CE - 180012331000200900322011SENTENCIA20221206102757

Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa Radicación: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. Se confirma la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se probó que la víctima directa fue detenida y luego absuelta por atipicidad objetiva de la conducta. Se modifica la indemnización de los perjuicios.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de l Caquetá, en la que se dispuso:

<<PRIMERO: Declarar que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales, causados a la demandante, por la injusta privación de la libertad de que fue objeto la señora Blanca Inés Palacio Rodríguez, conforme lo demostrado y aludido en la parte motiva de esta providencia.

causados a la demandante, por la injusta privación de la libertad de que fue objeto la señora Blanca Inés Palacio Rodríguez, conforme lo demostrado y aludido en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar con cargo a su

presupuesto, por concepto de perjuicios, así:

a) Perjuicios materiales:

A BLANCA INÉS PALACIO RO DRÍGUEZ el equivalente a noventa y cuatro mil ciento veintisiete pesos con setenta y siete centavos mcte ($94.127,77) suma que deberá ser actualizada a la fecha de ejecutoria de la sentencia

b) Perjuicios morales:

A BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ en cali dad de directa perjudicada el equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

A BLANCA NELLY TRIANA PALACIO, ARLEIDA TRIANA PALACIO, JUAN ERNESTO PALACIO y FRANCY BOCANEGRA PALACIO, en calidad de hijosRadicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

2

de la directa perjudicada, el equivalente a cero punto cinco (0.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de ellos.

TERCERO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176

legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de ellos.

TERCERO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del CCA, se expedirán copias de la sentencia, con constancia de ejecutoria con destino a los demandantes, a la Nación – Fiscalía General de la Nación – como al Ministerio Público, con las constancias p revistas en el artículo 115 del

Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: En firme la presente sentencia, archívese el expediente, una vez realizadas las correspondientes anotaciones en el software de gestión.>>

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de recursos de apelación interpuestos en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto del 22 de noviembre de 20131 y se corrió traslado para alegar de conclusión el 9 de diciembre de

20132. La Fiscalía presentó sus alegatos3 y la parte demandante guardó silencio4.

El Ministerio Público no rindió concepto5.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 22 de octubre de 20086 por Blanca Inés Palacio Rodríguez y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de su libertad entre el <<19 y 23 de octubre de 2007 >>7, es

20086 por Blanca Inés Palacio Rodríguez y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de su libertad entre el <<19 y 23 de octubre de 2007 >>7, es decir, por un término de cinco (5) días . En el proceso penal se imput aron los delitos de rebelión, extorsión y concierto para delinquir.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA.- Que LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es responsable administrativa y patrimonialmente de los perjuicios morales, materiales (traducidos en daño emergente y lucro cesante) y daños a la vida de

1 Fl. 224, c-4. 2 Fl. 226, c-4. 3 Fl. 228, c-4. 4 Fl. 238, c-4. 5 Fl. 238, c-4. 6 Fl. 45, c-1. La Sala aclara que toma la fecha de r eparto de la demanda porque no obra ningún sello en el documento de la demanda que dé cuenta de la fecha de radicación. Una vez consultadas las bases de datos de la Rama Judicial (Justicia Siglo XXI) la fecha que allí se señala es 12 de diciembre de 2008. Sin embargo, la fecha de reparto no puede ser anterior a la radicación de la demanda, por lo que no se tomará esta fecha. 7 Como se verá, se cita de las pretensiones que a continuación se transcriben.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

3

7 Como se verá, se cita de las pretensiones que a continuación se transcriben.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

3

relación, que le fueron ocasionados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ desde el día 19 hasta el 23 de octubre de 2007, por cuenta de la FISCALÍA QUINTA ESPECIALIZADA de Florencia, Caquetá, sindicada injustamente de las conductas punibles de Rebelión, Extorsión y Concierto para Delinquir, proceso que concluyó con Preclusión de Investigación proferida por la Fiscalía Quinta Especializada de Florencia, Caquetá, por cuanto las conductas investigadas no fueron cometidas por la sindicada.

SEGUNDA. - Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer y pagar por perjuicios morales para cada uno de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

A BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ, en calidad de directamente perjudicada con la acción del Estado, el equivalente a 200 salarios mínimos mensuales vigentes para la fecha de la sentencia o auto que apruebe la conciliación.

A BLANCA NELLY TRIANA PALACIO, ARLEIDA TRIANA PALACIO, JUAN ERNESTO PALACIO Y FRANCY BOCANEGRA PALACIO, en calidad de hijos de la señora BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ, el equivalente a 100

ERNESTO PALACIO Y FRANCY BOCANEGRA PALACIO, en calidad de hijos de la señora BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la fecha de la sentencia o auto que apruebe la conciliación, para cada uno de ellos.

TERCERA.- Que se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a los demandantes, por daños a la vida de relación para cada uno de ellos las siguientes sumas de dinero:

A BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ (…) el equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes (…) a BLANCA NELLY TRIANA PALACIO, ARLEIDA TRIANA PALACIO, JUAN ERNESTO PALACIO Y FRANCY BOCANEGRA PALACIO, en calidad de hijos (…) 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)

CUARTA. - Que se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a la señora BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ, los perjuicios materiales, traducidos en daño emergente y lucro cesante, consistentes en los salarios o ingresos que dejó de percibir durante el período de detención física, los que estimo en una suma superior a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MCTE. (…)

(…)8

OCTAVA: Ordenar que el señor Fiscal General de la Nación presente públicamente, en una ceremonia en la cual esté presente la señora BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ y sus familiares – demandantes en este proceso –

(…)8

OCTAVA: Ordenar que el señor Fiscal General de la Nación presente públicamente, en una ceremonia en la cual esté presente la señora BLANCA INÉS PALACIO RODRÍGUEZ y sus familiares – demandantes en este proceso – excusas por los hechos acaecidos el día 19 de octubre de 2007 en la vereda el Pará, corregimiento San Pedro, jurisdicción del Municipio de Florencia, Caquetá, relacionados con la priva ción injusta de la libertad de la señora Blanca Inés

Palacio Rodríguez.

8 Las otras pretensiones no se transcriben porque contienen solicitudes relacionadas con el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, pero en ellas no se solicitan nuevos perjuicios. En la pretensión quinta se solicitan intereses sobre la condena, en la sexta se solicita la remisión de una copia auténtica de la providencia a otras autoridades y en la pretensión séptima se solicita la expedición de la primera copia de la sentencia a favor del apoderado.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

4

NOVENA. En similar sentido, que se ordene que la Fiscalía Quinta Especializada de Florencia Caquetá, a través del personal asignado en dichas instalaciones, diseñe e implemente un sistema de promoción y respeto por los derechos de las personas, mediante charlas en diversos barrios y centros educativos de dicha ciudad, y con entrega, de ser posible, de material didáctico, en el cual la población tenga conciencia de los derechos humanos de los cuales es titular cada individuo.

personas, mediante charlas en diversos barrios y centros educativos de dicha ciudad, y con entrega, de ser posible, de material didáctico, en el cual la población tenga conciencia de los derechos humanos de los cuales es titular cada individuo.

DÉCIMA: Que la parte resolutiva de la sentencia sea publicada en un lugar visible, en las instalaciones de la Fiscalía Quinta Especializada de Florencia, Caquetá, por el término de seis (6) meses, de tal forma que toda persona que visite dicha Fiscalía tenga la posibilidad de acceder al contenido de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. - Sírvase señor Juez condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada, en los términos consagrados en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil>>.

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal allegadas por la parte actora, se extrae que:

3.1.- La investigación penal contra la demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez tuvo su origen en las actividades adelantadas por la policía judicial para desmantelar una red del Frente Tercero de las FARC que extorsionaba a los comerciantes de Florencia , Caquetá. Los agentes interceptaron una de las llamadas extorsivas y encontraron que provenía de un teléfono rural de Telecom (un <<SAI>>), cuya operación estaba a cargo de la demandante.

3.2.- Por lo anterior, la Fiscalía ordenó su captura con fines de indagato ria. Esta orden se hizo efectiva el 19 de octubre de 2007.

3.3.- El 23 de octubre de 2007, luego de escucharla en indagatoria, la Fiscalía

orden se hizo efectiva el 19 de octubre de 2007.

3.3.- El 23 de octubre de 2007, luego de escucharla en indagatoria, la Fiscalía ordenó la libertad de la demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez porque comprobó que se limitó a operar la cabina telefónica del corregimiento y a prestar un servicio, sin que tuviera alguna relación con las llamadas extorsivas.

3.4.- El 7 de noviembre de 2007, al momento de resolver su situación jurídica, la Fiscalía se abstuvo de imponerle una medida de aseguramiento.

3.5.- El 30 de mayo de 2008 precluyó la investigación a su favor. Esta decisión fue confirmada el 29 de julio de 2008.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora , en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) la demandante fue capturada el 19 de octubre de 2007 ; (ii) luego de su indagatoria, la Fiscalía ordenó su libertad el 23 de octubre de 2007; (iii) se abstuvo de imponerle una medida de aseguramiento el 7 de noviembre de 2007 y (iv) precluyó la investigación el 30 de mayo de 2008.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

5

5.- Según la parte actora, la demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez fue privada injustamente de su libertad porque <<no tenía por qué soportar los daños que se generaron [con] motivo de su detenció n>>, pues fue absuelta. Además, <<el fiscal que tramitó este proceso dejó de lado los fines de la detención

privada injustamente de su libertad porque <<no tenía por qué soportar los daños que se generaron [con] motivo de su detenció n>>, pues fue absuelta. Además, <<el fiscal que tramitó este proceso dejó de lado los fines de la detención preventiva>>.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que: (i) la víctima directa no pudo obtener ingresos como consecuencia de su detención; (ii) ella y sus familiares sufrieron perjuicios morales dada la << separación abrupta de la familia>>; (iii) todos los demandantes sufrieron un daño a la vida en relación , pues <<fueron macartizados y señalados como delincuentes>>, lo que <<afectó su derecho a la honra>>.

7.- Como medidas no pecuniarias de reparación solicitó que se orden ara a la Fiscalía a hacer lo siguiente: (i) ofrecer disculpas públicas a los demandantes en una ceremonia; (ii) implementar un programa de << promoción y respeto de los derechos de las personas >> en Florencia, Caquetá y (iii) publicar << la parte resolutiva de la sentencia en un lugar visible en las instalaciones de la Fiscalía Quinta Especializada de Florencia, Caquetá, por seis meses>>.

B. Posición de la entidad demandada

8.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso que: (i) su actuación cumplió los requisitos legales; (ii) la absolución de la demandante se dio en virtud del principio de progresividad de las etapas de la investigación penal ; (iii) la demandante debía soportar una detención de cinco días pues este es << el tiempo necesario para

legales; (ii) la absolución de la demandante se dio en virtud del principio de progresividad de las etapas de la investigación penal ; (iii) la demandante debía soportar una detención de cinco días pues este es << el tiempo necesario para aclarar una situación legal >> y , por último, (iv) los perjuicios morales fueron sobreestimados.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 28 de febrero de 2013 , el Tribunal Administrativo de l Caquetá condenó a la Fiscalía porque esta entidad detuvo a la víctima directa con fundamento en unos delitos por los que luego fue absuelta, motivo por el cual <<no debía soportar su detención>>. En consecuencia, le ordenó reparar:

9.1.- Los perjuicios morales en las cuantías transcritas al inicio de esta providencia.

9.2.- El lucro cesante por los salarios dejados de percibir por la víctima directa durante el tiempo de su detención. Para la liquidación de este perjuicio, el tribunal resaltó que, si bien no se probó una actividad económica de la víctima , << la misma se presumirá por tratarse de una persona en edad productiva>>. Para definir el monto de ingresos a indemnizar acudió al salario mínimo legal mensualRadicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

6

vigente y le adicionó 25% por concepto de prestaciones sociales. Como periodo indemnizable tomó el tiempo de detención.

9.3.- Negó la indemnización del daño a la vida en relación porque << el poco tiempo que estuvo privada de su libertad (5 días) no permite establecer que haya

indemnizable tomó el tiempo de detención.

9.3.- Negó la indemnización del daño a la vida en relación porque << el poco tiempo que estuvo privada de su libertad (5 días) no permite establecer que haya padecido una afectación futura y determinante de su esfera social>>9.

D. Recursos de apelación

10.- La entidad demandada solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda porque (i) el caso debió estudiarse bajo un régimen subjetivo de responsabilidad y la actuación del fiscal cumplió los requisitos legales y (ii) el tribunal decretó <<indemnizaciones exorbitantes>> por una detención de cinco días.

11.- La parte demandante también apela la decisión del tribunal y solicita que se revoque parcialmente. Su inconformidad se centra en los siguientes puntos:

11.1.- La cuantía de los perjuicios morales debe ser mayor, pues además del dolor, la detención << también afectó el buen nombre y honra >> de los demandantes. Esta cuantía debe ser además igual para todos , dado que las víctimas indirectas <<tuvieron que ver detenida a su familiar y correr con el desprestigio familiar>>.

11.2.- El daño a la vida en relación estaba probado con la prueba testimonial.

11.3.- El periodo indemnizable para el lucro cesante debió incluir el tiempo 8.75 meses que demora, en promedio, una persona en conseguir empleo.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

12.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fu e presentada dentro del término de dos

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

12.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fu e presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) el 29 de julio de 200810 la Fiscalía confirmó en segunda instancia la decisión de precluir la investigación a favor de la víctima, momento en el cual dicha decisión quedó ejecutoriada (art. 187, Ley 600 de 2000) y (ii) la demanda se interpuso a tiempo, el 22 de octubre de 200811.

9 Fl. 162, c-4. 10 Fl. 196, c-4. 11 Fl. 45, c-1. La Sala aclara que toma la fecha de reparto, porque no obra ningún sello en el documento de la demanda que dé cuenta de la fecha de radicación. Nótese también que incluso si se toma la fecha posterior de radicación que aparece en el sistema Just icia Siglo XXI, el 12 de diciembre de 2008 , la demanda sigue siendo oportuna.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

7

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

13.- A partir de la constancia del Departamento de Policía del Caquetá 12, está probado que la demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez estuvo privada de su libertad entre el 19 de octubre y el 23 de octubre de 2007, es decir, por un periodo de cinco (5) días.

probado que la demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez estuvo privada de su libertad entre el 19 de octubre y el 23 de octubre de 2007, es decir, por un periodo de cinco (5) días.

14.- También está demostrado, mediante providencia del 30 de mayo de 200813, que la Fiscalía precluyó la investigación a favor de la demandante porque se comprobó que simplemente se dedicaba a operar el teléfono de Telecom del corregimiento, sin que tuviera relación alguna con las llamadas extorsivas hechas desde allí.

15.- En esta providencia, la Sala:

15.1.- Se abstendrá de estudiar la legalidad de la captura de la demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez debido a que esta fue absuelta porque la conducta investigada era objetivamente atípica, evento en el cual la responsabilidad d el Estado debe ser estudiada bajo un régimen objetivo, como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018. En consecuencia, confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se demostró que la víctima sufrió un daño antijurídico como consecuencia de su detención.

15.2.- En relación con los perjuicios : (i) modificará las cuantías fijadas para el perjuicio moral con el fin de ajustarlas a las reglas de unificación y (ii) modificará la liquidación del lucro cesante porque la demandante no probó que llevara a cabo su actividad económica en el marco de un contrato laboral, por lo que no es procedente reconocer 25% por concepto de prestaciones sociales ; tampoco es procedente reconocer un p eriodo adicional de indemnización por la reubicación

cabo su actividad económica en el marco de un contrato laboral, por lo que no es procedente reconocer 25% por concepto de prestaciones sociales ; tampoco es procedente reconocer un p eriodo adicional de indemnización por la reubicación laboral porque no fue solicitado en la demanda. Además, (iii) le ordenará a la Fiscalía que ofrezca disculpas a la víctima por el daño causado , tal como lo solicitó la actora, (iv) revocará la orden de reparar el daño a la vida en relación reclamado porque este no constituye una afectación distinta a los perjuicios inmateriales previamente reconocidos y (iv) negará las demás reclamaciones por perjuicios inmateriales porque no corres ponden a afectaciones diferentes a las ya reparadas.

12 Fl. 42, c-1. 13 Fl. 20,c -1.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

8

G. Plan de exposición

16.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad14. En consecuencia, se referirá a: (i) el daño especial; (ii) la entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. La demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez sufrió un daño especial debido a que fue privada de su libertad y posteriormente absuelta por atipicidad objetiva de la conducta

reparación.

H. La demandante Blanca Inés Palacio Rodríguez sufrió un daño especial debido a que fue privada de su libertad y posteriormente absuelta por atipicidad objetiva de la conducta

17.- El artículo 414 del Código de Procedimiento Penal (2700 de 1991) disponía:

<<Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sid o privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.>>

18.- En esos casos , y como consecuencia de la disposición legal antes citada , era suficiente acreditar la privación de la libertad para obtener la indemnización. El legislador en este caso consideró que, en tales eventos, era muy sencillo para el juez penal determinar la improcedencia de la orden de detención, razón por la cual, si se adoptaba tal medida, el Estado debía indemnizar.

19.- Derogada la norma anterior, e invocando solamente el artículo 90 de la C.P., la jurisprudencia del Consejo de Estado continuó considerando que la absolución del sindicado por atipicidad de la condu cta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad, resultando indiferente que la detención hubiese sido adoptada con todas las exigencias legales:

<<(…) El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia

antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad, resultando indiferente que la detención hubiese sido adoptada con todas las exigencias legales:

<<(…) El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica . Por lo tanto, aunque la medida de aseguramiento se hubiera dictado atendiendo las exigencias constitucionales, esto es, fundada en una causa prevista en la ley, con el cumplimiento de los requisitos probatorios señalados, por el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos, de manera proporcional a la conducta realizada, con el fin de evitar la fuga del sindicado, asegurar su presencia en el proceso, hacer efecti va la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva, el daño será antijurídico cuando esa medida deviene injusta, porque la conducta que se investiga no se materializó en el mundo de los hechos, o habiéndose producido esa conducta, el sindi cado no fue su autor, o cuando habiéndola ejecutado éste, tal conducta no

14 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

9

encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un hecho que no reviste reproche penal alguno (…)>>15.

9

encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un hecho que no reviste reproche penal alguno (…)>>15.

20.- La Corte Constitucional, en la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, avaló esta jurisprudencia e indicó que en los casos de atipicidad objetiva de la conducta era procedente aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, y que la demostración de este presupuesto era suficiente para ordenar la reparación:

<<105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica - es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

<<En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces 16, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administració n la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida

<<Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato

deberá ser la administració n la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida

<<Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alt eración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible.

<<El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer e l Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo>>17.

21.- La atipicidad objetiva de la conducta se presenta en los eventos en los cuales en el proceso está probado que el sindicado participó en un hecho o desarrolló una conducta, pero esa conducta no estructura el delito imputado porque no reúne los elementos objetivos del tipo. La Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente sobre la atipicidad objetiva de la conducta:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Terc era, Subsección B. Expediente

reúne los elementos objetivos del tipo. La Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente sobre la atipicidad objetiva de la conducta:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Terc era, Subsección B. Expediente 17001-23-31-000-1997-06052-01(20074). Sentencia de 11 de mayo de 2011. M.P.: Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 16 Artículos 39 y 306 de la Ley 906 de 2004. 17 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. M.P.: Dr. José Fernando Reyes Cuartas.Radicado: 18001-23-31-000-2009-00322-01 (49120)

Demandantes: Blanca Inés Palacio Rodríguez y otros

10

<<3.2 La atipicidad del hecho investigado se ha entendido como la falta de adecuación del comportamiento a la descripción de un tipo previsto en la Ley penal, pues en el proceder cuestionado no concurren los elementos que configuran la conducta punible. Sobre la mencionada causal de preclusión ha señalado esta Corporación que: “(…) la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo p enal, en tanto que la relativa, esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una específica conducta punible (abuso de función pública, valga el caso), sí encuadran dentro de otra (prevaricato, po r vía de ejemplo). Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa,

pública, valga el caso), sí encuadran dentro de otra (prevaricato, po r vía de ejemplo). Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de un