CE - 180012331000201000010011SENTENCIA20230201154124

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 18001233100020100001001 (59500)

DIANA MARÍA MENESES CALDERÓN Y OTROS NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Ley 906 de

2004. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 9 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 19 de mayo de 2007, agentes de la SIJIN capturaron en flagrancia a María Delfina Meneses Calderón y a Luis Gabriel Zambrano Rubio, por ser presuntos autores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y defraudación a los derechos patrimoniales de_ autor. Por estos hechos se adelantó un proceso penal, identificado con el número de radicado

180016000553200700560. En este proceso, el 19 de mayo de 2005, el Juzgado 4° Penal Municipal de Florencia con Función de Control de Garantías impuso como

estos hechos se adelantó un proceso penal, identificado con el número de radicado

180016000553200700560. En este proceso, el 19 de mayo de 2005, el Juzgado 4° Penal Municipal de Florencia con Función de Control de Garantías impuso como medidas de aseguramiento no privativas de la libertad en contra de María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, las previstas en el artículo 307 literal b), numerales 3°, 4°, 5° y 9° de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, mediante proveído del 15 de febrero de 2008, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Florencia absolvió a los procesados, en virtud de la solicitud formulada por la Fiscalía en las alegaciones finales del juicio oral.2

Radicado: 180012331000201000010.01 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros Por otro lado, frente a María Delfina Meneses Calderón y a Luis Gabriel Zambrano Rubio se adelantó un segundo proceso penal, identificado con el número de radicado 132760, pero por los delitos de concierto para delinquir y rebelión. En este proceso, el 20 de mayo de 2007, María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel . Zambrano Rubio fueron capturados por ser presuntos autores de los delitos referidos. El 23 de mayo de 2007, María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio rindieron indagatoria ante la Fiscalía 4ª Especializada de Neiva.

No obstante, mediante proveído del 14 de enero de 2008, la Fiscalía 4ª Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Neiva precluyó la

No obstante, mediante proveído del 14 de enero de 2008, la Fiscalía 4ª Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Neiva precluyó la investigación seguida en su contra debido a que había "ausencia de prueba demostrativa" de la conducta delictiva. Los demandantes consideran que la detención de los procesados fue injusta, i) porque fueron absueltos en el proceso 180016000553200700560 y ii) se precluyó la investigación seguida en su contra en el proceso penal identificado con el número de radicado 132760.

11. ANTECEDENTES

1. Demanda 1.1. El 12 de enero de 20101 , María Delfina, Blanca Yudy y Diana María Meneses Calderón; y Blanca Edy Calderón y José Lizardo Meneses, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de María Delfina Meneses Calderón. 1.2. En el mismo escrito, Luis Gabriel Zambrano Rubio, en nombre propio y en representación de Juan José Zambrano Cano y Andrés Julián Zambrano Yáñez; y Laura Cristina Cano Muñoz y Edinson Zambrano Martínez, también presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, pero por los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Luis Gabriel Zambrano Rubio .. 1 FI. 9 a 29, C. 1.3

Radicado: 18001233100020100001001 (59500)

Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros

la libertad de la que fue objeto Luis Gabriel Zambrano Rubio .. 1 FI. 9 a 29, C. 1.3

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales, 300 SMLMV a María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, 200 SMLMV a Laura Cristina Cano Muñoz, Juan José Zambrano Cano y Andrés Julián Zambrano Yáñez, y 100 SMLMV a Blanca Edy Calderón, José Lizardo Meneses, Blanca Yudy Meneses Calderón,

Diana María Meneses Calderón y Edinson Zambrano Martínez. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 19 de mayo de 2007, agentes de la SIJIN capturaron en flagrancia a María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, por ser presuntos autores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y defraudación a los derechos patrimoniales de autor. Sostiene que por estos hechos se adelantó un proceso penal, identificado con el número de radicado 180016000553200700560. Señala que el 19 de mayo de 2005 en proceso antes señalado, el Juzgado 4° Penal Municipal de Florencia con Función de Control de Garantías impuso como medidas de aseguramiento no privativas de la libertad en contra de María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, las previstas en el artículo 307 literal b),

Municipal de Florencia con Función de Control de Garantías impuso como medidas de aseguramiento no privativas de la libertad en contra de María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, las previstas en el artículo 307 literal b), numerales 3°2, 4°3, 504 y 9°5 de la Ley 906 de 2004. Manifiesta que el 15 de junio de 2007, la Fiscalía 4ª Especializada de Florencia presentó escrito de acusación en contra de los sindicados, pues consideró que eran autores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso . 2 "Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: (. . .) B. No privativas de la libertad (. . .) 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe (. . .) ". 3 "Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: (. . .) B. No privativas de la libertad (. . .) 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho( .. .)". 4 "Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: (. . .) B. No privativas de la libertad ( .. .) 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez (. . .)". 5 "Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: (. . .) B. No privativas de la libertad(. .. ) 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. (. . .)".4

la libertad(. .. ) 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. (. . .)".4

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros privativo de las Fuerzas Armadas, así como del de defraudación a los derechos patrimoniales de autor.

Señala que el 29 de junio de 2007, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Florencia celebró audiencia de acusación contra María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio por los delitos referidos. Sostiene que mediante proveído del 15 de febrero de 2008, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Florencia celebró audiencia de lectura del fallo y absolvió a los acusados, en virtud de la solicitud formulada por la Fiscalía en las alegaciones finales del juicio oral. Por otro lado, indica que frente a María Delfina Meneses Calderón y a Luis Gabriel Zambrano Rubio también se adelantó un segundo proceso penal, identificado con el número de radicado 132760, pero por los delitos de concierto para delinquir y rebelión. Aduce que en este proceso, el 20 de mayo de 2007, María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio fueron capturados por ser presuntos autores de los delitos referidos. Afirma que el 23 de mayo de 2007, María Delfina Meneses Calderón y,Luis Gabriel Zambrano Rubio rindieron indagatoria ante la Fiscalía 4ª Especializada de Neiva. Sostiene que mediante proveído del 14 de enero de 2008, la Fiscalía 4ª Delegada

Zambrano Rubio rindieron indagatoria ante la Fiscalía 4ª Especializada de Neiva. Sostiene que mediante proveído del 14 de enero de 2008, la Fiscalía 4ª Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Neiva precluyó la investigación seguida en su contra debido a que había "ausencia de prueba demostrativa" de una conducta delictiva. Los demandantes consideran que la detención de los procesados fue injusta, i) porque fueron absueltos en el proceso 180016000553200700560 y ii) porque se precluyó la investigación seguida en su contra en el proceso penal identificado con el número de radicado 132760. •5

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros Textualmente señalan en la demanda: "[La] Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes, por falla o falta del servicio o de la administración que condujo a la injusta detención en dos procesos penales por los mismos hechos contra María Delfina y Luis Gabriel, el primero adelantado por Ley 906 de 2004 y el segundo por Ley 600 de 2006 por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva Huila, en el primero se les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad y por el segundo proceso la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario donde permanecieron durante veinte (20) días [. . .]".

2. Contestación El 20 de octubre de 20106, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

(20) días [. . .]".

2. Contestación El 20 de octubre de 20106, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación7 manifestó que en el proceso penal identificado con número de radicado 132760 no ocasionó un daño antijurídico a los procesados, porque impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad en su contra.

Por otro lado, señaló que en el proceso penal identificado con el número de radicado 180016000553200700560 se libró orden de captura en contra de los sindicados, porque existían indicios graves de responsabilidad que permitían inferir, preliminarmente, que podían ser autores de los delitos de concierto para delinquir y rebelión.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 8 de febrero de 20128, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. • FI. 99 a 100, C. 1. 7 FI. 105 a 111, C. 1. 8 FI. 145, C. 1.6

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana Mil.ría Meneses Calderón y..otros 3.1. La parte demandante9 y la Fiscalía General de la Nación10 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente. 3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 9 de febrero de 201711, el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió p_arcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 9 de febrero de 201711, el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió p_arcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio fue injusta, toda vez que, por una parte, fueron absueltos de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y defraudación a los derechos patrimoniales de autor, en virtud de la solicitud formulada por la Fiscalía en las alegaciones finales del juicio oral; y por otra, se precluyó la investigación penal seguida en su contra por los delitos de concierto para delinquir y rebelión, debido a la ausencia de pruebas obrantes en su contra, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado.

Al efecto sostuvo que: "[. . .] los señores Meneses Calderón y Zambrano Rubio, estuvieron privados de su libertad dentro del proceso adelantado en vigencia de la Ley 600 de 2000, conforme a lo ordenado por la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, Huila, desde el 30 de mayo al 12 de junio de 2007. El hech12,.d_eproferirse resolución de preclusión a su favor da al daño sufrido por éste, consistente en la pérdida temporal de su libertad, las connotaciones de antijurídico { . .] Así mismo, en proveído de fecha 15 de febrero de 2008 (fls. 77-86), el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, si bien dentro del proceso adelantado bajo la

proveído de fecha 15 de febrero de 2008 (fls. 77-86), el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, si bien dentro del proceso adelantado bajo la Ley 906 de 2004, por parte del Juez de Control de Garantías se les impone medida de aseguramiento no privativa de la libertad [. . .] se dispone por parle del juez de conocimiento absolver a los acusados del delito de porte ilegal de armas de uso 9 FI. 146 a 149, C. 1. 10 FI. 150 a 156, C. 1. 11 FI. 241 a 253, C. 2.7

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Df'mandante: Diana María Meneses Calderón y otros privativo de la fuerza pública y violación a los derechos patrimoniales de autor [. .. ] No cabe duda entonces que a los accionantes se les ocasionó un daño y éste le es imputable a la Fiscalía General de la Nación, al emitir la resolución de preclusión dentro del proceso penal 132760, [. . .] toda vez que la única razón para que los actores fueran privados de su libertad fue su decisión legítima de emitir la respectiva boleta de detención y posterior emisión de boleta de libertad dentro del marco de la Ley 600 del 2000, a fin de tomarles las respectivas diligencias de indagatorias, puesto que no se emite medida de aseguramiento en su contra, es decir, que su restricción a la libertad se limita al término de trece días según se consigna en la certificación del INPEC (fl. 10, C. pruebas de oficio) [. . .] estos asuntos se resuelven por el régimen objetivo [. . .]".

restricción a la libertad se limita al término de trece días según se consigna en la certificación del INPEC (fl. 10, C. pruebas de oficio) [. . .] estos asuntos se resuelven por el régimen objetivo [. . .]". En la parte resolutiva, _el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 15 SMLMV a María Delfina Meneses Calderón, José Lizardo Meneses Cuellar, Blanca Edy Calderón Restrepo, Luis Gabriel Zambrano Rubio, Laura Cristina Cano Muñoz, Andrés Julián Zambrano Yáñez y Juan José Zambrano Cano, y 7.5 SMLMV a Blanca Yudy Meneses Calderón, Diana María Meneses Calderón y Edinson Zambrano Martínez.

5. Recurso de apelación El 10 de marzo de 201712, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 18 de mayo de 201713 y admitido el 15 de noviembre de 201714. 5.1. La Fiscalía General de la Nación15 manifestó que su actuar estuvo amparado en el artículo 250 de la Constitución Política. Asimismo, señaló que no ocasionó el daño antijurídico a los procesados cuya indemnización se reclama en la demanda, porque María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio no fueron objeto de medida de aseguramiento privativa de la libertad en ninguno de los dos procesos penales adelantados en su contra. 12 FI. 258 a 266, C. 2. 13 FI. 311 a 313, C. 2. 14 FI. 356, C. 2. 15 FI. 241 a 253, C. 2.8

12 FI. 258 a 266, C. 2. 13 FI. 311 a 313, C. 2. 14 FI. 356, C. 2. 15 FI. 241 a 253, C. 2.8

Radicado: 18001233100020100001001 (59500)

Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 6 de julio de 201816 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6. 1. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 6.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio 17 .

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 9 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado • proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el _artículo 8618 del Código Contencioso Administrativo. 16 Fl. 377, C. 2. 17 F1. 410, C. 2. 18 "Articulo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la

17 F1. 410, C. 2. 18 "Articulo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública."•. . 9

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana 1V1aría Meneses Calderón y otros En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho impu table a la admin istración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general19 , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la

judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. 19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.". 20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 " ... el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos."10

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calderón_y otros Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como lím ite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrume nto que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones ju rídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declarar/a de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto

procesal llamado a interponer determinada acción judicial". 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 19 98: " ... [s]i el actor deja transcurrir tos plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado".11

Radicado: 1800123310 0020100001001 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calderón y otros Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad23.

En primer lugar, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a la privación de la libertad alegada con ocasión del proceso penal tramitado con el

carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad23. En primer lugar, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a la privación de la libertad alegada con ocasión del proceso penal tramitado con el número de radicado 180016000553200700560, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 15 de febrero de 200824, mediante el cual se absolvió a María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, fue notificado en estrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 906 de 200425, y quedó ejecutoriado en esa misma fecha; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 27 de agosto de 200926, la cual se declaró fallida el 3 de noviembre de 200927; y iii) que la demanda se presentó el 12 de enero de 201028, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal penal. De igual manera, se observa que el derecho de accionar también se ejerció en tiempo frente a la privación injusta de la libertad alegada con ocasión del proceso 23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13. 622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48. 130; Sentencia del 10 de noviem bre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembr e de 2017, Rad.: 54.716. 24 FI. 77 a 86, C. 1. 25 "Artículo 169. Formas. Por regla general las providencias se notificarán a tas partes en estrados.

Rad.: 54.716. 24 FI. 77 a 86, C. 1. 25 "Artículo 169. Formas. Por regla general las providencias se notificarán a tas partes en estrados.

En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación. De manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia. Las decisiones adoptadas con poster ioridad al vencimiento del término legal deberán ser notificadas persona lmente a /as partes que tuvieren vocación de impugnación" . 26 FI. 92 a 93, C. 1. 27 F1. 92 a 93, C. 1. 28 FI. 9 a 29, e 1.12

Radicado: 18001233100020100001001 (59500) Demandante: Diana María Meneses Calde rón y otros penal tramitado con el número de radicado 132760, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 14 de enero de 200829, mediante el cual se precluyó la investigación seguida en contra de María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, quedó ejecutoriado el 30 de enero de 2008, según da cuenta copia auténtica

seguida en contra de María Delfina Meneses Calderón y Luis Gabriel Zambrano Rubio, quedó ejecutoriado el 30 de enero de 2008, según da cuenta copia auténtica de la constancia secretaria! suscrita por el Asistente de Fiscal 111 de la Secretaría Administrativa de Fiscalías Especializadas de Neiva30; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 27 de agosto de 200931 , la cual se declaró fallida el 3 de noviembre de 200932; y iii) que la demanda se presentó el 12 de enero de 201033, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley.

4. Legitimación en la causa . 1 4.1. María Delfina Meneses Calderón (víctima), Blanca Edy Calderón de Meneses

(madre), José Lizardo Meneses Cuellar (padre), Blanca Yudy Meneses Calderón (hermana) y Diana María Meneses Calderón (hermana),