CE - 180012331000201200039011SENTENCIASENTENCIA20231212164312

____________________________________________________ Expediente: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237)

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237).

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo, Fabiola Calderón

Muñoz, Robinson Valenzuela Calderón, Jonathan Aned Valenzuela Calderón, Yesmy Valenzuela Calderón y Karen Juliana Valenzuela Calderón.

Demandada: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército

Nacional.

Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1. Responsabilidad del Estado por lesiones psíquicas causadas a soldados conscriptos. Subtema 1.1. Juicio de imputación. Subtema 1.2. Exámenes médicos de ingreso y de retiro en el servicio militar obligatorio.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Caquetá , Sala Transitoria, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Robinson Valenzuela Calderón, ingresó en el 2008 al Ejército Nacional para prestar su servicio militar obligatorio. Luego de su retiro de las fuerzas militares, el señor

demanda.

I. SÍNTESIS

Robinson Valenzuela Calderón, ingresó en el 2008 al Ejército Nacional para prestar su servicio militar obligatorio. Luego de su retiro de las fuerzas militares, el señor Valenzuela Calderón comenzó a presentar episodios psicóticos agudos, que luego conducirían a un diagnóstico médico de “Trastorno Afectivo Bipolar”. La parte actora demanda al Estado, porque considera que la afección mental que aqueja al señor Valenzuela Calderón se produjo o se agravó por causa o con ocasión de la etapa de acuartelamiento.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Jose Adned 1 Valenzuela Perdomo , Robinson Valenzuela Calderón , Fabiola Calderón Muñoz 2, Jonathan Aned Valenzuela Calderón , Yesmy Valenzuela

1 Resulta relevante indicar que en el expediente existe discordancia frente al segundo nombre de este integrante del colectivo demandante, toda vez que en algunos documentos se reporta el nombre “Aned” (ver folios 6,7,8 y 9, cuaderno 1) y en otros , “Adned” (ver folios 2,5 y 39, cuaderno 1). Sin embargo, se entenderá que la segunda opción corresponde al segundo nombre de este accionante , al tener en cuenta que uno de los documentos que así lo consigna es su registro de matrimonio con la señora Fabiola Calderó n Muñoz (folio 5, cuaderno 1), y que, al revisar el sistema de consulta de antecedentes de la Policía Nacional, con el número de identificación “15.900.217”, es posible identificar el nombre “Adned”. Consultar en: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml.

que, al revisar el sistema de consulta de antecedentes de la Policía Nacional, con el número de identificación “15.900.217”, es posible identificar el nombre “Adned”. Consultar en: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml. 2 Una de las copias de los registros civiles de nacimiento allegados al expediente (folio 8, cuaderno 1) tiene consignado el nombre “ Faviola Calderón Muños”, sin embargo, la Sala entiende que el nombre es “ Fabiola2

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Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

Calderón y Karen J uliana Valenzuela Calderón presentaron demanda de reparación directa, con la pretensión de que esta Jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por el supuesto daño antijurídico causado como consecuencia del trastorno mental padecido por Robinson Valenzuela Calderón, que, según los demandantes, se causó o se agravó cuando prestó el servicio militar obligatorio3.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Admitida la demanda 4, notificado el auto admisorio 5, y corridos los traslados que ordena la ley, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional presentó escrito de contestación de la demanda 6, en el que se opuso a las pretensiones de los accionante s, bajo la consideración de que en este caso se configuran eventos “exculpatorios” de responsabilidad en su favor , y que no está probado que la demandada haya incurrido en una falla en el servicio. El accionado

pretensiones de los accionante s, bajo la consideración de que en este caso se configuran eventos “exculpatorios” de responsabilidad en su favor , y que no está probado que la demandada haya incurrido en una falla en el servicio. El accionado también se limitó a citar jurisprudencia relacionada con la acreditación del daño, el juicio de imputación, el nexo causal, las actividades de las fuerzas militares y la carga de la prueba.

Agotada la etapa probatoria 7, el Tribunal corrió traslado 8 a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, como en efecto así ocurrió 9; y al Ministerio Público para que emitiera concepto de fondo de la controversia, sin embargo, este guardó silencio10.

2.3. La sentencia recurrida

La Sala Transitori a del Tribunal Administrativo del Caquetá , con sentencia proferida el 18 de septiembre de 201711, negó las pretensiones de la demanda . Como sustento de su decisión, el juez de primera instancia indicó que estaba acreditado el daño sufrido por Robinson Valenzuela Calderón (el trastorno mental o psíquico que lo aqueja ); sin embargo , no había medios de convicción que demostraran que dicho menoscabo fue originado o desarrollado cuando el soldado conscripto prestó su servicio militar obligatorio ; lo que , en conclusión, impedía endilgar responsabilidad a la parte demandada. Destacó, además, la carencia de elementos materiales probatorios que revelaran una falla en el servicio cometida por el extremo pasivo de la controversia, así como un acontecimiento traumático que, en el periodo de acuartelamiento, hubiera afrontado el afectado directo y que hubiera

de elementos materiales probatorios que revelaran una falla en el servicio cometida por el extremo pasivo de la controversia, así como un acontecimiento traumático que, en el periodo de acuartelamiento, hubiera afrontado el afectado directo y que hubiera dado lugar a la afección mental que padece. Por otro lado, resaltó que los síntomas del trastorno mental se materializaron después de que el señor Valenzuela Calderón fuera descuartelado del Ejército Nacional, por lo que, para el momento de su incorporación a las fuerzas militares , no era posible advertir un padecimiento neurológico, como, en efecto, así ocurrió al practicarle los exámenes médicos respectivos, incluyendo la valoración de desacuartelamiento. Expresó que, según las pruebas del expediente , la única lesión sufrida por el señor Valenzuela Calderón, durante el servicio militar obligatorio, fue el 20 de diciembre de 2008, fecha en que el soldado evadió las instalaciones de la unidad militar y se vio involucrado en una riña.

Calderón Muñoz”, comoquiera que los demás documentos anexados a la demanda registran este último nombre (ver folios 3, 5, 7, 9 y 39, cuaderno 1). 3 Demanda. Folios 39 a 49, cuaderno 1. 4 Auto admisorio de la demanda. Folios 53 a 55, cuaderno 1. 5 Diligencias de notificación. Folios 55 y 61, cuaderno 1. 6 Contestación de la demanda. Folios 62 a 77, cuaderno 1. 7 El Tribunal ordenó la apertura de la etapa probatoria el 18 de febrero de 2013. Folios 91 y 92, cuaderno 1.

6 Contestación de la demanda. Folios 62 a 77, cuaderno 1. 7 El Tribunal ordenó la apertura de la etapa probatoria el 18 de febrero de 2013. Folios 91 y 92, cuaderno 1. 8 Auto que corrió traslado para alegatos de conclusión en primera instancia. Folio 116, cuaderno 1. 9 Alegatos de conclusión de las partes en primera instancia. Folios 117 a 139, cuaderno 1. 10 Constancia secretarial. Folio 140, cuaderno 1. 11 Sentencia de primera instancia. Folios 142 a 152, cuaderno principal.3

Expediente: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237)

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

Finalmente, sostuvo que la dolencia de la víctima tiene “una etiología multifactorial de genética permanente”; lo que, conforme a la literatura médica, permitía comprender que la causa de la enfermedad provino de la trasmisión de caracteres h ereditarios y de factores ajenos a la conscripción.

2.4. El recurso de apelación

La parte actora expone los siguientes cargos en contra del fallo de primera instancia12:

2.4.1. El señor Valenzuela Calderón prestó su servicio militar obligatorio en un territorio identificado como “zona roja”13, es decir, donde el conflicto armado interno tenía unas condiciones altas de riesgo; y en la que a los militares y a los policías se les reconoce un sobresueldo o una prima especial por encontrarse en una “zona de guerra”.

2.4.2. No es de recibo la imposibilidad de imputar responsabilidad a la demandada,

un sobresueldo o una prima especial por encontrarse en una “zona de guerra”.

2.4.2. No es de recibo la imposibilidad de imputar responsabilidad a la demandada, por el hecho de que al soldado conscripto se le haya practicado un “examen de retiro de la fuerza (sic) militares”, si esta valoración únicamente fue de carácter “físico” y no “psiquiátrico ni psicológico”.

2.4.3. Tampoco resulta plausible negar las pretensiones de la demanda con fundamento en un examen de retiro “hecho a las carreras y con muchas inconsistencias” como el que practican, en la actualidad, los médicos de los batallones, quienes tiene que dar de baja a los soldados y que “al parecer reciben directrices de salvoguardar (sic) los intereses de las fuerzas militares en esas certificaciones médicas”14.

2.4.4. Es cierto que al soldado conscripto no se le practicó un examen psiquiátrico de retiro, “por no prestar al momento quizás ningún trastorno permanente” 15, sin embargo, la historia clínica del paciente, el dictamen de la junta de calificación de invalidez y las “pruebas psiquiátricas”16 revelan que un trastorno mental como el que padece el señor Valenzuela Calderón se identifica como “transitorio” y, por el paso del tiempo, se va agudizando hasta convertirse en un padecimiento mental de carácter “permanente”, como en efecto así ocurrió e n esta ocasión. El señor Valenzuela Calderón egresó del Ejército Nacional “en aparente normalidad” 17, pero, transcurrido

“permanente”, como en efecto así ocurrió e n esta ocasión. El señor Valenzuela Calderón egresó del Ejército Nacional “en aparente normalidad” 17, pero, transcurrido un lapso, comenzó a padecer una afección mental permanente “caracterizad[a] por [episodios de] sicosis de guerra”18.

2.4.5. Es incorrecto que el juez de primera instancia haya estimado que la presentación de un solo “episodio violento en la prestación del servicio militar” 19 no era prueba suficiente para identificar el padecimiento de un trastorno mental. Esto, porque, conforme a los medios de convicción de plenario, “lo más seguro fue que al final” de la prestación del servicio militar obligatorio es que se comenzó a manifestar alguno de los síntomas de la enfermedad, “entre ellos el de la violencia presentad[a]”20.

12 Recurso de apelación. Folios 156 a 159, cuaderno principal. 13 Ibid. Folio 156, cuaderno principal. 14 Ibid. Folio 157, cuaderno principal. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Ibid. Folio 158, cuaderno principal. 20 Ibid.4

Expediente: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237)

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

2.4.6. Las pruebas del expediente ( “examen de ingreso y sanidad” 21, documentos, peritaje y dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez) demuestran que el señor Valenzuela Calderón ingresó al Ejército Militar en un buen estado de salud físico y

peritaje y dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez) demuestran que el señor Valenzuela Calderón ingresó al Ejército Militar en un buen estado de salud físico y mental para prestar el servicio militar obligatorio, es decir, que no lo aquejaba ninguna afección mental; y que, con posterioridad a este suceso, el aludido soldado conscripto comenzó a presentar un “cuadro clínico de trastorno mental transitorio, el cual se fue agudizando con el paso del tiempo”.

2.4.7. Al Ejército Nacional, en su condición de demandado, le correspondía probar que el origen de la afección mental que padecía el señor Valenzuela Calderón se encuentra en hechos ajenos a la prestación del servicio militar obligatorio ; situación que en este caso no ocurrió.

2.4.8. La parte actora acreditó el daño mental causado a la víctima directa y el nexo de causalidad entre la prestación del servicio militar obligatorio y la posterior enfermedad padecida.

2.4.9. No existe un medio de prueba en el expediente que permita demostrar que el origen de la enfermedad sufrida por el señor Valenzuela Calderón es “genético o hereditario de sus padres o familia”22.

2.4.10. A esta Jurisdicción, para efectos de resolver la controversia objeto de estudio, le asiste el deber de tener en cuenta las reglas de decisión planteadas en la sentencia del 13 de mayo de 2015 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado (expediente número de radicado “1994-04485”23).

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, el 21 de mayo de 2018 24, admitió el recurso de apelación

(expediente número de radicado “1994-04485”23).

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, el 21 de mayo de 2018 24, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; y, en providencia posterior, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de la controversia25.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado , Nicolás Yepes Corrales, emitió concepto de fondo en esta controversia26, en el sentido de pedir a esta Colegiatura que confirmara la decisión de primera instancia, comoquiera que no está acreditado que la causa del trastorno mental padecido por la víctima directa resida en el periodo del servicio militar obligatorio, y, por ende, “el nexo causal para la aplicación de la Responsabilidad Objetiva del Estado por Daño Especial”27. Las partes guardaron silencio28.

El magistrado de esta Subsección, Nicolás Yepes Corrales, manifestó que se encontraba impedido para conocer est e asunto, por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente del Ministerio Público 29. El despacho sustanciador de esta Subsección profirió auto el 9 de julio de 2019 30, en el que declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado, Nicol ás Yepes Corrales; y avocó conocimiento de este proceso.

21 Folio 157, cuaderno principal. 22 Ibid. Folio 158, cuaderno principal. 23 Ibid. Folio 159, cuaderno principal. 24 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 165, cuaderno principal.

21 Folio 157, cuaderno principal. 22 Ibid. Folio 158, cuaderno principal. 23 Ibid. Folio 159, cuaderno principal. 24 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 165, cuaderno principal. 25 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 168, cuaderno principal. 26 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia. Folios 170 a 181, cuaderno principal. 27 Ibid. Folio 181, cuaderno principal. 28 Constancia secretarial. Folio 182, cuaderno principal. 29 Manifestación de impedimento. Folio 183, cuaderno principal. 30 Auto que declaró fundado el impedimento. Folios 185 y 186, cuaderno principal.5

Expediente: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237)

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) — aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 31-32— el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala , como juzgador de segunda instancia, se limita a “ pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley ”, como lo establece el artículo 328 del CGP.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”33.

3.2. Visto lo anterior, en el evento d e encontrarse satisfechos los presupuestos para proferir sentencia de mérito, la Sala se centrará exclusivamente en el juicio de imputación, comoquiera que el juez de primera instancia encontró probado el daño antijurídico causado a la parte actora, y en atención a los argumentos de la demanda y a los cargos planteados en el recurso de apelación. Por lo anterior, esta Subsección resolverá el siguiente problema jurídico:

¿Demostró la parte accio nante que el trastorno mental ( Trastorno Afectivo Bipolar ) diagnosticado a Robinson Valenzuela Calderón se generó en el entorno del servicio militar obligatorio?

3.3. En el evento en que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, la Sala responderá este otro: ¿ La parte actora acreditó la configuración de los perjuicios deprecados en la demanda? De ser así, procederá a su reconocimiento conforme a los topes y límites precisados por la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. CONSIDERACIONES

deprecados en la demanda? De ser así, procederá a su reconocimiento conforme a los topes y límites precisados por la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

4.1.1. La Sala conoce del caso objeto de estudio, habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a la cuantía de las pretensiones de la demanda y a la naturaleza del asunto34-35.

31 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo , se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original). 32 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ). 33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34985.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 34985. 35 El salario mínimo legal mensual vigente, para el año 2012 est aba tasado en la suma de $566.700. La parte demandante pretende que el juez administrativo condene a la demandada a cancelar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $370.800.000 (Demanda, folio 43, cuaderno 1). Así las cosas, en este caso está satisfecho el criterio legal para definir la competencia de la autoridad judicial, por el factor cuantía, según el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo. “l os tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los6

Expediente: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237)

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

4.1.2. En cuanto al ejercicio oportuno de la acción , el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptuaba que quien estuviera interesado en formular pretensiones en sede de reparación directa, debía presentar su demanda dentro de los dos años siguientes al día en que acaeció “hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”, que, por la acción u omisión de un agente estatal, le produjo una lesión a su patrimonio. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación36, en consonancia con la anterior norma y en respuesta a los principios pro actione y pro damato , ha precisado que en los

acción u omisión de un agente estatal, le produjo una lesión a su patrimonio. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación36, en consonancia con la anterior norma y en respuesta a los principios pro actione y pro damato , ha precisado que en los eventos en los que la manifestación o el conocimiento del daño no coin cida con el momento de ocurrir el daño, la vigencia de la acción comienza a correr a partir del momento en que la parte demandante conoce la existencia del menoscabo al bien jurídico tutelado, porque es en ese instante que se entiende que tiene un interés legítimo para acudir ante esta jurisdicción.

En el caso objeto de estudio, la parte actora considera que la patología mental padecida por Robinson Valenzuela Calderón se produjo durante su periodo de servicio militar obligatorio. Del plenario de este proceso es posible extraer que el señor Valenzuela Calderón : i) el 20 de mayo de 2008 , ingresó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio 37; ii) el trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009), fue retirado por cumplir el tiempo de servicio militar 38; y iii) el trece (13) de febrero de dos mil diez (2010), acude a un centro hospitalario por presentar un episodio psicótico agudo . Ese mismo día, el médico tratante lo diagnostic ó con un “Trastorno Afectivo Bipolar”39.

A juicio de esta Subsección, la vigencia de la acción comenzó a correr a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de un diagnóstico claro de la enfermedad padecida por la víctima directa, porque fue en ese momento que el colectivo demandante pudo percibir el alcance de la enfermedad que supuestamente tuvo su génesis en el periodo

fecha en que se tuvo conocimiento de un diagnóstico claro de la enfermedad padecida por la víctima directa, porque fue en ese momento que el colectivo demandante pudo percibir el alcance de la enfermedad que supuestamente tuvo su génesis en el periodo de prestación del servicio militar. Por consiguiente, como la parte demandante solicitó la celebración de una audiencia de conciliación prejudicial el dos (2) de agosto de dos mil diez (2010)40, que fue celebrada el 28 de octubre de 2010 , y presentó la demanda el trece (13) de febrero de dos mil doce (2012)41, no hay discusión que el ejercicio de la acción fue oportuno.

4.1.3. Por otra parte, dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes, que la Sala encuentra legitimados en causa por activa : Robinson Valenzuela Calderón 42, José Adned Valenzuela Perdomo 43, Fabiola Calderón

siguientes asuntos: (…) De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. 36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2018, exp. 56181. 37 Documento denominado “Reporte ciudadano”. Folio 152, cuaderno de pruebas. 38 Acta número 001222. Folio 25, cuaderno 1. 39 Historia clínica de urgencia. Folio 15, cuaderno 1. 40 Certificación del Ministerio Público. Folio 31, cuaderno 1. 41 Demanda. Folio 39 cuaderno 1. 42 En su condición de víctima directa. 43 Conforme a la copia del registro civil de nacimiento de Robinson Valenzuela Calderón, identificado con número

41 Demanda. Folio 39 cuaderno 1. 42 En su condición de víctima directa. 43 Conforme a la copia del registro civil de nacimiento de Robinson Valenzuela Calderón, identificado con número de indicativo serial 21570367 y fecha de inscripción 4 de febrero de 1997 ante la Notaría única del Circulo de Belén de los Andaquíes, que registra que sus padres son Fabiola Calderón y José “Aned” Valenzuela. Demanda. Folio 6, cuaderno 1.7

Expediente: 18001-23-31-000-2012-00039-01 (61237)

Demandantes: José Adned Valenzuela Perdomo y otros

Muñoz44, Jonathan Aned Valenzuela Calderón 45, Yesmy Valenzuela Calderón 46 y Karen Juliana Valenzuela Calderón47.

En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional está legitimada en la causa, y, dadas las particularidades del caso, es representada por el Comandante del Ejército Nacional o su delegado, debido a que la parte demandante aduce que la afección mental padecida por el señor Valenzuela Calderón se produjo cuando este se encontraba bajo la custodia y guarda de la Administración, con ocasión del servicio militar obligatorio.

4.2. Hechos probados relevantes para la solución de los problemas jurídicos

La Sala precisa que las copias de los documentos simples que respaldan los hechos que se relacionan a continuación, fueron incorporados debidamente en este proceso y estuvieron a disposición de las partes en este contencioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos48.

que se relacionan a continuación, fueron incorporados debidamente en este proceso y estuvieron a disposición de las partes en este contencioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos48.

4.2.1. Robinson Valenzuela Calderón, el 20 de mayo de 200849, ingresó al Ejército Nacional para prestar su servicio militar obligatorio. Conforme al acta número 004845 emitida por el Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate (ASPC) número 12 de las fuerzas militares , al señor Valenzuela Cal derón se le practicó un “tercer examen médico” el 12 de julio de 2008, que tuvo como resultado indicar que se encontraba “apto”50.

4.2.2. El Comandante del referido batallón , Julián Cadavid González, el 20 de febrero de 2009, emitió un documento denominado “Informativo Administrativo por lesiones” número 26313, en el que narró los siguientes hechos, con fundamento en un informe que le había presentado uno de sus subalternos:

“el día 20 de Diciembre de 2008 el SLB. VALENZUELA CALDERON ROBINSON (…) a las 22:00 horas se encontraba evadido de las instalaciones de la Unidad y al participar en una riña en un establecimiento público de la Ciudad, resultó herido por un presunto mordisco en el labio inferior . Fue llevado por el Soldado REYES GOMEZ VICTOR al Dispe nsario Médico de la Décima Segunda Brigada donde fue atendido y remitido a la Clínica Medilaser de la Ciudad de Florencia -Caquetá, posteriormente al Hospital Militar Central de Bogotá D.C. donde fue valorado

44 Ibid.

atendido y remitido a la Clínica Medilaser de la Ciudad de Florencia -Caquetá, posteriormente al Hospital Militar Central de Bogotá D.C. donde fue valorado

44 Ibid. 45 Conforme a la copia del registro civil de nacimiento de Jonathan Aned Valenzuela Calderón, identificado con número de indicativo serial 1967457 y fecha de inscripción 25 de mayo de 1995 ante la Notaría única del Circulo de Belén de los Andaquíes, que registra que sus padres son Fabiola Calderón Muñoz y José “Aned” Valenzuela Perdomo. Demanda. Folio 7, cuaderno 1. 46 Conforme a la copia del registro civil de nacimiento de Yesmy Valenzuela Calderón, identificado con número de indicativo serial 4545591 y fecha de inscripción 15 de enero de 1984 ante la Inspección de Policía de Belén de los Andaquíes, que certifica que sus padres son “Faviola Calderón Muños” y José “Aned” Valenzuela Perdomo. Demanda. Folio 8, cuaderno 1. 47 Conforme a la copia del registro civil de nacimiento de Karen Juliana Valenzuela Calderón, identificado con número de indicativo serial 30035162 y fecha de inscripción 30 de agosto de 2000, que refiere que sus padres son Fabiola Calderón Muñoz y José “Aned” Valenzuela Perdomo. Demanda. Folio 9, cuaderno 1. 48 El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable en este caso, enuncia que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. Los documentos aportados en copia auténtica,

ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. Los documentos aportados en copia auténtica, como medios de convicción a este proceso, serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; así mismo, las copias simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que no han sido objeto de t acha de falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance, los documentos públicos, de conformidad con el artículo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo auto riza; a su vez, los documentos privados tal como lo dispone el artículo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como respecto de terc