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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272)

Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS SUFRIDOS POR SOLDADOS CONSCRIPTOS – Ausencia de criterios de imputación en el caso concreto.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparación de los perjuicios causados por las lesiones irrogadas al señor Deyner Jesús Pacheco Silva mientras prestaba servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 12 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa instaurada el 16 de marzo de 20121 por los señores Virgelida Silva

Rodríguez (madre), Virgenith Pacheco Silva (hermana), Osneider Silva Rodríguez (hermano), Fabian Andrés Cañizares Silva (hermano), Damir Silva Ortega (hermano), Diomelia Rodríguez Barbosa (abuela) y Gratiniano Silva (abuelo),

(hermano), Fabian Andrés Cañizares Silva (hermano), Damir Silva Ortega (hermano), Diomelia Rodríguez Barbosa (abuela) y Gratiniano Silva (abuelo), contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a Deyner Jesús Pacheco Silva, mientras prestaba servicio militar obligatorio en el Batallón Fluvial de Infantería Marina No. 90 del departamento del Caquetá.

2. Como soporte fáctico de las pretensiones, se indicó que el 15 de marzo de 2010, mientras el señor Deyner Jesús Pacheco Silva se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, fue objeto de agresión física y verbal por parte de un superior, ocasionándole graves lesiones en el pecho y hombro izquierdo, al punto de padecer secuelas permanentes de tipo cardiaco y respiratorio, como consecuencia de la brutal golpiza.

1 Folio 12, c. 1.Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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3. Señaló que la demandada debía responder por las lesiones de carácter permanente causadas bajo el título de imputación de falla del servicio, puesto que los golpes que recibió por parte de su superior no guardaban relación alguna con las cargas públicas que debía asumir como soldado regular, al tiempo que con dicha agresión se quebrantó la ley penal y disciplinaria, todo lo cual comprometía

los golpes que recibió por parte de su superior no guardaban relación alguna con las cargas públicas que debía asumir como soldado regular, al tiempo que con dicha agresión se quebrantó la ley penal y disciplinaria, todo lo cual comprometía la responsabilidad extracontractual del Estado2.

La defensa

4. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que no estaban acreditados los perjuicios causados, así como tampoco que las lesiones hubieran sido causadas con ocasión del servicio o por parte de miembros de la institución demandad a.

Propuso las excepciones de ausencia de nexo causal y de falta de legitimación en la causa por pasiva, por la ausencia de responsabilidad de la entidad3.

5. Surtido el debate probatorio 4, al presentar las alegaciones finales el Ejército Nacional manifestó que los elementos de convicción allegados no permitían determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en se produjeron las lesiones y, por ende, insistió en la falta de causalidad en el caso concreto 5, mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio6.

La decisión impugnada

2 Folios 1 a 10, c. 1. 3 Folios 46 a 53, c. 1. 4 Mediante auto del 1° de noviembre de 2013 (folios 73 y 74, c. 1), el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales aportadas con la demanda y la contestación: (i) registros civiles de nacimiento de la víctima y sus familiares y las solicitudes radicadas en las distintas dependencias de la Armada Nacional

pruebas: Documentales aportadas con la demanda y la contestación: (i) registros civiles de nacimiento de la víctima y sus familiares y las solicitudes radicadas en las distintas dependencias de la Armada Nacional para la expedición de documentación a nombre de Pacheco Silva, entre ellas el acta médica e informe administrativo por lesiones; (ii) constancia del Batallón al que pertenecía el conscripto y del s ueldo devengaba; (iii) declaraciones extra proceso que dan cuenta sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se sucedieron los hechos y acerca de los perjuicios morales, materiales, fisiológicos y de vida de relación, que sufrieron los demandantes; (iv) tablas de mortalidad del DANE; (v) Oficio 0222 de 10 de julio 2011 suscrito por el Comandante del Batallón Fluvial de Infantería Marina No. 90; (vi) Oficio 20125300541991 del 28 de mayo de 2012, expedido por la Coordinadora Jurídica de Prestaciones Sociales del Ejército. Oficios: (i) a la Armada Nacional para que allegue: - extracto de la hoja de vida o antecedente de la víctima directa, - certificación del salario devengado por un Cabo Tercero, aplicable en este caso, por asimilación a los conscriptos - copia del acta médico laboral u ordenar remitir a mi mandante a la Dirección de Sanidad de ese organismo, si aún no ha sido valorado, para que allí se determine la discapacidad que sufrió con ocasión de los hechos a que se refiere esta d emanda; (ii) al Comando del Batallón Fluvial I.M. No. 90 con sede en Tres Esquinas (Caquetá) para que allegué: - copia del proceso penal adelantado en

sufrió con ocasión de los hechos a que se refiere esta d emanda; (ii) al Comando del Batallón Fluvial I.M. No. 90 con sede en Tres Esquinas (Caquetá) para que allegué: - copia del proceso penal adelantado en contra del Sargento Sánchez Cuero y la investigación disciplinaria por los mismos hechos; - copia de los documentos o antecedentes que guarden relación con los hechos de la demanda y – hoja de vida del Sargento Primero Sánchez Cuero y de Pacheco Silva; (iii) al Director de Prestaciones de la Armada Nacional, con el fin de que allegue copia del expediente pr estacional correspondiente al soldado Deyner Jesús Silva Pacheco. 5 Folios 98 a 202, c. 1. 6 Folio 105, c. 1.Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

Referencia: Reparación directa

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6. El Tribunal Administrativo del Caquetá declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Armada Nacional, y emitió condena en abstracto.

7. Para arribar a la anterior decisión, consideró que a partir de la historia clínica del soldado regular Pacheco Silva se encontraba acreditado que, mientras prestaba servicio militar obligatorio, padeció un daño antijurídico consistente en la “taquicardia, dolor torácico con tos y dolor en la reja costal”.

8. Respecto del nexo causal indicó que, aunque no se allegó una prueba directa

la “taquicardia, dolor torácico con tos y dolor en la reja costal”.

8. Respecto del nexo causal indicó que, aunque no se allegó una prueba directa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la víctima sufrió tales lesiones, la historia clínica revelaba que los días 13 y 15 de marzo y 10 de diciembre de 2010 el referido soldado ingresó al servicio de sanidad de las fuerzas militares, manifestando que había sido víctima de maltrato por parte de un sargento primero y un cabo, quienes lo golpearon en el pecho. Sostuvo, además, que en el examen médico de ingres o al Ejército se registró que el soldado se incorporó en perfectas condiciones de salud, por manera que, como el daño ocurrió mientras el conscripto se encontraba bajo la guarda y supervisión de las fuerzas arma das y acaeció con ocasión del servicio militar obligatorio, la institución castrense demandada estaba llamada a resarcir los perjuicios.

9. En cuanto a la indemnización de perjuicios, accedió al reconocimiento de los morales, pero no estableció los montos a reconocer, por cuanto el informe de pérdida de la capacidad laboral allegado por la parte actora no fue decretado como prueba en el proceso, dado que no se solicitó tenerlo como tal en la demanda y, en cambio, se ordenó la práctica de un dictamen por part e de Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila; sin embargo, como la parte interesada no gestionó la práctica del mismo se entendió que desistió de esta prueba, por lo que se profirió una condena en abstracto, para que mediante trámite incidental se practicara el correspondiente dictamen y se determinara la

interesada no gestionó la práctica del mismo se entendió que desistió de esta prueba, por lo que se profirió una condena en abstracto, para que mediante trámite incidental se practicara el correspondiente dictamen y se determinara la pérdida de capacidad laboral que padeció el señor Deyner Jesús Pacheco debido a las lesiones causadas con ocasión del servicio militar obligatorio.

10. Finalmente, los perjuicios materiales y de daño a la salud se negaron, en tanto que no fueron acreditados7.

II El RECURSO INTERPUESTO

11. En su recurso de apelación contra el anterior proveído, la entidad demandada cuestionó la declaratoria de responsabilidad. Partió de afirmar que al no existir pruebas atinentes a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, mal podía imputársele el dañ o invocado, dado que les correspondía a los demandantes probar cada uno de los elementos para la configuración de responsabilidad del

7 Folios 125 a 135, c. Ppal.Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

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Estado, conforme el principio del onus probandi. Agregó que no podía premiarse a la parte actora que faltó a la diligencia y cumplimiento de lo ordenado por el juzgador de primera instancia permitiéndole mediante un incidente practicar una prueba de la que desistió, pues la condena en abstracto no tenía como finalidad subsanar las falencias probatorias de instancia. Con base en esos argumentos,

juzgador de primera instancia permitiéndole mediante un incidente practicar una prueba de la que desistió, pues la condena en abstracto no tenía como finalidad subsanar las falencias probatorias de instancia. Con base en esos argumentos, solicitó negar la totalidad de las pretensiones8.

12. En la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, la demandada reiteró íntegramente los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada9, mientras que la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio10.

III. CONSIDERACIONES

13. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto de la impugnación

14. El objeto de análisis de la Sala se circunscribe a verificar si las lesiones irrogadas al soldado regular Deyner Jesús Pacheco Silva resultan imputables o no a la entidad demandada. De confirmarse la responsabilidad patrimonial decretada habrá lugar a pronunciarse sobre la condena en abstracto impuesta en el fallo de primera instancia.

Cuestión previa: legitimación en la causa por pasiva de la NaciónMinisterio de Defensa – Ejército Nacional

15. En relación con la representación judicial de la Nación en procesos contenciosos administrativos, el artículo 49 de la ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del CCA, reguló el tema en los siguientes términos:

“Art. 149. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente

“Art. 149. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

“En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el Ministro , Director General de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal G eneral, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

8 Folios 142 a 146, c. Ppal. 9 Folios 163 a 166, c. Ppal. 10 Folios 172, c. Ppal.Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

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“El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación - Rama Judicial estará representa da por el Director Ejecutivo de Administración Judicial. En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto…” (negrilla añadida).

16. De la norma en cita, es posible deducir que la Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos

funcionario que expidió el acto…” (negrilla añadida).

16. De la norma en cita, es posible deducir que la Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, de acuerdo con los diversos supuestos fácticos; en ese sentido las autoridades mencionadas por la norma, acuden al proceso, en primer lugar, en representación de las entidades que dirigen ; sin embargo, en estricto sentido procesal, todos acuden al proceso a representar a la persona jurídica de la que hace parte el respectivo órgano, esto es, la Nación, que es la que tiene capacidad para ser parte y comparecer al proceso, y lo hace, a través de sus representantes, que, como queda expuesto, pueden variar según el órgano causante del daño11.

17. En el sub examine la demanda fue formulada en contra la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y desde el inicio del proceso ha sido tal Ministerio

(al que se encuentra adscrita la Armada Nacional) el que ha ejercido el derecho de defensa y contradicción de la N ación, como persona jurídica demandada y legitimada en la causa, sin que sea posible afirmar que se le hubiese vulnerado el debido proceso, comoquiera que durante su trámite, la persona jurídicaNación-, hizo uso de mecanismos procesales con miras a ejercer su defensa, sin que además el referido Ministerio haya alegado esa situación como irregular; por el contrario, ante la condena impuesta en primera instancia al Ministerio de Defensa – Armada Nacional, éste velando por los intereses de la Nación y del Sector Defensa Nacional (al que pertenece la Armada) interpuso recurso de apelación cuestionando la declaratoria de responsabilidad y, en ese sentido, por no encontrarse acreditada la falta de legitimación en la causa de la entidad

Sector Defensa Nacional (al que pertenece la Armada) interpuso recurso de apelación cuestionando la declaratoria de responsabilidad y, en ese sentido, por no encontrarse acreditada la falta de legitimación en la causa de la entidad demandada se procederá a e studiar el fondo del asunto , advirtiendo que las lesiones se atribuyen a acciones realizadas por miembros de la Arma Nacional (donde el demandante prestó el servicio militar obligatorio).

De las lesiones irrogadas a un soldado regular

18. Como punto de partida, la Sala recaba en que c omo contraprestación correlativa a los derechos y garantías que consagra la Constitución Política en favor de los colombianos, fundamento y fin del ordenamiento jurídico constitucional, se estableció por el Constituyente de 1991 un conjunto de deberes,

11 Ese fue el entendimiento que le dio el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de unificación jurisprudencial del 25 de septiembre de 2013, Exp. 20.420, M.P. Enrique Gil Botero. “En oportunidades anteriores, la Sala ha considerado que no se configura ninguna causal de nulidad cuando la Nación, que es el centro de imputación procesal demandado , ha estado representada por autoridad diferente al funcionario de mayor jerarquía dentro de la entidad que causó el hecho dañoso, pues, en todo caso, sería aquélla la llamada a asumir la condena que pudiera proferirse en su contra. “No puede perderse de vista que la parte demandada en este proceso es la Nación, como persona jurídica a la que se imputa la producción del daño causado (art. 80 ley 153 de 1987)” (se destaca).Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272)

jurídica a la que se imputa la producción del daño causado (art. 80 ley 153 de 1987)” (se destaca).Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

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que en no pocas ocasiones limitan el ejercicio de tales prerrogativas, y en otras oportunidades autorizan, al menos, su reglamentación como mecanismo necesario para su adecuado ejercicio, en función del principio político y filosófico incorporado en el artículo 95 de la Carta, según el cual, “ el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en esta Constitución implica responsabilidades” que se halla orientado a la consecución de los acometidos constitucionales previstos en el preámbulo de la Constitución12.

19. El catálogo de deberes que prevé la norma en cita, impone a la ciudadanía obligaciones que condicionan y justifican, por su misma naturaleza, la vigencia y alcance de los altos fines del Estado, de ahí que la norma superior contemple que las actuaciones ciudadanas deben estar acompañadas por el cumplimiento de varios principios y exigencias. Como deber esencial la Carta Política impone apoyar y respetar las autoridades que legítima y constitucionalmente se han constituido para “ proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”13 (artículo 2 superior), siendo una de las formas para lograr tal acometido, el deber de “ todos los colombianos (…) a tomar las armas

vida, honra, bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”13 (artículo 2 superior), siendo una de las formas para lograr tal acometido, el deber de “ todos los colombianos (…) a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio mi litar y las prerrogativas por la prestación del mismo” (artículo 216 ibidem).

20. En ese sentido, la prestación del servicio militar de que trata la norma constitucional alude a la disposición que un ciudadano hace respecto de las autoridades militares del Estado para el ejercicio de las actividades legítimas que contempla el artículo 217 superior, cuya reglamentación fue adoptada, inicialmente, mediante Ley 48 de 199314 -derogaday lo mantiene la vigente Ley 1861 de 2017 15 (marco normativo del servicio milit ar obligatorio). La citada ley, aunque regula el servicio militar obligatorio, no establece su alcance o restricción, por lo que es dable comprenderlo como la disposición que un ciudadano hace respecto de las autoridades militares del Estado para el ejerci cio de las actividades legítimas que se requieran para “ la defensa de la soberanía, la

12 “Fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”.

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana”. 13 En sentencia C 511 de 1994, la Corte Constitucional consideró que la Constitución impone a los colombianos, en relación con la fuerza pública, obligaciones genéricas y específicas. Las primeras referidas a respetar y apoyar a las autoridades democráticas, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Por su parte, entre los deberes partic ulares se encuentra la obligación de tomar las armas cuando la necesidad pública lo exija para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. 14 “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 48 de 1993 (vigente para cuando ocurrieron los hechos), son cuatro las categorías de prestación del servicio militar obligatorio, a saber, (i) soldado regular, con un período de 18 a 24 meses de servicio; (ii) soldado bachiller con un plazo de 12 meses de servicio, (iii) auxiliar de policía bachiller con un tiempo 12 meses de servicio y (iv) soldado campesino con un término de 12 hasta 18 meses de servicio. 15 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización”.Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

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independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional ”, en función del deber constitucional que les asiste.

21. No hay duda, además, de que la prestación del servicio militar supone la restricción de múltiples prerrogativas ciudadanas; sin embargo, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, en tales supuestos, no se entienden comprometidos o vulnerados en tanto se limitan para viabilizar el cumplimiento de los imperativos que la Constitución impone en beneficio de la colectividad o al servicio del Estado 16 y sirven como escenario para el desarrollo de valores y fortalezas de la persona17.

22. Ahora bien, en función de un criterio empírico, resulta razonable colegir que la actividad militar implica riesgos inherentes que trae consigo la exposición a sufrir daños en la vida, salud e integridad del soldado, riesgos que, como es connatural, alcanzan tanto a quien ostenta esa condición de manera transito ria como permanente.

23. En este contexto, indistintamente de la calidad de la víctima –en este caso un soldado regular–, y en virtud del principio del onus probandi, para que el Estado sea llamado a responder por los daños ocasionados a los soldados, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 Superior resulta menester que la parte actora acredite además de la concreción de un daño antijurídico, el nexo causal entre este último y la actuación u omisión de la demandada, es decir, debe

conformidad con lo previsto en el artículo 90 Superior resulta menester que la parte actora acredite además de la concreción de un daño antijurídico, el nexo causal entre este último y la actuación u omisión de la demandada, es decir, debe demostrar que tal daño le resulta imputable jurídica o fácticamente a la entidad que se demanda, pues solo así habrá lugar a declararla responsable y, por ende, a examinar si en el cas o concreto existe prueba del pago de la indemnización tarifaria o “a forfait”; de lo contrario, resultaría procedente abordar el estudio para determinar la indemnización del daño, conforme con las reglas dispuestas por esta Corporación para los casos de lesiones, sin descuento alguno.

16 Corte Constitucional, sentencia SU 277 de 1993: “ Podría afirmarse, dentro de una lógica simplista, que el fundamento de la obligación referida se encuentra exclusivamente en la norma que la consagra. Señalarlo así resulta en principio una respuesta aceptable, pero insuficiente, porque no ausculta el trasfondo políticojurídico en que se apoya la carga impuesta por la norma. // Sería ingenuo admitir, que el Estado puede responder por su obligación de ‘… defender la independencia nacion al, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica’ (C.P., art. 2o.), si no dispone de los medios coercitivos, que dentro de ‘la vigencia de un orden justo’, requiere para asegurar esos fines. Por eso la misma Carta apela, entre otro s mecanismos, al expediente de autorizar la conformación de un ejército dentro de la organización de su fuerza pública, que se encargue de ‘... la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del

mecanismos, al expediente de autorizar la conformación de un ejército dentro de la organización de su fuerza pública, que se encargue de ‘... la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional’ (art. 217 C.P.). 17 “La incorporación de un joven al ejército constituya el desconocimiento de su derecho a la educación o a su formación integral, cuando, por el contrario, esa circunstancia contribuye al descubrimiento de valores socialmente enriquecedores que aquilatan y fortalecen su personalidad, como el sentimiento de solidaridad con las instituciones y con la comunidad en la medida en que se convierte en un protagonista de la defensa de la sociedad y de la paz. Es fácil advertir que el servicio milita r, como un deber constitucionalmente amparado, no supone la desprotección del conscripto ni un obstáculo para su desarrollo humano, si, como lo enseña el artículo 16 de la Constitución Política, tal derecho no se entiende vulnerado cuando media una limitación impuesta por "el orden jurídico". De manera que existe estricta concordancia entre la obligación del servicio militar (art. 216) y el derecho que consagra el artículo 16 d e la Carta, en la medida en que el orden jurídico no es un límite abusivo del desarrollo de la personalidad”, ibídem.Radicación número: 18001-23-31-000-2012-00112-01 (63.272) Actor: Virgelida Silva Rodríguez y otros Demandado: Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional

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Caso concreto

24. En el presente asunto se acreditó que el señor Deyner Jesús Pacheco Silva

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Caso concreto

24. En el presente asunto se acreditó que el señor Deyner Jesús Pacheco Silva ingresó a prestar el servicio militar obligatorio el 5 de octubre de 2009 18. Para el momento de ingreso, se le había realizado los exámenes médicos en los que registró que se encontraba en buen estado de salud; no obstante, se dejó una anotación relacionada con el numeral 37. Columna vertebral y esqueleto Gral. en la que se especificó: “espasticidad muscular paravertebral bilateral” y, en el acápite de la historia médico personal, en relación con el cuestionario “ha sufrido usted o sufre de”, entre otras enfermedades, epilepsia o ataques, contestó que no.

25. También se acreditó que Deyner Jesús Pacheco Silva mientras prestaba el servicio militar obligatorio fue atendido en varias ocasiones en la Dirección General de Sanidad Militar, debido a dolor torácico constante, dificultades respiratorias, aumento de frecuencias cardiacas y convulsiones. En su historia clínica registran las siguientes anotaciones (se transcribe de manera literal):

“1-03-10. MC [motivo de consulta]. Dolor hombro izquierdo, cuadro clínico de +/- 5 meses con artralgia [dolor en las articulacio nes19] hombro izquierdo posterior a trauma contundente. Ant: no refiere… dolor leve a la dorsiflexión de hombro izquierdo. Plan: Diclofenaco 75 m. Reposo y control 8 días.

“10-03-2010. Paciente que no responde al llamado en 3 ocasiones. Ultimo llamado.

izquierdo. Plan: Diclofenaco 75 m. Reposo y control 8 días.

“10-03-2010. Paciente que no responde al llamado en 3 ocasiones. Ultimo llamado.

“12-03-2010. Paciente no asiste a consulta.

"13-03-2010. MC ‘me duele el pecho y la espalda y la cabeza’. Paciente con cuadro clínico referido de 2 días de evolución de cefalea y dolor en pecho hemitórax izquierdo y espalda, esto, refiere el comienzo posterior a una ‘golpiza’ que refiere le fue propinada por el ‘Sargento primero Sánchez’ y en la cual sufrió también caída con impacto en hemisferio izquierdo , por lo que consulta. (...) Examen físico… cardiopulmonar ruidos cardiacos rítmicos no soplos, ruidos respiratorios conservados sin agregados. Reg. Costal: expandible, dolorosa a la inspiración profunda en hemitórax izquierdo, dolor a la palpación costal infroaxilar. No se evidencian alteraciones en piel, no hematomas… Plan: 1) Se aplica Diclofenaco IM. 2) SS/ Rx tórax y reja costal. 3) Control con resultados.

Resultados Rx tórax. No se evidencian alteraciones en reja costal, no se evidencian fisuras ni [ilegible] de continuidad de costillas. Plan: se da formula de analgésicos (antinflamatoria por 5 días).

"15-03-2010. AT [antecedente]: ‘De golpe’. EA [enfermedad actual]: 5 días golpe en reja costal izq. al recibir un puño y caer al piso, refiere dolor costal constante.

"15-03-2010. AT [antecedente]: ‘De golpe’. EA [enfermedad actual]: 5 días golpe en reja costal izq. al recibir un puño y caer al piso, refiere dolor costal constante. [ilegible]. Tamx= dolor a la palpación en reja costal izq. línea axilar post. n o crepitación, no enfisema (...)". “26-03-2