CE - 180012331000201200012012SENTENCIA20230815151743

e CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 18001-23-31-000-2012-000012-01 (67226)

Actor: ESE HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA

Demandado: MANUEL ANTONIO AMAYA Y CLARENA DESCANS CASTRO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia según CCA.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN REPETICIÓN-Subrogación legal de derechos en repetición. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PRUEBA TRASLADADA-Valor probatorio. PROVIDENCIAS JUDICIALES-Valor probatorio. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal aplicable en hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y condiciones para su ejercicio. PAGO-Prestación de lo que se debe. PRESUNCIÓN DE DOLO Y CULPA GRAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO-Después de la Ley 678 de 2001. PRESUNCIONES LEGALES DE DOLO O CULPA GRAVE-Admiten prueba en contrario. CULPA GRAVE EN LA CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO-Presunción de culpa grave del articulo 6 de la Ley 678 de 2001 por inexcusable omisión en el ejercicio de las funciones. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES EN VIGENCIA DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandado desvirtuar la

la Ley 678 de 2001 por inexcusable omisión en el ejercicio de las funciones. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES EN VIGENCIA DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandado desvirtuar la presunción. FALLA DEL SERVICIO O CULPA DE LA ADMINISTRACIÓN-Título de imputación por excelencia. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICA-Falla probada. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDAD MÉDICA-La carga de la prueba la tiene el demandante. ERROR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO-Eventos. TESTIMONIO-Critica testimonial. TESTIGO DE OÍDAS­ Valoración probatoria. PRUEBAS DE OFICIO-No hay deber legal de decreto y práctica. COSTAS EN CCA­ lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión del 5 de mayo de 20051, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 6 de febrero de 2002, Alexander Sandino Muñoz ingresó a la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia por herida con arma de fuego. Los médicos diagnosticaron herida en mano izquierda, practicaron dos cirugías y siete días 1 Acta n. º 15 de esa fecha.e 2 Expediente nº. 67. 226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones después ordenaron la salida por mejoría. El 14 de febrero de 2002, el paciente ingresó por espasmo muscular en cuello y le dieron de alta, y al día siguiente

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones después ordenaron la salida por mejoría. El 14 de febrero de 2002, el paciente ingresó por espasmo muscular en cuello y le dieron de alta, y al día siguiente ingresó por espasmo generalizado, diagnosticaron tétano y ordenaron remisión a neurología. El 16 de febrero de 2002 Alexander Sandino Muñoz murió por paro cardiorrespiratorio. Como la entidad fue condenada por estos hechos, demandó en repetición a los médicos Manuel Antonio Amaya y Clarena Descans Castro.

ANTECEDENTES El 12 de julio de 2007, la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia, a través de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra Manuel Antonio Amaya y Clarena Descans Castro para que se les declarara patrimonialmente responsables de la condena por $186.491.000 impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del 18 de octubre de 2006. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante adujo que los médicos actuaron con culpa grave, pues no utilizaron todas las «ayudas» para lograr un diagnóstico correcto de la enfermedad, no suministraron vacuna contra el tétano y el paciente 10 murió por la herida, sino por esa enfermedad -tétano-. El 14 de junio de 2012, se admitió la demanda2 . En el escrito de contestación de la demanda, Clarena Descans Castro señaló que el 6 de febrero d3 2002, atendió al paciente en urgencias, evaluó sus signos vitales, estado de la herida, suministró medicamentos y ordenó remisión al especialista para valoración. Manuel Antonio Amaya agregó que no estaba probado el dolo o culpa g-ave en

atendió al paciente en urgencias, evaluó sus signos vitales, estado de la herida, suministró medicamentos y ordenó remisión al especialista para valoración. Manuel Antonio Amaya agregó que no estaba probado el dolo o culpa g-ave en sus actos médicos, su intervención estuvo conforme a la /ex artis y practicó las cirugías requeridas por el paciente, dentro de su especialidad. Los dema1dados también alegaron caducidad, porque el pago de la condena se hizo en marzo de 2007 y la acción de repetición se admitió en junio de 2012. El 1° de diciembre de 2018, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alenar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandante alegó que la actuación de los médicos demandados configuraba una culpa grave, porque omitieron suministrar una vacuna contra el tétano a un paciente con herida por 2 La demanda se presentó ante los juzgados administrativos de Florencia y, el 1 º de diciembre de 2011, el Juzgado Segundo Administrativo declaró la nulidad por falta de competencia (f. 85-87 c. 1 expedient,3 digital, índice 2 SAMAI).e 3 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones arma de fuego, no diagnosticaron de manera oportuna la enfermedad y no brindaron tratamiento. Clarena Descans Castro reiteró lo expuesto y Manuel Antonio Amaya y el Ministerio Público guardaron silencio.

El 15 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia negó las pretensiones, porque no se probó un comportamiento gravemente

Antonio Amaya y el Ministerio Público guardaron silencio. El 15 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia negó las pretensiones, porque no se probó un comportamiento gravemente culposo en el servicio médico. Consideró que, aunque se probó la falla del servicio y se condenó a la entidad por la muerte del paciente Alexander Sandino Muñoz, no se probó que el daño antijurídico se originó en una omisión inexcusable de los demandados, según sus funciones y especialidades médicas. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 1 O de junio de 2021 y admitido el 22 de octubre siguiente. La recurrente esgrimió que el hospital contaba con ayudas diagnósticas para explorar la inmunidad y presencia del tétano en el paciente y los demandados no las utilizaron para corroborar el diagnóstico correcto. Agregó que la ausencia de vacuna antitetánica fue la causa directa de la muerte y que el Tribunal debió decretar una prueba de oficio para esclarecer los hechos y acreditar la culpa grave. El 11 de febrero de 2022, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto y el Ministerio Público conceptuó que, aunque se probaron los presupuestos de la acción de repetición -condena, pago y calidad de los agentes demandadosno se acreditó la conducta gravemente culposa de los demandados. Advirtió que el poder oficioso del juez no podía reemplazar las cargas probatorias de las partes.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los

cargas probatorias de las partes.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 78 CCA y el inciso 1 º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación4

Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE María Inmaculada de Florencia Niega pretensiones interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 CCA.

Acción procedente

2. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, arts. 77, 78 y 86 CCA, inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, :,egún el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 o a más tardar desde el vencimiento cel plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 CCA, régimen jurídico del proceso en el que se impuso la condena. La demanda se interpuso en tiempo -12

de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 CCA, régimen jurídico del proceso en el que se impuso la condena. La demanda se interpuso en tiempo -12 de julio de 2007porque la condena se pagó el 12 de marzo de 2007 [núrr. 12.2]. Legitimación en la causa

4. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercuro que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en l:1 ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los der,3chos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamenfie a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los der3chos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor3.

El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, esta:>lece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con 3 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, nº. 1904, p. 393.e 5 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones

[fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, nº. 1904, p. 393.e 5 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado -por ministerio de la leycontra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado.

La ESE María Inmaculada de Florencia está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una sentencia judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos [núm. 10 y 12]. Manuel Antonio Amaya y Clarena Descans Castro están legitimados en la causa por pasiva, pues son los exservidores públicos que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa dieron lugar a la indemnización del Estado, proveniente de una condena judicial. Aquellos eran los servidores prestaron sus servicios médicos a Alexander Sandino Muñoz, en la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia, institución en la que murió, según da cuenta el oficio original nº. 032/05 de servicio de atención en urgencias de la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia (f. 60 y p. 81 c. 8 índice 2 SAMAI) y los certificados originales de la

de servicio de atención en urgencias de la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia (f. 60 y p. 81 c. 8 índice 2 SAMAI) y los certificados originales de la Oficina de Talento Humano de ese hospital (f. 61 y 64 c. 8 índice 2 SAMAI).

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1 º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

111. Análisis de la Sala

5. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio4. 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo, lo respeta y acoge.

Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo dee 6 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones

6. La ESE Hospital María Inmaculada de Florencia solicitó, corno prueba trasladada, el expediente de reparación directa por la muerte dEd paciente Alexander Sandino Muñoz (f. c. 7-9, índice 2 SAMAI). Conforme al artículo 185

CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a

Alexander Sandino Muñoz (f. c. 7-9, índice 2 SAMAI). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el nscrito de contestación5. El dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal en el proceso de reparación directa no será valorado, porque los demandados no fueron parte en ese proceso y no pudieron controvertir esa prueba. Las pruebas documentales y los testimonios trasladados serán valorados, porque -en este procesolos demandados se adhirieron a la solicitud de pruebas de la demandante.

7. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente adrr isibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actl1aciones procesales6. La sentencia del 18 de octubre de 2006, proferida en el proceso de reparación directa que inició el núcleo familiar de Alexander Sandino Mun Jz, será valorada.

Régimen jurídico aplicable

8. Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 6 de febrero de

reparación directa que inició el núcleo familiar de Alexander Sandino Mun Jz, será valorada. Régimen jurídico aplicable

8. Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 6 de febrero de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 3&1 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. 5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601 [fundamentos jurídicos 12.2.16 y 12.2. 17], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Cofisejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo 8, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 369-370, disp(,nible en

https://bit. ly/3gjjduK 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24844 [fun jamento jurídico 3.3.3.2.].e 7 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones 2002, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001. La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por

agosto de 2001. La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella7. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5° y 6° encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas «presunciones» no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio8. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras

vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de un precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la disposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada. Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento jurídico 2.2]. 8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 de 2003 [fundamento jurídico 7].e 8 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones

9. La procedencia de la acción de repetición requiere, a más de la cc,ndición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4): (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas9.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de 1;1 entidad demandante 1 O. El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición ,:is que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídi::o, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo.

demandante 1 O. El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición ,:is que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídi::o, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2º de la Ley 678 de 2001.

11. Está acreditado que el 18 de octubre de 2006, el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó a la entidad demandante al pago de los perjuicios cau:;ados al núcleo familiar de Alexander Sandino Muñoz, por su muerte, según da cuenta copia auténtica de la providencia (índice nº. 2 Samai).

Segundo presupuesto: El pago

12. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta en la sentencia del 18 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con apoyo en los siguientes medios de prueba: 12.1. El 7 de marzo de 2007, la gerente de la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia reconoció, autorizó y ordenó el pago de $186.491.000 a James Hurtado López, apoderado de la familia de Diego Alfonso Ortiz Muñoz, según da cuenta copia auténtica de la Resolución nº. 00290 (f. 36 a 37 c. 3, índice 2 Samai). Ese

López, apoderado de la familia de Diego Alfonso Ortiz Muñoz, según da cuenta copia auténtica de la Resolución nº. 00290 (f. 36 a 37 c. 3, índice 2 Samai). Ese 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 (funjamento jurídico 2.1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15].9 Expediente nº. 67.226

Demanda nte: ESE María Inmaculada de Florencia Niega pretensiones día, el ordenador del gasto de la ESE Hospital María Inmaculada expidió la orden de pago del monto establecido en la Resolución nº. 00290 del 7 de marzo de 2007, según da cuenta copia auténtica del documento de cuenta por pagar (f. 38 c. 3, índice 2 Samai). 12.2. El 12 de marzo de 2007, el jefe de recursos económicos de la ESE Hospital María Inmaculada expidió pagó el monto establecido en la Resolución nº. 00290 del 7 de marzo de 2007, según da cuenta comprobante de egreso nº. 0000021506, según da cuenta copia auténtica del cheque girado al banco de Occidente a nombre del apoderado de la familia de Diego Alfonso Ortiz Muñoz, con firma y sello del beneficiario (f. 49 c. 3, índice 2 SAMAI).

Tercer presupue sto: La conducta dolosa o gravemente culp osa del agente

13. Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley

con firma y sello del beneficiario (f. 49 c. 3, índice 2 SAMAI).

Tercer presupue sto: La conducta dolosa o gravemente culp osa del agente

13. Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado.

Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba10 , una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador.

14. Como en este proceso se pretende la declaración de responsabilidad individual de dos servidores o exservidores que prestaron un servicio médico en

El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador.

14. Como en este proceso se pretende la declaración de responsabilidad individual de dos servidores o exservidores que prestaron un servicio médico en 1° Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 40.755

[fundamento jurídico 14].e 10 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones una institución pública de salud, el análisis de culpa grave se enmarcará en sus actuaciones individuales, según el numeral 1º del artículo 6 de la L1':ly 678 de

2001. Es decir, si sus actos médicos -según la especialidad y funcione,s de cada unoconfiguró la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

15. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 15.1. El 6 de febrero de 2002, a las 10:35 a.m. Alexander Sandino Muñc,z ingresó por remisión al servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital María Inmaculada de Florencia por herida de arma de fuego en mano izquierda. Conforme a la historia clínica, Alexander Sandino Muñoz tenía vacunación positiva con varias dosis de tetanol, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y original del resumen de historia clínica (f. 102 y 46 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.2. El 6 de febrero de 2002, la médica Clarena Descans Castro e•valuó al

resumen de historia clínica (f. 102 y 46 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.2. El 6 de febrero de 2002, la médica Clarena Descans Castro e•valuó al paciente en el servicio de urgencias y, según quedó consignado, la hmida por arma de fuego tenía tatuaje en región palmar izquierda con orificio de sa ida de 4 cm con fragmentos óseos IDX Hx y AF (Fisto) en mano izquierda. La fmcuencia cardiaca estaba en 88 y la temperatura en 36 grados centígrados. El ¡)aciente estaba alerta, estado mental normal, cabeza y órganos de los sentidos, cuello, tórax, cardiorespiratorio, abdomen y gastrourinario normales, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y original del resumen de historia clínica (f. 102 y 46 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.3. El 6 de febrero de 2002, conforme a la historia clínica, la médica Clarena Descans Castro diagnosticó a Alexander Sandino Muñoz herida por ai·ma de fuego en mano izquierda y ordenó valoración por ortopedia. Ese día, a la:; 11 :00 a.m., la misma médica ordenó preparar al paciente para cirugía, 1 quidos endovenosos y medicamentos, según da cuenta copia auténtica de la l1istoria clínica y resumen de la historia clínica (f. 46, 51 y 102 c. 8, índice 2 SAMAI) 15.4. El 6 de febrero de 2002, a las 12:40 a.m., el ortopeda Manuel J,ntonio Amaya practicó al paciente cirugía de lavado y debridamiento. Conforme quedó(t) 11 Expediente nº. 67.226

15.4. El 6 de febrero de 2002, a las 12:40 a.m., el ortopeda Manuel J,ntonio Amaya practicó al paciente cirugía de lavado y debridamiento. Conforme quedó(t) 11 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE Maria Inmaculada de Florencia Niega pretensiones consignado, el médico extrajo cuerpos extraños de la herida -tacos con cabuya­ y la intervención terminó sin complicaciones, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y resumen de la historia clínica (f. 47, 59 y 102 c. 8, índice 2

SAMAI). 15.5. Entre el 7 y el 11 de febrero de 2002, médicos de la ESE Hospital María Inmaculada de Florencia trataron el posoperatorio de Alexander Sandino Muñoz. Según quedó consignado, el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable, con exámenes físicos normales, asintomático y la herida no mostró signos de infección, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y resumen de la historia clínica (f. 47 a 48 y 103 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.6. El 11 de febrero de 2002, conforme a la historia clínica, el ortopeda Manuel Antonio Amaya practicó una segunda cirugía de lavado y debridamiento en herida por arma de fuego de mano izquierda y la intervención transcurrió sin complicaciones. Ordenó dieta, tramal y continuar con las órdenes médicas anteriores, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y resumen de la historia clínica (f. 29, 48 y 103 c. 8, índice 2 SAMAI).

anteriores, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y resumen de la historia clínica (f. 29, 48 y 103 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.7. El 12 y 13 de febrero de 2002, el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable y con exámenes físicos normales. Según quedó consignado, la herida tenía un edema, el paciente refirió dolor, no mostró signos de infección y se practicaron curaciones. Los médicos consignaron que era probable una tercera cirugía de lavado y debridamiento, pero que se definiría el 14 de febrero siguiente, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y resumen de la historia clínica (f. 49, 52, 53 y 103 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.8. El 13 de febrero de 2002, conforme a las notas de evolución, Alexander Sandino Muñoz fue dado de alta con fórmula médica, según da cuenta copia auténtica de la historia clínica y resumen de la historia clínica (f. 49, 52, 53 y 103 c. 8, índice 2 SAMAI). 15.9. El 14 de febrero de 2002, a las 8:59 p.m., Alexander Sandino Muñoz regresó al servicio de urgencias de la ESE Hospital María Inmaculada dee 12 Expediente nº. 67.226

Demandante: ESE María Inmaculada de Florencia Niega pretensiones Florencia por dolor, espasmo muscular en cuello con trismo. Seuún quedó consignado, el médico Mauricio Ayala diagnosticó «espasmo muscula' en cuello

Demandante: ESE María Inmaculada de Florencia Niega pretensiones Florencia por dolor, espasmo muscular en cuello con trismo. Seuún quedó consignado, el médico Mauricio Ayala diagnosticó «espasmo muscula' en cuello post anestesia regional», ordenó observación, control de signos vitales, valoración por ortopedia, medicamentos y avisar cambios. Luego, ordenaron la salida del paciente, según da cuenta copia autén