CE - 170012333000202200278011SENTENCIA20230202145313

Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 17001-23-33-000-2022-00278-01

Demandante: RICHARD GÓMEZ VARGAS

Demandados: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE MANIZALES

Tema: Tutela contra providencia judicial en trámite de acción popular

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el señor Richard Gómez Vargas , contra la providencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , que negó el amparo que se formuló contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito recibido el 12 de diciembre de 2022 1, el señor Richard Gómez Vargas, actuando en nombre propio, ejerció la acción de tutela contra el

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito recibido el 12 de diciembre de 2022 1, el señor Richard Gómez Vargas, actuando en nombre propio, ejerció la acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, con el objetivo de obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. El ciudadano consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión de los autos interlocutorios 1451 del 12 de septiembre de 20222 y 955 del 9 de junio de 20223, dictados por la autoridad judicial accionada, en el marco de la acción popular

1 El expediente se asignó a la Sección Quinta de Consejo de Estado el 12 de diciembre de 2022 a las 4:41 p.m. 2 Que resolvió: “PRIMERO: NO REPONER el auto número 1406 del 29 de agosto de 2022, mediante el cual se dio apertura al periodo probatorio en el presente proceso”. 3 Que resolvió: “PRIMERO: NO REPONER el auto número 956 del 27 de mayo de 2022, por medio del cual se concedió medida cautelar de urgencia, dentro del presente proceso. SEGUNDO. CONCÉDENSE en el efecto devolutivo el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Asamblea Departamental de Caldas, el auto númeroDemandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que aquel instauró4 contra el Departamento de Caldas y la Asamblea Departamental de Caldas, que se identificó con el radicado N.º 17001-33-39-006-2022-0169-005.

1.2. Hechos probados y/o admitidos6

3. El actor refirió que instauró una acción popular en contra de la Asamblea Departamental de Caldas. A través de ese medio de control, el ciudadano solicitó la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa, vulnerado en el trámite de la conv ocatoria de contralor departamental de Caldas 2022 -2025. El proceso, fue repartido a la jueza sexta administrativa del circuito judicial de

Manizales.

4. Para el demandante, la Asamblea Departamental de Caldas incurrió en irregularidades en la selección del supervisor del contrato interadministrativo ADCCI01-2021, para la elección del contralor departamental de ese ente territorial.

5. A continuación, se describen las actuaciones que, de acuerdo con el relato del peticionario, dieron lugar a la infracción denunciada en el presente amparo.

6. En primer lugar, el señor Gómez Vargas informó que , en la acción popular, solicitó que se decretara como prueba la copia de las denuncias que cursan en la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades en la convocatoria para la elección del contralor departamental.

7. Mediante auto de 29 de agosto de 2022, la autoridad judicial accionada le

Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades en la convocatoria para la elección del contralor departamental.

7. Mediante auto de 29 de agosto de 2022, la autoridad judicial accionada le negó lo pedido. Según el actor, a esa prueba no se puede acceder sin orden judicial.

En criterio de aquel, la juez debió decretarla de oficio, en los términos del artículo 167 del Código General del Proces o7 (en adelante CGP) . El señor Gómez Vargas mencionó que contra la denegación probatoria presentó el recurso de reposición, el

956 del 27 de mayo de 2022, por medio del cual se concedió medida cautelar de urgencia, dentro del presente proceso (…)”. 4 Por la presunta vulneración del der echo colectivo a la moralidad administrativa en el marco del proceso de la Convocatoria de Contralor Departamental de Caldas 2022-2025. 5 Revisados el escrito inicial y el memorial por el cual se corrigió la acción de tutela de la referencia, el demandante solamente solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. 6 La narración de los hechos se basó en el escrito inicial y en la subsanación de la demanda de tutela que presentó el señor Gómez Vargas. 7 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre

juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar l as evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber in tervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.// Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. // Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual fue resuelto en forma negativa mediante providencia 1451 del 12 de septiembre de 2022 -auto acusado-.

8. El demandante refirió que solicitó una medida cautelar de urgencia y, en el trámite de traslado, la autoridad judicial omitió “ constatar la recepción, el acuse de recibo, el acceso al destinatario del mensaje de datos haciendo constar en el expediente tal

8. El demandante refirió que solicitó una medida cautelar de urgencia y, en el trámite de traslado, la autoridad judicial omitió “ constatar la recepción, el acuse de recibo, el acceso al destinatario del mensaje de datos haciendo constar en el expediente tal como lo ordena el artículo 205 del CPACA ”. Sin embargo, esta fue otorgada mediante auto del 27 de mayo de 2022. Contra esa decisión se presentó el recurso de apelación por parte de la Gobernación de Caldas. La alzada fue concedida mediante auto 955 del 9 de junio de 2022 -providencia acusada-.

9. Además, el ciudadano afirmó que el Juzgado notificó el auto admisorio de la demanda el 31 de mayo de 2022 a la entonces accionada, pero para el accionante se adelantó esta diligencia el 1 de junio de 2022 . Est o p orque la Asamblea Departamental de Caldas y la Gobernación de Caldas solicitaron nulidad del auto admisorio, lo que evidenció que, tenían conocimiento de la acción con antelación.

10. Mediante el auto interlocutorio 1601 del 4 de octubre de 2022, la jueza accionada suspendió el proceso para vincular a la Gobernación de Caldas, en los términos del artículo 162 del CGP. Contra esa determinación, el accionante presentó una solicitud de nul idad porque consideró que la autoridad judicial reformó unilateralmente la acción popular sin justificación alguna. Además, reclamó que hubiere tramitado la nulidad aun cuando las partes habían sido indebidamente notificadas, por lo que mal podían promover la solicitud de nulidad del auto admisorio de la demanda.

1.3. Fundamentos de la solicitud

hubiere tramitado la nulidad aun cuando las partes habían sido indebidamente notificadas, por lo que mal podían promover la solicitud de nulidad del auto admisorio de la demanda.

1.3. Fundamentos de la solicitud

11. La Sección Quinta toma nota de que en el escrito inicial el demandante aludió al concepto de moralidad administrativa. En este sentido, expresó que:

“Cuando se habla de moralidad administrativa, contextualizada en el ejercicio de la función pública, debe ir acompañada de uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, como lo es el de legalidad, que le impone al servidor público o al particular que ejerce función administrativa, como parámetros de conducta, además de cumplir con la Constitución y las leyes, Id Documento: 17001233300020220027801005025010007 se deben observar las funciones que le han sido asignadas por la ley. La moralidad a dministrativa es un concepto que se relaciona de manera directa con el manejo ético, honesto, diligente, probo, de la cosa pública por parte de los funcionarios y los órganos que conforman el Estado, que la actuación del funcionario sea acorde con la moral idad administrativa, esto es, que sea pulcro y transparente, genere confianza de los asociados en la actividad del Estado, que está en la obligación de orientar su actividad al interés general, al bienestar común, al cumplimiento de la ley y al mejoramient o del servicio, pues solo una función así orientada permite el cumplimiento de los fines esenciales del Estad o” (sic a todo el texto).Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 4

texto).Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12. Después, el señor Gómez Vargas presentó consideraciones generales respecto del debido proceso y el acceso a la administr ación de justicia frente a los cuatro cuestionamientos que propuso en el escrito de tutela.

13. En primer lugar, el actor reprochó que la jueza Sexta Administrativa del Circuito Judicial de Manizales no diera aplicación al artículo 167 de CGP. Según aquel, es to impidió el dinamismo de las pruebas, atentó contra la búsqueda de la verdad y desconoció las sentencias C -215 de 1999, T-010 de 2011 y T -429 de 2013 de la Corte Constitucional. Refirió que la jurisprudencia ha establecido que al operador judicial le corresponde tomar medidas para suplir los vacíos probatorios con el objetivo de que en el proceso obren los medios necesarios para adoptar la decisión de fondo. El demandante insistió en que, la negativa por parte de la autoridad judicial, supuso una vulneración de sus derechos fundamentales.

14. En segundo lugar, el ciudadano señaló las normas que rigen la transmisión de datos en el trámite de la acción popular.

15. En tercer lugar, el accionante se refirió a la indebida participación de la Gobernación de Caldas porque consideró que no es parte en e l proceso, al no haber sido demandada en el escrito inicial. Al respecto, el actor mencionó:

15. En tercer lugar, el accionante se refirió a la indebida participación de la Gobernación de Caldas porque consideró que no es parte en e l proceso, al no haber sido demandada en el escrito inicial. Al respecto, el actor mencionó:

“[E]n el caso que nos ocupa la Gobernación del Departamento de Caldas no fue demandada dentro del proceso de la referencia, no interviene en el proceso con una pretensión, no es a quien se le reclama ni reclama un derecho, no es litisconsorte cuasi necesario, no es interviniente excluyente ni llamado en garantía ni sucesor procesal, lo que de contera comprometen la validez de sus actos procesales, el debido proceso con vicios de nulidad (art. 133.8 del cg p ). No en vano la apoderada de la Gobernación de Caldas la Dra. Beatriz Helena Henao Giraldo lo ha afirmado en la interposición de la acción de nulidad del 31 de mayo 2022 pues claramente la Gobernación del Departamento de Caldas legalmente está a impedid o legalmente y no puede ni debe tener en lo absoluto ningún tipo de injerencia en la elección de contralor del departamento de Caldas sin embargo fue más allá y se pronunció en contravía del impedimento legal establecido en la normatividad” (sic a todo el texto).

16. En cuarto lugar, el señor Gómez Vargas cuestionó la infracción a los términos legales del proceso. Sobre esto advirtió la necesidad de que las autoridades cumplan lo dispuesto en los artículos 118 del CGP y 201 de la Ley 1437 de 2011. Sobre el

particular, advirtió:

“En relación con la violación de los términos legales del proceso son aquellos que la

lo dispuesto en los artículos 118 del CGP y 201 de la Ley 1437 de 2011. Sobre el particular, advirtió:

“En relación con la violación de los términos legales del proceso son aquellos que la norma fija, y que tienen como característica esencial la de ser perentorios e improrrogables, según el artículo 118 del CGP. Ade más, éstos son de obligatorio cumplimiento tanto para el juez, como para las partes y terceros. De lo expuesto se colige que, existiendo término legal, a él debe sujetarse el juez Id Documento: 17001233300020220027801005025010007 y las partes, lo que no ocurrió en el presente proceso por cuanto el despacho corrió traslado del recurso de reposición y en subsidio de apelación sin enviar mensaje a los sujetos procesales tal como lo ordena el art 201 del cpaca el día 3 de junio de 2022 fecha para la cual se encontraba en términos ya que este se inició el 1 de junio de 2022 y finalizaba a las 12 pm del díaDemandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de junio de 2022. Lo mismo ocurrió con la presentación de la acción de nulidad presentada por parte de la G obernación de Caldas el día 31 de mayo de 2022 al día siguiente 1 de junio de 2022 sin haberse vencido los términos del traslado los cuales

presentada por parte de la G obernación de Caldas el día 31 de mayo de 2022 al día siguiente 1 de junio de 2022 sin haberse vencido los términos del traslado los cuales vencían a las 12 pm del día 3 de junio de 2022. Igual y sucesivamente aconteció, ocurrió con la acción de nulidad in terpuesta por la Asamblea Departamental de Caldas el día 31 de mayo de 2022 al día siguiente 1 de junio de 2022 sin haberse vencido los términos del traslado los cuales vencían a las 12 pm del día 3 de junio de

2022. Tampoco se dio a conocer la providencia que resolvió el recurso de reposición presentado por la demandada ni la concesión del recurso de apelación. Hay que recalcar que todos esos traslados no contaban con él envió de mensaje de datos tal como lo ordena el art 201 del cpaca, y que a la fecha so bre estas acciones de nulidad presentadas por los apoderados de la Asamblea Departamental de Caldas y la Gobernación de Caldas el despacho no se ha pronunciado contrario sensu decretando una nueva etapa procesal sin el respectivo control de legalidad como lo ordena el Código General del Proceso” (sic a todo el texto).

Para finalizar, el señor Gómez Vargas advirtió que la juez sexta administrativa del circuito judicial de Manizales le vulneró los derechos fundamentales con el “ AUTO INTERLOCUTORIO:1451/2022 sino también del AUTO. INTERLOCUTORIO 955/2022 del nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022) la violación del principio de publicidad y el debido proceso pues claramente el despacho al no acatar lo establecido por los artículos 201

nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022) la violación del principio de publicidad y el debido proceso pues claramente el despacho al no acatar lo establecido por los artículos 201 y 205 del CPACA, a sí como lo determinado por la ley 2080 de 2021 en cuanto a la notificación de los sujetos procesales, no permite participar del principio de contradicción y de valoración probatoria. La prueba entendida en su acepción de instrumento debe seguir el debido p roceso en su configuración l egal como derecho de acceso a la administración de justicia”. (sic a todo el texto).

1.4. Actuaciones procesales relevantes

17. Mediante auto del 16 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas inadmitió la acción de tutela y, le concedió al peticionario, el término de tres días para que individualizara las pretensiones, toda vez que “en los hechos de la demanda, señala varias providencias, no obstante, no es claro en indicar cuáles providencias y por qué hechos considera se causa el agravio ”. El accionante atendió a lo solicitado, el día 18 del mismo mes y año.

18. En auto del 21 de noviembre de 2022, el juez colegiado de primera instancia admitió el recurso de amparo y ordenó la notificación de l a parte accionante y de la jueza sexta administrativa del circuito judicial de Manizales, como autoridad judicial accionada.

19. El 17 de noviembre de 2022, el accionante presentó una recusación en contra del magistrado sustanciador del Tribunal Administrati vo de Caldas, la cual fue rechazada por improcedente, en los términos del artículo 39 de la Ley 2591 de 1991.Demandante: Richard Gómez Vargas

del magistrado sustanciador del Tribunal Administrati vo de Caldas, la cual fue rechazada por improcedente, en los términos del artículo 39 de la Ley 2591 de 1991.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

20. Previo a resolver la impugnación 8, la magistrada ponente de la Sección Quinta profirió el auto de 19 de diciembre de 2022 , a través del cual se pronunció sobre la nulidad de carácter saneable que se presenta ba en esta tutela, así como de la recusación propuesta por la parte actora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del CGP, aplicable a este trámite por remisión del artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

21. En esa providencia, en primer lugar, la Sección Quinta dispuso la integración del contradictorio en el presente trámite y ordenó notificar de la existencia de esta acción al departamento d e Caldas, a la Asamblea Departamental de Caldas, al Ministerio Público, a la Contraloría Departamental de Caldas y a los señores Rubén Darío Nieto Cuervo, Luis Fernando Márquez Álzate y Juan Carlos Pérez Vásquez, que fueron ternados para el cargo de contralor departamental de Caldas 2022-2025 y vinculados en el medio de control popular.

Cuervo, Luis Fernando Márquez Álzate y Juan Carlos Pérez Vásquez, que fueron ternados para el cargo de contralor departamental de Caldas 2022-2025 y vinculados en el medio de control popular.

22. En segundo lugar, resolvió rechazar por improcedente la recusación que propuso el señor Richard Gómez Vargas contra los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de

1991.

1.5. Intervención

23. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales contestó la acción de tutela.

1.5.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

24. La jueza informó que la acción popular cuyas actuaciones se reprochan se encuentran en trámite. Luego de presentar una síntesis de las diligencias que se han adelantado, manifestó que las peticiones, solicitudes y recursos se han tramitado de manera oportuna, por lo que no h a vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

25. La jueza afirmó que la admisión de la demanda fue notificada a la demandada de manera personal y por estado electrónico . Respecto de la negativa a decretar como prueba la copia de las denuncias penales que reposan en la Fiscalía General de la Nación (que solicitó el ciudadano y que motivó el ejercicio de esta acción ), la juez informó que tal determinación se fundamentó en el artículo 173 del CGP y , en especial, lo dispuesto en la sentencia C -099 de 2022 de la Corte. Agregó que se

informó que tal determinación se fundamentó en el artículo 173 del CGP y , en especial, lo dispuesto en la sentencia C -099 de 2022 de la Corte. Agregó que se abstuvo de decretar la prueba de oficio, con base en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011.

8 En la impugnación, el demandante advirtió que los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas se encontraban impedidos y, además, señaló que existía una causal de nulidad que viciaba lo actuado porque en la primera instancia no se había integrado en debida forma el contradictorio.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. De otra parte, manifestó que integró el litisconsorcio por pasiva a petición de parte y de oficio ; además decretó la suspensión del proceso mientras se acreditaba la comparecencia de los recién vinculados, conforme lo dispone el artículo 61 del

CGP.

27. En relación con el trámite de las notificaciones y el envío de aquellas, la autoridad judicial explicó que dichas actuaciones se han realizado conforme a lo normado en los artículos 201A de la Ley 1437 de 2011 y 110 del CGP.

1.6. Sentencia de primera instancia

28. En sentencia del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas negó el amparo solicitado. En primer lugar, consideró que la acción es procedente.

1.6. Sentencia de primera instancia

28. En sentencia del 30 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas negó el amparo solicitado. En primer lugar, consideró que la acción es procedente.

En segundo lugar, estudió los cuestionamientos que formuló el peticionario.

29. Sobre el decreto probatorio concluyó que la negativa se encuentra debida y razonadamente sustentada en los artículos 173 del CGP y 213 de la Ley 1437 de

2011. Señaló que le correspondía al peticionario demostrar la necesidad de que aquella se decretara, pero no lo hizo. Sobre los traslados de las notificaciones y el envío de aquellas conforme al artículo 201A de la Ley 1437 de 2011 (modificada por el artículo 20 80 de 2021), el a quo concluyó que, “en términos generales que las decisiones proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo fueron notificadas en estados electrónicos, y respecto de cada decisión la parte accionante se ha pronunció en ejercicio de su derecho de defensa” (sic).

30. Respecto de la queja del peticionario en el sentido de que se notificó de la admisión de la demanda primero a la demandada que al demandant e, el Tribunal señaló que revisada la actuación, se constató que el auto admisorio de la dema nda se profirió el 20 de mayo de 2022 y se ordenó la notificación por estado electrónico al actor y personal a los representantes de la accionada; además se dispuso dar traslado de la medida cautelar solicitada. Esto ocurrió el 1 de junio de 2022, por lo que “no existió una notificación de la admisión de la demanda primero a la parte demandada

actor y personal a los representantes de la accionada; además se dispuso dar traslado de la medida cautelar solicitada. Esto ocurrió el 1 de junio de 2022, por lo que “no existió una notificación de la admisión de la demanda primero a la parte demandada que al demandante; y el conocimiento previo que aquella tuvo de la demanda fue debido a la medida cautelar de urgencia que fue decretada por el Juzgado”.

31. Sobre la suspensión del proceso mientras comparecía el litisconsorcio necesario, el Tribunal concluyó que la jueza adelantó actuaciones para resolver la solicitud de nulidad que el accionante formuló contra la determinación de vincular a terceros con interés en las resultas de ese proceso, por lo que no se infringió lo dispuesto en el artículo 61 del CGP. Tal integración del contradictorio, tampoco implicó la ref orma unilateral de la demanda por parte de la autoridad judicial accionada.Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.7. Impugnación

32. Mediante el escrito enviado el 7 de diciembre de 2022, el actor impugnó la anterior decisión. Afirmó que existía una incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva. Cuestionó que no se le notificó el auto que dio traslado de la admisión de la tutela al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales.

Reiteró los argumentos plasmados en el escrito inicial y la subsanación.

la resolutiva. Cuestionó que no se le notificó el auto que dio traslado de la admisión de la tutela al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales. Reiteró los argumentos plasmados en el escrito inicial y la subsanación.

33. En cuanto a las razones para controvertir la decisión del a quo, en primer lugar, el accionante reiteró las afirmaciones del escrito inicial sobre el deber de decretar pruebas de oficio en el trámite de la acción popular. Además, afirmó que no estaba en condiciones de aportar la prueba de las denuncias penales porque aquellas están cobijadas por la reserva, en los términos del artículo 330 de la Ley 600 de 2000. Por lo que obtenerlas sin que mediara orden judicial, significaría incurrir en una conducta ilegal, lo que d aría lugar a que la prueba sea nula de pleno derecho, conforme al artículo 164 del CGP.

34. En segundo lugar, afirmó que comparte el hecho de que puedan vincularse sujetos procesales en la acción popular, sin embargo:

“[L]o que aquí se discute es la forma simplemente ¨aparecieron¨ lo que yo llamaría sujetos procesales fantasma tanto el Departamento de Caldas como la Gobernación de Caldas sin un auto que fuere recurrible y justifique su presencia, más aún que no aparecen ni como coadyuvantes, terceros interesados, llamados en garantía etc., aparecen como parte, como demandados lo cual constituye un defecto procedimenta l absoluto por cuanto al juez le e sta prohibido modificar unilateralmente, sin razón alguna las partes principales del proceso llámese demandante y demandado más aún cuando las Gobernaciones departamentales tienen prohibido intervenir en asuntos que tengan que ver con todo lo

al juez le e sta prohibido modificar unilateralmente, sin razón alguna las partes principales del proceso llámese demandante y demandado más aún cuando las Gobernaciones departamentales tienen prohibido intervenir en asuntos que tengan que ver con todo lo que rodee la elección de contralores departamentales” (sic a todo el texto).

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

36. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las pretensiones formuladas y el material probatorio recaudado, le corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico : ¿Se superan en este asunto losDemandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales Radicado: 17001-23-33-000-2022-00278-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? En el evento que la respuesta al anterior interrogante fuere positiva, a la Sección Quinta le correspondería determinar si ¿el Juzgado Sexto Administrativo de Caldas dentro del

www.consejodeestado.gov.co requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? En el evento que la respuesta al anterior interrogante fuere positiva, a la Sección Quinta le correspondería determinar si ¿el Juzgado Sexto Administrativo de Caldas dentro del trámite de la acción popular vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante?

37. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva y iii) caso en concreto.