CE - 180012331000200600205011SENTENCIA20230709122744

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57.248)

Actor: Luz Miriam Rubiano y otros Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado – Revocatoria de medida de detención domiciliaria no afectó derecho a la libertad de procesada declarada culpable - Error judicial/se activa a pesar de que la providencia que se cuestiona no adquirió firmeza porque fue revocada - Error judicial /no se configura en los eventos en los que se presentan diferencias interpretativas frente a las normas o los supuestos de hecho – Error judicial/no se configura por la simple revocatoria de la decisión cuestionada

Síntesis del caso: Se demandó la responsabilidad del Estado porque se revocó el beneficio de la detención domiciliaria que había sido reconocido a la investigada por parte de la Fiscalía, al tener la condición de madre cabeza de familia

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la Sentencia de 18 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala 3 de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso

de la Sentencia de 18 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala 3 de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19962.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO. – DECLARAR no probada la excepción de falta de causa para demandar, propuesta por la demandada por las razones expuestas. // SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda (…)”. 2 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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1.1. Posición de la parte demandante

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1.1. Posición de la parte demandante

1. El 30 de marzo de 20063, Luz Mir yam Rubiano , Judith Franco Rubiano y Azucena Franco Rubiano , en ejercicio de la acción de reparación directa , presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial , con el fin de obtener la reparación de los daños ocasionados con la sustitución de la medida de detención domiciliaria por la de prisión intramural adoptada por el Juzgado 1 promiscuo de Puerto Rico, Caquetá, al dictar sentencia condenatoria de primera instancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Que la Nación – Rama Judicial, es responsable patrimonialmente de los perjuicios morales y materiales, que les fueron ocasionados a las demandantes (…), con la revocatoria de la Detención Domiciliaria que realizó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá, mediante sentencia de fecha 10 de febrero de 2005, de la cual venía gozando Luz Miryam Rubiano”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara a la demandada al pago de perjuicios inmateriales y materiales, así:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Moral Luz Miryam Rubiano Judith Franco Rubiano Azucena Franco Rubiano Víctima directa Hija Hija

400 S.M.L.M.V.

200 S.M.L.M.V.

200 S.M.L.M.V.

Moral Luz Miryam Rubiano Judith Franco Rubiano Azucena Franco Rubiano Víctima directa Hija Hija

400 S.M.L.M.V.

200 S.M.L.M.V.

200 S.M.L.M.V.

Daño emergente y lucro cesante

Luz Miryam Rubiano

Víctima directa

Estimados en “suma superior” a $4’000.000

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante

expuso, en síntesis:

5. 1) Luz Miryam Rubiano es madre de Albert, Paola, Judith y Azucena Franco Rubiano, procreadas con Alberto Franco, quien en 1995 se separó de hecho de su compañera, razón por la cual la madre quedó a cargo de los hijos.

6. 2) El 15 de octubre de 2004, Luz Miryam Rubiano fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía sindicada del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El 23 de octubre de ese año, la Fisc alía 18 seccional de Puerto Rico le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva . Esa misma autoridad, el 18 de noviembre de 2004, sustituyó esa medida por la de detención domiciliaria, bajo la consideración de que se trataba de una madre cabeza de familia “…y debía cuidar de las menores Judith y Azucena Franco Rubiano”, para entonces, menores de edad. Como fundamento probatorio de esa determinación, la Fiscalía valoró 2 declaraciones, una visita social que realizó el

familia “…y debía cuidar de las menores Judith y Azucena Franco Rubiano”, para entonces, menores de edad. Como fundamento probatorio de esa determinación, la Fiscalía valoró 2 declaraciones, una visita social que realizó el

3 Folio 43 del Cuaderno 2 del Tribunal.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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ICBF los días 8 y 12 de noviembre y la historia integral socio familiar llevada por ese instituto desde 1995.

7. 3) Como Luz Miryam Rubiano aceptó los cargos que le atribuyeron al resolver su situación jurídica, el proceso pasó al conocimiento del Juzgado promiscuo del circuito de Puerto Rico, que en sentencia de 10 de febrero de 2005 condenó a la procesada a 48 meses de prisión y rev ocó la medida de detención domiciliaria , desconociendo, en relación con est e último aspecto, las pruebas aportadas al proceso y la Ley 750 de 2002.

8. 4) El 10 de febrero de 2005, la defensa recurrió el fallo condenatorio. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en Sentencia de 15 de junio de 2005, revocó las determinaciones del Juzgado a propósito del modo en que debía cumplirse la condena . Con ese fin, valoró 3 declaraciones, la visita social que realizó el ICBF y el hecho de que los hijos mayores de la procesada tenían su residencia en otro lugar , por lo que les era difícil proteger los intereses de sus hermanas menores.

realizó el ICBF y el hecho de que los hijos mayores de la procesada tenían su residencia en otro lugar , por lo que les era difícil proteger los intereses de sus hermanas menores.

9. 5) “Con el Judicial (…) se vulneró el derecho que tenían las menores Judith y Azucena Franco Rubiano, de contar con la compañía , amor, afecto ayuda económica de la señora madre Luz Miryam Rubiano”, desde el 10 de febrero al 15 de junio de 2005. Tanto ellas como su madre, se encuentran “en la actualidad profundamente afectadas moral y psicológicamente”.

1.2. Posición de la parte demandada

10. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones y alegó que el hecho de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia hubiera revocado la decisión del Juzgado promiscuo del circuito de Puerto Rico, en la que había negado el beneficio de la prisión domiciliaria, no era indicativo de la existencia de un error judicial. Alegó como excepción la “falta de causa para demandar” , con respaldo en que “no se encuentra acreditado que efectivamente la demandante hubiese estado en prisión intramural por redención de la pena”4.

11. Llamó en garantía , con fines de repetición, al Juez Promiscuo que tomó la decisión que cuestionaron las demandantes. Humberto Polanco Artunduaga alegó en su defensa que la condenada no reunía los requisitos del artículo 38 “del estatuto penal ” y que , “conforme al análisis de la prueba realizado en el marco de los principios de autonomía e independencia ”, tampoco podía ser considerada cabeza de familia, razón por la cual estimó, en su momento, que

“del estatuto penal ” y que , “conforme al análisis de la prueba realizado en el marco de los principios de autonomía e independencia ”, tampoco podía ser considerada cabeza de familia, razón por la cual estimó, en su momento, que no podía mantenerse vigente la detención domiciliaria que decretó la Fiscalía.

1.3. Sentencia de primera instancia

4 Folios 104 al 108 del cuaderno 1 del Tribunal.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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12. Mediante Sentencia de 18 de febrero de 2016, e l Tribunal Administrativo de Caquetá negó las pretensiones de la demanda 5. Argumentó que, Luz Myriam Rubiano “estuvo privada de la libertad, por la revocatoria del beneficio de la prisión domiciliaria”. Sin embargo, determinó que no se comprobó la existencia de un error judicial cuando, en la sentencia condenatoria de primera instancia, el Juzgado promiscuo del circuito de Puerto Rico (Caquetá) revocó el beneficio de prisión domiciliaria que la Fiscalía le había otorgado.

13. Al respecto, consideró que, contrario a lo que se afirmó en la demanda, ese Juzgado no desconoció el contenido de la Ley 750 de 2002, pues hizo un estudio de la prisión domiciliaria y la distinguió de la libertad provisional, además de que se apoyó en un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de dicha Ley, emitido por la Corte Constitucional. Agregó que, tampoco había una indebida

de la prisión domiciliaria y la distinguió de la libertad provisional, además de que se apoyó en un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de dicha Ley, emitido por la Corte Constitucional. Agregó que, tampoco había una indebida valoración de las pruebas, porque el Juzgado: detectó contradicciones en lo afirmado por Luz Miryam Rubiano, al momento de su detención a propósito de la convivencia con sus nietas; no fueron ratificadas las declaraciones extrajuicio presentadas ante la Fiscalía y, al momento en que se revocó la medida, tan solo una de las hijas de la procesada era menor de edad (aunque, precisó el Tribunal, tenía 17 años) y la otra (Judith Franco Rubiano ) trabajaba y contribuía al sostenimiento del hogar.

14. En ese orden de ideas, a juicio del Tribunal, la decisión del Juzgado estaba “ajustada a los criterios de la sana crítica y a las reglas de la experiencia, y más que eso a la realidad material y procesal de las pruebas aportadas al proceso penal” y el hecho de que su decisión hubiera sido revocada, sólo denotaba que “existía más de una interpretación para decidir”, lo que no era constitutivo de error judicial.

1.4. Recurso de apelación

15. El 28 de marzo de 2016, la parte demandante presentó y sustentó recurso de apelación6. Alegó que , la situación de Luz Mir yam Rubiano se ajustaba a los supuestos de la Ley 750 de 2002 para la obtención del beneficio de la prisión domiciliaria, supuestos que fueron debidamente acreditados dentro del proceso penal, en el que existía prueba de que: tenía 47 años y era “madre cabeza de

supuestos de la Ley 750 de 2002 para la obtención del beneficio de la prisión domiciliaria, supuestos que fueron debidamente acreditados dentro del proceso penal, en el que existía prueba de que: tenía 47 años y era “madre cabeza de familia” (según la definición hecha de ese estado en el artículo 2 de la Ley 2 de 1982); ostentaba la condición de abuela de otras 3 menores que vivían bajo su cuidado y protección, como lo conceptuó en su momento el ICBF ; no tenía antecedentes penales y su comportamiento en la esfera familiar no fue materia de reproche. De esas circunstancias, a juicio del recurrente, dieron cuenta las declaraciones aportadas al proceso penal, así como una certificación y un concepto expedido por profesionales del ICBF, este último ordenado por el Fiscal

5 Folios 153 al 163 del cuaderno del Consejo de Estado. 6 Folios 169 al 177 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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17 Delegado, en el que dicho Instituto concluyó que las menores carecían de los cuidados permanentes de un adulto.

16. En ese orden, el recurrente alegó que el Juzgado promiscuo de Puerto Rico, al revocar en su fallo condenatorio la medida de detención domiciliaria, desconoció los derechos fundamentales de Luz Mir yam Rubiano y de las menores que conformaban su grupo familiar; menores cuyos intereses superiores no privilegió y que no admitían convalidar las conclusiones realizadas por dicho

desconoció los derechos fundamentales de Luz Mir yam Rubiano y de las menores que conformaban su grupo familiar; menores cuyos intereses superiores no privilegió y que no admitían convalidar las conclusiones realizadas por dicho juzgado, (que, en criterio de la parte actora, se fundament aron en elucubraciones y deducciones infundadas sobre una supuesta intención de fuga), conclusiones erradas y constitutivas de error judicial que, por lo mismo, no podían ser avaladas por la sentencia recurrida.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y de la decisión que se adoptará; 2.2. Análisis sustantivo

2.3. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y de la decisión que se adoptará

17. Una lectura de las pretensiones y, en general, de la demanda , deja claro que lo que se alegó en este caso fue que, cuando se profirió sentencia condenatoria de primera instancia contra Luz Miryam Rubiano el 10 de febrero de 2005, y en ella se revocó la medida de detención domiciliaria que la Fiscalía le había otorgado, las condiciones de la privación de su libertad se vieron, necesariamente, agravadas, pues a pesar de que cumplía con los presupuestos previstos por la Ley para el beneficio de la prisión domiciliaria, tuvo que pasar a redimir parte de la pena en establecimiento carcelario , periodo en el que no pudo ejercer los cuidados sobre el grupo del que tenía la condición de madre cabeza de familia.

18. Dentro de esta acción de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Caquetá determinó que no había error judicial en la sentencia de 10 de febrero

pudo ejercer los cuidados sobre el grupo del que tenía la condición de madre cabeza de familia.

18. Dentro de esta acción de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Caquetá determinó que no había error judicial en la sentencia de 10 de febrero de 2005 . La parte actora insist ió en que se cumplían los presupuestos legales para que se mantuviera el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que ese fallo sí era constitutivo de error judicial.

19. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, dado que están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, que la de reparación directa es la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad por los daños causados, en este caso, por la variación de las condiciones en que se venía ejecutando una privación del derecho a libertad; además, porque la presentación de la demanda fue oportuna7.

7 El término para interponer el recurso extraordinario de casación, en este caso, venció el 12 de julio de 2005. En ese sentido, obra constancia suscrita por la secretaría de la Sala Única del Tribunal Superior de Florencia (folio 59 delRadicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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20. Dentro del expediente se encuentra probado que , Luz Miryam Rubiano estuvo privada de la libertad, dentro de un establecimiento carcelario en 2 periodos. El primero, entre el 19 de octubre de 2004 y el 19 de noviembre de ese

20. Dentro del expediente se encuentra probado que , Luz Miryam Rubiano estuvo privada de la libertad, dentro de un establecimiento carcelario en 2 periodos. El primero, entre el 19 de octubre de 2004 y el 19 de noviembre de ese mismo año, cuando se le concedió el beneficio de la detención domiciliaria.

Dicho benefici o, en virtud de la sentencia de 10 de febrero de 2005, fue revocado, por lo que la demandante volvió a ser recluida en la Cárcel Municipal de Puerto Rico entre el 17 de febrero y el 17 de junio de 2005 8. Además, quedó establecido que, mediante Sentencia de 15 de junio de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia revocó parcialmente la sentencia de 10 de febrero y dispuso mantener el “beneficio de la sustitución de la pena de prisión por la prisión domiciliaria, otorgado por la Fiscalía a través de la resolución fechada el 18 de noviembre de 2004”.

21. Como cuestión preliminar, la Sala debe poner de presente que, e n este asunto, el Tribunal encausó la controversia dentro del título de imputación de error judicial, pues, a partir del contenido de la demanda, entendió que la privación de la libertad que ya afectaba a Luz Miryam Rubiano, se vio modificada en perjuicio suyo y de sus 2 hijas (también demandantes) al imponerse el cumplimiento de la pena en establecimiento carcelario , como lo ordenó el Juez promiscuo del circuito de Puerto Rico en la Sentencia condenatoria de 10 de febrero de 2005.

22. El extremo recurrente insistió en que , en este caso , se cometió un error

ordenó el Juez promiscuo del circuito de Puerto Rico en la Sentencia condenatoria de 10 de febrero de 2005.

22. El extremo recurrente insistió en que , en este caso , se cometió un error judicial y la Sala advierte que, en efecto, la agravación en las condiciones de cumplimiento de la pena habrían sido consecuencia directa de una decisión adoptada por una autoridad judicial, decisión que, sin embargo, fue revocada en el aspecto que, en opinión de las demandantes, las afectó de manera ilegítima.

23. En ese contexto, es pertinente considerar que , en los casos en los que se alega un error judicial provocado por una decisión judicial que no cobra firmeza porque es revocada, (como acá sucedió), esta corporación ha asumido dos posturas en las que, en todo caso, se ha resuelto estudiar de fondo el respectivo asunto. “La primera, señala que, aunque no procede el estudio del error judicial, por falta de un presupuesto, sí debe estudiarse si existió o no una falla en el servicio de administración de justicia9. La segunda, argumenta que, el hecho de que hubiera producido efectos y con ello un daño cierto, constituye razón suficiente para estudiar el error judicial 10 pues exigir la firmeza, por ejemplo, en

cuaderno 4 del Tribunal). Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 210 del C. de P.P, “ La demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda remiti rá el original del expediente al juez de ejecución de penas ”. En

deberá presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda remiti rá el original del expediente al juez de ejecución de penas ”. En consecuencia, como la demanda se presentó el 30 de marzo de 2006, el ejercicio de la acción fue oportuno, debido a que se promovió dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. 8 Así se constata con la certificación expedida por el Director de esa Cárcel . Folio 31 del cuaderno 4 y folio 34 del cuaderno 3 del Tribunal. 9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad. 44.685 de 26 de abril de 2018, Rad. 51351 de 11 de julio de 2019 -cita original del texto-. 10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 40 .786 de 18 de mayo de 2017, 36 .986 de 6 de julio de 2017, Rad. 43735 de14 de febrero de 2018, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad. 47.505 de 12 de agosto de 2019 -cita original del texto-.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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las sentencias de tutela que se ejecutaron sin cobrar firmeza contraría la finalidad de la disposición”11.

24. Expuesto lo anterior y dado que, sin duda, el asunto debe ser estudiado de fondo, en la medida que , además de que se cumplen los presupuestos

finalidad de la disposición”11.

24. Expuesto lo anterior y dado que, sin duda, el asunto debe ser estudiado de fondo, en la medida que , además de que se cumplen los presupuestos procesales, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia ( 270 de 1996 12) estableció los títulos por los cuales debe resp onder el Estado ante una acción de uno de sus agentes como ocurre en el caso concreto, la Sala se sujetará a ello y estudiará si, en la decisión judicial cuestionada por la parte demandante, se incurrió en error judicial. Respecto de la falta de firmeza de la decisión, la Sala, comparte lo ya expuesto por esta corporación. Esto es: que la interpretación de esa disposición no puede ser aquella en la que la ausencia de la firmeza formal impida el estudio cuando una decisión se ha ejecutado, ha produ cido efectos y ha causado un daño cierto. Para la sala, una interpretación gramatical de esa disposición llevaría a resultados inadmisibles en nuestro ordenamiento jurídico13.

25. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que confirmará la sentencia de primera instancia, en la medida en que 1) no se advierte que la decisión del Juez promiscuo municipal de Puerto Rico de 10 de febrero de 2005 constituya un error judicial, calificativo que 2) no se da por el hecho de que esa decisión hubiera sido parcialmente revocada por su superior funcional , al resolver el recurso de apelación que interpuso la defensa. En ese orden de ideas , 3) a pesar de que las condiciones de cumplimiento de la condena se hicieron más gravosas por algún tiempo, a la demandante no se le causó una afectación ilegal o injusta de su derecho a la libertad.

las condiciones de cumplimiento de la condena se hicieron más gravosas por algún tiempo, a la demandante no se le causó una afectación ilegal o injusta de su derecho a la libertad.

2.2. Análisis sustantivo

2.2.1. La decisión cuestionada no es constitutiva de error judicial

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de octubre de 2021, 250002326-000-2009-00554-01 (48.443). 12 “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, ca usados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. 13 Al respecto es importante tener en cuenta la Sentencia del asunto con radicación No. 36986 que indicó: “16.3. Por manera que, en aras de salvaguardar el régimen de responsabilidad administrativa emanado de un mandato de rango constitucional, resulta entonces necesario interpretar la exigencia de firmeza de que trata el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en el sentido de que no consiste la misma en una ejecutoria meramente formal, sino que se trata de un requisito que se cumple también cuando los efectos dañosos de la providencia revocada perduran en el tiempo porque, como ocurre con los medios de impugnación y eventual revisión propios de la acción de tutela regulados por el Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de control que dio lugar a la enervación del p ronunciamiento fue concedido en el efecto

ocurre con los medios de impugnación y eventual revisión propios de la acción de tutela regulados por el Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de control que dio lugar a la enervación del p ronunciamiento fue concedido en el efecto devolutivo”.Radicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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26. El daño alegado en este caso consistió, concretamente, en la sustitución de la medida de detención domiciliaria por la de reclusión en estableci miento carcelario, modificación que duró 4 meses.

27. Se cuestionó, a título de error judicial, que se hubieran variado las condiciones de modo y lugar en los que la privación se cumplía; al respecto, Luz Miryam Rubiano alegó que , de afrontar la investigación en detención domiciliaria (reconocida por la Fiscalía en Resolución de 18 de noviembre de 2004), tuvo que pasar a redimir la condena en establecimiento carcelario, porque así lo ordenó el Juzgado promiscuo del circuito de Puerto Rico, en Sentencia de 10 de febrero de 2005, como consecuencia de revocar la citada Resolución de la Fiscalía . La demandante recobró el beneficio que le había reconocido esta última en tidad cuando se profirió el fallo que resolvió la apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia.

28. El daño así visto (la separación temporal de la demandante del lugar de residencia que compartía con sus 2 hijas, como consecuencia de la agravación

apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia.

28. El daño así visto (la separación temporal de la demandante del lugar de residencia que compartía con sus 2 hijas, como consecuencia de la agravación de las condiciones de cumplimiento de la pena ), fue causado por la Rama Judicial, al materializarse el fallo de 10 de febrero de 2005. Esa afectación no le resultaba, sin embargo, atribuible a título de error judicial , razón por la cual, como lo concluyó el Tribunal, las pretensiones no podían ser acogidas.

29. Precedentes de la Sección Tercera han señalado que en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, esta Sala es consciente de que, en no pocas ocasiones, existen controversias para las que varias y hasta distintas decisiones posibles pueden ser razonables. Ello ocurre, fundamentalmente, en los casos cuyos supuestos de hecho revelan cierta complejidad (porque su prueba misma es comple ja o porque existen interpretaciones disímiles frente a las aptitudes demostrativas del material probatorio) o porque la complejidad surge -independiente o concomitante con los problemas relacionados con los hechosporque no existe norma aplicable al caso, existen discusiones frente a la qu e es aplicable o hay varias interpretaciones posibles de una misma disposición jurídica.

30. En ese tipo de casos, en los que teóricamente es posible detectar varias decisiones posibles, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias care zcan de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las provea de validez (se trascribe):

decisiones posibles, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias care zcan de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las provea de validez (se trascribe):

“[E]n torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir [se] del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta . De hecho, el denominado ‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de s olución justa’ de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables ⎯en cuanto correctamente justificadas ⎯ pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias . Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuentaRadicación: 18001-23-31-000-2006-00205-01 (57248)

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que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento ⎯una justificación o argumentación jurídicamente atendible⎯ pueden considerarse incursas en error judicial (…)

de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento ⎯una justificación o argumentación jurídicamente atendible⎯ pueden considerarse incursas en error judicial (…)

Por tanto, sólo las decisione s judiciales que –sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales - resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…)”14 (se destaca).

31. El alcance de la noción de “error judicial”, como título de imputación de responsabilidad, necesa