CE - 180012333000201700129011SENTENCIA20230929095716

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Radicado: 18001 23 33 000 2017 00129 01

Demandante: Fundación Verde Hoja

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 18001 23 33 000 2017 00129 01

Actor: Fundación Verde Hoja Demandados: Agencia Nacional de Minería, Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Municipio del Paujil y Lina María Verjan Burbano Tesis: No es cierto que antes de dictarse el fallo de primera instancia la entidad recurrente cumpliera con la orden impuesta por el Tribunal, referente a la toma de los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la licencia ambiental, si expidió un concepto técnico de seguimiento y control a las mismas y adelantó el proceso administrativo sancionatorio respectivo, que culminó en cobro coactivo.

El Tribunal que profirió la sentencia de primera instancia debe integrar el Comité de Verificación y presidir el mismo por conducto del Magistrado que adelantó la sustanciación y proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación 1 interpuesto por la Corporación

sustanciación y proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación 1 interpuesto por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (en adelante CORPOAMAZONIA) en contra de la sentencia del 20 de enero de 20222, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La parte actora presentó acción popular 3 en contra del Municipio de l Paujil , CORPOAMAZONIA, la Agencia Nacional de Minería y la señora Lina María Verjan

1 Visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión Judicial - Samai. 2 Ibidem. 3 Ibidem.2

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Burbano, con la finalidad de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. Solicitó que se ordenara a la mencionada Corporación revocar la licencia ambiental otorgada para la extracción del material de playa sobre la Quebrada La Niña María y a la Agencia demandada que declarara la caducidad del contrato de concesión GKI-151, por haberse configurado las causales específicas para ello.

ambiental otorgada para la extracción del material de playa sobre la Quebrada La Niña María y a la Agencia demandada que declarara la caducidad del contrato de concesión GKI-151, por haberse configurado las causales específicas para ello.

1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:

Mencionó que el Instituto Colombiano de Geología y Minería y la señora Lina María Verjan Burbano suscribieron un contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en un tramo de la Quebrada La Niña María, en el Municipio del Paujil.

Expresó que mediante Resolución núm. 476 de 30 de mayo de 2013 , CORPOAMAZONIA otorgó licencia ambiental a la señora Lina María con el objeto de realizar la explotación en el área concesionada.

Aseguró que el 4 de marzo de 2015, la Agencia Nacional de Minería realizó una visita técnica de seguimiento y control al área del contrato de concesión y encontró explotación ilegal en coordenadas ubica das fuera del polígono concesionado. De la situación se le dio traslado al Municipio del Paujil, para lo de su cargo.

Expuso que el 13 de abril de 2015, CORPOAMAZONIA emitió concepto técnico donde indicó, entre otros aspectos, que en el área concesionada existía sobreexplotación que generaba impactos considerables en los recursos naturales.

Por tal razón, el 26 de mayo de 2015, la autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la señora Lina María. Sin embargo, el 22 de octubre de 2015, aunque persistía el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la

sancionatorio en contra de la señora Lina María. Sin embargo, el 22 de octubre de 2015, aunque persistía el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria, la medida preventiva de suspensión de actividades fue levantada.

Sostuvo que el 27 de abril de 2016, la Agencia Nacional de Minería realizó una visita técnica de seguimiento y control al área del contrato de concesión y advirtió que: (i) se3

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modificó el cauce de la Quebrada La Niña; (ii) la explotación no cumplía con el programa de trabajos y obras; (iii) la explotación no se ejecutó con el sistema autorizado por en la licencia ambiental; (iv) se generaron inundaciones por el manejo inadecuado de las aguas superficiales; (v) se explotó un área que no pertenecía al polígono concesionado; (vi) las excavaciones sobrepasaron los cuatro (4) metros de profundidad, cuando lo permitido eran máximo ochenta (80) centímetros y que (vii) los planos y diseñ os aprobados en el plan de trabajos y obras no correspondían con la realidad del terreno.

Indicó que la anterior evidencia sobre el incumplimiento de las regulaciones de orden técnico en la explotación minera le fue informada a CORPOAMAZONIA y al Municipio del Paujil el 5 de mayo de 2016.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

técnico en la explotación minera le fue informada a CORPOAMAZONIA y al Municipio del Paujil el 5 de mayo de 2016.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria 4, coadyuvante de la parte demandante, manifestó que de los informes y las visitas técnicas allegadas con la demanda evidenciaba el incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre la materia de estudio por parte de la responsable del contrato de concesión minera GKI151. Por ello adhirió a las pretensiones formuladas por el actor popular.

2.2. Lina María Verjan Burbano5 señaló que cumplió con los requisitos y recomendaciones para lograr la extracción de los materiales de construcción en los términos del contrato de concesión. Propuso como excepciones: (i) la falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) cumplimiento del contrato y de la licencia ambiental; (iii) inepta demanda; (iv) inimputabilidad del daño; (v) inexistencia de infracción; (vi) hecho exclusivo y determinante de un tercero; (vii) causa extraña del daño e (viii) inexistencia de prueba.

2.3. CORPOAMAZONIA6 en su defensa planteó la ausencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos, fundando su afirmación en el Concepto Técnico núm. 949 de 9 de noviembre de 2016, según el cual la señora Lina María Verjan Burbano

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.4

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4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.4

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dio cumplimiento a todos los requerimientos realizados por la Agencia Nacional de Minería.

2.4. La Agencia Nacional de Minería contestó de forma extemporánea.

2.5. El Municipio de Paujil guardó silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de l Caquetá dictó la sentencia del 20 de enero de 20227, cuya parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas y, por consiguiente, DECLARAR la responsabilidad de la señora Lina María Verjan Burbano, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y el Municipio del Paujil en la vulneración de los derechos colectivos consagrados en los literales a y c del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR como medidas de protección las siguientes:

2.1 CONDENAR a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía a que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente sentencia realice:

2.1.1. Seguimiento y evaluación permanente de las 32 obligaciones contenidas en la Resolución 476 de 30 de mayo de 2013, adoptando sin lugar a dilaciones los

la presente sentencia realice:

2.1.1. Seguimiento y evaluación permanente de las 32 obligaciones contenidas en la Resolución 476 de 30 de mayo de 2013, adoptando sin lugar a dilaciones los correctivos que considere necesarios para su cabal cumplimiento, entre los que se encuentra la eve ntual revocatoria de la licencia ambiental, y adelantar los procedimientos sancionatorios ambientales a que haya lugar.

2.1.2. Una evaluación de las modificaciones que se presenten a la licencia ambiental, adoptando las decisiones o correctivos que estime convenientes.

2.2. CONDENAR a la señora Lina María Verjan Burbano a que en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia acredite a la Sala que realizó:

2.2.1. La solicitud de modificación de la licencia ambiental, con la inclusión de:

• Permiso de ocupación del cauce de la Quebrada La Niña María, ubicada en el Municipio del Paujil – Caquetá.

• La medida compensatoria relacionada con la reforestación de la Quebrada La Niña María, ubicada en el Municipio del Paujil –

Caquetá.

7 Ibidem.5

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• La aprobación de la actualización del Plan de Trabajos y Obras.

2.2.2. Que atienda de manera expedita los requerimientos que le realice

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• La aprobación de la actualización del Plan de Trabajos y Obras.

2.2.2. Que atienda de manera expedita los requerimientos que le realice CORPOAMAZONIA y el Municipio del Paujil para el cumplimiento de la sentencia popular, advirtiendo que los gastos que se generen esas actividades correrán por su cuenta en condición de titular de la licencia ambiental y de la concesión GKI151.

2.3. Con el ánimo de establecer si los impactos negativos causados a la Quebrada La Niña María son reversibles y/o compensables y si es posible adoptar medidas de mitigación, CONDENAR a la señora Lina María Verjan Burbano a que en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, realice con la orientación de CORPOAMAZONIA, estudios ambientales que permitan medir el deterioro de los recursos naturales, siendo necesario determinar la línea base ambiental del proyecto (en la actualidad).

Para lo anterior, y teniendo en cuenta lo señalado por el perito en el presente proceso, es menester cuantificar en el área de influencia de la actividad minera, el grado de deterioro del recurso hídrico, estos estudios deben incluir:

a. El monitoreo de la calidad del agua en varios puntos de la Quebrada La Niña María, esto con el fin de establecer los impactos de la actividad minera y los impactos del vertimiento de aguas residuales domésticas generadas por la población del Municipio del Paujil; estos análisis se deberán realizar en un laboratorio acreditado por el IDEA M. Adicionalmente, se debe evaluar la calidad fisicoquímica del recurso en sitios aguas arriba y aguas abajo de la

población del Municipio del Paujil; estos análisis se deberán realizar en un laboratorio acreditado por el IDEA M. Adicionalmente, se debe evaluar la calidad fisicoquímica del recurso en sitios aguas arriba y aguas abajo de la extracción del material de construcción, sitios aguas arriba y aguas abajo de la descarga de aguas residuales domésticas del Municipio del Paujil. Los resultados del estudio permitirán establecer el grado de afectación a este cuerpo de agua y su relación con la actividad minera o el vertimiento municipal.

b. Realizar el estudio de la afectación del recurso del suelo y los procesos erosivos, y su relación con el material de construcción en el área del proyecto, en un tramo de la Quebrada La Niña María, orientado a establecer si los impactos ambientales son reve rsibles y/o compensables. Es necesario establecer el grado de socavación, los procesos erosivos y afectaciones del suelo en el tramo de explotación, y si en la actualidad el material de playa resulta suficiente para el desarrollo del contrato de concesión GKI-151.

c. Realizar el estudio de afectación de las especies de flora, principalmente especies forestales emergentes y su relación con la extracción de material de construcción en un tramo de la Quebrada La Niña María, esto con el fin de identificar y cuantificar los impactos ambientales y las medidas de prevención, mitigación y/o compensación.

Una vez se cuente con los resultados de los anteriores estudios, CORPOAMAZONIA deberá determinar en un lapso de máximo 6 meses la viabilidad técnica y ambiental a futuro de la extracción de materiales en el área del proyecto.

ADVERTIR a la señora Lina María Verjan Burbano que deberá asumir el pago de

viabilidad técnica y ambiental a futuro de la extracción de materiales en el área del proyecto.

ADVERTIR a la señora Lina María Verjan Burbano que deberá asumir el pago de los estudios, así como las medidas de restauración, mantenimiento y conservación que sean necesarias como consecuencia del resultados de dichos estudios.6

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2.4. CONDENAR al Municipio del Paujil para que, en su función de vigilancia y control, adopte las medidas que estime necesarias para coadyuvar al cumplimiento de este fallo judicial, conforme con las consideraciones expuestas.

TERCERO: CONDENAR en costas y agencias en derecho al Municipio del Paujil, CORPOAMAZONIA y a la señora Lina María Verjan Burbano, en favor de la parte demandante. Fijar las agencias en derecho en el valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, suma de dinero que cancelaran por partes iguales el Municipio del Paujil, CORPOAMAZONIA y la señora Lina María Verjan Burbano. Por secretaría procédase a la liquidación de las costas.

CUARTO: CONFORMAR un Comité ad honorem de verificación de cumplimiento

del presente fallo popular integrado por:

1. El Personero del Municipio del Paujil, quien lo presidirá.

2. Un delegado de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía.

del presente fallo popular integrado por:

1. El Personero del Municipio del Paujil, quien lo presidirá.

2. Un delegado de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía.

3. Un delegado del Municipio del Paujil.

4. Un delegado de la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá.

5. El Procurador Judicial 21 Judicial II para Asuntos Administrativos delegado para esta Corporación.

6. La señora Lina María Verjan Burbano.

7. La parte accionante.

El Despacho Primero del Tribunal Administrativo del Caquetá en los términos del inciso 4 del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, no esta obligado a asistir al Comité, sin perjuicio de la facultad que se le otorga de verificar en cualquier momento el cumplimiento del fallo, y a quien se le deberán rendir informes de las reuniones del Comité.

Dicho Comité por conducto del Personero Municipal del Paujil se constituirá dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia y deberá rendir informes bimestrales a esta Corporación, sobre el cumplimiento de cada una de las órdenes y uno al culminar sus labores.

QUINTO: ADVERTIR a las partes que la Corporación mantiene la competencia permanente para verificar el cumplimiento del fallo popular y tomar las medidas necesarias para su debida y oportuna ejecución, por consiguiente, las órdenes judiciales que aquí se imponen deberán cumplirse perentoria mente so pena de desacato en los términos establecidos por el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas.”.

desacato en los términos establecidos por el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas.”.

3.2. Al estudiar el acervo probatorio concluyó que era evidente la afectación en la Quebrada La Niña María , del Municipio del Paujil, de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación y restauración.7

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Explicó que, desde el 4 de marzo de 2015, la Agencia Nacional de Minería advirtió que la extracción del material de construcción realizado con ocasión del contrato de concesión GKI-151, no respetaba la franja de protección de la fuente hídrica, generaba turbulencia y creaba sedimentos que eran transportados aguas abajo. Además, que la explotación se realizaba fuera del área autorizada, situación que representaba un incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Sostuvo que, pese a que las anteriores circunstancias estaban plenamente comprobadas, por medio de la Resolución núm. 1485 de 22 de octubre de 2015, CORPOAMAZONIA levantó la medida de suspensión de actividades tras advertir que las obligaciones impuestas a la titular de concesión comentada presentaban un

comprobadas, por medio de la Resolución núm. 1485 de 22 de octubre de 2015, CORPOAMAZONIA levantó la medida de suspensión de actividades tras advertir que las obligaciones impuestas a la titular de concesión comentada presentaban un cumplimiento parcial del cincuenta y cuatro porciento (54%).

Añadió que, como lo demostraron los informes del 27 de abril de 2016, de la Agencia Nacional de Minería y del 8 de junio y 9 de noviembre, ambos del 2016, de CORPOAMAZONIA, el incumplimiento de los deberes contenidos en la licencia ambiental persistió.

Afirmó que, si bien la prueba pericial corroboró que la explotación autorizada a la señora Lina María era viable y sostenible, siempre que se cumplieran con las cargas asignadas, lo cierto fue que ratificó que la extracción de materiales causó impactos negativos en el agua, el suelo y los bosques , por el inadecuado manejo de las condiciones bajo las cuales se concedió la extracción, sin que fuese posible en e l escenario del dictamen , cuantificar el impacto o determinar si puede llegar a ser compensable y/o reversible.

Aclaró que los hechos no acreditaban en forma alguna la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa pues no estaban comprobadas conductas que implicaran actos de corrupción o arbitrariedad.

Enseguida, al estudiar la imputación y el nexo de causalidad, descartó la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la señora Lina María, pues consideró que le correspondía propender por que los recursos naturales que debían manipularse en desarrollo del contrato de concesión no

de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la señora Lina María, pues consideró que le correspondía propender por que los recursos naturales que debían manipularse en desarrollo del contrato de concesión no resultaran afectados con la ejecución del mismo.8

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Luego, r esaltó que CORPOAMAZONIA realizó monitoreo y seguimiento a las actividades desarrolladas por la señora Lina María, lo cual le permitió establecer que las mismas se estaban ejecutando fuera de los parámetros de la licencia ambiental. Sin embargo, entendió que la autoridad no ejerció sus funciones en los términos en que el ordenamiento jurídico lo exigía, con la ejecución de acciones concretas y efectivas para la protección de los derechos colectivos en juego, omisión que propició la continuidad de la conducta de la concesionaria y la consecuente afectación al medio ambiente.

Posteriormente, del análisis de las funciones de la Agencia Nacional de Minería , descartó la responsabilidad de esa entidad tras argumentar que le corresponde administrar los recursos minerales del Estado por medio de la suscripción de contratos de concesión y, además, que llevó a cabo visitas técnicas en el área, cuyos resultados se trasladaron a las autoridades competentes. En ese punto, juzgó improcedente declarar la caducidad del contrato de concesión GKI -151, ante la previsión del inciso segundo del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.

se trasladaron a las autoridades competentes. En ese punto, juzgó improcedente declarar la caducidad del contrato de concesión GKI -151, ante la previsión del inciso segundo del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto del Municipio del Paujil dijo que desatendió los mandatos impuestos por la Ley 99 de 1993 y que no existía prueba de su diligencia, acompañamiento, control y vigilancia sobre la explotación realizada por la concesionaria. De igual forma, advirtió que el ente territorial no desplegó acciones luego de los informes que le fueron trasladados por la Agencia Nacional de Minería.

Por último, al evaluar la vulneración de los derechos colectivos por parte de la titular de la licencia ambiental, señaló que el incumplimiento reiterado de los deberes que tenía a su cargo para ejecutar la extracción autorizada, indudablemente originó el escenario de afectación de los recursos naturales antes mencionados.

En consecuencia, declaró vulnerados los derechos colectivos de los literales a y c del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y atribuyó la responsabilidad de dicha vulneración a Lina María Verjan Burbano, como consecuencia de la repetida inobservancia de las obligaciones derivadas de la autorización dada mediante la Resolución núm. 476 de 30 de mayo de 2013; al Municipio del Paujil, por la omisión de sus funciones constitucionales y legales y a CO RPOAMAZONIA, ante el deficiente control sobre la9

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constitucionales y legales y a CO RPOAMAZONIA, ante el deficiente control sobre la9

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explotación del yacimiento de materiales de construcción en la Quebrada La Niña María.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

CORPOAMAZONIA8 presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia en el que no discutió las consideraciones que fundaron el fallo ni las órdenes dadas en la parte resolutiva del mismo.

La recurrente informó que antes de que fue se dictada la sentencia ya había dado cumplimiento a lo dispuesto por el a quo en el numeral 2.1.1. de la providencia del 20 de enero de 2022 , en lo relacionado con los procedimientos sancionatorios ambientales “a que haya lugar”9 por desconocimiento de las obligaciones derivadas de la autorización otorgada a la señora Lina María Verjan Burbano y que comunicó que el 8 de junio de 2021, emitió el Concepto Técnico núm. 273 de seguimiento y monitoreo a la Resolución 476 del 30 de mayo de 2013, en el cual efectuó los requerimientos que encontró correspondientes.

De igual forma, indicó que por medio del memorando DTC -0662 del 28 de diciembre de 2021, remitió a cobro coactivo el expediente del proceso administrativo sancionatorio PS-06-18-256-050-13, por incumplimiento de las cargas previstas en la

de 2021, remitió a cobro coactivo el expediente del proceso administrativo sancionatorio PS-06-18-256-050-13, por incumplimiento de las cargas previstas en la licencia ambiental objeto del presente proceso.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA10

Por medio de auto del 31 de marzo de 2022, el Despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y corrió traslado de documentos denominados “CONCEPTO TÉCNICO NRO. 0273 DE SEGUIMINETO Y MONITOREO A LAS RESOLUCIONES DG NRO. 0476 DEL 30 DE MAYO DE 2013” y “MEMORANDO DTC-0662”, allegados al plenario con el escrito de apelación.

8 Ibidem. 9 Página 35 de la sentencia de primera instancia del 20 de enero de 2022, parte resolutiva, numeral 2.1.1. Folio 525 del cuaderno principal número 3 del expediente físico. Visible en el índice número 2 de Samai en el archivo “4_180012333000201700129014EXPEDIENTEDIGI20220316154110”. 10 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.10

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La anterior providencia fue notificada a las partes y al Ministerio Público el 5 de abril de 2022. No obstante, no efectuaron pronunciamiento alguno.

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La anterior providencia fue notificada a las partes y al Ministerio Público el 5 de abril de 2022. No obstante, no efectuaron pronunciamiento alguno.

Mediante auto del 30 de junio de 2022, el Despacho sustanciador prescindió del traslado para alegar de conclusión en aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de 1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

6.2. Planteamiento

Para resolver el recurso de apelación la Sala advierte que la discrepancia planteada por CORPOAMAZONIA se encuentra relacionada con las pruebas que aportó al proceso en segunda instancia, las cuales, a su juicio, demuestran que antes de que el Tribunal profiriera la sentencia de primera instancia cumplió con la orden impartida para que adoptara los correctivos necesarios para lograr que la señora Lina María Verjan Burbano acatara las obligaciones impuestas en la licencia ambiental otorgada para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en un tramo de la Quebrada La Niña María, en el Municipio del Paujil. Ello, comoquiera que , de forma

para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en un tramo de la Quebrada La Niña María, en el Municipio del Paujil. Ello, comoquiera que , de forma previa al momento en que el fallo fue dictado, realizó el seguimiento pertinente y adelantó un proceso administrativo sancionatorio que culminó en cobro coactivo.

6.3. Generalidades de la acción popular

De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política - y legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen11

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para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la luz de lo dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio, dependiendo de las particularidades del caso.

6.4. Las acciones adelantadas por CORPOAMAZONÍA

como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio, dependiendo de las particularidades del caso.

6.4. Las acciones adelantadas por CORPOAMAZONÍA

Corresponde a la Sala precisar si es cierto que antes de que se dictara el fallo de primera instancia la entidad recurrente cumplió con la orden impuesta por el Tribunal, referente a la toma de los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de la Resolución núm. 476 del 30 de mayo de 2013 , si e xpidió un concepto técnico de seguimiento y control a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental y adelantó el proceso administrativo sancionatorio respectivo, que culminó en cobro coactivo.

En el evento de contestar afirmativamente la anterior pregunta, deberá determinarse si de las acciones desplegadas por CORPOAMAZONIA se advierte que en lo que a ella respecta, desapareció la causa que originó la afectación de los derechos colectivos. Comprobar tal circunstancia conduciría a revocar la orden impartida por el Tribunal.

Ahora bien, con el recurso de apelación se allegaron las siguientes pruebas:

Concepto Técnico núm. 273 del 10 de junio de 2021, de seguimiento y monitoreo a la Resolución 476 del 30 de mayo de 2013. En la parte final de l documento se consignaron las recomendaciones que se leen a continuación:12

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”11

Memorando DTC-0662 del 28 de diciembre de 2021 , que tiene el sig