CE - 170012333000202300161011SENTENCIA20231115085256

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / DECLARA IMPROCEDENTE – No se supera el requisito de subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Caldas , mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 6 de septiembre de 2023 el señor Wesley Daniel Madrigal instauró demanda de tutela contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas -en adelante Corpocaldas-, la Procuraduría 5° Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. -en adelante Aguas de Manizales - y la Alcaldía de Manizales con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al medio ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública , ante el vertimiento

Alcaldía de Manizales con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al medio ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública , ante el vertimiento irregular de residuos residenciales en el drenaje rural “Quebrada la Chiquita” que colinda con su finca “La Florida” y ocasionó la ruptura de una alcantarilla q ue pasa por la carretera que conecta con su predio, lo que además ha generado contaminación hídrica y del aire.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente:

<<PRIMERO TUTELAR el DERECHO AL AMBIENTE SANO, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD P ÚBLICA por la contaminaci ón del aire e h ídrica los cuales están viendo VULNERADOS por el no actuar de la entidad Competente entre

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5

JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES -Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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PERSONERIA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDIA DE

MANIZALES

SEGUNDO ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se

AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se informe si la entidad involucrada cumplió con el plazo brindado en el Oficio 2023IE-00014178, de lo contrario se indique que acciones se tomaron. (hecho 17)

TERCERO ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se envíe EL PERMISO DE VERTIMIENTOS solicitado y autorizado.

CUARTO ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZ ALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se remita el INFORME DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL de la visita realizada el 16 de agosto del 2023.

QUINTO ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES si se cumplió con lo manifestado por ustedes en el oficio 2023 -IE-00002216, de lo

MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES si se cumplió con lo manifestado por ustedes en el oficio 2023 -IE-00002216, de lo contrario que acciones tomaron por la omisión (Hecho 9)

SEXTO ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS,PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se informe porque se habla de 2 vertimien tos ( veredal y aguas de manizales ) si ambos están ADMINISTRADOS por la entidad AGUAS DE MANIZALES por lo anterior es carga de dicha entidad, de igual manera solicito que se me envíe la DOCUMENTACIÓN y/o REQUISITOS CUMPLIDOS por las personas que construyeron el ALCANTARILLADO para que la empresa AGUAS DE MANIZALES administrara esta red veredal

SEPTIMO solicito a la PROCURADORA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS DE MANIZALES que en su ejercicio de control y vigilancia se informe que acciones ha realizado su despacho por las omisiones de las entidades involucradas en este proceso

OCTAVO ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DERadicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal

Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros

ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DERadicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se informe si el vertimiento de las aguas residuales están de acuerdo con el decreto 537 de 2010, específicamente el Articulo Tercero Densidades para unidades habitacionales en suelo Rural

NOVENO: ORDENAR a la entidad competente entre CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS, PROCURADURIA 5 JUDICIAL II PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS MANIZALES - PERSONERÍA DE MANIZALES, AGUAS DE MANIZALES, ALCALDÍA DE MANIZALES que se envíe la solución brindada por la entidad competente para resarcir el daño que se está ocasionando a la QUEBRADA LA CHIQUITA

NOVENO (sic) solicito que se VINCULE a la SECRETARIA DE SALUD por el Daño a la salud pública derivados por los vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua, los cuales están fomentando la propagación de virus y bacterias patógenos para el hombre y animales, situacion que se evidencio el 10 de agosto del presente año>>1.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene que:

4.- El 9 de diciembre de 2021, el accionante informó a Aguas de Manizales sobre el

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene que:

4.- El 9 de diciembre de 2021, el accionante informó a Aguas de Manizales sobre el daño de una alcantarilla que se ubica sobre la vía de acceso a su predio “La Florida”, lo que había generado contaminación del aire e hídrica . La empresa le indicó que dicha red de alcantarillado era local – rural y no estaba a su cargo el mantenimiento.

5.- Corpocaldas, Aguas de Manizales y la alcaldía de Manizale s – Secretaría de Medio Ambiente, durante el año 2022 realizaron diversas visitas a su predio a fin de determinar el daño y la responsabilidad sobre este, por el vertimiento de aguas residuales sin tratar a la Quebrada La Chiquita y la presunta afectación al predio del actor, sin dar solución alguna2.

6.- El 4 de enero de 2023, mediante oficio PJAA -5-2023-0007 la Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales le informó que inició acción preventiva por falta de solución efectiva ante la afectación en su predio y a la referida fuente hídrica, por lo que requirió a Corpocaldas y Aguas de Manizales para que intervinieran, y una vez lo hicieran se le informaría lo pertinente.

7.- En respuesta a lo anterior el 20 de enero de 2023 Corpocal das informó a la Procuraduría que después de efectuar visitas conjuntas al lugar con Aguas de Manizales y la Secretaría de Ambiente y de revisar la documentación y cartografía pertinente se requeriría a ambas entidades para que realizaran las acciones para la

Procuraduría que después de efectuar visitas conjuntas al lugar con Aguas de Manizales y la Secretaría de Ambiente y de revisar la documentación y cartografía pertinente se requeriría a ambas entidades para que realizaran las acciones para la obtención del permiso de vertimientos, así como las obras para el tratamiento de

1 Folios 4 y 5, escrito de tutela. 2 El accionante expuso que el 8 de marzo de 2022 realizó denuncia por daños ambientales cuyo radicado es 170016000060202200660, investigación a cargo de la Fiscalía 6° Seccional de Caldas. Folio 1, escrito de tutela.Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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aguas residuales y normalización de su descarga, a fin de evitar afectaciones ambientales y sociales en la zona3.

8.- El 27 de enero de 2023 Corpocaldas expuso ante la Procuraduría que bajo la evaluación de varios criterios se determinó que la responsabilidad del tratamiento y legalización de las aguas residuales le correspondía a la alcaldía de Manizales conjuntamente con la comunidad en la cual se está generando el vertimiento, por lo que todas las comunicaciones y requerimientos asociados al caso para una legalización colectiva de manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales del sector se continuarían dirigiendo a la Secretaría de Ambiente del ente territorial.

9.- El 1 de febrero de 2023 al darse respuesta al derecho de petición 2023 -IE00000698 impetrado por el accionante, Corpocaldas le informó que no se ha iniciado proceso sancionatorio ambiental alguno porque, luego de analizar el POT de Manizales así como la información allegada por Aguas de Manizales y diferentes secretarías municipales, se pudo constatar que la responsabilidad de disposición y tratamiento de las aguas residuales es del ente territorial. Así, el paso a seguir es requerirlo para que tramite ante Corpocaldas el respectivo permiso de vertimientos, con el cual se determinaría a través de los estudio s de “Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo” la presunta afectación que se podría haber causado en su predio.

10.- El 20 de febrero de 2023 Corpocaldas requirió a la alcaldía de Manizales para que, en el término de un mes, tramitara los permisos ambientales respectivos para la gestión de las aguas residuales en el sector donde se ubica la vivienda del accionante y dar solución efectiva a la problemática presentada, para lo cual debía además definir la legalidad de las licencias de construcción de las 15 viviendas que descargan sus residuos en la tubería involucrada en el problema . En este punto, el actor alegó que al no haberse cumplido lo anterior Corpocaldas inició trámite sancionatorio ambiental contra el municipio.

11.- Con todo, el 18 de mayo de 2023 dicha corporación le informó al accionante que al no haberse iniciado trámite de permiso de vertimientos no se cuenta con los estudios ambientales respectivos de evaluación ambiental, por ende en un término

11.- Con todo, el 18 de mayo de 2023 dicha corporación le informó al accionante que al no haberse iniciado trámite de permiso de vertimientos no se cuenta con los estudios ambientales respectivos de evaluación ambiental, por ende en un término de dos meses llevaría a cabo un análisis de la problemática y sus e fectos, y plantearía alternativas de solución, las cuales se le comunicarían oportunamente.

12.- El 8 de junio de 2023 el accionante pidió a la Personería municipal y a la Procuraduría verificación de las actuaciones adelantadas por las entidades involucradas, y refirió que el 10 de agosto siguiente la Secretaría de Salud municipal realizó visita a su predio en la que concluyó que los vertimientos han causado daño ambiental, malos olores y vectores que afectan la salud de las personas que viven y trabajan en su predio.

3 Lo anterior, porque eran las responsa bles del manejo y disposición de aguas residuales domésticas que se generan en diferentes predios localizados en zona rural de Manizales, más específicamente en la vereda Morrogacho, aguas que hacen tránsito por el predio La Florida mediante un sistema de alcantarillado sin tratamiento, y descargadas en un drenaje o cuerpo de agua superficial de la zona.Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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13.- Con lo hasta aquí expuesto, el señor Madrigal afirmó que las entidades accionadas han vulnerado los derechos al medio ambiente sano y a la salubridad y

Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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13.- Con lo hasta aquí expuesto, el señor Madrigal afirmó que las entidades accionadas han vulnerado los derechos al medio ambiente sano y a la salubridad y seguridad pública s dado que, ante la problemática planteada, han actuado con “impericia, neg ligencia, imprudencia, descuido o por ignorancia supina” , en detrimento de sus deberes legales y constitucionales, al establecer términos que incumplen sin justificación alguna, endilgarse responsabilidades mutuamente y sin dar una solución efectiva a la c ontaminación que se presenta en la zona de residencia del actor.

B. Sentencia de primera instancia

14.- Mediante providencia del 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

15.- El a quo indicó que el amparo individual de derechos colectivos es excepcional y está supeditado a que se acrediten los 4 presupuestos propios del juicio material de procedencia establecidos por la Corte Constitucional y en este caso no se supera ese examen.

16.- Por otro lado, aunque el accionante no lo alegó expresamente parece reprochar la vulneración de su derecho de petición. Y revisado el asunto no se advirtió evidencia de ello.

C. La impugnación

17.- Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora interpuso impugnación. Empezó por pronunciarse sobre la respuesta dada por la Procuraduría accionada e indicó que no le fue entregada información alguna sobre las visitas y reuniones surtidas el 22 de ma yo y 26 de julio de 2023 , y resaltó que era evidente su actuar

indicó que no le fue entregada información alguna sobre las visitas y reuniones surtidas el 22 de ma yo y 26 de julio de 2023 , y resaltó que era evidente su actuar negligente. A su vez, sobre la respuesta a la acción de tutela presentada por Aguas de Manizales, aseveró que no es válido considerar que la empresa no es responsable del mantenimiento de la red de alcantarillado porque Corpocaldas encontró acreditado que no existe permiso de vertimientos y está probado que descarga en la quebrada La Chiquita los deshechos de 30 viviendas, a las que les cobra el servicio de alcantarillado.

18.- Reiteró lo dicho en la acción de tutela referente a que las entidades demandadas se fijan plazos y compromisos para presuntamente dar solución al problema en su predio, sin tomar acción alguna.

19.- Seguidamente, refirió que el Tribunal Administrativo de Caldas se equivocó al decretar y practicar los testimonios pedidos por Aguas de Manizales , pues eran innecesarios. Además, se le notificó mal la citación y no pudo presentar su objeción al testimonio (no especifica cuál), y tampoco se le permitió a su esposa tomar la palabra.Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

Accionante: Wesley Daniel Madrigal Accionado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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20.- A su turno, mencionó que Corpocaldas le pidió inscribirse en el RUHR VRD, pero no le informó los documentos que debía diligenciar para ello, por lo que el 6 de

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20.- A su turno, mencionó que Corpocaldas le pidió inscribirse en el RUHR VRD, pero no le informó los documentos que debía diligenciar para ello, por lo que el 6 de julio de 2023 presentó una petición por correo electrónico, que no ha sido atendida.

21.- Con todo, indicó que el a quo “desvió” el estudio de la tutela a la presunta vulneración del derecho de petición, cuando ello no fue pedido . Y en lo referente a la improcedencia de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos, refirió que no es claro por qué al ser evidente su calidad de víctima por el actuar negligente y omisivo del Estado se le quiera hacer acudir a un proceso de acción popular cuya duración mínima es de 5 años e incurrir en gastos adicionales a los ya sufragados, lo que trae como consecuencia que todo ese tiempo deba soportar los daños al ambiente en su predio.

22.- Así, pidió a esta instancia no pasar por alto que las entidades accionadas se niegan a tomar acciones de fondo para solucionar el daño causado en su predio por el indebido manejo de las redes de alcantarillado y vertimiento de residuos sin tratamiento, lo que ha generado vulneración a sus derechos fundam entales, los cuales necesitan ser protegidos de forma inmediata.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

23.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

23.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Análisis del caso concreto

24.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada en primera instancia , la Sala estima que debe confirmarse ésta última, dado que en el escrito de impugnación no se discute de fondo la argumentación dada por el a quo con respecto a la falta de subsidiariedad del amparo, así como tampoco el presunto yerro en que incurrió al considerar que podría presentarse una violación al derecho de petición del actor. Y en esa medida no logra acreditarse la procedencia del amparo.

25.- Con respecto a la falta de subsidiariedad de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Caldas indicó que, la jurisprudencia constitucional estableció un juicio material de procedencia cuando se pretende la protección de derechos colectivos por medio de la acción de tutela. En virtud del mismo, se debe acreditar el cumplimiento de 4 requisitos: (i) conexidad, referente a que la afectación iusfundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbación del

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

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derecho colectivo, (ii) legitimación, esto es que quien presenta la acción de tutela acredite que su derecho fundamental, no el de otros, está directamente afectado, (iii) prueba de la amenaza o violación, que consiste en que las pruebas aportadas acrediten la afectación alegada, y (iv) objeto de la pretensión o efecto hipotético de la orden judicial de protección, dirigido a que las pretensiones tengan por objeto la protección del derecho fundamental y no del derecho colectivo en sí mismo 5. Acto seguido, refirió que el derecho a la salud actualmente tiene el carácter de fundamental, y el de gozar un ambiente sano es una prerrogativa constitucional de todas las personas, que a su vez se traduce en un deber estatal de protección y conservación del mismo.

26.- A partir de ello, precisó que en el presente caso se pretende la protección del derecho colectivo al ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, por la afectación al derecho fundamental a la salud del demandante y quienes residen en la finca La Florida . Luego, indicó que la acción de tutela era improcedente po rque dos de los elementos del juicio material de procedencia no se acreditaron, esto es la conexidad y la prueba de la amenaza o violación, puesto que las quejas sobre la violación al derecho a la salud se sustentaban principalmente en la proliferación de malos olores y moscas en el predio el actor, pero acorde a la constancia de visita de Corpocaldas de fecha 16 de agosto de 2023 y el informe suscrito por la Secretaría

violación al derecho a la salud se sustentaban principalmente en la proliferación de malos olores y moscas en el predio el actor, pero acorde a la constancia de visita de Corpocaldas de fecha 16 de agosto de 2023 y el informe suscrito por la Secretaría de Salud de Manizales del 7 de septiembre de 2023, los olores no superaban los rangos establecidos en la Resolución 631 de 2015 y el foco de moscas son las heces de los 30 gatos que habitan la finca.

27.- Así, descartó que el amparo deprecado fuera procedente para analizar la violación de derechos colectivos en conexidad con el derecho a la salud del demandante.

28.- Sobre este aspecto, el señor Wesley Madrigal indicó en su impugnación que: (i) el a quo desconoció que es evidente su calidad de víctima del actuar negligente y omisivo de las demandadas, al no haber dado solución definitiva al problema de sanidad presentado en su predio por el indebido manejo y vertimiento de residuos, por lo que es injustificado hacerlo iniciar otro proceso cuya duración puede ser de un lustro; (ii) estima que el juez de tutela y/o el de la acción popular pueden otorgarle la misma protección y en todo caso, al acceder a las pretensiones del amparo, se estaría evitando que incurra en más gastos de los que ya ha sufragado; y (iii) las accionadas desconocen lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974 y la Resolución 573 de 2010 expedida por Corpocaldas, que versan sobre la prohibición de que al vertirse las aguas de desecho se afecte el suelo, la flora y las fuentes receptoras, y sobre las densidades máximas para parcelaciones destinadas

la Resolución 573 de 2010 expedida por Corpocaldas, que versan sobre la prohibición de que al vertirse las aguas de desecho se afecte el suelo, la flora y las fuentes receptoras, y sobre las densidades máximas para parcelaciones destinadas a unidades habitacionales en suelo rural.

29.- La Sala considera que los argumentos expuestos por la parte actora al controvertir la decisión adoptada en primera instancia, cuestionan de forma general

5 Al respecto el Tribunal Administrativo de Caldas citó lo dispuesto en la sentencia T-596 de 2017.Radicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

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la procedencia de la acción popular en el caso concreto, pero no atacan en modo alguno la argumentación que sobre el particular efectuó el Tribunal Administrativo de Caldas, más específicamente no versan sobre el incumplimiento de los requisitos establecidos en el juicio de procedencia material de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos, así como tampoco discuten la falta de prueba de la afectación al derecho a la salud del demandante.

30.- En la impugnación, nada se menciona sobre esto pues el demandante pretendió argumentar la procedencia del amparo justificando la presunta falta de eficacia de la acción popular en su caso concreto. En ese sentido, se extraña que la parte actora no haya expuesto por qué en el presente caso, contrario a lo afirmado por el a quo , efectivamente la solicitud de amparo cumplió con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para su procedencia al alegarse la vulneración de derechos colectivos.

por el a quo , efectivamente la solicitud de amparo cumplió con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para su procedencia al alegarse la vulneración de derechos colectivos.

31.- Sumado a que el accionante omitió poner de presente posibles yerros en la apreciación probatoria efectuada para denotar que su derecho a la salud no se encontraba vulnerado. Sobre este tópico guardó silencio.

32.- Sobre este aspecto, se considera importante mencionar que en la sentencia T420 de 2018 la Corte Constitucional reiteró que cuando se pretenda solicitar el amparo de derechos fundamentales afectados por la violación de un derecho que, en principio puede ser concebido como colectivo, el juez constitucional debe ser especialmente cuidadoso al momento de determinar si el mecanismo judicial de defensa procedente es la acción popular o la acción de tutela. Así, el hecho de que se pretenda la protección de un derecho colectivo no implica per se la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que pueden existir circunstancias que hac en necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, para lo cual se han fijado cinco criterios que permiten establecer la procedencia excepcional de la acción de tutela en tales eventos, entre los que están los cuatro mencionados a lo largo de la presente providencia y uno adicional: la comprobación de la falta de idoneidad de la acción popular en el caso concreto.

33.- En relación a este último requisito, expuso que la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares como es la Ley 472 de 1998, implicaba que para que la tutela proce diera en caso de afectación de un derecho

33.- En relación a este último requisito, expuso que la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares como es la Ley 472 de 1998, implicaba que para que la tutela proce diera en caso de afectación de un derecho colectivo era necesario que “en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario ”. Luego, si no existen razones para suponer que la acción popular es inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso.

34.- Al respecto, a dviértase que los alegatos del actor referentes a la demora presunta de 5 años como mínimo para surtirse la acción popular y el pago de gastosRadicación: 17001-23-33-000-2023-00161-01

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adicionales, si bien podría considerarse se orientan a discutir la idoneidad del otro mecanismo judicial constitucional, lo cierto es que no son suficientes para demostrar por qué la acci ón popular carece de idoneidad para ventilar el problema de fondo que desea se resuelva judicialmente y que se refiere a la toma de acciones inmediatas a fin de salvaguardar el medio ambiente, la fuente hídrica en la que se están vertiendo los desechos y la sanidad de aire y de agua de su predio, pues como

que desea se resuelva judicialmente y que se refiere a la toma de acciones inmediatas a fin de salvaguardar el medio ambiente, la fuente hídrica en la que se están vertiendo los desechos y la sanidad de aire y de agua de su predio, pues como se mencionó, en el escrito de impugnación nada se dijo sobre las pruebas tenida s en cuenta por el Tribunal para considerar que no estaba probada la afectación a su derecho a la salud y no se discutió el i ncumplimiento de otros de los requisitos de procedencia del amparo, establecidos jurisprudencialmente en estos casos.

35.- Con todo, la Sala considera que al no haberse debatido en forma precisa y directa la argumentación esgrimida por el juez de primera instancia sobre la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, y no advertir er ror alguno en la aplicación del referido juicio de procedencia y en la valoración probatoria sobre el derecho a la salud del actor, se debe confirmar la decisión adoptada por el a quo.

36.- A lo anterior se suma, que el accionante no es claro en el planteamiento de su solicitud de amparo, pues aunque la génesis de su inconformidad es un problema ambiental, sus pretensiones se orientan a cuestionar de manera genérica las acciones de las autoridades, las cuales según su propio relato vienen ejerciendo sus competencias, es sede administrativa, a través de los procedimiento fijados para el efecto los cuales evidentemente demandan de un tiempo y del agotamiento de unas etapas. Esta situación igualmente denota la falta de subsidiariedad, pues el reproche se orienta al actuar de las autoridades administrativas, que aún no finaliza.

37.- Ahora bien, en relación con el análisis efectuado por el a quo sobre la posible

etapas. Esta situación igualmente denota la falta de subsidiariedad, pues el reproche se orienta al actuar de las autoridades administrativas, que aún no finaliza.

37.- Ahora bien, en relación con el análisis efectuado por el a quo sobre la posible vulneración al derecho fundamental de petición del señor Wesley Madrigal , es de precisar que el Tribunal expresamente indicó que si bien el actor no solicitó el amparo de este derecho, como las pretensiones de la acción de tutela iban encaminadas a que las entidades demandadas presentaran informes y remitieran documentos, era fa ctible entender que era una prerrog