CE - 180012331000201000199012SENTENCIA20230815170750

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 18001-23-31-000-2010-00199-01 (69537)

Actor: ÉDGAR SALDAÑA JIMÉNEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-No se acreditó una actuación abiertamente despropcrcionada y violatoria del procedir,1iento legal. CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Obligatoriedad de la sentencia C-037 de 1996. CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Tránsito a cosa juzgada constitucior,al. CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Una vezan firme y ejecutoriada la decisión, ¡,sta tiene fuerza vinculante y obligatoria para todos. CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD-Condicionada la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. COSTAfi EN CCA-lmprocedencia cuando ne se actúa con temeridad o mala fe.

La Sala, de conformidad con lo dispuesto en sesión de 25 de abril de 20131, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, pmferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, pmferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO La Fiscalía General de a Nación impuso medida de aseguramiento a Édgar Saldaña Jiménez por los delitos de rebelión y falsedad ideológica en documento público. El juez de prime:ra instancia lo condenó y, posteriormente, el Tribunal Superior de Florencia revc,có la decisión y lo absolvió por in dubio pro reo. Califican la privación de la libertaj de injusta, porque el pr::>eeso concluyó con un fallo absolutorio. 1 Según el Acta nº. 10 de la Sala F·lena de la Sección Tercera.Expediente nº. 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones ANTECEDENTES El 5 de octubre de 2009, Édgar Saldaña Jiménez y otros, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Rama judicial, Fiscalía General de la Nación. Solicitaron 200 SMLMV pc,r perjuicios morales para cada uno de los demandantes, $105.059.945 por daño emergente y $50.000.000 por concepto de lucro cesante para la víctima. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento por los delitos de rebelión y falsedad ideológica en documento público. Un juez lo condenó y un tribunal lo absolvió y ordenó su libertad. Aducen que la privación de la libertad fue injusta.

aseguramiento por los delitos de rebelión y falsedad ideológica en documento público. Un juez lo condenó y un tribunal lo absolvió y ordenó su libertad. Aducen que la privación de la libertad fue injusta. El 11 de febrero de 2011, se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Rama Judicial alegó falta de legitimación por pasiva. La Fiscalía adujo que actuó de conformidad con la Constitución y la ley. El 16 de diciembre de 2013 se corrió traslado a lcis partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La Fiscalía reiteró lo expuesto. La parte demandante, la Nación­ Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio. El 21 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia negó las pretensiones, al considerar que se configuró culpa exclusiva de la víctima. La demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 26 de enero de 2023 y admitido el 17 de marzo de 2023. Esgrimió que la sentenc a de primera instancia desconoció el criterio de la sentencia de unificación de 2021, según el cual, el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal. El 1 O de mayo de 2023 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente nº 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros

guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente nº 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 19962.

Acción procedente

2. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 CN y art. 86 CCA).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño3. A pesar de que no consta en el expediente la fecha de ejecutoria de la providencia

a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño3. A pesar de que no consta en el expediente la fecha de ejecutoria de la providencia absolutoria, la demanda se interpuso en tiempo -5 de octubre de 2009porque la sentencia fue proferida el 8 de octubre de 2007 [hecho probado 7.4]. 2 El Consejero Ponente de esta decisión. aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencia! de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146 [fundamento jurídico 1]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp 263694, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425 [fundamento jurídico

i párr. 2 al 5], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 695, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.Expediente nº. 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones Legitimación en la causa

4. Édgar Saldaña Jiménez, Jeny Alejandra Saldaña Quintero, Lizeth Natalia Saldaña Plazas, Zoila Isabel Saldaña Jiménez, María Odilia Saldaña Jiménez, María Dorys

Saldaña Jiménez, Martha Irene León Jiménez, Joaquín Fernando Saldaña Jiménez, Martha Lucía Plazas Gutiérrez, Rensis Saldaña Gutiérrez, Miguel Ángel Saldaña Plazas, Walber Paul Saldaña Plazas, Héctor Francisco Saldaña Jiménez y María Elena Jiménez son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que la primera es el sujeto pasivo de la investigación y los demás conforman el núcleo familiar [hecho probado 7.5). La Nación-Fiscalía General de la Nación y La Nación-Rama Judicial están legitimadas en la causa por pasiva, pues fueron las entidades enca"gadas de la imposición de la medida de aseguramiento, acusación y juzgamiento [hechos probados 7.1, 7.4 y 7.5).

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad fue con;ecuencia de una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria del procedimiento legal.

111. Análisis de la Sala

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad fue con;ecuencia de una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria del procedimiento legal.

111. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Salét estudiará el asunto, de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación consideró que tenían mérito probatorio4.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 2(,.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo lo re,peta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octL bre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en: https://bit.lv/3gjjduK.5

Expediente nº. 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones se demostraron los siguientes hechos: 7 .1. El 27 de mayo de 2003, la Fiscalía General de la Nación-Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario impuso medida de aseguramiento a Édgar Saldaña Jiménez por los delitos de rebelión, en concurso heterogéneo con

7 .1. El 27 de mayo de 2003, la Fiscalía General de la Nación-Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario impuso medida de aseguramiento a Édgar Saldaña Jiménez por los delitos de rebelión, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 69-81 c. 3). 7.2. El 23 de abril de 2004, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra Édgar Saldaña Jiménez por el delito de rebelión y falsedad ideológica en documento público, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 116-300 c. 2 y f. 301-323 c. 4). 7.3. El 17 de enero de 2006, el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia condenó a Édgar Saldaña Jiménez a 84 meses de prisión y multa de 130 SMLMV por los delitos de rebelión y falsedad ideológica en documento público, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 576-649 c. 3). 7.4. El 8 de octubre de 2007, el Tribunal Superior de Florencia absolvió a Édgar Saldaña Jiménez de los delitos de rebelión y falsedad ideológica en documento público por in dubio pro reo y ordenó su libertad, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 88-95 c. 1 ). 7.5. Édgar Saldaña Jiménez es hijo de María Elena Jiménez, hermano de Zoila Isabel Saldaña Jiménez, Martha Irene León Jiménez, Héctor Francisco Saldaña

la providencia (f. 88-95 c. 1 ). 7.5. Édgar Saldaña Jiménez es hijo de María Elena Jiménez, hermano de Zoila Isabel Saldaña Jiménez, Martha Irene León Jiménez, Héctor Francisco Saldaña Jiménez, María Dorys Saldaña Jiménez, Joaquín Fernando Saldaña Jiménez, María Odilia Saldaña Jiménez, esposo de Martha Lucía Plazas, padre de Walber Paul Saldaña Plazas, Rensis Saldaña Gutiérrez, Miguel Árigel Saldaña Plazas y abuelo de Jeny Alejandra Saldaña Quintero y Lizeth Nathalia Saldaña Plazas según da cuenta copias auténticas de los registros civiles de nacimiento y matrimonio (f.126170 c. 1). La privación de la libertad en la Ley 270 de 1996Expediente nº 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones

8. El daño está demostrado porque Édgar Saldaña Jiménez estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 19 de mayo de 2003 hasta el 8 de octubre de 2007 [hechos probados 7.2 y 7.4].

La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad e:;tá regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en ed artículo 68 que establece que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. La Corte Constitucional, al declarar su exequibilidad condicionada, dejó en claro que el término «injustamente» se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violat:iria de los procedimientos legales5.

su exequibilidad condicionada, dejó en claro que el término «injustamente» se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violat:iria de los procedimientos legales5. De acuerdo con esa disposición, tal y como quedó después de su condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe hacerse bajo dichos parámetros, que implica analizar las circunstancias en que se produjo la privación de la libertad, para determinar si obedeció a una medida apropiad:1, razonada, conforme a derecho o si la conducta de la entidad fue abiertamente arbitraria. En todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho deiterminante y exclusivo de un tercero o a la culpa exclusiva de la víctima6, esta de conformidad con los artículos 70 y 67 de la Ley 270 de 1996. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a ,::osa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996 [fundamento jurídico 2].

abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996 [fundamento jurídico 2]. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 1989, Rad. 2.852 [fundamento jurídico 11], en Antología Jurisprudencias y Conceptos. Consejo de Estado 1817-2017 Sección Terceré Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 237 y Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2017, Rad. 54.932 [fundamento jurídico 12 y 13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 717, disponible en https//bit.l¡/3gjjduK.norma acusada. 7 Expediente nº 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones

9. La Unidad de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Édgar Saldaña Jiménez con fundamento en las declaraciones juramentadas de Edwin Robert Cardona, Erminson Ortiz Ramírez y Javier Reyes Hernández que lo vinculaban como miliciano de las FARC y en la diligencia de inspección a la Registraduría de Puerto Rico, Caquetá (hecho probado 7.1] . Así lo resaltó la providencia al indicar: [ ... ] Se cuenta dentro del plenario con la declaración rendida bajo juramento de

inspección a la Registraduría de Puerto Rico, Caquetá (hecho probado 7.1] . Así lo resaltó la providencia al indicar: [ ... ] Se cuenta dentro del plenario con la declaración rendida bajo juramento de Edwin Robert Cardona, conocido dentro de la organización subversiva, columna Teófi/o Forero con el alias de "Juan Pablo", así como ampliación de la misma, en las cuales afirmó que Édgar Sa/daña era el Registrador de Puerto Rico, Caquetá en el año dos mil dos, quien trabajaba para "James Pata Mala" y "El paisa Osear" colaborándoles con la expedición de cédulas para los integrantes del frente XIV y la Teófilo Forero cuando necesitaban identificarse porque iban a realizar algún atentado o acto terrorista. [ ... ] Afirmó que Édgar Saldaña le dijo a alias "Pata Mala" que él camuflaba los formularios de la población civil con las de ellos, incluyendo la que le expediría a él a nombre de Carlos Andrés Sandoval Mazuera. [ ... ] Afirmó el testigo que, para la recedu/ación de los guerrilleros, por lo cual Édgar Saldaña había cobrado la suma de quinientos mil pesos por cada una, él mismo les había prestado una camisa a cuadros, una camiseta negra y una chaqueta negra para que se tomaran la fotografía y las tarjetas de preparación las había elaborado el registrador en su propia casa. Se realizó diligencia de inspección en las instalaciones de la Registraduría de Puerto Rico el pasado 18 de mayo, se allegaron diez tarjetas de preparación y cuatro cédulas. Se allegó al expediente copia del expediente que adelantó la Fiscalía Secciona/ de

Rico el pasado 18 de mayo, se allegaron diez tarjetas de preparación y cuatro cédulas. Se allegó al expediente copia del expediente que adelantó la Fiscalía Secciona/ de Puerto Rico, Caquetá con base en la declaración rendida por Erminson Ortiz Ramírez alias "Espátula" el 22 de octubre de 2002, en esta declaración relata claramente cómo se adelantó el proceso de recedu/ación de los guerrilleros, no solo una, sino varias veces, así como las entrevistas que sostuvo Édgar Sa/daña con alias "James Pata Mala", alias "Juan Pablo" y alias "/ván". Dentro de las mismas diligencias allegadas por la Fiscalía Secciona/ de Florencia, obra la declaración de Javier Reyes Hernández, conocido como alias "Condorito", militante de la Teófi/o Forero de las FARC, quien afirmó bajo juramento que el Registrador de Puerto Rico, a quien escuchó respondía al nombre de Édgar Saldaña Jiménez era el encargado de sacar las cédulas o recedular a los guerrilleros que tenían el nombre quemado, concretamente relata el caso de unos guerrilleros que la "ley" los tenía identificados, como el caso de alias "Quico". Para esta delegada merecen credibilidad las declaraciones vertidas al plenario, como que fueron rendidas por personas que pertenecieron al movimiento subversivo de las FARC, tanto al frente XIV como a la columna Teófi/o Forero, más aún Edwin Robert Cardona señala cómo y para qué fue rece(!u/ado con otro nombre como el de Carlos Andrés Sandoval Mazuera, aspecto diciente si tenemos en cuenta que en fa misma injuriada EcJgar Sa/daña manifestó que conocía a Edwin Robert Cardona como corregidor de la Aguililla, por lo cual no tendría por qué haberle tramitado una

de Carlos Andrés Sandoval Mazuera, aspecto diciente si tenemos en cuenta que en fa misma injuriada EcJgar Sa/daña manifestó que conocía a Edwin Robert Cardona como corregidor de la Aguililla, por lo cual no tendría por qué haberle tramitado una cédula a nombre de otra persona.Expediente nº 69.537

Demandante: Édgar Saldaña Jiménez y otros Niega pretensiones Lo anterior lo que hace es corroborar lo expuesto en las declarac,Ones por los testigos, ya que no tendría lógica que de no ser cierto lo dicho por Edwin Cardona, estuviera no solo denunciando, sino confesando la comisión de un delito [. . .] (f. 7074 c. 3).

Aunque el Tribunal Superior de Flor encia ordenó absolvió al si ndicado por in dubio pro reo [hecho probado 7.4], su privación de la li bertad cumplió con los requisitos establecidos en el Cód igo de Proced im iento Penal vigente para la época de los hechos, pues contó con los dos ind icios graves de responsa bilidad exi ;¡i dos. Como además no existe prueba en el proceso que acredite que la pr ivación de la liber tad fue despropor ciona da, irrazonabl e o arbitraria, se confirmará la sentencia apela da. 1 O. De conformidad con el artículo 171 CCA, mod ificado por el artí culo 55 de la Ley 446 de 19 98, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evid en cia que la parte vencida haya actuado con temeridad o mala fe. En mérito de lo expuesto, el Co nsejo de Estado, Sección Terce ra, ScJ bsección C,

parte vencida haya actuado con temeridad o mala fe. En mérito de lo expuesto, el Co nsejo de Estado, Sección Terce ra, ScJ bsección C, admini strando jus ticia en nom bre de la Rep úb lica y por autoridad de lé1 ley, FALLA: PRIMERO: CONF ÍRMASE la sentencia del 21 de octubr e de 202 1 proferida por el Trib unal Adminis trativo de Cas anar e.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVU ÉLVASE el expediente al Trib unal.

ACO/OAO

CÓPIESE, NOTI FÍQUESE y CÚM PLASE fififi

NI COLÁS YEPES President e de Aclaro voto lfil:1 GUIL LERMO SÁN<fiZ LUQUE .. .. . .