CE - 180012333000202300010011SENTENCIA20230419112016

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá, D.C. trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: HÉCTOR PERDOMO ESPAÑA Accionado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE FLORENCIA – CAQUETÁ Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / derecho fundamental a la igualdad / auto incidente de desacato / error inducido / desconocimiento del precedente / violación directa de la Constitución SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 10 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró la improcedencia del amparo solicitado por el señor Héctor Perdomo España en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá. I. ANTECEDENTES La solicitud de protección del derecho fundamental a la igualdad formulada por la parte accionante se fundamenta en los siguientes: 1. HECHOS El señor Héctor Perdomo España instauró acción de tutela en contra de la Dirección Administrativa de Neiva - Coordinación de Administración Judicial de Florencia, con el fin de obtener la protección de su derechoACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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fundamental a la igualdad, el cual estimó vulnerado por aquella autoridad al limitar el uso del ascensor desde el sótano del edificio “Gerardo Cortés Castañeda” exclusivamente para los jueces y magistrados. Como fundamento de su solicitud de amparo, indicó que al no permitir el ingreso de todos los empleados al edificio de la Rama Judicial se estaba discriminando al personal por los cargos que ocupaban, principalmente a los trabajadores que tienen asignado un espacio en el parqueadero, como es el caso del accionante. El Tribunal Administrativo del Caquetá en el trámite de segunda instancia de la tutela presentada por el accionante, profirió sentencia el 28 de septiembre de 2022 a través de la cual amparó el derecho a la igualdad, y, en consecuencia, dispuso: «ORDENAR, como consecuencia de lo anterior, a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA - OFICINA DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA para que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la presente decisión, se adopten las medidas necesarias tendientes a permitir que el señor HÉCTOR PERDOMO ESPAÑA pueda hacer uso del ascensor ubicado en el sótano del Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia, siempre y cuando tenga asignado un parqueadero en dicho nivel; precisándose que el amparo lo cobija única y exclusivamente a él, como beneficiario de un cupo de parqueo, sin que, en forma alguna, se extienda a los demás servidores que laboran en el referido palacio de justicia.» El accionante

formuló incidente de desacato en dos ocasiones, los cuales fueron resueltos en las providencias del 10 de octubre y 10 de noviembre de 2022. En el primer pronunciamiento, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá resolvió abstenerse de dar apertura al incidente de desacato promovido por la parte accionante, mientras que en la segunda oportunidad se abstuvo de imponer sanción al declarar la imposibilidad física y jurídica de cumplir con la sentencia de tutela.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN En la acción de tutela, la parte accionante indicó que las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia vulneraron su derecho fundamental a la igualdad por incurrir en los siguientes defectos: 3.1. Error inducido: la autoridad judicial accionada fue víctima del engaño por parte de la Coordinación de Administración Judicial de Florencia al tener como válida la recomendación que dio el contratista ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. de retirar del parqueadero el espacio asignado a las motocicletas por encontrarse en la nueva área de la subestación eléctrica del edificio. 3.2. Desconocimiento del precedente: el accionante sostuvo que el juzgado accionado se apartó de la jurisprudencia establecida en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá del 28 de septiembre de 2022, mediante la cual se resolvió la acción de tutela que amparó su derecho a la igualdad y ordenó que se le permitiera el uso del ascensor a partir del sótano del edificio. 3.3. Violación directa de la Constitución: argumentó que las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia transgreden el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, al permitir que continúe con la discriminación laboral de la cual es víctima. 3. PRETENSIONES Con fundamento en lo anterior, solicitó:ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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«Primero: Restablecerme el derecho fundamental de igualdad que me asiste, atendiendo los lineamientos constitucionales señalados en la jurisprudencia y la decisión de segunda instancia, proferido el 28 de septiembre del año inmediatamente anterior, adoptado por el Tribunal Administrativo, siendo Magistrado Ponente el doctor PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE. Segundo: Se ordene a la parte accionada subsanar esta irregularidad y se restituya mi derecho, en el sentido, de ordenar a la señora Juez Cuarto Administrativo, hacer cumplir la decisión de segunda instancia; asimismo restablecer los derechos de todo el personal que laboramos al servicio de la Rama Judicial y en su momento tenían asignado un garaje». (sic en todo el texto) 4. TRÁMITE PROCESAL Mediante auto del 31 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia como accionado y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia como terceros interesados en las resultas del proceso. 5. INTERVENCIONES 5.1. El Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia informó que el accionante ha presentado tres incidentes de desacato, teniendo como último el resuelto en providencia del 25 de enero de 2023, en la cual el despacho sustanciador se abstuvo de dar apertura del incidente de desacato solicitado, dado que se verificó que persistía la situación que llevó a declarar la imposibilidad física y jurídica de cumplir con la sentencia de tutela. Indicó que las providencias atacadas han sido expedidas respetando y garantizando los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia del accionante.ACCIÓN DE TUTELA Radicado:

y jurídica de cumplir con la sentencia de tutela. Indicó que las providencias atacadas han sido expedidas respetando y garantizando los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia del accionante.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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5.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia, por intermedio del coordinador del área de asistencia legal de la entidad, señaló que se dio cumplimiento a la sentencia del 28 de septiembre de 2022 por medio del oficio del 30 de septiembre del mismo año que ordenó permitir el uso del ascensor desde el sótano al accionante. De igual forma, indicó que la recomendación planteada por el contratista ENERGY CONSULTING GROUP S.A.S. suspendió desde el 2 de noviembre de 2022 los servicios de parqueo de algunos vehículos, entre ellos el del accionante. En consecuencia, al no ser beneficiario de un cupo de parqueadero, se imposibilita seguir acatando lo ordenado en el fallo del 28 de septiembre de 2022, toda vez que, como lo expuso el juzgado accionado, en los dos últimos trámites de los incidentes presentados, al perder el espacio asignado para el parqueo de su motocicleta la orden impartida desborda la situación actual del caso. 6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 10 de febrero de 2023 declaró improcedente el amparo solicitado al no satisfacer el requisito de incidencia directa y determinante de la irregularidad procesal alegada en el sentido de la decisión, puesto que entre lo resuelto en la acción de tutela y lo planteado en el incidente de desacato no existe una relación inescindible e insoslayable. Lo anterior teniendo en cuenta que la sentencia de tutela del 28 de septiembre de 2022 le ordenó a la DEAJ de

Neiva permitir el uso del ascensor desde el sótano del edificio judicial al accionante siempre y cuando tuviera asignado un parqueadero. No obstante, el incidente de desacato se inició porque al señor Perdomo España se le había retiradoACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 su cupo de dicho estacionamiento. En consecuencia, el fallo de tutela no versó sobre la asignación de parqueaderos, sino sobre el uso del ascensor por parte de las personas que tenían un cupo asignado, por lo que las irregularidades procesales planteadas por el actor no tienen influencia directa en la decisión del incidente. 7. IMPUGNACIÓN Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la acción de tutela. II. CONSIDERACIONES 1. COMPETENCIA Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021. 2. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si: • ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7

• ¿El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, con la expedición de las providencias del 10 de octubre y 10 de noviembre del 2022 incurrió en los defectos de error inducido, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de la parte accionante? Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia proferida en el trámite de un incidente de desacato, iii) los requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarse procedente iv) el error inducido, v) el desconocimiento del precedente, vi) la violación directa de la Constitución y vii) el caso concreto. 3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL CASO 3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y 1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2

Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una

irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales deACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela. En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente. 3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición. 3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados. 3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional. 3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto las providencias cuestionadas se profirieron el 10 de octubre y 10 de noviembre del 2022 y la acción de tutela se presentó el 19 de enero de 2023. 3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un error inducido,ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada. 3.1.5 De igual modo, en lo establecido con el requisito relacionado con que la irregularidad procesal devenga en sustancia, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto debe cumplir con el requisito de irregularidad procesal. Así, en sentencia SU-061 de 2018, indicó lo siguiente: «De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, en los casos que la demanda alegue la configuración de una irregularidad procesal, “debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”3. No obstante lo anterior, “si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello [habría] lugar a la anulación del juicio”4. Dicho de otro modo, al juez constitucional le corresponde advertir que la irregularidad procesal alegada es de tal magnitud, que por la situación que involucra, claramente pueden transgredirse garantías iusfundamentales5.» Así las cosas, contrario a lo indicado por el juez de primera instancia, la Sala advierte que en el caso objeto de estudio no se expone una irregularidad meramente procesal, sino que lo argumentado revela la posible afectación de un derecho sustancial. En efecto, el accionante expone que con las providencias cuestionadas se desconoció la orden impartida en sede de tutela. Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela a efectos de identificar si se

el accionante expone que con las providencias cuestionadas se desconoció la orden impartida en sede de tutela. Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración del derecho fundamental alegado. 3 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 4 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y T-586 de 2012. 5 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-537 de 2017.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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3.2. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO Adicional a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, tratándose de una decisión judicial proferida en el trámite de un incidente de desacato, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se deben cumplir los siguientes requisitos: «(i) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio»6. A propósito, en sentencia SU-034 de 2018, el Alto Tribunal precisó: «En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos: i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos) iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben

ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio». 6 Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

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En ese sentido se deberá verificar si en el caso concreto se cumple los supuestos citados a fin de determinar sobre la procedencia de la acción. 3.3. ERROR INDUCIDO De acuerdo con la jurisprudencia constitucional7, el error inducido ocurre cuando una providencia judicial «en apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa8, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales»9. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que para que se configure un error inducido, deben confluir los siguientes presupuestos: « a) La providencia que contiene el error está en firme; b) La decisión judicial se adopta siguiendo los presupuestos del debido proceso, de tal forma que no es consecuencia de una actuación dolosa o culposa del juez; c) No obstante el juez haber actuado con la debida diligencia, la decisión resulta equivocada en cuanto se fundamenta en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error; d) El error no es atribuible al funcionario judicial si no al actuar de un tercero (órgano estatal u otra persona natural o jurídica); y 7 Corte Constitucional, sentencia T-273-17. 8 Ver Sentencias T-590 de 2009 y SU-917 de 2013 (…). 9 Corte Constitucional, sentencia T-273-17.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01

T-273-17. 8 Ver Sentencias T-590 de 2009 y SU-917 de 2013 (…). 9 Corte Constitucional, sentencia T-273-17.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 e) La providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental» 10. En suma, en el marco de esta causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial no se reprocha la actuación del juez, en cuanto a algún asunto de forma, competencia o argumentación, pues el vicio proviene de la actuación inconstitucional de otros que provocan el error en el fallo que se profiere11. 3.4. DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma12. En ese sentido, el precedente judicial13 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho14.

10 Corte Constitucional, sentencia T-863-13. 11 Corte Constitucional, sentencia T-487-18. 12 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 13 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 14 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 14 En ese orden sentido, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido15. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”16. Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”17. No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales18, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del

15 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 16 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 17 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 18 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T589 de 2007.ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 18001-23-33-000-2023-00010-01 Accionante: Héctor Perdomo España www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 15

que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras de la misma Corte, se portegen el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor judicial19. 3.5. 3.4. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales»20. La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la carta: «En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones

19 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 20 Sentencia SU-336 de 2017, Corte C