CE - 180012333000201500261012SENTENCIA20230727125219

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 18001-23-33-000-2015-00261-01 (67082)

Actor: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL

Demandado: ORLANDO GALINDO CIFUENTES Y JHON JAIRO AGUILAR

BEDOYA Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. FALLO DISCIPLINARIO-Valor probatorio. PROVIDENCIAS JUDICIALES-Valor probatorio. ACCIÓN DE REPETICIÓN­ Régimen legal aplicable en hechos ocurridos antes de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN­ Presupuestos y condiciones para su ejercicio. CONCILIACIÓN EN REPETICIÓN-No extingue la pretensión de repetición y el auto que la aprueba se asimila a una sentencia condenatoria. DOLO Y CULPA GRAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO-Antes de la Ley 678 de 2001. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES ANTES DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde a la entidad demandante. CONDENA EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO-No basta con insistir en el incumplimiento de un deber legal para condenar en repetición. COSA JUZGADA-Exige identidad de partes. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar

DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO-No basta con insistir en el incumplimiento de un deber legal para condenar en repetición. COSA JUZGADA-Exige identidad de partes. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. CARGA DE LA PRUEBA-La demandante no acreditó la culpa grave de los servidores públicos. CONDENA EN COSTAS-No hay condena en agencias en derecho cuando el demandado estuvo representado por curador ad litem. La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión del 5 de mayo de 20051, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO Del 2 al 4 de marzo de 1998, en la quebrada «El Billar» del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, el Batallón Contraguerrilla nº. 52 de la Brigada Móvil nº. 3 tuvo un combate con guerrilleros de las FARC. Murieron 62 militares y 43 fueron secuestrados. Como la entidad fue condenada por estos hechos y concilió el pago, demandó en repetición a Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya, comandantes de la brigada y el batallón. 1 Acta nº. 15 de esa fecha.e 2 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones ANTECEDENTES El 30 de septiembre de 2015, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a

Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones ANTECEDENTES El 30 de septiembre de 2015, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a través de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya, para que se les declarara patrimonialmente responsables de la conciliación por $3.344.825.534.80, aprobada por el Tribunal Administrativo de Florencia. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la conducta de los demandados fue gravemente culposa, porque fueron imprudentes y desobedientes en la planeación y desarrollo de la operación militar ejecutada del 2 al 4 de marzo de 1998. La entidad les impuso sanción disciplinaria, pues no adoptaron medidas preventivas para la defensa de las tropas bajo su mando.

El 13 de junio de 2016, se admitió la demanda y se ordenó su notificación personal a los demandados y al Ministerio Público. El 13 de febrero de 2018, el Tribunal designó curadores ad-litem para representar a los demandados. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el curador de Galindo Cifuentes sostuvo que las pruebas allegadas no eran suficientes para acreditar la culpa grave. El curador de Aguilar Bedoya adujo que no se acreditó el pago de la condena y no eran claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la operación militar. El 23 de septiembre de 2019, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,

la operación militar. El 23 de septiembre de 2019, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante reiteró lo expuesto. Los demandados y el Ministerio Público guardaron silencio. El 11 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Florencia en la sentencia negó las pretensiones, al considerar que la sentencia de reparación directa y el fallo disciplinario no eran prueba suficiente para acreditar la conducta gravemente culposa de los demandados, pues el análisis probatorio en esos procesos es diferente al del proceso de repetición. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 28 de abril de 2021 y admitido el 20 de agosto siguiente. La recurrente esgrimió que se probó que los demandados fueron negligentes y descuidados, pues de forma injustificada pusieron en riesgo la vida de las tropas bajo su mando. Se probaron, ente otras, falencias en la incorporación dee 3 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones personal, fallas en el entrenamiento de los soldados y en la provisión de elementos de guerra.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1 º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El

procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1 º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP. Acción procedente

2. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 164.1 CPACA o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 CCA, ley aplicable al proceso en que se impuso la condena. Como la entidad demandante pagó la condena el 17 de octubre de 2013 [núm. 11.2], la demanda se interpuso el 30 de septiembre de 2015.

Legitimación en la causa

4. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o ene 4

Legitimación en la causa

4. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o ene 4

Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda

(art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor2. El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado -por ministerio de la leycontra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de

conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una conciliación aprobada judicialmente. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público [núm. 11]. Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya están legitimados en la causa por pasiva, pues fueron los servidores públicos que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa o dolosa dieron lugar a la indemnización por el Estado, por una conciliación. Orlando Galindo Cifuentes era comandante de la Brigada Móvil nº. 3 y Jhon Jairo Aguilar Bedoya comandante del Batallón Contraguerrillas nº. 52 del Ejército Nacional, para la época de los hechos, según da cuenta copia auténtica de los «folios de vida» de los ex servidores públicos (c. 6 y 7).

11. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la conducta de los demandados fue gravemente 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935 [fundamento jurídico 8) en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, nº. 1904, p. 393.ct) 5

Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones culposa, durante una operación militar en la que murieron y secuestraron a varios agentes de la fuerza pública.

111. Análisis de la Sala

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones culposa, durante una operación militar en la que murieron y secuestraron a varios agentes de la fuerza pública.

111. Análisis de la Sala

5. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.

6. Los fallos disciplinarios y las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales3. El fallo disciplinario proferido por el Comando General de las Fuerzas Militares el 17 de julio de 2001; la providencia que cesó el proceso penal militar contra los demandados proferida por la Fiscalía 28 Penal Militar de Brigada el 8 julio de 2002; la sentencia de reparación directa proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia el 3 de marzo de 2010; y los autos aprobatorios de conciliación proferidos por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 15 de diciembre de 201 1 y 19 de junio de 2012, serán valorados.

Régimen jurídico aplicable

7. Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron del 2 al 4 de marzo de 1998, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Constitución Política de 1991, en los artículos 77, 78 y 86 inciso 2 CCA y 63, 1668.3 y 1670 CC. La Ley 678 del 3 de agosto de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición.

y 1670 CC. La Ley 678 del 3 de agosto de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición. El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 15 3 de 1887, establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Como por regla general la nueva norma rige hacia el futuro4, los hechos o actos que originaron 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844 [fundamento jurídico 3.3.3.2). 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.2].e 6 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001 continúan sometidos en lo sustancial a la norma anterior, mientras que en lo procesal se aplica la nueva ley a los juicios de repetición que se encuentren en curso.

Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

8. La procedencia de la acción de repetición -a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]- requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas5.

reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas5.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

9. El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial (art. 2 Ley 678 de 2001).

La persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero, en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley, está en el deber de iniciar la acción de repetición (arts. 2 y 8 Ley 678 de 2001 ). La conciliación no extingue la acción de repetición, pues el fundamento de esta acción está en el perjuicio que se causa al patrimonio público por el pago de una indemnización, con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público. La Corte Constitucional, al revisar la exequibilidad del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22 de la Ley 678 de 2001, que disponen que cuando se concilien 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento

jurídico 2.1) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15).e 7 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones pretensiones de responsabilidad del Estado el proceso contra el llamado en garantía continuará, concluyó que esa conciliación no extingue las pretensiones de repetición y que se ajusta a la Constitución que el proceso continúe contra el agente6. El acuerdo conciliatorio, pues, no impone una definición sobre la conducta del servidor, asunto que debe debatirse mediante la pretensión de repetición, en la que deberá estudiarse si su conducta dolosa o gravemente culposa dio origen al perjuicio patrimonial sufrido por el Estado con el pago de una indemnización de perjuicios. 1 O. Está acreditado que la entidad demandante concilió judicialmente la condena por los perjuicios causados con la muerte y el secuestro de varios militares en un enfrentamiento con las FARC del 2 al 4 de marzo de 1998, según da cuenta copia auténtica de los autos del Tribunal Administrativo del Caquetá del 15 de diciembre de 2011 y 19 de junio de 2012, que aprobaron el acuerdo conciliatorio (f.158 a 172 y 178 a 201 c. 1).

Segundo presupuesto: El pago

11. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la conciliación

11. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Caquetá con apoyo en los siguientes medios de prueba: 11.1. El 2 de octubre de 2013 , el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional ordenó y autorizó el pago de $3.344.825.534,80, a favor de Amadeo Cerón Chicangana, apoderado de los demandantes del proceso de reparación directa, según da cuenta copia simple de la Resolución nº. 7629 (f. 204 a2 13 c. 1). 11 .2. El 17 de octubre de 2013, la Nación-Ministerio de Defensa Nacional pagó $3.344.825.534,80 a Amadeo Cerón Chicangana, según da cuenta original de la certificación de la tesorera principal de la entidad (f. 214 c. 1). 6 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-484 de 2002, de 25 de junio de 2002 [fundamento jurídico 12].e 8

Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

12. Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, no se aplican las «presunciones legales» allí previstas, sino que la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del servidor

12. Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es el anterior a la Ley 678 de 2001, no se aplican las «presunciones legales» allí previstas, sino que la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del servidor público fue dolosa o gravemente culposa, lo que supone un juicio de valor de su conducta para determinar su responsabilidad patrimonial.

En estos eventos, la Sala ha recurrido, para definir los conceptos de dolo y culpa grave, al artículo 63 del título preliminar del Código Civil7. A partir de lo prescrito por esta norma, la culpa es la conducta reprochable del autor por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio8. El criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no vincula al juez de repetición9, pues el hecho de que exista una sentencia condenatoria contra el Estado no equivale automáticamente al dolo o culpa grave del servidor público, sino que en el proceso de repetición se debe valorar su conducta.

13. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 13.1. El 17 de julio de 2001, el Comando General de las Fuerzas Militares confirmó el fallo disciplinario que sancionó a Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar

proceso, se demostraron los siguientes hechos: 13.1. El 17 de julio de 2001, el Comando General de las Fuerzas Militares confirmó el fallo disciplinario que sancionó a Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya. Conforme a la providencia, Galindo Cifuentes faltó al honor militar al «no adoptar las medidas preventivas necesarias para la defensa de la base, puesto, 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 3.3.3.1], 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Rad. 39.404, [fundamento jurídico 16). 9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre del 2007, Rad. 29.222 [fundamento jurídico 3.3.3.2) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183 [fundamento jurídico 16).9 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones repartición o buque a su cargo, o para el desplazamiento de tropa bajo su mando», según da cuenta copia simple de la decisión (f. 2 a 48 c. 3): [ ... ) en cuanto a la tipicidad, puede predicarse que la conducta desplegada por el señor Coronel Galindo lo fue, puesto que siendo consciente de las características de enemigo, las limitaciones de personal, medios de transporte y apoyo de fuego con que contaba, siguió desarrollando las operaciones con un dispositivo de tropas

señor Coronel Galindo lo fue, puesto que siendo consciente de las características de enemigo, las limitaciones de personal, medios de transporte y apoyo de fuego con que contaba, siguió desarrollando las operaciones con un dispositivo de tropas sensible y notoriamente disminuido, situaciones que no garantizaban adecuadamente la vida de sus subalternos( ... ) elemento de culpabilidad se aprecia que la misma está presente a título de culpa por causa de la falta de prudencia en el manejo de personal y en la conducción de las operaciones[ ... ) (f. 27, 28, 30, 31 y 44 c. 3). 13.2. El 8 de julio de 2002, la Fiscalía 28 Penal Militar de Brigada cesó el procedimiento penal contra Galindo Cifuentes y Aguilar Bedoya, por los delitos de prevaricato por omisión y desobediencia. Conforme a la providencia, no existía sustento probatorio para formular resolución de acusación. Esta decisión fue confirmada el 12 de junio de 2003 y el 11 de julio siguiente se ordenó el archivo de las diligencias, según da cuenta copia auténtica de la providencia y la constancia secretaria! (f. 66 a 82 c. 3): ( ... ) no configura conducta delictiva alguna, por cuanto en ningún momento los inquiridos tuvieron la voluntad o el dolo de abandonar sus deberes propios[ ... ] sino por la falta de inteligencia técnica, el no suministro oportuno del materia de guerra adecuado y medios aerotácticos, fueron las causas del mencionado error operacional [ ... ] no existe plena prueba de un incumplimiento doloso de sus funciones legalmente imperativas y expresas en su beneficio, aunado a que los implicados desde el inicio de los hechos, estuvieron plenamente comprometidos en

operacional [ ... ] no existe plena prueba de un incumplimiento doloso de sus funciones legalmente imperativas y expresas en su beneficio, aunado a que los implicados desde el inicio de los hechos, estuvieron plenamente comprometidos en contrarrestar el ataque de los bandoleros, realizando todas las actividades que humana y técnicamente poseían para salvaguardar la vida de sus hombres[ ... ). 13.3. El 3 de marzo de 201 O, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, en la acción de reparación directa interpuesta por los familiares de los militares muertos y secuestrados en la operación militar del 2 al 4 de marzo de 2008, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por los perjuicios morales y materiales ocasionados con la muerte y secuestro de los soldados, bajo el régimen de falla del servicio, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 11 a 153 c. 1 ): [ ... ) falló ostensiblemente la planeación, dirección y manejo de la operación militar [ ... ) el Coronel Orlando Galindo Cifuentes [ ... ) se le endilga una mayor responsabilidad, en razón a que la insistencia de este en que el Batallón de Contraguerrillas nº. 52, continuara con el cumplimiento de la orden de operaciones "Cazador", pese a que se encontraban disminuidos de personal y material de guerra [ ... ) el Mayor Jhon Jairo Aguilar Bedoya ( ... ) es idénticamente responsable( ... ] todae 10 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones vez que autorizó y permitió la estadía en la base militar a una señora como

Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones vez que autorizó y permitió la estadía en la base militar a una señora como informante [ ... ] desconociendo los informes de inteligencia [ ... ] incurrieron en enormes fallas al no prever lo previsible (un ataque masivo de la subversión)[ ... ] (f. 56 s 58 c. 1).

14. Según la demanda, los demandados actuaron con culpa grave porque fueron imprudentes en la planeación y desarrollo de la operación militar que ejecutaron del 2 al 4 de marzo de 1998. La entidad los sancionó disciplinariamente, pues incurrieron en una falta contra el honor militar.

Está acreditado que el Comando General de las Fuerzas Militares sancionó disciplinariamente a Orlando Galindo Cifuentes y Jhon Jairo Aguilar Bedoya, por el enfrentamiento armado que ocurrió en la quebrada «El Billar» municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, del 2 al 4 de marzo de 1998. El Comando concluyó que faltaron al honor militar, pues no adoptaron medidas preventivas para la defensa de la base ni para el desplazamiento de la tropa [hecho probado 13.1]. Por estos hechos también se inició un proceso penal militar, pero la Fiscalía 28 Penal Militar de Brigada cesó el procedimiento al considerar que no existían elementos probatorios para acusar a los militares por los delitos de prevaricato por omisión y desobediencia. La Fiscalía concluyó que los soldados actuaron conforme a sus funciones y a las circunstancias adversas del combate [hecho probado 13.2]. El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia declaró administrativa y

omisión y desobediencia. La Fiscalía concluyó que los soldados actuaron conforme a sus funciones y a las circunstancias adversas del combate [hecho probado 13.2]. El Juzgado Segundo Administrativo de Florencia declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al encontrar probada la falla del servicio. El juez consideró que hubo fallas en la planeación, dirección y manejo de la operación militar [hecho probado 13.3].

15. Como el régimen sustantivo que rige está acción es el anterior a la Ley 678 de 2001, no se aplican las «presunciones» allí previstas y, por ello, la parte demandante tiene la carga de aportar elementos probatorios que acrediten la culpa grave que alegó. La acción de repetición exige el estudio de la conducta y del grado de responsabilidad de los servidores públicos demandados. La Sala reitera que el hecho de que exista una sentencia condenatoria contra el Estado no es suficiente para determinar cuál es el grado de culpabilidad del funcionario [núm. 12].

La condena en contra de la entidad basada en la falla del servicio [culpa de la Administración], título subjetivo de imputación por excelencia, no será suficiente11 Expediente nº. 67.082

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional Niega pretensiones para la procedencia de la acción de repetición. No basta con insistir en el incumplimiento del deber legal, cuya desatención fue el motivo de la condena. En cada caso, la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del funcionario fue dolosa o gravemente culposa, lo que involucra un juicio de valor de

incumplimiento del deber legal, cuya desatención fue el motivo de la condena. En cada caso, la entidad demandante tiene la carga de acreditar que la conducta del funcionario fue dolosa o gravemente culposa, lo que involucra un juicio de valor de su conducta. Y el juez de la acción de repetición deberá valorar si la desatención de los deberes funcionales del servidor público fue de tal magnitud -culpa graveque lo obligue a restituir al Estado la condena en su contra. Ello no desconoce los efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria, pues la cosa juzgada exige identidad entre las partes. Este elemento no se reúne pues en el proceso repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que, en la reparación directa -en que se pretende la indemnización de los perjuicios causados por falla del servicio [culpa de la Administración]- son partes el Estado y la víctima del daño 1 °.

16. Conforme a las pruebas de este proceso, por el combate que ocurrió del 2 al 4 de marzo de 1998, se iniciaron procesos disciplinarios, penales militares y de responsabilidad civil extracontractual. Aunque se probó que las autoridades a cargo profirieron unas decisiones, a este expediente no se aportaron las pruebas recaudadas en cada trámite. Además, cada juzgador evaluó las pruebas de esos expedientes y su análisis varió, según lo probado en cada proceso. El Comando General concluyó que los militares no tomaron medidas preventivas y el juez de la reparación directa que hubo fallas en la operación militar, pero, por su parte, la Fiscalía estimó que los militares actuaron según sus funciones y la adversidad del combate.

Tampoco obran otras pruebas que permitan valorar y analizar si la conducta de los

reparación directa que hubo fallas en la operación militar, pero, por su parte, la Fiscalía estimó que los militares actuaron según sus funciones y la adversidad del combate. Tampoco obran otras pruebas que permitan valorar y analizar si la conducta de los demandados faltó al deber objetivo de cuidado, fue negligente, despreocupada o temeraria --elementos de la culpa grave- [núm. 12]. En la audiencia inicial se dejó constancia de que la parte demandante aportó todo el proceso disciplinario (f. 313 a 316 c. 2), pero el disco compacto no se anexó al expediente. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento