corresponden a un asentamiento subnormal que no cuenta con el servicio de acueducto desde 2017 , y iii) dichas construcciones no poseen sistemas adecuados de manejo de las aguas lluvias que provienen de sus techos.

16. Explicó que l a situación de riesgo de desastre presente en la zona es ajena al objeto social de Aguas de Manizales . En el sector existe un alto nivel freático e infiltración de aguas de nacimiento y aguas lluvias en el suelo, por falta de canalización, pero el manejo de esas aguas no es responsabilidad de la empresa.

17. Por lo anterior, propuso las excepciones de: «inexistencia del nexo causal», falta de legitimación en la causa , «inexistencia de violación a los derechos colectivos por parte de Aguas de Manizales» y «genérica».

VI. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

18. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso , mediante auto de 27 de octubre de 202011, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 -la cual fue iniciada el 21 de octubre de 2019 12-, en tanto que no se llegó a un acuerdo sobre el proyecto de pacto de cumplimiento.

VII. LA SENTENCIA APELADA

19. Mediante sentencia de 10 de junio de 2021 13, la Sala Primera de Decisión del

que no se llegó a un acuerdo sobre el proyecto de pacto de cumplimiento.

VII. LA SENTENCIA APELADA

19. Mediante sentencia de 10 de junio de 2021 13, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas declaró la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, luego de concluir que el sector bajo análisis fue catalogado como de alto riesgo no mitigable en el POT de Manizales y en los estudios allegados al plenario.

20. A juicio del a quo, la zona no era apta para construi r edificaciones o viviendas , teniendo en cuenta la inestabilidad del terreno y lo s procesos erosivos y de deslizamiento de talud que se presentaron en el pasado.

21. En tal virtud , afirmó que no era «técnicamente razonable que las personas que tienen sus viv iendas en ese sector sigan residiendo en ese lugar », ni que las autoridades competentes desarrollen obras adicionales de mitigación del riesgo de desastre, pues la única medida adecuada para el amparo del derecho colectivo afectado consistía en que la Alca ldía de Manizales reubicara a las familias cuyas viviendas se encuentran en esa zona.

11 Ibid., folios 203 y 204. 12 Ibid., folios 76 y ss. 13 Ibid., folios 267 y ss.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

6

22. En el marco de las anteriores consideraciones , adoptó las siguientes

determinaciones:

«PRIMERO: DECLARAR la existencia de vulneración al derecho colectivo a la

6

22. En el marco de las anteriores consideraciones , adoptó las siguientes

determinaciones:

«PRIMERO: DECLARAR la existencia de vulneración al derecho colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente, a las actoras y a la población aledaña al sitio geográfico conocido como barrio bajo Cervantes en la Calle 31C n° 3314.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, para poner a salvo la población residente en el sitio, el cumplimiento de las siguientes ordenes:

1.- Dentro del término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, hacer un censo poblacional para determinar con precisión la población en riesgo.

2.- Una vez lo anterior y dentro del mes s iguiente, deberá iniciar un programa de sensibilización y socialización sobre la necesidad de reubicación de la población en riesgo.

3.- Culminada las tareas anteriores, dentro de los dos meses siguientes deberá iniciar todos y cada uno de los trámites a dministrativos y presupu estales necesarios para reubicar la población que tiene sus viviendas en la zona de alto riesgo no mitigable objeto de la acción popular, en dos fases:

a) Entregando un subsidio para arrendamiento de vivienda, el cual se mantendrá mientras sean reubicados definitivamente en los planes de vivienda que el Municipio de Manizales señale.

b) Ubicarlos definitivamente en los planes de vivienda adelantados propiamente por el Municipio o en convenio con otras entidades oficiales.

c) Todo lo anterior con previo socialización, coordinación y orientación necesaria a la población en riesgo, para cuya solución definitiva se otorga un plazo definitivo de dos

Municipio o en convenio con otras entidades oficiales.

c) Todo lo anterior con previo socialización, coordinación y orientación necesaria a la población en riesgo, para cuya solución definitiva se otorga un plazo definitivo de dos años.

4.- De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar l as medidas de policía que sean necesarias para evitar nuevos asentamientos en la misma, este monitoreo también con el objeto de realización de obras que sean necesarias para mantener el riesgo controlado.

TERCERO: CONFORMAR EL COMITE DE VERIFICACION DE C UMPLIMIENTO el cual estará integrado por un delegado de la Personería del municipio de Manizales quien lo presidirá, un representante de la parte accionante, un delegado de Corpocaldas y un delegado del municipio de Manizales. El Delegado de la Personería convocará e informará a esta Corporación sobre el comité de verificación. […].

OCTAVO: Sin costas. […]».

VIII. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

23. El apoderado judicial del municipio de Manizales (Caldas), mediante escrito de 21 de junio de 20 2114, solicitó modificar o revocar la sentencia de primera in stancia,

14 Ibid., folios 279 y ss.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

7 luego de considerar que la parte actora no acreditó que esa entidad territorial haya vulnerado el derecho colectivo objeto de amparo. En su criterio, «Las demandantes utilizaron la acción popular pa ra de mandar derechos violados por acciones que ellas

7 luego de considerar que la parte actora no acreditó que esa entidad territorial haya vulnerado el derecho colectivo objeto de amparo. En su criterio, «Las demandantes utilizaron la acción popular pa ra de mandar derechos violados por acciones que ellas mismas provocaron y que son el motivo del riesgo que denuncian».

24. Explicó que la Unidad de Gestión de Vivienda de ese municipio ha actuado con diligencia en la contención de los peligros propios de l sect or demandado catalogado como zona de alto riesgo no mitigable. Es más, el municipio d esde hace más de dos años ha realizado gestiones administrativas para proteger a las demandantes y ofrecerles una vivienda digna. Sin embargo, ellas se reúsan a desarrollar los trámites administrativos de reubicación, pues i nsisten en el desarrollo de obras no viables de estabilidad del suelo.

25. Insistió en que, según el concepto técnico aportado por las demandantes , ellas son las responsables del uso inadecuado del suelo porque construyeron sus viviendas sin licencia en zona de alto riesgo . Adicionalmente, esa actividad antrópica favorece la desestabilización de la ladera y constituye una amenaza de alto riesgo para la vida de las personas.

26. Informó que el municipio inició o portunamente los trámites administrativos para reubicar a la parte actora , notificándole de la oferta para solución de vivienda. Pese a ello, las demandantes manifestaron que no les interesaba ser reubicadas en el barrio San Sebastián y se negaron a presentar la documentación correspondiente, tal y como fue reconocido en la audiencia de testimonios.

27. En su criterio, de los informes allegados al proceso, es dable afirmar que el

San Sebastián y se negaron a presentar la documentación correspondiente, tal y como fue reconocido en la audiencia de testimonios.

27. En su criterio, de los informes allegados al proceso, es dable afirmar que el municipio ha ejercido sus labores de monitoreo, inspección, vigilancia y control urbanístico, pues también adelantó procesos policivos de suspensión de nuevas ocupaciones o asentamientos ilegales en el barrio Bajo Cervantes.

28. Adujo que l as demandantes pretenden que el municipio realice obras de estabilidad, pero lo cierto es que ello no es posible y la causa del daño es su negligencia propia al adelantar construcciones ilegales y negarse a ser reubicadas en viviendas más dignas . Esta situación desconoce las mínimas responsabilidades de autoprotección.

29. Finalmente, resaltó que las demandantes, junto con otras familias del sector, fueron incluidas y registradas en el Registro Único de Damnificados, así como en la oferta de los 251 subsidios familiares de vivienda urbana que otorga el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

8

IX. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda instancia , mediante auto de 24 de agosto de 2021 15 y conforme al artículo 247 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021 16, admitió el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Manizales.

31. Una vez cobr ó fuerza ejecutoria la referida providencia, se advirtió que las partes

modificado por la Ley 2080 de 2021 16, admitió el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Manizales.

31. Una vez cobr ó fuerza ejecutoria la referida providencia, se advirtió que las partes se abstuvieron de emitir algún pronunciamiento. Igualmente, a la fecha de ingreso del proceso al despacho, el agente del Ministerio Público optó por no emitir concepto en torno al asunto que ahora convoca a la Sala.

X. CONSIDERACIONES DE LA SALA

X.1. Competencia

32. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 17, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 d el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 18 y con el artículo 13 del Acuerdo N.° 080 de 201919, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpues tos en contra de las fallos proferidos por Tribunales Administrativos en primera instancia y respecto de acciones populares.

X.2. Planteamiento del problema

33. En el asunto sub examine, las ciudadanas Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrill ón atribuyeron al municipio de Manizales y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas la afectación de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la se guridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la ejecución de desarrollos urbanos conforme al orden jurídico. L a parte actora afirmó que las entidades demandadas no efectuaron acciones suficientes y pertinentes

y a la ejecución de desarrollos urbanos conforme al orden jurídico. L a parte actora afirmó que las entidades demandadas no efectuaron acciones suficientes y pertinentes

15 Cfr.: Sistema de consulta judicial “ SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 17001 -23-33-000-2019-00256-01 Luz Elena Torres Amaya y otra contra el municipio de Man izales y otros. Regi stro N.° 4: “ Actuación: AUTO QUE ADMITE EL RECURSO. Documento firmado electrónicamente por :ROBERTO AUGUSTO SERRATO […]”. https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1700123330002019002560111 00103 16 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoLey 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción” 17 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones popular es y de grupo y se d ictan otras disposiciones”. Disposición referente a la procedencia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones populares. 18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. 19 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

9

Administrativo del Consejo de Estado.Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

9 para controlar el riesgo de desastre de deslizamiento y de remoción en masa presente en un sector el barrio Bajo Cervantes del municipio de Manizales.

34. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas amparó el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desast res previsibles técnicamente , luego de advertir que el área objeto de amparo fue catalogada como de alto riesgo no mitigable y, por lo tanto, la Alcaldía de Manizales debía reubicar a las familias que habitaban el sector, realizar monitoreo periódico, evitar nuevos asentamientos y realizar las obras necesarias para mantener el riesgo controlado.

35. Inconforme con esa determinación, el municipio de Manizales apeló la sentencia de primera instancia argumentando que la vulneración de ese derecho colectivo no le era atribuible, bajo la premisa consistente en que el municipio está actuando con diligencia, desplegó las actividades de monitoreo y de control de la zona y adelantó los trámites necesarios para ofrecerles a sus habitantes soluciones de vivienda digna.

36. Sumado a lo anterior, señaló que las propias demandantes son las causantes del peligro al construir sus viviendas sin tener licencia, negarse a ser reubicadas e insistir en la ejecución de obras improcedentes.

37. Así las cosas, corresponde a la Sala : (i) establecer si le es atribuible a la alcaldía municipal de Manizales la afectación del derecho colectivo a la seguridad y prevención

en la ejecución de obras improcedentes.

37. Así las cosas, corresponde a la Sala : (i) establecer si le es atribuible a la alcaldía municipal de Manizales la afectación del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente , y (ii) determinar si las actuaciones de las accionantes y de los residentes del secto r en riesgo no mitigable, exoneran al ente territorial del deber de reubicar a esas familias y adelantar las actuaciones necesarias para contener esos riesgos.

38. Para efectos de lo anterior, y por razones metodológicas, la Sala estudiará: (i) las obligaciones de los municipios en materia de prevención de riesgos de desastres en zonas catalogadas como de riesgo no mitigable . Y, posteriormente, (ii) resolverá los cargos en consideración a las actuaciones acreditadas en el plenario por parte de la administración municipal de Manizales para gestionar el riesgo derivado del deslizamiento que se presentó en el barrio Bajo Cervantes el 19 de abril de 2017.

X.2.1. De las obligaciones de los municipios en materia de prevención de riesgos de desastres en zonas catalogadas como de riesgo no mitigable

39. El artículo 2° de la Constitución Política señala que «[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derech os y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

10

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».Radicación: 17001233300020190025601 (AP) Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

10

40. En el marco de es as responsabilidades, l a Ley 1523 de 24 de abril de 2012 20 adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres , estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y definió la gestión del riesgo de

desastres como:

«[…] una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos , mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible , en todos los niveles de gobierno y la efecti va participación de la población.

[…]. [El riesgo de desastres] Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural , socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza[21] y la vulnerabilidad[22][23].

[…]. [Por su parte, el desastr e] Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistenc ia, la prestación de

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intenci